Jose Alfredo Camara Gomez

Expediente 496/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
496/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
09/09/2021

Partes del expediente

  • Jose Alfredo Camara Gomez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 295 del Magistrado Tercero y Presidente de la Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del toca penal 66/2020 del índice de dicha Sala Colegiada Penal, y de las copias certificadas de la causa penal 1421/2016, en tres tomos que adjuntó a su informe de ley. NOTIFÍQUESE Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de las que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la citada sentencia en la que se negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, por lo que se conservará por el término de tres años, contados a partir de esta fecha.Concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se ordenará su depuración, conservando la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, el presente proveído; y los documentos que, en su momento, se consideren relevantes, situación que se hará constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados a las responsables, provéase respecto de la destrucción de ambos incidentes, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 20 del capítulo Octavo del acuerdo antes citado, se determina que el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, son SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Asimismo, se hace constar que el presente asunto carece de relevancia documental, conforme al artículo 15 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto transferible. Finalmente, devuélvase al Magistrado Tercero y Presidente de la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el original del toca 66/2020 del índice de dicho órgano judicial, y los tres tomos de copias certificadas de la causa penal 375/2013, ahora 1421/2013 del índice del Juzgado Primero Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, que remitió con su informe de ley, toda vez que ya no es necesario que éstos obren en autos. Notifíquese.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 496/2021-IV, promovido por José Alfredo Cámara Gómez (o) Alfredo Cámara y Alfredo Cámara Medina, contra el acto que reclaman de la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por demanda presentada el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, turnada al día hábil siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito, José Alfredo Cámara Gómez (o) Alfredo Cámara y Alfredo Cámara Medina, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que atribuyeron a la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, consistente en la resolución de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el Toca 66/2020. SEGUNDO. Por auto de trece de abril de dos mil veintiuno, previo cumplimiento a la prevención que se le hizo mediante acuerdo de veinticinco de marzo de esta anualidad; se admitió a trámite la misma, la cual quedó registrada en el Libro de Gobierno bajo el expediente 496/2021-IV; asimismo, se solicitó a la responsable su respectivo informe con justificación; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; se ordenó el emplazamiento de la persona física y de la autoridad señalados como terceros interesados en este asunto; y finalmente, previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo conforme a los preceptos 103, fracción l y 107 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, y 37, último párrafo de la Ley de Amparo, 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo en materia penal, promovida respecto de un acto que tendrá ejecución material dentro de la circunscripción territorial en que esta resolutora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y con el criterio sustentado en la tesis P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."-. Resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo. De manera que la parte quejosa reclama de la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la resolución de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación 66/2020, que confirmó la diversa determinación de cinco de abril de dos mil diecinueve, emitida por el entonces titular del Juzgado Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en la causa penal 375/2013, migrada al Juzgado Primero del mismo ramo con el número 1421/20213, que se instruye contra José Alfredo Cámara Gómez (o) Alfredo Cámara y Alfredo Cámara Medina, en el que se les fijaron, respectivamente, las cantidades que deberán cubrir para poder gozar del beneficio de su libertad provisional bajo caución en la citada causa penal. TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Magistrado Tercero y Presidente de la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le atribuyó. Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado, al tenor de lo señalado en la jurisprudencia 278, consultable a foja 231, del Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, Pleno, Quinta Época, que señala lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con el original del toca 66/2020, misma que remitió la Sala Colegiada Penal, así como las diversas constancias en copia certificada del expediente 1421/2013, del índice de la Jueza Primero Penal, como justificación de su acto, documentales por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por autoridades judiciales en ejercicio de sus funciones. CUARTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO. Este órgano de control constitucional no advierte que en el caso a estudio se actualice de oficio alguna causal de improcedencia, por lo que lo procedente es el estudio del fondo del asunto, sin que haya necesidad de transcribir los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, ya que ello no transgrede las reglas que norman el procedimiento en el juicio de amparo, conforme lo autoriza la jurisprudencia VI.2o.J./129, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS." QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Son infundados los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, aun suplidos en su deficiencia. En esencia, el acto reclamado que los quejosos reclaman de la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, es la resolución de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación 66/2020, que confirmó la diversa determinación de cinco de abril de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en la causa penal 375/2013, migrada al Juzgado Primero del mismo ramo con el número 1421/20213, en el que se fijaron a los encausados, aquí quejosos, el monto y naturaleza de las garantías a depositar para obtener el beneficio de libertad provisional bajo caución, en dicho proceso penal que se sigue contra Alfredo Cámara Medina por el delito de robo calificado, y José Alfredo Cámara Gómez (o) Alfredo Cámara, por el delito de despojo de cosa inmueble, ambos delitos denunciados por Alberto Salas Góngora. Ahora bien, de las constancias remitidas por la Sala responsable, a las que previamente se les otorgó valor probatorio, se desprende que al resolver el recurso de apelación planteado por los quejosos, analizó los aspectos que tomó en cuenta el Juez de la causa, para fijarles en concepto de caución, diversos importes monetarios para gozar del beneficio de la libertad provisional de la siguiente manera: "PRIMERO Resultan infundados los agravios formulados por los recurrentes sin que se adviertan motivos para suplir a su favor la deficiencia de la defensa. SEGUNDO: Se CONFIRMA el auto apelado. TERCERO: Se CONCEDE A JOSÉ ALFREDO CÁMARA GÓMEZ (O) ALFREDO CÁMARA, el beneficio de su libertad provisional bajo caución, como probable responsable de la comisión del delito de DESPOJO DE BIEN INMUEBLE, previsto y sancionado con pena privativa de libertad por el artículo 329, párrafo primero, fracción II, y párrafos segundo y tercero del Código Penal del Estado en vigor denunciados por el ciudadano Alberto Salas Góngora e imputado por la Representante Social mediante las sumas de: a) $1,644 mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos sin centavos, moneda nacional, en concepto de garantizar las posibles multas a que se haría acreedor (multa). b) $10,000.00 diez mil pesos moneda nacional, como garantía de las obligaciones que se contraen ante el juzgado (caución) y; c) $20,000.00 veinte mil pesos moneda nacional, en concepto de reparación del daño. CUARTO. Se CONCEDE A ALFREDO CÁMARA MEDINA, el beneficio de su libertad provisional bajo caución, como probable responsable de la comisión del delito de ROBO CALIFICADO, previsto y sancionado con pena privativa de libertad por los artículos 330 trescientos treinta, en relación al 334 trescientos treinta y cuatro, párrafo segundo y 335 trescientos treinta y cinco, fracción I primera, vigente en la fecha en la que acontecieron los hechos, denunciados por el ciudadano Alberto Salas Góngora e imputado por la Representación Social, mediante las cantidades de: a) $5,480.00 cinco mil cuatrocientos ochenta pesos sin centavos, moneda nacional, en concepto de garantizar las posibles multas a que se haría acreedor (multa). b) de $20,000.00 veinte mil pesos moneda nacional, como garantía de las obligaciones que se contraen ante el juzgado (caución) y; QUINTO: Se mantiene la decisión judicial de primera instancia, de que las sumas antes referidas las podrán exhibir los encausados en cualquiera de las formas que la ley establece, empero si los procesados optan por depositarlas mediante pólizas, estas deberán reunir los requisitos establecidos en el auto impugnado." Una vez sentado lo anterior, importa destacar que el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anterior a su reforma, prevé la posibilidad de otorgar al inculpado la libertad provisional bajo caución, en los siguientes términos: "Artículo 20.- En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: A. Del inculpado: I.- Inmediatamente que lo solicite, el juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio. En caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio Público, el juez podrá negar la libertad provisional, cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad, por algún delito calificado como grave por la ley o, cuando el Ministerio Público aporte elementos al juez para establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad. El monto y la forma de caución que se fije, deberán ser asequibles para el inculpado. En circunstancias que la ley determine, la autoridad judicial podrá modificar el monto de la caución. Para resolver sobre la forma y el monto de la caución, el juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las características del inculpado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; los daños y perjuicios causados al ofendido; así como la sanción pecuniaria que, en su caso, pueda imponerse al inculpado. La ley determinará los casos graves en los cuales el juez podrá revocar la libertad provisional;...". Por su parte, los artículos 306, 307 y 310 del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado de Yucatán, señalan lo siguiente: "ARTÍCULO 306.- Todo inculpado tendrá derecho durante la Averiguación Previa y en el Proceso Judicial, a ser puesto en libertad provisional bajo caución, inmediatamente que lo solicite, si se reúnen los siguientes requisitos: I.- Que garantice el monto estimado de la reparación del daño; Tratándose de delitos que afecten la vida o la integridad corporal, el monto de la reparación no podrá ser menor del que resulte aplicándose las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo; II.- Que garantice el monto estimado de las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele; III.- Que otorgue caución para el cumplimiento de las obligaciones que en términos de la Ley se deriven a su cargo en razón del proceso; y IV.- Que no se trate de delito o delitos de los considerados como graves por el Código Penal, o cuando la ley expresamente prohíba otorgar tal beneficio. La caución a que se refiere la fracción III y las garantías a que se refieren las fracciones I y II, podrán consistir en depósito en efectivo, fianza, prenda, hipoteca o fideicomiso formalmente constituido. ARTÍCULO 307.- La libertad bajo fianza podrá pedirse en cualquier tiempo, mientras no se haya dictado sentencia ejecutoria y se decretará inmediatamente que se satisfagan los requisitos legales correspondientes. La solicitud de libertad bajo fianza podrá formularse verbalmente o por escrito y se acordará en la misma pieza de autos del proceso sin tener que substanciarse incidente alguno. ARTÍCULO 310.- El monto de la caución relacionada con la fracción III del artículo 306 de este Código, deberá ser asequible para el inculpado y se fijará tomando en cuenta: I.- Sus antecedentes; II.- La gravedad y circunstancias del delito imputado; III.- El mayor o menor interés que pueda tener en sustraerse a la acción de la justicia; y IV.