Jose Alfredo Corral Reyes
Expediente 983/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 983/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jose Alfredo Corral Reyes
Actuaciones
- Principal
SE DIFIERE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PARA ELDIA VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por - por propio derecho, contra actos de la Junta Federal Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. 2. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. Del análisis a la demanda se advierte que el quejoso señala como acto reclamado: ".la ilegal determinación de ordenar se notifique a la parte actora por estrados, y no personalmente los acuerdos de fechas 14 de junio y 13 de agosto del 2018, los que contienen los apercibimientos, y como consecuencia que las notificaciones de éstos son nulas, de fechas 15 de junio y 14 de agosto del 2018 respectivamente; por igual y como consecuencia es que el desahogo de las Audiencias a las que se citó en dichos acuerdos, de fechas 13 de agosto (de Conciliación, Demanda y Excepciones) y 17 de octubre del 2018 (Ofrecimiento y Admisión de Pruebas), también son nulas. [.] Ejecutar las ilegales y nulas Notificaciones de fecha 15 de junio y 14 de agosto del 2018, realizadas por estrados dentro del juicio natural.". Acto respecto del cual el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional, por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que lo conducente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)". Del precepto transcrito en párrafo precedente, se aprecia que el juicio de amparo resulta improcedente cuando la Ley que rija el acto reclamado, prevé un medio ordinario de defensa por virtud del cual puede der modificado, revocado o nulificado. Por ello, debe decirse que el juicio de amparo intentado deviene improcedente, pues a simple vista se aprecia que el quejoso no agotó el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, esto es, no hizo valer el recurso ordinario de defensa que prevé la Ley que rige el acto reclamado. Luego, el principio de definitividad en materia de amparo estudiado por la doctrina, recogido en la legislación y perfeccionado por la jurisprudencia, consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo. Así encontramos que respecto de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dicho principio se encuentra contenido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías en aquellos casos en los cuales el particular promueve el juicio constitucional impugnando un acto emanado de dichos tribunales sin haber agotado previamente el recurso ordinario que proceda. Para explicar los alcances de dicha disposición resulta aplicable en lo conducente el criterio establecido en la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902, Tomo XV, mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indica: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." De la lectura de la fracción en comento y del criterio jurisprudencial trascrito, se desprende que el legislador exige como requisitos para que se actualice la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia que: a) El acto reclamado sea proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el citado precepto. De lo anterior se colige, que el medio de defensa que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por virtud del cual se pueda revocar, nulificar o modificar la determinación impugnada. Expuesto lo anterior, se está en posibilidad de indicar que el acto combatido en la presente vía constitucional no tiene el carácter de definitivo para los efectos del juicio de amparo indirecto, toda vez que respecto de éste procede el incidente de previo y especial pronunciamiento, es decir el de nulidad, que dispone el artículo 762 de la Ley Federal del Trabajo, que establece: "Artículo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; [.] Del precepto legal trascrito, resulta evidente que en el presente caso, contra el acto reclamado, consistente en la determinación de ordenar se notificara a la parte actora por estrados y no personalmente los acuerdos de catorce de junio y trece de agosto del año en curso, y que trajo como consecuencia el desahogo de las audiencias a las que se citó en dichos autos, como la de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, procede el incidente de previo y especial pronunciamiento, es decir el de nulidad de actuaciones. Motivo por el cual, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues previo al juicio de amparo, el ahora quejoso se encontraba obligado a agotar dicho medio de defensa mediante el cual, pudo ser nulificado el acto de autoridad de que se duele. Se afirma lo anterior, en virtud de que se colman las exigencias establecidas en dicho precepto legal, ya que: 1. El acto reclamado es proveniente de un tribunal administrativo; 2. El citado incidente que la parte quejosa debe interponer en contra de las notificaciones, se encuentra previsto en la ley que rige el acto, es decir, en el artículo 762 de la Ley Federal del Trabajo; 3. Ese medio de defensa, se da dentro del procedimiento en que se emitió las notificaciones reclamadas y, 4. Por virtud del referido recurso, la parte quejosa puede obtener que tales actuaciones se nulifiquen. Sentado lo anterior, es incontrovertible que antes de promover el juicio constitucional, el impetrante de amparo tenía la obligación insoslayable de acudir a tal medio revisor; para que con ello, se pudieren nulificar los actos aquí reclamados; lo cual, refiere la necesidad de solventar previamente a instar el juicio constitucional, los recursos ordinarios previstos en el cuerpo de leyes normativo. Sobre el particular, tiene aplicación la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala el Alto Tribunal, bajo registro 181092, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, julio de 2004, página 