José Alfredo Farfan Gutiérrez
Expediente 46/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 46/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Alfredo Farfan Gutiérrez
- Joice Jocelyyn Carbajal Arroyo
- Héctor Renato Farfan Santes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley invocada, para interponer recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda, sin que los impetrantes hubiesen ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a quince de febrero de dos mil veintitrés. Visto el escrito de **** representante legal de la parte quejosa en el presente asunto; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y como lo solicita, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvansele las constancias a que hace referencia en el escrito que se provee, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a diez de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de nueve de febrero del año en curso, se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Antonino Juárez Zenil, representante legal María del Pilar Pereyra Delgado, José Alfredo Farfán Gutiérrez, Héctor Renato Farfán Santes y Joice Jocelyn Carbajal, por su manifiesta e indudable improcedencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo; sin embargo, el nombre de la última quejosa no está completo. Con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento para el único efecto de precisar que el nombre completo de la quejosa es Joice Jocelyn Carbajal Arroyo, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.
- Principal
(citatorio) notificación por lista al quejoso.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a nueve de febrero de dos mil veintitrés. CUMPLE PREVENCIÓN Visto el escrito signado por ********************, representante legal *****; agréguese a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes, y en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de treinta de enero del año en curso, al exhibir el documento con el que acredita su personalidad. Asimismo, se tiene como prueba del promovente, la documental que anexa a su escrito, consistente en copia certificada de diversas constancias que integran el juicio laboral 10/III/2015 del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Por lo tanto, dado el volumen de las constancias de mérito y para un mejor manejo de las presentes actuaciones, se ordena formar un cuaderno de pruebas por separado, el cual deberá resguardarse en la secretaría de este órgano jurisdiccional debidamente identificado, respetando su entresello, folio y rúbrica. PRECISIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y ACTO RECLAMADO Atendiendo a los datos que emanan del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, además atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, se precisan como actos reclamados de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1).- Representante legal del Jurídico de Poza Rica de la Institución BBVA México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, con residencia en esta ciudad. 2).- Gerente de la Sucursal Poza Rica Obrera correspondiente a la Institución BBVA México Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, con residencia en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "La omisión de cumplir con el ordenamiento y requerimiento realizado por el presidente Ejecutor señalado también como autoridad responsable a efecto de poner a su disposición la cantidad a la que resulto condenado el C. GILBERTO ROMAN PASTRANA, a pesar de que en diversas ocasiones se le han remitido oficios, haciéndole, diverso requerimientos, siendo omisa en cumplir con el mandato judicial, eludiendo su obligación y contraviniendo lo dispuesto en el artículo 688 de la Ley Federal del trabajo, así como, el derecho a la seguridad jurídica y legalidad de los quejosos mismo que se materializo a través del laudo dictado por la autoridad laboral, a fin de que los hoy quejosos tengan la certeza y garantía de que tuvieron acceso a la justicia social y, como consecuencia, al reconocimiento de sus derechos laborales, por tanto, toda patronal a quien se le emita un laudo, producto de un juicio laboral, le corresponderá a través de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de las Juntas Especiales, no solo que la ejecución sea pronta y expedita, sino que se cumpla a cabalidad el contenido de los mismos, sin reserva o condición alguna, situación que el representante legal del jurídico de poza rica y el gerente de la sucursal poza rica obrera, de la INSTITUCIÓN BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, referidas implemente como BBVA, han omitido." AUTORIDAD RESPONSABLE: 3).- El Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "la omisión de dictar todas las medidas necesarias para lograr la eficaz e inmediata ejecución del laudo, así como hacer efectivos los apercibimientos, dictados en autos ante la conducta omisiva del REPRESENTANTE LEGAL DEL JURIDICO DE POZA RICA Y del GERENTE DE LA SUCURSAL POZA RICA OBRERA. DE LA INSTITUCION BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, REFERIDA SIMPLEMENTE COMO BBVA." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA POR CUANTO HACE A LAS AUTORIDADES 1) Y 2) Ahora bien, en principio, es menester tener presente que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierte es operante en el caso concreto; de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Son orientadoras las consideraciones sustentadas en la jurisprudencia P./J. 128/2001. En el caso, de oficio, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, pues el acto reclamado no lesiona derechos sustantivos ni genera efectos de imposible reparación en detrimento del quejoso, como se verá a continuación. Establecido lo anterior, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que los disconformes señalan como acto reclamado el consistente en: "La omisión de cumplir con el ordenamiento y requerimiento realizado por el presidente Ejecutor señalado también como autoridad responsable a efecto de poner a su disposición la cantidad a la que resulto condenado el C. GILBERTO ROMAN PASTRANA, a pesar de que en diversas ocasiones se le han remitido oficios, haciéndole, diverso requerimientos, siendo omisa en cumplir con el mandato judicial, eludiendo su obligación y contraviniendo lo dispuesto en el artículo 688 de la Ley Federal del trabajo, así como, el derecho a la seguridad jurídica y legalidad de los quejosos mismo que se materializo a través del laudo dictado por la autoridad laboral, a fin de que los hoy quejosos tengan la certeza y garantía de que tuvieron acceso a la justicia social y, como consecuencia, al reconocimiento de sus derechos laborales, por tanto, toda patronal a quien se le emita un laudo, producto de un juicio laboral, le corresponderá a través de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de las Juntas Especiales, no solo que la ejecución sea pronta y expedita, sino que se cumpla a cabalidad el contenido de los mismos, sin reserva o condición alguna, situación que el representante legal del jurídico de poza rica y el gerente de la sucursal poza rica obrera, de la INSTITUCIÓN BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, referidas implemente como BBVA, han omitido." Así, esta juzgadora advierte que respecto del acto precisado, que se reclama de las autoridades responsables, se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el artículo 5º fracción II, ambos de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no es de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Para evidenciar lo anterior, conviene hacer una breve referencia a la evolución jurisprudencial del concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que servirá de base para la interpretación del texto vigente de la Ley de Amparo, el cual es producto en gran medida, de esa evolución interpretativa. La Ley de Amparo abrogada no ofrecía una definición específica de lo que debía entenderse por autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que su artículo 11 sólo aludía al acto que la autoridad responsable puede desplegar, al señalar que: "Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado". Inicialmente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el término de autoridades comprendía a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estuvieran en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen. Criterio que se contiene en la tesis aislada, cuyo rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "Época: Quinta Época Registro: 289962 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IV Materia(s): Administrativa Tesis: Página: 1067 AUTORIDADES. El término "autoridades", para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen". Posteriormente, la Segunda Sala sostuvo el criterio consistente en que no debe exigirse la atribución legal de las facultades correspondientes como indispensables para que un funcionario, agente o empleado, pueda ser considerado como autoridad, ya que de tenerse como necesaria esta circunstancia, se llegaría a la conclusión absurda de que el amparo no procede cuando un órgano del Estado obra fuera de su competencia legal, en perjuicio de los particulares. Entonces, consideró que el parámetro que debía servir para definir en qué casos se está en presencia de un acto de autoridad, habría de atender a la naturaleza misma de los actos, los que pueden ser, una resolución que afecte a los particulares o actos de ejecución, con esa misma característica, provenientes, unos y otros, de órganos del Estado, dentro o fuera de las órbitas de sus atribuciones legales. De modo que, independientemente de que, en términos generales, determinada oficina o dependencia del Ejecutivo, tuviese, o no, el carácter de autoridad, en los términos de las leyes que regulen esa dependencia oficial, debía determinarse si el acto se considera una decisión y la amenaza de la ejecución correspondiente, y si así fuere, tendría el carácter de acto de autoridad, para los efectos del amparo. El criterio en mención, se advierte de la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 335181 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XLV Materia(s): Común Tesis: Página: 5033 AUTORIDAD, CARACTER DE, PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. En derecho público, se entiende por autoridad, a un órgano del Estado, investido legalmente de la facultad de decisión y del poder de mando necesario para imponer a los particulares sus propias determinaciones, o las que emanen de algún otro órgano del mismo Estado; pero tratándose del juicio de amparo, no debe examinarse este concepto con el criterio antes expresado, en cuanto deba exigirse la atribución legal de las facultades correspondientes como indispensables para que un funcionario, agente o empleado, pueda ser considerado como autoridad, ya que de tenerse como necesaria esta circunstancia, se llegaría a la conclusión absurda de que el amparo no procede cuando un órgano del Estado obra fuera de su competencia legal, en perjuicio de los particulares, siendo, estos casos, indudablemente, los que requieren más frecuentemente, y con más imperiosa necesidad, la intervención de la justicia federal. Así lo ha entendido la Suprema Corte en la ejecutoria dictada en el amparo del señor Marcolfo F. Torres, en la que textualmente se dice: "En efecto, al decir la Constitución General de la República, que el