- Sus condiciones económicas." A su vez, resulta importante lo establecido en los artículos 32, 33 y 34 del Código Penal del Estado aplicable, que en lo que interesa disponen lo siguiente: "Artículo 32. La sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del daño. La multa consiste en el pago de una suma de dinero al Estado, la cual no podrá exceder de quinientos días-multa, salvo los casos que la propia Ley señale. El día-multa equivale a la percepción neta diaria del sentenciado en el momento de consumar el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos. Para los efectos de este Código, el límite inferior del día-multa será el equivalente al salario mínimo diario vigente en el Estado, en el lugar y época en que se consumó el delito. Por lo que toca al delito continuado, se atenderá al salario mínimo vigente en el Estado en el momento de consumarse la última conducta. Para el delito permanente, se considerará el salario mínimo en vigor en el Estado en el momento en que cesó la consumación. (.)". "Artículo 33. La reparación del daño comprende: I. La restitución de la cosa obtenida por el delito y sus frutos o, en defecto de aquélla, el pago del precio de la una y de los otros, y, II. El resarcimiento del daño material y moral causados, así como la indemnización del perjuicio ocasionado, incluyendo el pago de los tratamientos curativos médicos, psiquiátricos, de rehabilitación o de cualquier otra índole, que como consecuencia del delito sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima. " "Artículo 34. La cuantía de la reparación del daño será fijada por la autoridad judicial según el daño que sea preciso reparar, de acuerdo con los elementos obtenidos en el proceso." De los numerales antes transcritos se advierte esencialmente que para que cualquier indiciado o inculpado pueda disfrutar del beneficio de libertad provisional bajo caución deberá garantizar: - El monto estimado de la reparación del daño causado; - El monto estimado de las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele; - Otorgar caución para el cumplimiento de las obligaciones que en términos de la Ley se deriven a su cargo en razón del proceso; - Así como que el o los delitos imputados no sean de los considerados como graves por el Código Penal. Que el monto relativo a la caución para el cumplimiento de las obligaciones prevista en la fracción III del artículo 306 del código adjetivo de la materia, debe ser asequible para el inculpado y fijarse tomando en cuenta sus antecedentes, la gravedad y circunstancias del delito, el mayor o menor interés que pueda tener en sustraerse a la acción de la justicia y sus condiciones económicas. También de dichos preceptos deriva que la sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del daño; que la multa consiste en el pago de una suma de dinero al Estado, la cual no podrá exceder de quinientos días-multa, salvo los casos que la propia Ley señale; que el día-multa equivale a la percepción neta diaria del sentenciado en el momento de consumar el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos; que en el caso de que el delito imputado sea de los denominados delitos continuados, se atenderá al salario mínimo vigente en el Estado en el momento de consumarse la última conducta y en el caso de delitos permanentes, se considerará el salario mínimo en vigor en el Estado en el momento en que cesó la consumación. Y, que el monto de la reparación del daño debe comprender la restitución de la cosa obtenida por el delito y sus frutos o, en defecto de aquélla, el pago del precio de la una y de los otros, y, el resarcimiento del daño material y moral causados, así como la indemnización del perjuicio ocasionado, incluyendo el pago de los tratamientos curativos médicos, psiquiátricos, de rehabilitación o de cualquier otra índole, que como consecuencia del delito sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima; así como que dicha cuantía debe ser fijada según el daño que sea preciso reparar, de acuerdo a los elementos obtenidos en el proceso. Una vez sentado lo anterior, y con el único fin de poder explicar claramente a los quejosos, los motivos, razones y fundamentos en que se apoya esta Juzgadora para resolver sus reclamos, se estima prudente analizar sus inconformidades por separado, aunque algunos sean en el mismo sentido. Así, en sus conceptos de violación José Alfredo Cámara Gómez (o) Alfredo Cámara, se duele de lo siguiente: 1. Que la resolución impugnada carece de fundamentación y motivación, pues la responsable no motivó ni fundamentó correctamente los conceptos de multa y caución, para determinar las cantidades que debía cubrir por dicho concepto. 2. Asimismo, el quejoso estima que las cantidades que le fueron fijadas para ello, no le son asequibles, y que para su emisión la responsable sólo tomó en consideración el tipo de delito que se le imputa, sin argumentar las razones y conclusiones que lo llevaron a fijar dicha cantidad; así como tampoco se toma en consideración su situación económica y personal, es decir, que es casado, con escolaridad de preparatoria, que sólo percibe al mes la cantidad de seis mil pesos, moneda nacional y tiene dos dependientes económicos. 3. También se duele el quejoso, que aún y cuando hizo notar a la Sala responsable el error en que había incurrido el Juez de la causa, al fijarle la cantidad de $10,000.00 diez mil pesos moneda nacional en concepto de caución, este insistió en fijarle la misma cantidad por el mismo concepto "caución"; lo que estima violatorio de sus garantías, dado que el cálculo realizado para ello, es erróneo, pues el salario mínimo establecido para la época en que se cometió el delito en cuestión, era de $54.80 pesos, cantidad que al multiplicarla por ochenta y ocho, arroja el monto de cuatro mil setecientos noventa y tres pesos, con treinta y seis centavos, por lo que la cantidad fijada es elevada e inasequible para él, en tanto que supera por mucho sus posibilidades económicas; además de que no se encuentra ajustado a la normativa del artículo 310 del Código de Procedimientos Penales en materia Penal de Yucatán; pues la responsable no tomó en cuenta la naturaleza, modalidad del delito, condiciones personales del inculpado ni mucho menos, que éste no cuenta con las posibilidades para acogerse a dicho beneficio. 4. En cuanto a la reparación del daño, hace notar que existe inadecuada motivación y violaciones al proceso, ya que la misma es inasequible para él, toda vez que es demasiado alto el monto fijado para ello; de igual manera insiste en que no se tiene la certeza del método o modo que utilizó la Juez Aquo para fijar y determinar la reparación del daño, pues las pruebas o constancias que existen en los autos, eran insuficientes para determinar el valor del menoscabo que pudiera haber sufrido la víctima u ofendido. Que lo anterior es así, pues en el avalúo que obra en autos de la causa penal, se indica la imposibilidad de cuantificar los objetos del delito, al no contar con suficientes características tales como la marca, tipo, modelo, medidas y capacidad de los mismos, pues únicamente se ha podido acreditar una supuesta lavadora. Así las cosas, es infundado lo señalado por el quejoso, en los conceptos de violación que hace valer, los cuales guardan relación entre sí, toda vez que tienen en común, la falta de fundamentación y motivación de la resolución reclamada. En ese sentido, debe decirse que es inexacto lo argumentado por el quejoso, en el sentido que la responsable omitió señalar con claridad los motivos y fundamentos que apoyaron su decisión para confirmar las cantidades que le fueron fijadas en concepto de