José Alfredo Coba Hernández

Expediente 1203/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1203/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
27/07/2016

Partes del expediente

  • José Alfredo Coba Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito del promovente José Alfredo Coba Hernández, mediante el cual manifiesta que renuncia al término que le otorga la ley para presentar el recurso correspondiente, en relación al proveído de diecinueve de julio de dos mil dieciséis, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo que promovió el ocursante. Por lo tanto, téngase a la parte promovente renunciando al término de cinco días que le concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del referido auto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto que desechó la demanda de amparo, para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de respectivo y archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de julio de dos mil dieciséis. CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito de cuenta por el que José Alfredo Coba Hernández, desahoga el requerimiento que se formuló en proveído de doce de julio de dos mil dieciséis; en consecuencia, se tiene como acto reclamado la falta de resolución al recurso de reclamación interpuesto dentro de los autos del juicio civil 835/2014, y se procede a acordar el escrito de demanda, así como el diverso aclaratorio en los siguientes términos: DESECHAMIENTO En primer término debe precisarse que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que José Alfredo Coba Hernández, señala como acto reclamado, lo siguiente: La omisión del Juzgado Primero Especializado en Materia Civil y en Extinción de Dominio de Puebla, Puebla, de emitir la resolución correspondiente al recurso de reclamación interpuesto en contra del auto de siete de junio de dos mil dieciséis, dictado dentro de los autos del juicio civil 835/2014. Precisado lo anterior, se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, en correlación con la diversa V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Los numerales transcritos, interpretados conjuntamente, establecen que el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente contra actos emitidos durante el procedimiento que tengan sobre las personas o cosas, una ejecución de imposible reparación. Así mismo, prevén que cuando los actos emitidos durante el trámite de un procedimiento no afecten en forma trascendente las personas, cosas o defensas de las partes, dichas actuaciones podrán ser reparadas por medio del juicio de amparo directo. De igual manera, a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo un "acto dentro de juicio cuyos efectos son de imposible reparación" y contra los cuales procede el amparo indirecto, es aquel que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo el quejoso sentencia definitiva favorable a su interés. Por lo que con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sobre este tópico, al interpretar el contenido del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, se advierte que el legislador dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos" expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Por lo que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de emisión de resolución correspondiente a un recurso de reclamación interpuesto dentro de un juicio civil. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8 constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Así, tratándose de procedimientos procesales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca el asunto resuelva sobre la pretensión sometida a su consideración, por lo que es obligación del promovente sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que por regla general, no sea procedente el juicio de amparo en la vía directa. Por lo que el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de naturaleza omisiva es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Las consideraciones arriba destacadas son coincidentes con lo sustentado en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, misma que se encuentra pendiente de publicación, que en su momento será de observancia obligatoria y que es del rubro y texto siguiente: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. En la especie, el promovente del amparo acude a instancia a reclamar la omisión del Juzgado Primero Especializado en Materia Civil y de Extinción de Dominio de Puebla, Puebla, de emitir la resolución correspondiente al recurso de reclamación interpuesto contra el auto de siete de junio de dos mil dieciséis, dentro de los autos del juicio civil 835/2014. Por lo que dicha omisión, al ser sometida a las consideraciones expresadas, no constituye un acto de imposible reparación, en tanto que no afecta de manera cierta e inmediata derechos sustantivos de la quejosa, a efecto de que pueda ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Lo anterior, porque tal omisión no puede considerase de imposible reparación, en tanto que, sus consecuencias (atender plazos y términos previstos en la legislación de la materia) no afecta derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, propiedades, etcétera, y por tanto, el tema de la impartición de justicia en plazos y términos previstos de la legislación ordinaria, solamente se trata de una violación de carácter adjetivo, en tanto esa trasgresión no impida el curso del procedimiento ni el ejercicio de un derecho. Lo que en el caso no ocurre, pues de acuerdo a los antecedentes narrados por el promovente no se advierte que exista una abierta dilación procesal o la paralización total del juicio, atento que el recurso de reclamación fue interpuesto en contra de un auto dictado el siete de