amparo procede por leyes o actos de autoridades que violen las garantías individuales, no significa, en manera alguna, que por autoridades deba entenderse, para los efectos del amparo, única y exclusivamente aquéllas que estén establecidas con arreglo a las leyes, y que, en el caso especial de que se trate, hayan obrado dentro de la esfera legal de sus atribuciones, al ejecutar los actos que se reputan violatorios de garantías individuales. Lejos de eso, el señor Vallarta y otros tratadistas mexicanos de derecho constitucional, sostienen que el término "autoridad", para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar, no como simples particulares, sino como individuos que ejercen actos públicos, por el hecho mismo de ser pública la fuerza de que disponen;...." Encontrándose que el criterio que debe servir de norma para definir en qué casos se está en presencia de un acto de autoridad, debe referirse a la naturaleza misma de esos actos, los que pueden ser, según la doctrina antes expresada, una resolución que afecte a los particulares o actos de ejecución, con esa misma característica, provenientes, unos y otros, de órganos del Estado, dentro o fuera de las órbitas de sus atribuciones legales, debe concluirse que, independientemente de que, en términos generales, determinada oficina o dependencia del Ejecutivo, tenga, o no, el carácter de autoridad, en los términos de las leyes que regulen esa dependencia oficial, debe atenderse, en el caso de que se trate, a precisar si el acto se considera una decisión y la amenaza de la ejecución correspondiente, y si así fuere, debe considerarse que tiene el carácter de acto de autoridad, para los efectos del amparo, pues por ejemplo, la declaración administrativa de la caducidad de un contrato, es un acto típico de autoridad, y también lo es el requerimiento que se hace sobre la entrega del local dado en arrendamiento". Luego el Pleno aludió a los actos unilaterales, a través de los cuales se crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; y, al ejercicio de facultades decisorias. Se señaló que la llamada rectoría del Estado en materia económica, modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que escapaban al concepto tradicional de autoridad y que estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, aquéllas que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. El criterio que contiene este parámetro se encuentra en la tesis aislada P. XXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, texto y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 199459 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P. XXVII/97 Página: 118 AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. A este criterio le siguió el de la Segunda Sala del más alto Tribunal en el cual señaló que tiene el carácter de autoridad el órgano del Estado que afecta la esfera jurídica del gobernado, en relaciones que no se entablan entre particulares. Distinguió entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución; y las de supraordinación, que se entablan entre órganos del Estado. Dicho parámetro se contiene en la tesis aislada 2a. XXXVI/99, cuyo contenido es el siguiente: "Época: Novena Época Registro: 194367 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Marzo de 1999 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a. XXXVI/99 Página: 307 AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado". De lo destacado se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las tesis aisladas y de los criterios jurisprudenciales emitidos en sus distintas Épocas, definió lo que debía entenderse por autoridad para los efectos del juicio constitucional, estableciendo sus características o notas distintivas, que se recogen en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, como criterio integrador, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del contenido y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 161133 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 164/2011 Página: 1089 AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". El artículo 5, fracción II, de la actual Ley de Amparo, atendiendo a esa labor jurisprudencial, contiene una definición de lo que debe entenderse como autoridad para efectos del juicio de amparo. Dicho precepto dispone, en la parte que interesa, lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La norma anterior ofrece un concepto material de autoridad para efectos del juicio de amparo, del cual se advierte lo siguiente: 1. Lo relevante no es la naturaleza formal de la autoridad, esto es, su pertenencia a la administración pública centralizada, descentralizada o paraestatal, sino la naturaleza de los actos que emite. Con ello retoma el criterio de que pueden existir autoridades que actúen fuera del ejercicio de sus atribuciones legales, en perjuicio de los particulares, sin que esa circunstancia impida tenerlas como tales para efectos del juicio de amparo. 2. Destaca la unilateralidad y obligatoriedad de sus actos, como notas para identificarlos. Es decir, que se trate de actos a través de los cuales creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales ni del consenso de la voluntad del afectado. Lo que denota, además, que deben emitirse con base en una relación de supra a subordinación, y no en una de coordinación propia de las relaciones entre particulares. 3. Cuando se reclamen omisiones, debe tenerse en cuenta si, de realizarse el acto omitido, tendría esos efectos de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. 