multa, obligaciones al procedimiento (caución), y en concepto de reparación del daño. Lo anterior es así, pues el quejoso parte de una premisa falsa, al confundir las garantías fijadas para gozar de su libertad provisional bajo caución, en específico, las establecidas en las fracciones I y III del artículo 306 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Yucatán, que establecen el monto de la reparación del daño y la caución, para el cumplimiento de las obligaciones que en términos de la ley se deriven a su cargo en razón del proceso. En efecto, debe decirse que el juez de la causa y posteriormente la sala responsable, estuvieron en lo correcto al fijarle los montos correspondientes en concepto de reparación del daño y caución (al tenor del análisis realizado en párrafos precedentes), toda vez que como ha quedado sentado el derecho a la libertad provisional bajo caución está limitado a que, entre otras cosas, se repare el daño causado y al cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo (caución), conforme a lo que establece el citado numeral 306. Ciertamente, como se advierte de la lectura de la resolución reclamada, para fijar el monto de las garantías establecidas a fin de gozar de la libertad caucional, en lo relativo a la multa, la Sala responsable acertó al indicar que dicho concepto se encuentra fijado en el Código adjetivo Penal vigente, para la comisión de cada delito, siendo facultad de cada Juzgador establecer su monto tomando en consideración para ello, a modo de parámetros las multa monetarias mínima y máxima que cada definición típica establece, por lo que es dable fijar una multa mínima que sea asequible al procesado, si éste denota una precaria situación económica, la cual debe deducirse de sus datos generales, de identificación personal; lo que definitivamente también le impide fijar una garantía inferior a la sanción monetaria mínima establecida por el tipo penal. En cuanto a la caución la Sala responsable también acierta al indicar que ésta tiene por finalidad asegurar la libertad provisional del encausado, y el cumplimiento de las obligaciones procesales, quien puede otorgarla personalmente o por tercero, comprometiéndose a cumplir con determinadas condiciones, como lo son la de comparecer cuantas veces sea requerido para la práctica de diligencias en el proceso, así como a cumplir con los demás requisitos legales que le fije el tribunal correspondiente, lo que se deberá establecer, aunque el delito de que se trate sea de peligro o carente de resultado material que no contemple la reparación del daño. Así, el monto y la forma de la caución (no de la garantía de la reparación del daño) que se fije, deberá ser asequible para el inculpado, es decir que debe ser de tal naturaleza que pueda conseguirse o alcanzarse por el indicado, pues si se le fijara un monto más allá de sus posibilidades económicas o en una forma distinta a la que pueda otorgar, aunque de hecho se le estuviese concediendo el beneficio en el fondo se le estaría haciendo nugatoria su garantía individual. Lo que operara sólo respecto de la aludida caución de la libertad personal, pero de ninguna manera tiene aplicación en la otra garantía o fianza que además habrá de otorgar el indiciado sobre el monto estimado de la reparación del daño, así como tampoco de las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponerse al inculpado, esto es, son independientes; ya que el monto de la reparación del daño encuentra su fundamento en lo dispuesto por el último párrafo del artículo 20 Constitucional. En ese sentido, se estima correcto el proceder de la Sala responsable al confirmar la resolución de la Aquo, pues para fijarle el monto de la multa, tomó en consideración la naturaleza del delito cometido, las circunstancias de su ejecución y gravedad, además, en el caso de José Alfredo Cámara Gómez (o) Alfredo Cámara, se aprecia que se apoyó en las sanciones económicas que prevé el numeral 329, párrafo primero, fracción II, y párrafos segundo y tercero del Código Penal del Estado, en vigor en la época en que sucedieron los hechos, denunciado por Alberto Salas Góngora e imputado por la representación Social, pues el indicado numeral, refiere que se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión y de diez a treinta días multa, al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo, engañando a éste o furtivamente ocupe un inmueble de su propiedad que se halle en poder de otra persona por causa legítima, o ejerza actos de dominio que lesionen los derechos ocupante. Si el despojo se efectúa por dos o más personas o con violencia, se aumentarán hasta la mitad de las penas señaladas, pero a los autores intelectuales, o a quienes dirijan el despojo se les aplicará prisión de uno a seis años y de diez a sesenta días multa. Aunado a lo anterior, refirió la Sala responsable, que no se advertía que el citado quejoso careciera de un empleo, que le proporcionara los medios económicos necesarios para cubrir dicho importe, lo que se corroboraba de las citadas copias certificadas de la causa penal de origen, pues José Alfredo Cámara Gómez (o) Alfredo Cámara, al rendir su declaración preparatoria veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, dijo ser empleado de una empresa denominada "Qualter alimentos", de ahí que se advierte que cuenta con un empleo. De igual manera, la Sala responsable, para confirmar el monto de la caución fijada por el Aquo, tomó en consideración que el ilícito cuya comisión se imputa al aquí quejoso, es el de "despojo de la cosa inmueble", previsto en el artículo 329, párrafo primero, fracción II, y párrafo segundo y tercero del Código Penal del Estado, vigente en la época en que sucedieron los hechos, e hizo notar al citado indiciado, aquí quejoso, que si bien era acertada la observación que hacía valer, en el sentido de que el Juez de la causa, asentó que cuantificó la cantidad de $10, 000.00 en concepto de caución, al multiplicar 88 veces (día multa) el salario vigente en la época que se interpuso la querella, el cual en realidad era de (54.88); lo que estimó incorrecto, lo cierto es que estableció que, en realidad el Juez de primer grado, fijó la cantidad de $10, 000.00 como caución, no como resultado de esa operación aritmética sino acorde a lo dispuesto por el artículo 310 del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, que no establece parámetros de días multa, sino sólo lo referente a: los antecedentes, gravedad y circunstancias del delito, el o interés en sustraerse de la acción de la justicia y sus condiciones económicas. Se dice que fue acertado el actuar de la Sala, pues con independencia del error aritmético que pudo apreciar, fue correcta su apreciación al estimar que hasta el momento de fijarle la caución, este no contaba con identificación signalética alguna que demuestre haber sido condenado por la comisión de algún