284, Novena Época, que es del rubro y texto siguientes: "NULIDAD. EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL EL INCIDENTE PREVISTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 762 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ÚNICAMENTE PROCEDE EN CONTRA DE LAS NOTIFICACIONES PRACTICADAS CON VIOLACIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO VII DEL TÍTULO CATORCE DE LA LEY CITADA. De las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2002-SS, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 65/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 259, bajo el rubro: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO.", así como del significado en materia procesal laboral del concepto "nulidad de actuaciones" (en forma genérica), se concluye que aun cuando el artículo 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, dispone que se tramitará como incidente de previo y especial pronunciamiento, entre otras cuestiones, la "nulidad", sin especificar a qué tipo se refiere, lo cierto es que relacionando dicho precepto con el estudio conjunto de los artículos 739 a 751, 761 a 765, y especialmente de lo dispuesto en el 752 de la propia ley, se advierte que el legislador se refiere a la nulidad de las notificaciones, lo que se corrobora si se atiende a los principios de economía, concentración y sencillez que rigen el derecho procesal del trabajo previstos en el artículo 685, así como lo ordenado en el artículo 848 de la ley de la materia, que dispone expresamente que las resoluciones que dicten las Juntas no pueden ser invalidadas por medio de defensa alguno, por lo que el incidente de nulidad previsto en el artículo 762, fracción I, únicamente procede en relación con las notificaciones practicadas durante el procedimiento laboral, en forma distinta a la regulada en el capítulo VII del título catorce de la propia ley." Así también, tiene aplicación la tesis aprobada por Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, bajo registro 183812, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, Julio de 2003, página 1124, que es del rubro y texto siguientes: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES PRACTICADAS DENTRO DE UN INCIDENTE DE SUSTITUCIÓN PATRONAL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE UN LAUDO. LA INTERLOCUTORIA QUE LO DECIDE DEBE COMBATIRSE EN AMPARO INDIRECTO JUNTO CON LA QUE RESUELVA LA DE SUSTITUCIÓN PATRONAL. Cuando en la fase ejecutiva de un laudo que se pronunció en un juicio laboral se tramite un incidente de sustitución patronal, y contra las actuaciones practicadas dentro de este último se haga valer el incidente de nulidad, opera una excepción a la regla prevista por el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, en cuanto dispone que en tratándose de actos dictados en o para ejecución del laudo o sentencia debe esperarse a la emisión de la última resolución pronunciada en el procedimiento de ejecución, pudiendo hacerse valer, además, las violaciones cometidas durante tal procedimiento. La excepción de referencia se actualiza porque la materia del incidente de sustitución patronal consiste en determinar si el demandado incidentista es el propietario o responsable de la fuente de trabajo demandada en el juicio laboral, a cargo de quien resulta el pago de las prestaciones que conforman la condena impuesta en el laudo, por lo que la resolución que ponga fin al incidente de nulidad es combatible en amparo indirecto hasta que se reclame la interlocutoria que decida el incidente de sustitución patronal dentro del que se planteó la nulidad, porque ésta, sin ser la última resolución que deba dictarse dentro del procedimiento de ejecución del laudo, puede controvertirse mediante el juicio de garantías biinstancial por tratarse de una resolución dictada después de concluido el juicio, en la que se determinará si entre el actor del expediente laboral y el demandado incidentista existe o no relación jurídica, y si el segundo de los mencionados tiene o no la obligación de cumplimentar la condena decretada en el laudo, esto es, se decidirá si se le obliga al pago de la condena o se le libera de toda responsabilidad; de manera que para reclamar vía amparo indirecto la determinación que decide la nulidad de actuaciones dentro del incidente de sustitución patronal, no habrá que esperar hasta que se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución del laudo." De igual forma, la Jurisprudencia aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página 1403, Tomo XIX, Marzo de 2004, Novena Época, que a la letra dice: "NOTIFICACIONES IRREGULARES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. DEBEN IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES Y NO EN EL AMPARO DIRECTO. Si la parte quejosa considera la existencia de irregularidades en la notificación que se le practicó dentro del procedimiento laboral, debe previamente promover ante la Junta responsable el incidente de nulidad de notificaciones para lograr su invalidez, en términos de los artículos 762, fracción I y 763, en relación con el 752 de la Ley Federal del Trabajo y no ante la Justicia Federal en amparo directo, porque ello contravendría el principio de definitividad que rige el juicio de garantías." Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracciones XVIII, ambos de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías. 3. TRANSPARENCIA. Hágase del conocimiento de las partes, que las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Igualmente, se le informa el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. 4. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones personales y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica, dada la naturaleza del acto reclamado. 5. AUTORIZACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles.
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