4. Finalmente, dado el concepto material que contiene, la fracción II, del artículo 5, de la Ley de Amparo, prevé la posibilidad de que los particulares emitan actos con las características descritas y, que por ello, puedan ser considerados como autoridad para efectos del juicio de amparo, con la condición de que sus funciones estén establecidas en una norma general, es decir, su contenido debe coincidir con una facultad legal de ejercicio irrenunciable y pública. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el precepto interpretado, una autoridad o particular tendrá materialmente el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, si se cumplen las siguientes condiciones: 1. Que con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto, u omita alguno, que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria. 2. Con base en una función establecida en la ley, que establezca una relación de supra a subordinación. La unilateralidad a que se refiere el precepto en análisis, como se explicó, implica que para modificar la situación del afectado o emitir el acto, no precisa de la voluntad de éste o su consenso. En tanto que la obligatoriedad supone que no necesita de acudir a un tribunal o diversa autoridad para hacer efectivo su acto. El requisito de que el acto provenga de una función que le confiera la ley, alude a que su contenido debe coincidir con una facultad legal, lo que implica que se emita en una relación de supra a subordinación y no de coordinación, como las que acontecen entre particulares. Entonces, interpretado en sentido contrario el contenido del artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXIII del artículo 61 de la misma ley, se obtiene que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos que no reúnan las características descritas y que, por ende, no deban ser considerados como de autoridad para efectos del juicio protector de derechos humanos. En el caso, como se anticipó, no se está ante actos de autoridad para efectos del juicio de amparo; ello es así, pues si la parte quejosa acude a este juicio de amparo a reclamar de las autoridades señaladas como responsables representante legal del Jurídico de Poza Rica de la Institución BBVA México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México; y, Gerente de la Sucursal Poza Rica Obrera correspondiente a la Institución BBVA México Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, ambos con residencia en esta ciudad, dicha omisión no es sino una falta de cumplimiento a la resolución dictada por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, en el juicio laboral 10/III/2015 de su índice, de manera que, conforme a la normatividad que rige el procedimiento civil, la parte quejosa está en posibilidad de solicitar la aplicación de medidas de apremio a fin de vencer la contumacia de las autoridades y lograr el cumplimiento y ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen. De lo anterior se sigue que el actuar del representante legal del Jurídico de Poza Rica de la Institución BBVA México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México; y, Gerente de la Sucursal Poza Rica Obrera correspondiente a la Institución BBVA México Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, ambos con residencia en esta ciudad, no reviste el de una autoridad, pues no se da con motivo del ejercicio de sus atribuciones, sino en la ejecución de una sentencia en la que fue obligada a adoptar cierta actitud. Entonces, si la procedencia de la acción constitucional de amparo está sujeta a la condición jurídica de que los actos reclamados provengan de una autoridad para efectos del juicio de amparo, y ello no acontece en el caso concreto, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia que surge de correlacionar lo que establece el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último, a contrario sensu. En esas condiciones, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo por cuanto hace a las autoridades señaladas como 1) y 2) con fundamento en los artículos 112 y 113, por su manifiesta e indudable improcedencia al actualizarse la causal de inviabilidad de la acción constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1º, y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA POR CUANTO HACE AL ACTO RECLAMADO A LA AUTORIDAD 3) De igual forma, de oficio se advierte que respecto del acto reclamado al Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, señalado por los quejosos en su escrito de demanda, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 217 de dicha legislación, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." De los artículos citados se advierte que la improcedencia del juicio de amparo puede derivar de lo dispuesto en la propia Ley de Amparo, y que las jurisprudencias de los Plenos de Circuito, son obligatorias para los Juzgados de Distrito que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. Ahora bien, el Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, al cual pertenece este Juzgado de Distrito, al resolver la contradicción de tesis 3/2018, de la cual derivó la jurisprudencia PC.VII.L. J/10 L (10a.), de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO.", determinó que el Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y de establecerse tal como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en la que se concluyó que el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda de amparo y de realización incierta, en razón que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante y, por ende, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta oportuno traer a colación lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 339/2011, de la cual derivaron las jurisprudencias 2a./J.15/2011(10a.) y 2a./J.16/2011(10a.), que en la parte medular de la ejecutoria de que se trata señaló: "(.) Lo anterior es así, pues como