José Alfredo Grajales Toral

Expediente 411/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
411/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
21/05/2021

Partes del expediente

  • José Alfredo Grajales Toral

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio 673, signado por el apoderado del Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, con sede en esta ciudad; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos. Ahora bien, en atención a su contenido y con el propósito que la autoridad responsable oficiante esté en posibilidades de dar cumplimiento a la sentencia emitida el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, emitida por este órgano jurisdiccional, remítase copia simple de esta, así como del testimonio autorizado de la ejecutoria dictada en sesión ordinaria por videoconferencia de once de febrero de dos mil veintiuno, dentro del amparo en revisión 324/2019, dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial que antecede, se aprecia que la Actuaria Judicial de la adscripción, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, entabló comunicación vía telefónica con la tercero interesada M. de los Á. L.G., a efecto de que le proporcionara algún domicilio o medio para llevar a cabo su emplazamiento en la presente contienda constitucional, y ésta le respondió que desea que las notificaciones se le realicen mediante correo electrónico. En tal virtud, se instruye a la Actuaria Judicial de la adscripción, para que con copia simple del escrito inicial de demanda y del auto admisorio, emplace a la antes mencionada al presente juicio de garantías a través del medio electrónico, para que de estimarlo necesario se apersone a defender sus derechos. En la inteligencia que al realizar la constancia respectiva, deberá omitir los datos personales de la referido tercero interesada y entregar dicha información a la Secretaría en sobre cerrado para su debido resguardo. Se toma como criterio orientador el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en materias penal y de trabajo del Décimo Noveno Circuito, en la tesis consultable en la página 2831 del Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro y texto señala: "DERECHO AL RESGUARDO DE LA IDENTIDAD Y OTROS DATOS PERSONALES. NO SÓLO ES INHERENTE A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN, TRATA DE PERSONAS, SECUESTRO O DELINCUENCIA ORGANIZADA, SINO QUE TAMBIÉN COMPRENDE A LOS OFENDIDOS DE DELITOS COMETIDOS EN UN CONTEXTO SIMILAR DE VIOLENCIA, POR LO QUE EL JUZGADOR ESTÁ OBLIGADO A PROTEGERLOS. De la interpretación funcional del artículo 20, apartado C, fracción V, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se concluye que el Órgano Reformador de la Constitución instituyó la obligación del Juez del proceso penal de resguardar la identidad y datos personales de las víctimas, no sólo de los delitos de violación, trata de personas, secuestro y delincuencia organizada, pues aunque hizo esa especificación por tratarse de ilícitos graves, añadió la posibilidad de que se preservaran también respecto de los ofendidos de otros ilícitos cuando a juicio de la autoridad fuere necesario, es decir, la protección que el Constituyente Permanente otorgó es amplia y comprende a las víctimas de delitos cometidos en un contexto similar de violencia. Ello es así, porque el Constituyente Permanente no quiso dejar fuera de esa protección a las víctimas de otros delitos respecto de las que también se pone en riesgo la vida e integridad física y moral. Por lo que, con la finalidad de realizar la ponderación respectiva, es válido que los juzgadores, acorde con las máximas de la experiencia, tomen en cuenta el contexto social que rodea al hecho ilícito; y a efecto de sustentar sus determinaciones invoquen hechos notorios sin necesidad de prueba, siempre que éstos sean parte de un acontecer social en un tiempo y espacio determinados, debido a que aun cuando su conocimiento sea indirecto, deriva de la crítica colectiva admitida por la generalidad como indiscutibles; circunstancia por la cual adquieren el carácter de ciertos. Así, conforme a tales hechos obtenidos de la observación y la experiencia social, el juzgador debe aplicar las "máximas de la experiencia" que se generan con un pensamiento inductivo de conductas sociales que se manifiestan regularmente y de las cuales se obtiene el conocimiento de otras situaciones. Consecuentemente, en las entidades en que se vive un contexto social de violencia desatada por pugnas entre grupos del crimen organizado, los Jueces están obligados a ejercer la facultad otorgada en el citado artículo 20, apartado C, fracción V, párrafo primero, constitucional, cuando se trate de proteger la identidad de las víctimas del delito." En otro orden de ideas, del estado de autos se aprecia que el dos de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Jesús Enrique Flores López, Asesor Jurídico del Instituto de Atención a Víctimas del Estado y Agente del Ministerio Público adscrito al Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación, ambos con sede en Valle Hermoso, Tamaulipas, a través de los oficios 8856/2021 y 8857/2021, respectivamente; en consecuencia, requiéraseles para que en el término de tres días legalmente computados, remitan el acuse de recibo respectivo de las misivas mencionadas; se les proprociona el número de fax: (868) 811-0440, extensión 1163, así como el correo electrónico oficial de este órgano constitucional: 1jdo19ctoAJ@correo.cjf.gob.mx; lo anterior, para facilitar la remisión de lo referido. Finalmente, de autos se aprecia que para estar propia fecha se encuentra fijada la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, para dar oportunidad a lo relatado en los párrafos que anteceden, se hace necesario su diferimiento, por lo que se fijan las diez horas con treinta y tres minutos del veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, para su celebración. Notifíquese.

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