José Alfredo Encinas Cruz

Expediente 638/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
638/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
02/02/2021

Partes del expediente

  • José Alfredo Encinas Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dos de febrero de dos mil veintiuno. Declaración de estado. Del estado de los autos se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación al diverso 97, fracción I, inciso a), de la ley en cita, para interponer recurso de queja en contra del proveído dictado en diecinueve de octubre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo. Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez que transcurran tres años, toda vez que se desechó la demanda de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguense los escritos firmados por el quejoso, y en atención a las manifestaciones que vierte, dígasele que deberá estar a lo acordado en proveído de diecinueve de octubre anterior.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diecinueve de octubre de dos mil veinte. 1. Radicación. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo. 2. Desechamiento. Vista la demanda de amparo promovida por José Alfredo Encinas Cruz, contra el acto del agente del Ministerio Público Auxiliar de la Dirección General de Atención Temprana y Justicia Alternativa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y otra autoridad, se advierte que la acción constitucional es notoriamente improcedente y, por ende, procede desecharla. Del estudio integral de la demanda, se precisa que el acto reclamado consiste en la continuación de la audiencia inicial de formulación de imputación de la carpeta administrativa ATP/HER/091/03871//5-2020, instruida en contra del aquí promovente, por su probable participación en el delito de lesiones. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desechará de plano. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que se dispone lo siguiente: "Artículo 61. En el juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". De la intelección de dichos preceptos, se advierte que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, concretamente en cuanto a la hipótesis enunciada (107, fracción V de la Ley de Amparo), es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación, entendidos como tales, aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. Es decir, que la afectación o sus efectos no se destruyan con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; de modo que no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad. En relación con ello, es preciso señalar que nuestro máximo tribunal de justicia de la nación ha determinado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, siempre y cuando sus consecuencias sean susceptibles de afectar en forma inmediata y directa alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las llamadas garantías individuales, tales como la vida, la integridad personal, la libertad personal en sus diversas manifestaciones, la propiedad y la posesión. En tanto que los actos de ejecución reparable, no tocan por sí mismos tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia en la medida en que influyen para que el fallo sea adverso a los intereses del quejoso. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, y el supuesto de los segundos se actualiza respecto de los derechos adjetivos o personales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal. Luego, en el caso que nos ocupa se desprende que el acto combatido no tiene de momento sobre el solicitante del amparo una ejecución que sea de imposible reparación, ya que éste no le afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales. En efecto, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se advierte que el promovente reclama la continuación de la audiencia inicial de formulación de imputación de la carpeta administrativa ATP/HER/091/03871//5-2020, instruida en su contra. Sirve de apoyo a lo anterior por su alcance y contenido la jurisprudencia 1a./J. 78/2018, décima época, de la primera sala cuyos rubro, texto y datos de publicación a continuación se transcribe: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." En tal contexto, si en el caso el acto reclamado en el juicio de amparo sólo se relaciona con derechos adjetivos y no sustantivos, se insiste, en este asunto no se está en presencia de un acto de imposible reparación. Esto dado que el acto que pudiera llegar a causar una lesión jurídica adjetiva o formal, puede no trascender al resultado de la resolución, es decir, incidir sólo sobre violaciones procesales; aspecto que resulta de la mayor relevancia, toda vez que la Ley de Amparo delimita los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración. Bajo las condiciones precisadas, es evidente la actualización de la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXlll, de la Ley Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y, por tanto, procede desechar la demanda de amparo, en términos del artículo 113 del ordenamiento en cita. 3. Domicilio. Se tiene por señalado como domicilio para recibir notificaciones el que indican en su demanda. 4. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en tanto no cumplan con dicho requisito, se autorizan sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 5. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 6. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 7. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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