se ha demostrado, si bien es cierto que también en esa etapa el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución de laudo, una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción, de ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, como lo serían, a guisa de ejemplos, los emolumentos del depositario o interventor, los costos propios del depósito o de la administración de los bienes embargados, de los avalúos o dictámenes periciales, de la publicación de edictos para convocar postores y lograr el remate de los bienes sujetos a la traba. Por esas razones es que no puede constreñirse al presidente de la Junta responsable para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo, en los términos que indican los artículos 950, 954, 955, 957, 965 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, ni aun con la salvedad que apuntó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el sentido de que la autoridad estaría exenta de cumplir la sentencia de amparo en esos términos, cuando exista causa imputable a las partes o a otras autoridades, porque una protección federal con ese alcance generaría confusión y la posterior necesidad de dilucidar casuísticamente cuándo la dilación del cumplimiento de la sentencia de amparo se debe a "causa imputable a las partes" o bien el retraso obedece a la actuación u omisión de "otras autoridades", lo que a la larga se traduciría precisamente en lo que se quiere evitar, que es la dilación en el cumplimiento del derecho fundamental de justicia completa y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, debemos concluir que de reclamarse en amparo indirecto, de forma genérica, la omisión del presidente de la Junta laboral correspondiente, de proveer lo conducente para la ejecución forzosa de un laudo, el juicio de amparo sería improcedente, en términos de la fracción XVIII del artículo 73(8) de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74(9) del propio ordenamiento, porque estaríamos en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de garantías y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada una omisión genérica que se atribuyera al presidente ejecutor, transcurridas las setenta y dos horas posteriores a la en que surta efectos la notificación del laudo. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de garantías y en su caso del fondo del asunto, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, debe constreñirse a lo reclamado por la parte quejosa y no puede abarcar futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. (.)" Para arribar a esa conclusión, la citada Sala del Máximo Tribunal del País, analizó los artículos 939, 940, 945, 946, 954, 955, 957 y 965 de la Ley Federal del Trabajo vigente en el dos mil once, los cuales disponían lo siguiente: "Artículo 939. Las disposiciones de este título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación Permanentes y por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas." "Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior, corresponde a los presidentes de las Juntas de Conciliación Permanente, a los de las de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita." "Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación. Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento." "Artículo 946. La ejecución deberá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida, expresamente señalados en el laudo, entendiéndose por ésta, la cuantificada en el mismo." "Artículo 954. El actuario, tomando en consideración lo que expongan las partes, determinará los bienes que deban ser objeto del embargo, prefiriendo los que sean de más fácil realización." "Artículo 955. Cuando el embargo deba recaer en bienes que se encuentren fuera del lugar donde se practique la diligencia, el actuario se trasladará al local donde manifieste la parte que obtuvo que (sic) se encuentran y previa identificación de los bienes, practicará el embargo." "Artículo 957. Si los bienes embargados son muebles, se pondrán en depósito de la persona, que bajo su responsabilidad designe la parte que obtuvo. El depositario debe informar al presidente ejecutor del lugar en que quedarán los bienes embargados bajo su custodia. La parte que obtuvo podrá solicitar el cambio de depositario." "Artículo 965. El actor puede pedir la ampliación del embargo: I. Cuando no basten los bienes embargados para cubrir las cantidades por las que se despachó ejecución, después de rendido el avalúo de los mismos; y II. Cuando se promueva una tercería. El presidente ejecutor podrá decretar la ampliación si a su juicio concurren las circunstancias a que se refieren las fracciones anteriores, sin ponerlo en conocimiento del demandado." De dichos preceptos legales, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó lo siguiente: De la interpretación sistemática de las normas citadas se obtiene que la ejecución de los laudos, lato sensu (artículo 939), corresponde al presidente de la Junta, en dos momentos y modalidades diferentes. En primer término, el presidente, para el logro de tal fin y cumplimiento inmediato de la obligación que le impone la Ley Federal del Trabajo, debe dictar, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación del laudo, las medidas necesarias para que la ejecución de éste sea pronta y expedita, lo que debe hacer de manera oficiosa, dado que la indicada legislación no dispone que deba mediar previa petición, solicitud o impulso de la parte interesada en la ejecución. Esa primera etapa oficiosa se agota -con independencia de que el presidente haya efectuado actuación alguna tendente al cumplimiento del laudo o no- una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 precitado; así se