José Alfredo Echeverría Áquino

Expediente 846/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
846/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
08/08/2022

Partes del expediente

  • José Alfredo Echeverría Áquino

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de agosto de dos mil veintidós. Causa estado determinación. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha concluido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del acuerdo dictado el veinte de julio de esta anualidad; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Publicación de datos personales. Por otro lado, como las partes en este juicio d amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo. Ahora, toda vez que en este expediente no existe asunto pendiente por diligenciar, por tanto, con fundamento en los artículos 18, 20 y 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Destino Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, de conformidad con el inciso b), del artículo 21, del referido Acuerdo General y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace constar que, como quedó asentado en la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos originales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y la carátula. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    (notificación a la parte quejosa)San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de julio de dos mil veintidós. Registro de demanda. Con la demanda de amparo que se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el dieciocho de julio del año en curso y que se turnó a este órgano jurisdiccional el día siguiente, que promovió ****** contra actos de la jueza Especializada en Oralidad Mercantil del Circuito del Centro; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 846/2022. Asimismo, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. Análisis de la demanda de amparo. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. En ese sentido, atendiendo al escrito inicial de demanda se tiene que para efectos de este juicio de amparo el acto reclamado consiste en: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- Me quejo del DICTADO DE ONCE DE LOS CORRIENTES, EMITIDO EN EL EXPEDIENTE NÚMERO *****, en la parte que ordena prevenir a los aquí terceros y reos en el principal, para que en tres días precisen el hecho o hechos de la contestación a la entablada en su contra, que pretenden demostrar con las pruebas confesional y pericial que ofrecieron; dado a saber al suscrito, con fecha quince de este mes." En esas circunstancias, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." La causal de improcedencia prevista en la referida disposición no establece un motivo concreto, pues requiere complementarse con otra norma jurídica o, en su caso, con la jurisprudencia del Pleno, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese sentido, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El juicio de amparo procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Dicho precepto lleva a concluir que el juicio de amparo indirecto es procedente cuando el acto reclamado emana de un juicio, siempre que el acto sea de imposible reparación, lo que acontece cuando afecta materialmente derechos sustantivos. Entonces, lo fundamental para establecer la procedencia de este juicio constitucional, es determinar si la resolución reclamada afecta derechos sustantivos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 14/2015, puntualizó lo que debe entenderse por derechos sustantivos; al respecto, el referido órgano constitucional señaló: ". Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México sea parte, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva." En el caso, la parte quejosa se duele, en esencia, del acuerdo de once de julio de este año, dictado en el expediente *****, del índice de la responsable, en el que se requirió a los demandados (terceros interesados) para que precisaran los hechos que pretenden demostrar con las pruebas confesional y pericial que ofrecieron. Argumenta que el acto reclamado violenta los artículos 1390 Bis 13 y 1390 Bis 46, toda vez que aduce que la juez de primera instancia debió desechar de plano las pruebas confesional y pericial ofrecidas por sus contrarios, al incumplir el requisito de expresar claramente el hecho o hechos que pretenden acreditar con dichos medios convictivos. Bajo esa tesitura, se estima que la determinación reclamada no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o Tratados Internacionales de los que el estado mexicano forme parte, ya que únicamente existe un perjuicio procesal que pudiera resentir la parte quejosa en sus derechos adjetivos. En efecto, el acto que se reclama corresponde a la gama de los derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que surgen y se generan durante el trámite del juicio, de tal forma que pueden ser reparados al dictarse una resolución favorable a la parte agraviada en el juicio de origen. Sin que lo anterior signifique que la parte quejosa no tenga oportunidad de que se estudie la violación adjetiva en cuestión, dado que, en el caso de que no obtenga sentencia favorable en el juicio de origen, puede hacer valer los recursos que contra la sentencia definitiva correspondan. Es aplicable, la tesis aislada 2a. XLVIII/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." Es preciso apuntar lo considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al explicar que los derechos sustantivos son de naturaleza antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, toda vez que la afectación de estos últimos no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al resultado del juicio, momento en el cual sus secuelas podrían consumarse en forma efectiva. Es aplicable, en lo conducente, la tesis aislada XXI.1o.28 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, con rubro y textos siguientes: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formalizarse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado; razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal, el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a la infracción de derechos sustantivos." Ello es así, porque se estima que el acto reclamado se relaciona con una violación procesal que es susceptible de combatirse junto con la sentencia que se dicte en el juicio civil de origen, a través del amparo directo, tal y como lo prevén los artículos 171, primer párrafo y 172, fracciones III y XII, de la Ley de Amparo, que establecen: "(.)Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." De ahí que, no se está en la hipótesis de irreparabilidad, porque el acto reclamado no constituye una violación a sus derechos sustantivos, ya que los efectos que produce son de naturaleza intraprocesal, por lo tanto, no tiene el carácter de imposible reparación; además, dicho actos es susceptible de extinguirse si la sentencia que emita la responsable es favorable a las pretensiones del solicitante de amparo, o en caso contrario, es susceptible de combatirse junto con la resolución que ponga fin al juicio, de conformidad con el artículo 172, fracciones III y XII, de la Ley de Amparo. Lo anterior guarda congruencia con el hecho de que, admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se desecha de plano la demanda de amparo que promovió José Alfredo Echeverría Aquino contra actos de la jueza Especializada en Oralidad Mercantil del Circuito del Centro. Domicilio. Téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el domicilio que indica. Autorización de medios electrónicos. Por otra parte, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Gratuidad en el servicio y solicitud de expedición de copias. Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas, previa solicitud y autorización por acuerdo, se hará atendiendo a las circunstancias que imperen en el momento de la petición. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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