junio de dos mil dieciséis, y admitido mediante auto de quince del mismo mes y año; en tales condiciones, el lapso entre dicha actuación y la fecha de presentación de la demanda (once de julio de dos mil dieciséis), no revela la existencia de una abierta dilación en el trámite del juicio que implique su paralización, pues a criterio de la suscrita, dicha hipótesis (abierta dilación) se actualiza después de tres meses de falta de actuación jurisdiccional, atento a las cargas de trabajo de la autoridad responsable, por lo que en el caso se trata de un simple retardo que no deja sin defensa al quejoso, dado que no se trata de una afectación autónoma al juicio natural. Cabe citar al respecto la tesis IV.2º.C.55 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la página 2677, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO ES EL SIMPLE RETARDO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. En tales condiciones, se desecha de plano la presente demanda de garantías al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito de cuenta por el que José Javier Aguilar Ramírez, autorizado del quejoso José Alfredo Coba Hernández, pretende desahogar el requerimiento que se le formuló en proveído de doce de julio de dos mil dieciséis. En consecuencia, se tiene por no cumplida la prevención que se le decretó en ese mismo auto, lo anterior es así, en razón de que se le requirió a efecto de que, bajo protesta de decir verdad, precisara el acto que en concreto reclama en la presente instancia constitucional, es decir, si lo es la falta de resolución al recurso de reclamación interpuesto dentro de los autos del juicio civil 835/2014; o la ejecución del auto de siete de junio de dos mil dieciséis, a través del cual se le requiere la entrega del vehículo marca Toyota, versión HIACE COMMUTER, con número de serie JTFSXX23P1B6110491, asimismo, refiriera con precisión los antecedentes del acto reclamado, esto es, narrara de forma precisa y cronológica los hechos o abstenciones acontecidos en el juicio de origen; sin embargo, del escrito de cuenta se advierte que la parte quejosa no precisó cuál de los dos actos es el que le causa agravio, y omitió narrar los antecedentes del acto reclamado. Por lo anterior, requiérasele nuevamente al quejoso para que bajo protesta de decir verdad, precise el acto que en concreto reclama y narre de forma precisa y cronológica los hechos o abstenciones acontecidos en el juicio de origen; bajo el apercibimiento que de no señalar cuál de los dos actos le causa agravio, se tendrá como acto reclamado la falta de resolución al recurso de reclamación interpuesto en el juicio civil 835/2014, y de no narrar los antecedentes de tal acto, se tendrá por no presentada la demanda de garantías. Hágase del conocimiento que se encuentra transcurriendo el término para que dé el debido cumplimiento a la prevención de doce de julio de dos mil dieciséis, subsistiendo el apercibimiento con el que se conminó en la misma. Tiene aplicación al caso, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 1323, Tomo XXI, abril de 2005 de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, cuyo rubro dice: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA". En la inteligencia de que el escrito aclaratorio que presente la ocursante, deberá ser en original y con las copias suficientes del mismo para ser distribuidas de la siguiente manera: dos para las autoridades señaladas como responsables, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito, y siete más para emplazar a los tercero interesados; lo anterior, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de julio de dos mil dieciséis. 1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por José Alfredo Coba Hernández, contra actos del Juez Primero Especializado en Materia Civil y en Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, y otra autoridad; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 1203/2016-IV; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2 PREVENCIÓN Con apoyo en los artículos 108, fracciones IV y V, 110, y 114, fracciones II, IV y V, todos de la Ley de Amparo, a fin de poder acordar lo procedente en cuanto a la admisión de la demanda; se requiere a la solicitante del amparo, para que dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, exhiba fotocopias suficientes de todos y cada uno de los anexos que acompañó a su escrito de demanda, para correr traslado a las partes dentro del presente juicio de garantías y formar los cuadernos incidentales. Lo anterior en virtud de que de una interpretación armónica de dichos preceptos, así como del artículo 117 tercer párrafo, todos de la Ley de Amparo, se colige que si bien las autoridades responsables al rendir su informe expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, para ello es necesario que se den a conocer los anexos que adjuntó la parte quejosa a su escrito de demanda por considerarse que forman parte de ésta y de su contenido, que constituye un todo y su interpretación debe ser integral. En efecto, resulta necesario que las autoridades responsables y, en su caso, los terceros interesados tengan conocimiento del contenido de tales anexos, pues de lo contrario, las demás partes dentro del juicio constitucional no podrían contar con todos los elementos para estructurar en forma adecuada y oportuna su defensa. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 183/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a continuación se citan: "DEMANDA DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA MISMA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la demanda de amparo debe ser interpretada en forma integral, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; el desarrollo de este criterio permite considerar que el estudio integral de la demanda incluye el de los anexos de la misma, en virtud de que éstos generalmente contienen datos que completan el entendimiento de la demanda, cuando es obscura o imprecisa; así, los anexos pueden permitir al Juez esclarecer su contenido y desentrañar la verdadera voluntad del quejoso, lo que encuentra su apoyo en los principios que para la administración de justicia prevé el artículo 17 de la Constitución General de la República. Por ende, en los casos en que del análisis integral de la demanda y sus anexos, el Juez advierta alguna irregularidad o imprecisión, debe prevenir a la parte quejosa en términos de lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que formule la aclaración correspondiente, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que podría trascender al resultado de la sentencia, por lo que con apoyo en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, llevaría a ordenar la reposición del procedimiento". En otro orden, requiérasele para que bajo protesta de decir verdad, precise el acto que en concreto reclama en la presente instancia constitucional, es decir, si lo es: a) La falta de resolución al recurso de reclamación interpuesto dentro de los autos del juicio civil 835/2014; o b) La ejecución del auto de siete de junio de dos mil dieciséis, a través del cual se le requiere la entrega del vehículo marca Toyota, versión HIACE COMMUTER, con número de serie JTFSXX23P1B6110491. Ello, porque de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a la autoridad, debe señalarse con claridad y precisión, ya que el suscrito no puede presumir cuál es el acto reclamado a ésta, pues es un requisito de forma de la demanda que la ley o acto que de cada autoridad se reclame se señale con exactitud, en virtud, de que, a través de los mismos sólo puede juzgarse sobre la constitucionalidad o no de lo impugnado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, en atención a que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías. Esto es, de la interpretación sistemática del artículo 108, fracción IV (que establece que en la demanda de amparo debe señalarse el acto reclamado), en relación con el 74 (que dispone el principio de congruencia de las sentencias de amparo), ambos de la Ley Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. Asimismo, bajo protesta de decir verdad, deberá referir con precisión los antecedentes del acto reclamado, esto es, narrar de forma precisa y cronológica los hechos o abstenciones acontecidos en el juicio de origen. Lo anterior, ya que en términos de la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo narrar los hechos y abstenciones que le constan a la parte quejosa y que constituyan los antecedentes del acto reclamado, lo que en la especie no acontece y da lugar a realizar el presente requerimiento. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.7o.A.100 K, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 990, Tomo XXIII, Abril de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Se hace del conocimiento de la parte quejosa que el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, señala que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley en cita, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, al quejoso, a su abogado autorizado, o a ambos, cuando en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, se apercibe a la parte inconforme que de no dar cumplimiento a la presente prevención en el término concedido para tal efecto, se procederá conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta y, por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José David Lozano Hernández y José Javier Aguilar Ramírez, en virtud de haber acreditado tener inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por así haberlo solicitado. 4 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 5 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis 1a./J. 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 164473, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA. Conforme al artículo 30, fracción I, de la Ley de Amparo, para efectos de recibir notificaciones personales en el juicio de garantías, el quejoso, tercero perjudicado o persona extraña al juicio deben señalar domicilio en el lugar de residencia del juez o tribunal que conozca del asunto. La expresión "lugar de la residencia del juez o tribunal que conozca del asunto" contenida en el citado artículo, debe entenderse como el municipio o ciudad donde se asienta el domicilio de dichas autoridades. Por tanto, si el domicilio del juez o tribunal se encuentra en determinado municipio o ciudad, que a su vez forma parte de una zona conurbada o área metropolitana por estar declarado así en la ley o decreto emitido por la autoridad competente para ello, es indudable que los interesados pueden señalar domicilio en la zona conurbada al municipio o área metropolitana donde esté ubicada la sede o residencia del juez o del tribunal que conozca del asunto, siempre y cuando dicha área metropolitana o zona conurbada corresponda al circuito judicial del juzgado o tribunal de que se trate, establecido por el Consejo de la Judicatura Federal mediante acuerdos generales." 6 RESERVA DE INFORMACIÓN Hágase saber a las partes, que de conformidad con los artículos 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, -aplicable al caso concreto de conformidad con el artículo 2º Transitorio del decreto por el que se expidió la ley en cita-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el Licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante el Secretario Ricardo Hernández Rugerio, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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