infiere de la interpretación concatenada del indicado numeral, con el contenido del diverso 950, pues éste dispone tajantemente que transcurrido el término señalado en el artículo 945 (setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación del laudo a cumplir), el presidente, a petición del ejecutante, dictará auto de requerimiento y embargo, lo que significa que agotadas las medidas que hubiere adoptado el presidente de la Junta laboral para obtener el cumplimiento del laudo dentro de las setenta y dos horas siguientes a la notificación de éste, o bien simplemente una vez transcurrido ese término, si el laudo no se encuentra cumplido, debe mediar petición expresa del interesado para la continuación del procedimiento de ejecución. En ese contexto, propiamente dentro de la etapa de ejecución forzosa, se tiene que el artículo 954, al regular el embargo, dispone que el actuario debe tomar en consideración lo que le expongan las partes, para determinar qué bienes deben ser objeto de la traba. El artículo 955 también prevé la intervención de quien obtuvo el laudo a su favor para el logro de tal fin y el diverso 957 dispone que si los bienes embargados son muebles, se pondrán en depósito de la persona que bajo su responsabilidad designe el ejecutante, quien también tiene la facultad de solicitar el cambio de depositario, así como pedir ampliación de embargo (artículo 965). Las reseñadas disposiciones llevan a concluir que para llevar a cabo la segunda etapa del procedimiento de ejecución de un laudo (lato sensu), sí es indispensable la solicitud expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor, adquiriendo por esa razón el carácter de ejecutante. En el caso, del escrito de demanda de amparo, se advierte que el promovente precisó como acto reclamado, los siguientes: "IV.- LEY O ACTO QUE SE RECLAMA: Los actos reclamados son los siguientes: (.) 2.- EL PRESIDENTE EJECUTOR DE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO CON RESIDENCIA EN POZA RICA DE HIDALGOVERACRUZ, la omisión de dictar todas las medidas necesarias para lograr la eficaz e inmediata ejecución del laudo, así como hacer efectivos los apercibimientos, dictados en autos ante la conducta omisiva del REPRESENTANTE LEGAL DEL JURIDICO DE POZA RICA Y del GERENTE DE LA SUCURSAL POZA RICA OBRERA. DE LA INSTITUCION BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, REFERIDA SIMPLEMENTE COMO BBVA." Ahora, de la lectura íntegra del escrito de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, además atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad, descartando las precisiones que generan obscuridad o confusión, se obtiene que la quejosa reclama: La omisión genérica por parte de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de proveer la eficaz e inmediata ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 10/III/2015 de su índice. Se dice lo anterior, pues como se aprecia de su propio escrito, la parte quejosa no concretó alguna omisión por parte de la autoridad responsable, es decir, no se destaca que hubiera solicitado la ejecución o cumplimiento del laudo mediante la presentación de petición expresa al respecto y ésta no haya sido acordada de manera oportuna, de ahí que válidamente se arribe a la conclusión de que se trata de una omisión genérica. De este modo, se reitera que el acto reclamado por los impetrantes es la omisión genérica por parte de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de proveer la eficaz e inmediata ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 10/III/2015 de su índice y como tal se actualiza la causa de improcedencia que se viene analizando. En consecuencia, en estricto cumplimiento a la jurisprudencia PC.VII.L. J/10 L (10a.), derivada de la contradicción de tesis 3/2018 del Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, al cual pertenece este Juzgado de Distrito, la cual es de carácter obligatorio en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado por la impetrante es la omisión genérica de proveer la eficaz e inmediata ejecución del laudo dictado en el juicio de origen; es inconcuso que dicha omisión genérica es jurídicamente inexistente al presentarse la demanda de amparo y de realización incierta, dado que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante. Ello dado que, los impetrantes omitieron señalar un acto en concreto como reclamado que le depare un agravio personal y directo, es decir, un proveído en específico emitido en el juicio laboral de origen, que le depare perjuicio; sino únicamente una omisión genérica de ejecutar el laudo. El anterior criterio se encuentra previsto en la jurisprudencia PC.VII.L.J/10L(10.a), del Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la página 1469, correspondiente al mes de febrero de 2019, Libro 63, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda." Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J.15/2011(10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2771, correspondiente al mes de diciembre de 2011, Libro III, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Así como la diversa jurisprudencia 2a./J.16/2011(10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2772, correspondiente al mes de diciembre de 2011, Libro III, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que indica: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." En consecuencia, al quedar plenamente acreditada la causa de improcedencia, resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo promovida por ********************, representante legal ********************por su manifiesta e indudable improcedencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.
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