acto ilícito diverso a los relativos a ese asunto, lo que corroboró con la hoja de antecedentes penales suscritos por el perito dactiloscópico de la Dirección de Identificación y Servicios Periciales de la Fiscalía Estatal; que no existía medio probatorio que pusiera de relieve la intención de sustraerse de la acción de la justicia; la naturaleza del delito que se le imputa, el cual es el de despojo de bien inmueble y no el de fraude, como lo señaló la "Aquo", las circunstancias de tiempo, modo y ocasión del delito cometidos en los parámetros anteriormente plasmados, que a detalle analizó el Juez al resolver la situación Jurídica de José Alfredo Cámara Gómez (o) Alfredo Cámara, las que estimó gravosas en perjuicio del citado agraviado; asimismo, tomó en consideración su situación personal, al estimar que se encontraba en sus facultades mentales, pues no tenía ninguna incapacidad mental que le impidiera reconocer plenamente la ilegalidad de sus actos; tomando en consideración además su grado escolar, así como su situación económica y al respecto, indicó que en su declaración ministerial refirió tener ingresos fijos en cantidad de tres mil pesos moneda nacional, de manera quincenal; lo que consideró importante para establecer que contaba con ingresos que le permiten enfrentar sus obligaciones. Razones particulares que, en concepto de la suscrita, acertadamente llevaron a la responsable a fijarle la cantidad de diez mil pesos, moneda nacional, en concepto de caución al aquí justiciable, a fin de que no se sustraiga de la acción de la justicia y lo obligue a cumplir con los deberes del juicio a que se encuentra sometido, esto es, a fin de que se le conmine a que se presente las veces en que sea necesaria su presencia y registre su firma en el sistema de control de procesados. Por ende, contrario a lo señalado por el quejoso, la caución que le fue fijada por la Sala, no viola en su perjuicio los derechos previstos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que realizó una valoración sobre la naturaleza del delito que se le imputa, así como las circunstancias particulares del inculpado, aquí quejoso, acorde a lo dispuesto por el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Carta Magna. En cuanto a la reparación del daño, tampoco le asiste la razón al quejoso, toda vez que con corrección lo admitió la Sala responsable el Juez de la causa sí contaba con los elementos suficientes para determinar el daño patrimonial sufrido por el pasivo, pues si bien de las constancias remitidas con el informe de ley, en la causa penal de origen, obraba la constancia de cinco de octubre de dos mil diez, elaborada por el Director de Identificación y Servicios Periciales de en donde el ciudadano director de octubre de dos mil diez, en donde se estableció que no era posible evaluar los objetos, por cuanto no contaban con las características suficientes como la marca, tipo, modelo, medidas, capacidad, para su emisión; y si bien hasta la fecha se ha acreditado la propiedad de una lavadora, como lo refiere el quejoso, lo cierto es que tal circunstancia en nada le beneficia, para determinar que no se generó un daño a la víctima, ello si se toma en consideración que el delito que se le imputa lo es el de despojo de bien inmueble, por lo que no pudo disfrutar del bien razón del cual tenía posesión y donde estableció su negocio de lanvandería, ni de los bienes que habían en su interior, y por ende de las ganancias que éstos le pudieron generar, no siendo dable sólo considerar el valor de los bienes retenidos, sino las circunstancias ponderadas para establecer el monto por el concepto de reparación del daño. Por tanto, se considera que la cantidad relativa al concepto de reparación del daño, fue fijada de manera adecuada por el juez de la causa, y posteriormente confirmada por la Sala responsable, pues como se vio, se obtuvo con base en los elementos de prueba existentes en el proceso y atendiendo lo dispuesto en los artículos 20, apartado B, fracción IV, Constitucional, y 306, fracción I, del Código adjetivo de la materia. Lo anterior, pues como ha quedado establecido, el derecho a gozar la libertad provisional bajo caución está limitado a que, entre otras cosas, se repare el daño causado por el delito, como lo indica la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "REPARACIÓN DEL DAÑO. COMPRENDE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS DE MANERA DIRECTA POR LA COMISIÓN DEL DELITO. En los artículos 33, fracción II, del Código Penal para el Estado de Baja California, y 27, fracción II, del Código Penal del Estado de Campeche, se regula la figura de la reparación del daño, referida también a los perjuicios sufridos por la víctima; por lo que, conforme a estos dispositivos, al resolver sobre dicha reparación, de ser procedente, el Juez deberá sentenciar al sujeto activo a la indemnización de los perjuicios causados de manera directa a la víctima por la comisión del delito; pues de considerarse que dicha indemnización debe ser reclamada en la vía civil, se limitaría la interpretación de los mencionados preceptos legales en perjuicio de la víctima, dejándose de lado la amplia protección que el legislador pretendió darle en el proceso penal; consecuentemente, si en el delito de lesiones las infligidas al sujeto pasivo fueron de tal magnitud que impidieron el desarrollo de su actividad laboral cotidiana, dejando de percibir la remuneración correspondiente, este perjuicio resulta ser un efecto directo de la comisión del ilícito, a cuya reparación debe sentenciarse al procesado, independientemente de que en la legislación ordinaria civil de esos Estados se regulen las obligaciones que nacen de los actos ilícitos, toda vez que tal regulación se dirige a una relación jurídica caracterizada por exigencias entre particulares, que podrán demandarse por la víctima cuando no desee formular querella, pero tampoco se encuentre dispuesta a absorber los daños y perjuicios derivados de la conducta ilícita; o bien, en contra de terceros que tengan el carácter de subsidiarios responsables del sujeto activo; pero que de ningún modo puede ser excluyente de la obligación que en materia penal el legislador impone al Juez y al Ministerio Público. Corrobora lo anterior, el texto vigente del artículo 20, apartado A, fracción I, y apartado B, fracción IV, de la Constitución Federal, en el que se ha elevado a rango de garantía individual el derecho que tiene la víctima a que le sea reparado el daño causado por la comisión del delito, obligando al Ministerio Público a actuar en el proceso para obtener el cumplimiento de esa garantía; y lograr así que en todo proceso penal la víctima tenga derecho a una reparación pecuniaria, tanto por los daños, como por los perjuicios ocasionados por la comisión del delito; debiéndose considerar, además, que fue el propio Constituyente el que