José Alfredo Díaz Barriga Herrera
Expediente 1228/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1228/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/12/2021
Partes del expediente
- José Alfredo Díaz Barriga Herrera
Actuaciones
- Principal
IX.- Toluca, Estado de México; veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. En virtud de lo anterior y en atención a la certificación de cuenta, se estima que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitir este asunto al archivo de este Juzgado de Distrito. este expediente es destruible, en el plazo de tres años, al ser un juicio en el que se tuvo por no presentada la demanda. En otro contexto, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo vigésimo primero del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años, en ese sentido conforme lo previsto en el punto 4.2 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte; por tanto, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a éste órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió en el presente asunto; con el apercibimiento que de no hacerlo, dichas constancias podrán ser destruidas junto con el expediente; en el entendido que para recoger los documentos de referencia, deberá agendar la cita correspondiente. Se reitera que, de conformidad con el artículo vigésimo primero del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años. Por lo que después de ese lapso, se procederá a la destrucción del mismo, pues a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Se precisa que el presente sumario constitucional se enviará materialmente al archivo una vez que obren las constancias de notificación derivadas del presente proveído. En otro aspecto, si bien es cierto que la notificación del presente acuerdo debe practicarse en forma personal, en términos del artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo, no menos cierto es que mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo como domicilio procesal de la parte quejosa, la lista de acuerdos que se publica en este Juzgado de Distrito; por tanto, practíquese esta notificación, a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
III- Por recibido el comunicado de cuenta signado por el Presidente Municipal Constitucional de Xonacatlán, México, por medio del cual promueve "INCIDENTE DE ACLARACIÓN DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA," previa audiencia de las partes, a decir del promovente, para precisar, definir y concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 237/2020, lo anterior, pues aduce que no se encuentra ajustado a derecho el auto de veinticuatro de noviembre de este año, dictado en este asunto, en el que se ordenó a las autoridades responsables cumplieran con los puntos de la concesión de amparo y procedieran a realizar las acciones tendentes al cierre del Relleno Sanitario Xonacatlan, al no haber sido aprobado el proyecto presentado por la moral tercera interesada. Ahora, de conformidad con lo establecido en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, se estima notoriamente improcedente el incidente interpuesto por la autoridad responsable. Al respecto, el artículo 66 de la Ley de Amparo, establece la posibilidad de que en el trámite del juicio constitucional se diriman en vía incidental ya se de oficio o a petición de parte, las cuestiones a que se refiere expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. Ante tal escenario, el órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia. Por su parte, el artículo 193, párrafo cuarto, de la ley de la materia, señala que en el hipotético caso de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, se podrá ordenar de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. Sin embargo, también conviene establecer que para la promoción de los recursos y/o medios de defensa y/o incidentes es necesario que éstos cumplan con determinados requisitos de idoneidad y eficacia. Es así, que de la interpretación armónica de los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierten los siguientes requisitos: 1. En relación con la idoneidad: I. Que esté previsto y regulado por la ley ordinaria; II. Que se tramite y resuelva dentro del procedimiento, es decir, antes de que se dicte sentencia definitiva; y III. Que sea aplicable en la circunstancia específica. 2. Respecto de la eficacia: I. Tener la capacidad de producir el resultado para el que ha sido concebido; II. Ser capaz de producir una decisión dentro de un plazo razonable; y III. Que se desahogue con la debida diligencia. Lo anterior permite concluir que si la ley ordinaria no establece o contempla el recurso o éste no es adecuado y eficaz, el órgano jurisdiccional ante la cual se hace valer dicho medio de impugnación está facultada para desecharlo de plano por notoriamente improcedente. La Ley de Amparo en su Título Primero denominado "Reglas Generales", Capítulo IX denominado "Incidentes", establece que en los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, aquellas cuestiones que surjan durante el procedimiento y por su naturaleza ameriten dicho tratamiento, además de las previstas por el propio ordenamiento legal, facultando también al órgano jurisdiccional para resolver de plano cuando así proceda. En las relatadas condiciones, el incidente de aclaración de ejecución de sentencia hecho valer por la autoridad responsable, es improcedente porque no es idóneo ni eficaz, en primer lugar, porque no es aplicable para la circunstancia específica para la cual fue promovido y, en segundo término, porque no es capaz de producir el efecto buscado. Lo anterior se determina pues con el incidente planteado, la autoridad responsable Presidente intenta controvertir las consideraciones expuestas en el acuerdo de veinticuatro de noviembre pasado, pues de sus manifestaciones ahí realizadas refiere que tal determinación no se encuentra ajustada a derecho ni a los parámetros establecidos en la resolución emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 237/2020, y consecuentemente, refiere que es necesario precisar, definir y/o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. De todo lo anterior, se colige que el incidente de "Aclaración de Ejecución de Sentencia" previa audiencia de las partes, hecho valer por la autoridad responsable en el que controvierte