reguló, con estrecha vinculación, los fines preventivos con los indemnizatorios del procedimiento penal, al exigir para la libertad del inculpado una caución suficiente que garantice la reparación de daños y perjuicios, lo cual confirma que, actualmente, en todo procedimiento penal se debe tutelar como derecho del sujeto pasivo del delito, la indemnización de los perjuicios ocasionados por su comisión, con lo cual se logra reconocer una importancia del mismo rango a la protección de los derechos de la víctima que a los del inculpado, conciliando una manera ágil para reparar el daño causado por el delito." Se afirma lo anterior, puesto que al avocarse a su estudio la Sala responsable determinó correctamente que en cuanto al monto que se le fijó en concepto de reparación del daño al encausado, a fin de gozar del beneficio de libertad provisional bajo caución, resultaba asequible, ello tomando en consideración de que el delito imputado al aquí quejoso es el de despojo de bien inmueble, cuyo perjuicio para la víctima a considerar es precisamente la ocupación de inmueble motivo de la litis, y no únicamente el valor de los objetos que se encontraban en su interior; motivo por el que en todo caso, el daño a reparar se encuentra relacionada con la posesión de dicho inmueble, y los supuestos gananciales que dejó de percibir con motivo de su negocio de lavandería. Aunado a que según refirió, existe en la causa penal una diligencia de inspección ocular de cuatro de septiembre de dos mil trece, en la que en esa época se constató que su coacusado en la causa penal, se encontraba operando la lavandería, y que el agraviado le adeudaba la cantidad de catorce mil pesos en concepto de rentas. En ese sentido, estimó atinada la determinación del Juez de origen, al haberle impuesto al ahora quejoso la cantidad de veinte mil pesos, moneda nacional, por concepto de reparación de daño. Cuestión que se considera correcta, puesto que conforme a los artículos 32 y 33 del Código Penal del Estado, la sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del daño, siendo que ésta comprende la restitución de la cosa obtenida por el delito y sus frutos o, en defecto de aquélla, el pago del precio de la una y de los otros, y, el resarcimiento del daño material y moral causados, así como la indemnización del perjuicio ocasionado, incluyendo el pago de los tratamientos curativos médicos, psiquiátricos, de rehabilitación o de cualquier otra índole, que como consecuencia del delito sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima. Mismos que será fijada por la autoridad judicial según el daño a reparar, de acuerdo a los elementos obtenidos en el proceso, y que deba ser hecha por el infractor, tiene el carácter de sanción pública y la exigirá de oficio el Ministerio Público cuando proceda. El ofendido o la víctima o sus derechohabientes, podrán aportar al Ministerio Público o al Juez, en su caso, los datos y pruebas que tengan para demostrar la procedencia y monto de dicha reparación en los términos que prevenga el Código de Procedimientos de la materia; lo anterior, puesto que conforme a la reforma Constitucional, se ha elevado a rango de garantía individual el derecho que tiene la víctima a que le sea reparado el daño causado por la comisión del delito, obligando al Ministerio Público a actuar en el proceso para obtener el cumplimiento de esa garantía; y lograr así que en todo proceso penal la víctima tenga derecho a una reparación pecuniaria, tanto por los daños, como por los perjuicios ocasionados por la comisión del delito. De ahí que, contrario a lo aseverado por el quejoso en el escrito de demanda de amparo, la sala responsable sí tomó en consideración los elementos que se encontraban en la causa penal de origen, para confirmar asequible el monto que se le fijó por cuanto dicho concepto, para que surtiera efectos el beneficio de libertad provisional bajo caución que se le concedió en autos del proceso penal 375/2013, del Juzgado Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, migrada al Juzgado primero del mismo ramo con el número 1421/2013, y por ello cumplió con el principio de motivación y exhaustividad que debe de contener toda resolución, acorde al artículo 16 Constitucional. En ese sentido, la resolución impugnada, respecto del quejoso José Alfredo Cámara Gómez (o) Alfredo Cámara, no se estima violatoria de garantías. Por otro lado, en la demanda de amparo Alfredo Cámara Medina, hizo valer los siguientes conceptos de violación: 1.- Que la resolución impugnada carece de fundamentación y motivación y al fijar las cantidades en conceptos de caución, la responsable no tomó en consideración que la misma sea asequible para el quejoso; pues omitió tomar en cuenta, sus posibilidades económicas, su condición personal; también indica que se fijó la caución sin cumplir con lo establecido en el artículo 310 del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado de Yucatán, pues la fianza es demasiado alta e inasequible. Al respecto, es importante reiterar que el numeral en comento señala: "ARTÍCULO 310.- El monto de la caución relacionada con la fracción III del artículo 306 de este Código, deberá ser asequible para el inculpado y se fijará tomando en cuenta: I.- Sus antecedentes; II.- La gravedad y circunstancias del delito imputado; III.- El mayor o menor interés que pueda tener en sustraerse a la acción de la justicia; y IV.- Sus condiciones económicas." A su vez, resulta importante retomar lo establecido en los artículos 32, 33 y 34 del Código Penal del Estado aplicable, que en lo que interesa, ya fueron transcritos con antelación, y de las que se desprende que para que cualquier indiciado o inculpado pueda disfrutar del beneficio de libertad provisional bajo caución deberá garantizar: - El monto estimado de la reparación del daño causado; - El monto estimado de las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele; - Otorgar caución para el cumplimiento de las obligaciones que en términos de la Ley se deriven a su cargo en razón del proceso; - Así como que el o los delitos imputados no sean de los considerados como graves por el Código Penal. Que el monto relativo a la caución para el cumplimiento de las obligaciones prevista en la fracción III del artículo 306 del código adjetivo de la materia, debe ser asequible para el inculpado y fijarse tomando en cuenta sus antecedentes, la gravedad y circunstancias del delito, el mayor o menor interés que pueda tener en sustraerse a la acción de la justicia y sus condiciones económicas. En ese sentido, debe decirse que se estima también infundado el concepto de violación hecho valer por el quejoso Alfredo Cámara Medina, pues para fijarle el monto de la caución, la Sala responsable, al avocarse a su estudio tomó en consideración el delito que se le imputa, el cual es el de robo calificado, previsto y sancionado por los numerales 330 en relación con el 334, párrafo segundo y 335, fracción I, vigente en la fecha en la que acontecieron los hechos, esto es, tal y como lo dispone el numeral 310 del invocado Código; en tanto que, contrario a lo que expone, si tomó en consideración sus antecedentes penales y personales, además indicó que no obraba prueba alguna en el sumario de que tuviera la intención de sustraerse de la justicia penal, asimismo, analizó las circunstancias en las que se cometió el delito de robo calificado que se le imputa, por lo que en ese sentido se reputa de infundado dicho argumento hecho valer por el impetrante de amparo. Por otra parte, en cuanto al diverso argumento que hace valer el justiciable, en el sentido de que no se tomó en cuenta para su fijación, sus condiciones personales en tanto que no cuenta con la posibilidad de cumplir con el monto para acogerse al beneficio, se considera inexacto, lo anterior, pues contrario a lo que alega, la Sala responsable se cercioró que el Aquo, para otorgar la libertad provisional bajo caución, haya tomado en consideración, como se dijo en párrafos precedentes, la naturaleza del delito cometido, las circunstancias de su ejecución y gravedad, además, en el caso de Alfredo Cámara Medina, se aprecia que se apoyó en las sanciones económicas que prevén los numerales 330, 334 y 335, del Código Penal del Estado, en vigor en la época en que sucedieron los hechos, denunciado por Alberto Salas Góngora e imputado por la representación Social. Así, para confirmar el monto de la caución fijada por el Aquo, tomó en consideración el tiempo, modo y forma en que se perpetró el ilícito cuya comisión se imputa al aquí quejoso, además de considerar su situación particular, al estimar que no existían pruebas para creer que se sustraería de la acción de la justicia, también indicó que al momento en que se cometió el ilícito, el quejoso carecía de antecedentes, penales, que no existían indicios de que padeciera alguna enfermedad mental que le impidiera reconocer plenamente la legalidad de sus actos, también su grado escolar, su capacidad económica al tomar en cuenta que al declarar ante la autoridad ministerial, afirmó devengar el sueldo de dos mil pesos, moneda nacional de manera mensual, pero al declarar en preparatoria, indicó que ganaba cien pesos diarios. Circunstancia que tomaron en cuenta las autoridades de primera y segunda instancia para establecer que dicho acusado contaba con ingresos que le permiten enfrentar sus obligaciones y que, en relación con el concepto de garantía de multas, ante la imprecisión de su ingreso, e tomó en cuenta lo establecido en el artículo 32 del Código Penal del Estado vigente, considerando el salario mínimo vigente en la época en la que se interpuso la acusación, por ser la mínima inferior a considerar, además estacó que la naturaleza de la conducta delictiva imputada es dolosa, en tanto que ponderó que el delito de robo calificado contempla posibles sanciones más gravosas a las del delito de despojo de bien inmueble. También, tomó en consideración el grado escolar del encausado y su condición económica. Razones particulares que llevaron a la Sala responsable a confirmar la cantidad de veinte mil pesos, moneda nacional, en concepto de caución al aquí justiciable. Ello es así, pues aunque la libertad provisional bajo caución es un derecho fundamental reconocido en el artículo 20, apartado A, inciso I), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también lo es, que está sujeto a diversas condiciones para su ejercicio, entre ellas, que se garanticen las obligaciones procesales, las sanciones pecuniarias, así como los daños y perjuicios causados, a fin de garantizar que no se sustraigan de la acción de la justicia y se le obligue al indiciado a cumplir con sus deberes durante el tiempo que dure el proceso que se les instruye. Sobre esta cuestión, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto "LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. EL JUEZ DEL PROCESO DEBE FIJAR SU MONTO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El citado precepto constitucional señala que para resolver sobre la forma y el monto de la caución, el Juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las características del inculpado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; los daños y perjuicios causados al ofendido, así como la sanción pecuniaria que pueda imponerse al inculpado. En tal virtud, y atento al proceso legislativo que precedió a la reforma del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación de 3 de julio de 1996, se concluye que al momento de fijar el monto de la caución que un indiciado debe exhibir para gozar de la libertad provisional, no siempre debe señalarse la cuantía mínima de la sanción pecuniaria, así como tampoco deberá ser la máxima, sino que la graduación de dicha caución queda al prudente arbitrio del juzgador, quien deberá valorar las circunstancias específicas del inculpado y de la comisión del delito y observar las reglas previstas por el referido dispositivo constitucional, sin que ello implique que el hecho de fijar como caución un monto mayor a la multa mínima que correspondería imponer con motivo de la comisión del delito de que se trate, se prejuzgue sobre la acreditación de la responsabilidad o el grado de culpabilidad del inculpado, sino que se está tratando de proteger tanto a la víctima como a la sociedad, al impedir que el sujeto activo se sustraiga a la acción de la justicia y siga cometiendo hechos delictivos en su perjuicio, independientemente de que será hasta el momento de dictar la sentencia definitiva cuando pueda hacerse un pronunciamiento sobre la culpabilidad del indiciado". Por ende, contrario a lo señalado por el quejoso, la caución que fue confirmada por la Sala, no viola en su perjuicio los derechos previstos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en su último concepto de violación el quejoso Alfredo Cámara Medina se duele que la resolución recurrida es violatoria de garantías, pues considera que al momento en que el Juez de la causa le fija el monto de la caución, no tomó en consideración que depositó diversas cantidades en la causa de origen 375/2013, en concepto de reparación del daño, multa y caución, con las que constituyó los billetes D-2 12496 y D-2 12497, del Fondo auxiliar para la administración del Poder Judicial del Estado, que amparan las cantidades de mil quinientos, moneda nacional y cuatro mil pesos moneda nacional en concepto de multa y caución, respectivamente, así como la póliza original marcada con el número 1715103 de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, de la Compañía Afianzadora "Primero Fianzas" sociedad Anónima de Capital variable, que ampara la cantidad de veinte mil pesos; las cuales, afirma que siguen vigentes. Además alega, que dichas cantidades no fueron tomadas