las consideraciones expuestas en el auto de veinticuatro de noviembre del año en curso, en el que esencialmente, en atención a las determinaciones definitivas emitidas tanto por la oficiante, así como por la autoridad responsable Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México de quién depende la Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental, se determinó que prevalecía la emitida por esta última al ser la competente para emitir la decisión definitiva sobre la cancelación o autorización de continuar las operaciones, con base en el Plan de regularización exhibido por la parte tercera interesada, no es idóneo ni eficaz para los efectos que se promovió. Tal aserto se expone, ya que aun y cuando fuere tramitado y sustanciado el incidente planteado, no sería posible para este Juzgado de Distrito: 1) modificar los efectos de la sentencia dictada en sesión ordinaria de catorce de abril de dos mil veintiuno, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y 2) declarar la invalidez y/o modificar y/o revocar la determinación de veinticuatro de noviembre de este año, en la que medularmente este Juzgado Federal, al no haber sido aprobado por la autoridad competente en materia ambiental, el proyecto de regularización de la moral tercera interesada ***, se ordenó a las responsable emitir la resolución correspondiente y adopten todas la medidas necesarias al cierre del relleno sanitario de mérito. No se soslaya el hecho de que la autoridad oficiante también refiera que es necesario substanciar la incidencia planteada previa audiencia de las partes, a fin de precisar, definir y concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 237/2020; sin embargo, como bien lo refiere en su ocurso de mérito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la sentencia que confirmó aquélla dictada en este asunto, estimó que los efectos impresos al presente juicio implicaban la toma de una decisión prudencial para hacerlo un medio eficaz para la protección del medio ambiente tanto de los quejosos como de los habitantes que si bien no se ubican en la cercanía del relleno sanitario, sus residuos son transportados y vertidos en él, por lo que procedió a delimitar el camino a seguir en torno a las acciones que las autoridades responsables deberían realizar a fin dar cumplimiento a la ejecutoria de referencia. Consideraciones que no se estiman ambiguas o imprecisas, sino claras y puntuales a fin de evitar confusión o vaguedad en la conducta desplegada por las autoridades responsables. Por tanto, se estima innecesaria la tramitación del presente incidente, toda vez que aunado a la precisión de los efectos hecha por el Alto Tribunal del País, en autos consta que mediante acuerdos de cinco de julio y nueve de septiembre, ambos de dos mil veintiuno (fojas 2840 y 2952 del tomo III de autos), se emitieron sendas determinaciones en el sentido de precisar la forma en que se debería cumplir con la ejecutoria de amparo, aunado a ello, por diversos proveídos de quince de julio y dos de septiembre, ambos de este año (fojas 2866 y 2938 Tomo III de autos), se tuvo a la autoridad oficiante Presidente Municipal Constitucional de Xonacatlán, México, informando las acciones relativas a acatar el fallo protector, lo que patentiza que no es factible el desconocimiento que ahora arguye en torno a la imprecisión de las conductas a que se encuentra obligada a realizar. Por tanto, y como ya se ha reiterado en diversas determinaciones, los efectos del cumplimiento de la sentencia concesaria de amparo, se encuentran plenamente definidos en la ejecutoria relativa al recurso de revisión 237/2020, y en el tramite relativo al cumplimiento, conforme a las determinaciones a que se hizo referencia en el párrafo anterior. Aunado a lo anterior, es evidente que con el incidente planteado, la autoridad responsable, pretende someter a la decisión colegiada de las autoridades responsables el análisis de procedencia o no, del plan de regularización presentado por el tercero interesado, en plazo posterior al otorgado en la sentencia de amparo, lo cual no es procedente, pues dicha circunstancia ya fue determinada con antelación, debido a que conforme a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el plazo estrictamente otorgado para tal circunstancia, fue de tres meses, contados a partir de que se presentara ante las citadas el plan de regularización que nos ocupa, después de ese plazo, proseguía dictar la decisión definitiva correspondiente, lo cual como se advierte de autos, también ya aconteció; de ahí que se haya dictado el acuerdo de veinticuatro de noviembre pasado, en los términos ahí precisados. En consecuencia, por las consideraciones expuestas en la presente determinación se desecha de plano el incidente de "INCIDENTE DE ACLARACIÓN DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA," hecho valer por la autoridad responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Amparo.
- Principal
IV.- SE HAC EEFECTIVO EL APERCIBMIENTO HECHO AL QUEJOSO MEDIANTE CITATORIO DE VEINTIDOS DE NOVIEMBRE Y SE LE NOTIFICA POR MEDIOD E LISTA EL ACUERDO DE DICIENUVE DE NOVIEMBRE QUE DICE: Visto el escrito de cuenta por medio del cual el quejoso ------------, interpone recurso de revisión contra la sentencia firmada el doce de noviembre en el presente juicio de amparo. Establecido lo anterior, tomando en consideración que el recurrente no acompaña las copias necesarias para la sustanciación del trámite previsto en el artículo 89 de la Ley de Amparo, tal como se acredita con la anotación respectiva que obra en el sello de oficialía de partes visible en el ocurso aludido; máxime que no se encuentra en algún supuesto de excepción previsto en el artículo 79 del citado ordenamiento legal. Con fundamento en lo previsto en el artículo 88, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere al accionante del amparo, para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, exhiba cuatro copias más de su escrito de presentación y de expresión de agravios. Con el apercibimiento que en caso de no presentar las copias requeridas dentro del plazo concedido, se procederá en términos del párrafo cuarto del referido artículo 88 de la Ley de la materia y se tendrá por no interpuesto el medio impugnativo de referencia.
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