en consideración por la autoridad de la causa, al fijar el monto de su libertad bajo caución, por lo que las mismas deben prevalecer para que continúe gozando del beneficio de llevar su proceso en libertad bajo caución. Al respecto, se estima que no le asiste la razón al quejoso, pues al margen de que ese agravio es novedoso, pues no lo hizo valer ante la autoridad responsable; lo cierto es que, contrario a lo que afirma, de las constancias remitidas por la responsable, se aprecia que los billetes de depósito y póliza de fianza que señala, no se encuentran vigentes, por lo que tampoco puede determinarse que estas prevalezcan cuando las mismas ya no están vigentes ante la responsable, como se demostrara a continuación: - En resolución de ocho de agosto de dos mil dieciséis, el entonces titular del Juzgado Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, dictó auto de formal prisión en contra del aquí quejoso Alfredo Cámara Medina, como probable responsable del delito de despojo de cosa inmueble. - Determinación que recurrió en amparo indirecto, en cuya sentencia se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal; como consecuencia de ello, en determinación de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, el Juez de la causa, en cumplimiento a la determinación judicial dictada en el amparo 1090/2016, el veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de Alfredo Cámara Medina, en la causa penal 375/2013. - Por lo que en diligencia de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, estando ante la presencia del Juez de la causa penal 375/2013, Alfredo Cámara Medina, solicitó se le devolvieran los billetes de depósito D-2 12496 y D-2 12497, del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia de Recursos en Custodia del Poder Judicial del Estado, que amparaban las cantidades de $1,500-00 mil quinientos pesos, moneda nacional en concepto de multa y $4,000.00 cuatro mil pesos, moneda nacional en concepto de caución; siendo que en dicha diligencia se accedió dicha petición, y le fueron devueltos (foja 537 del anexo III). Inconforme Alberto Salas Góngora (tercero interesado en el juicio de amparo 1090/2016-VII), interpuso recurso de inconformidad contra la resolución de trece de diciembre de dos mil dieciséis, dictada por este órgano judicial, en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en ese asunto. - Al resolver dicho recurso, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativo del Decimocuarto Circuito, estimó fundado el mismo, por lo que ordenó a la autoridad responsable dictar nueva resolución analizando si de las constancias de autos se actualizaba un diverso delito. Al respecto, la responsable, Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en resolución de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, dictó nuevo auto de formal prisión contra Alfredo Cámara Medina, como probable responsable del delito de robo calificado, denunciado por Alberto Salas Góngora. - Con motivo de lo anterior el procesado Alfredo Cámara Medina, solicitó se le otorgue nuevamente el beneficio de libertad provisional bajo caución, la cual le fue concedida en resolución de cinco de abril de dos mil diecinueve. En dicha resolución, se le fijaron nuevas garantías para gozar del beneficio de libertad provisional bajo caución y en atención a sus manifestaciones, se le informó que la póliza 171503, expedida por "Primero Fianzas" sociedad Anónima de Capital Variable, quedó sin efecto y a su disposición. (foja 680 vuelta del anexo III) De ahí que contrario a lo que alega, si bien en su momento otorgó caución, con motivo del beneficio la libertad provisional bajo caución, que se le concedió en primera instancia, lo cierto es que los billetes de depósito con los que en su momento caucionó las diversas cantidades que le fueron fijadas primigeniamente, le fueron devueltas, mediante diligencia de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete; amén de que, de la anterior relatoría se advierte que el delito que actualmente se le atribuye, resulta ser el de robo calificado, por lo que acorde al referido artículo 310 del Código adjetivo penal, para fijar la caución, se tiene que ponderar, además de las circunstancias personales del indiciado, el delito que se le atribuye, de ahí que no se encuentre vinculada la autoridad responsable a tomar en consideración las anteriores cantidades que le fueron fijadas, por haber variado el delito materia del proceso que se le instruye. De lo anterior, se advierte que la resolución impugnada por el impetrante de amparo, en modo alguno transgrede sus derechos fundamentales, acorde a lo expuesto con antelación, además de que se advierte que la responsable cumplió el requisito de validez de fundamentación y motivación que exige el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, al no resultar violatorio de derechos fundamentales el acto reclamado, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión que solicitan los justiciables, y no existir queja deficiente alguna que deba suplirse, en términos del inciso a, fracción III, del artículo 79 de la ley de la materia. SEXTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En cumplimiento a los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a las atribuciones de los órganos jurisdiccionales en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en su versión pública, con la certificación secretarial respectiva y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión No ampara Ni Protege a José Alfredo Cámara Gómez (o) Alfredo Cámara y Alfredo Cámara Medina, contra el acto que reclaman de la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en la resolución de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el toca 66/2020; por los motivos expuestos en el considerando quinto. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe; hoy veintinueve de julio de dos mil veintiuno, en que las labores del Juzgado permitieron concluir su engrose. Doy Fe.

  4. Principal

    Agréguense a estos autos el escrito del tercero interesado ALBERTO SALAS GÓNGORA, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, ténganse por apersonado a este juicio con el carácter de tercero interesado, a quien se le deberán hacer las notificaciones subsecuentes, que sean de carácter personal, en el predio que señala en su escrito de mérito, y como sus autorizados para tal fin, en términos amplios a María Eugenia Torreblanca Rio y Yeimi Isaura Pacheco Canché, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, y a Alberto Énesis Ramírez Canché hasta en tanto acredite el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otro lado, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes, para el uso de aparatos electrónicos559/2021 como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir.

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