José Alfredo Bucio Martínez

Expediente 995/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
995/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
17/02/2023

Partes del expediente

  • José Alfredo Bucio Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    El licenciado Javier Morales Guzmán, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hago constar y certifico: Que concluyó el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la cual negó la protección de la justicia federal a la parte quejosa dentro del juicio de amparo 995/2022, pues transcurrió del dos al dieciséis de febrero del presente año, tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes, de conformidad con los artículos 19 y 22 de la misma ley, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno; asimismo, se hace constar que no obran documentos originales para ordenar su devolución a las partes, no fueron exhibidos valores, sí obran constancias en un tomo de pruebas para ser devuelto a su remitente y no se aperturó incidente de suspensión. Morelia, Michoacán, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 995/2022, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste. Morelia, Michoacán, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de 26/09/23 15:29:33 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.78.1d JAVIER MORALES GUZMAN depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe. EDG Razón.- En esta fecha se giró (giraron) el (los) oficio (s) 2620 a la (s) autoridad (es

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con cincuenta minutos del treinta de enero de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 995/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria hace relación de la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación que antecede para los efectos que en derecho correspondan. Abierto el período de pruebas: La secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa y por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas las pruebas precisadas con antelación. Al consistir en documentales, se tienen por admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, en la inteligencia de que deben tomarse en consideración la totalidad de las constancias remitidas por las partes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que sólo la Fiscal adscrita los formuló. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la Agente del Ministerio Público adscrita formulando sus alegatos y a las demás partes, se les declara precluido el derecho para hacerlo. Al no haber diligencia pendiente que desahogar, se procede al dictado de la resolución, y; RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintidós (foja 2), en el Portal de Servicios en Yesica Arisbet Jiménez Jiménez, apoderada jurídica de José Alfredo Bucio Martínez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 123 apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 995/2022 y en proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós (foja 6) se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada y se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. El diez de octubre de dos mil veintidós (foja 29), se determinó que les asiste el carácter de terceros interesados a Mario Julián Andrade Magaña y a María Isabel Magaña Durán y se ordenó su emplazamiento. Asimismo, el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós (foja 42), se ordenó notificar a las partes la adscripción del suscrito como titular de este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Finalmente, seguido el juicio por sus demás trámites, el veinte de diciembre del año pasado, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que ahora se procede a resolver de conformidad con los siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, de la Ley de Amparo, 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y sus modificaciones, dado que el acto reclamado fue emitido por una autoridad con residencia en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se entrará al estudio de la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, del siguiente rubro y contenido: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, el acto reclamado por la parte quejosa a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, consiste en: La resolución interlocutoria de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, emitida dentro del expediente laboral J.2A-850/2015, en la que se declaró improcedente la revisión contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán y se confirmó el proveído de doce de junio de dos mil diecinueve, en el cual se determinó que no había lugar a girar oficios a diversas dependencias públicas para que informaran si el bien sujeto a remate permanece en copropiedad, bajo el argumento que dicha indagatoria no es necesaria para continuar con el trámite de escrituración. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Morelia, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 19). Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañó a su informe, consistentes en los autos originales del expediente laboral J.2A-850/2015, promovido por José Alfredo Bucio Martínez en contra de Mario Julián Andrade Magaña y a María Isabel Magaña Durán y otros [constante de un tomo]. Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por un funcionario público en el desempeño de su encargo, de las que se advierte la resolución interlocutoria de diecinueve de agosto de dos mil veintidós [fojas 268-270 del tomo de pruebas]; de ahí que se tenga debidamente probado. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Procedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Sin embargo, previo a ello, es necesario señalar que aunque en este amparo se reclama la resolución interlocutoria emitida el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral J.2A-850/2015, en la que se declaró improcedente el recurso de revisión contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, lo que en apariencia podría revelar que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo tercero de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, la cual instituye que el juicio de amparo resultará improcedente cuando se advierta que no se trata de la última resolución en el procedimiento de ejecución. Entendida la última resolución como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución o bien, en los procedimientos de remate, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante el mismo en la última resolución dictada en el. Sin embargo, el suscrito considera que el presente asunto se trata de un caso excepcional, que no encuadra en la causal de improcedencia señalada, dado que el acto reclamado se trata de una actuación dictada en la etapa de ejecución de la sentencia, que no está encaminada a obtenerla, sino, por el contrario, materialmente impide u obstaculiza su cumplimiento. Ello, atendiendo a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al conocer la contradicción de tesis 348/2010, en la que señaló que es procedente el juicio de amparo indirecto cuando el acto reclamado, aun dictado en la etapa de ejecución de sentencia, tiene autonomía propia y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. En dicha ejecutoria citó como caso de ejemplo, el auto en virtud del cual el juez natural niega decretar el embargo sobre los bienes del deudor; al respecto, señaló que el mismo puede considerarse dentro de los supuestos de excepción, pues por un lado, reviste de autonomía destacada y, por otro, si bien se trata de una actuación dictada dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia, no está encaminada a obtener dicha ejecución, sino, por el contrario, tiene como propósito impedir su cumplimiento. Así, indicó que en el supuesto referido, al tratarse de un acto dictado después de concluido el juicio que obstaculiza la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, es susceptible de analizarse a través del juicio de amparo indirecto. Señaló que si bien es cierto que en la Ley de Amparo se establece que tratándose de actos dictados después del juicio, sólo puede promoverse el amparo en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, más lo es que, con esa interpretación literal se podría atentar contra la administración de justicia en tanto que se dejaría al arbitrio del juez la decisión sobre cuándo continuar con la ejecución, sin que esa arbitrariedad pudiera ser combatida; asimismo, la consecuencia de esa interpretación sería la prolongación (que podría ser arbitraria) de los procedimientos. Que en el caso de ejemplo, si se atendiera a la interpretación literal, resultaría imposible revisar la negativa de embargar porque ni siquiera se podría llegar a la etapa en la que se declare la imposibilidad física y jurídica para ejecutar la sentencia. Concluyó señalando que si no se permitiera la procedencia del amparo indirecto en contra de las resoluciones mencionadas, no existiría defensa en contra de los actos que arbitrariamente podrían impedir la ejecución de las sentencias firmes. Las anteriores consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 90/2011 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 810 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, Décima Época, registro 160866, la cual es del tenor siguiente: "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR. Si bien es cierto que el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que sólo puede impugnarse en amparo indirecto la última resolución que se dicte en los procedimientos de ejecución de sentencia y que debe entenderse por tal, la resolución que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que decreta la imposibilidad de cumplirla, también es cierto que la ratio legis consiste en evitar que se obstaculice la ejecución de las sentencias a través de la promoción de los juicios de amparo. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio excepcional de que en contra de los actos dictados después de concluido el juicio sí es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando se trate de aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Así, el auto por virtud del cual el juez niega decretar el embargo sobre los bienes del deudor, puede considerarse dentro de los supuestos de excepción antes precisados ya que, por un lado, reviste de autonomía destacada y, por otro, si bien se trata de una actuación dictada dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia, no está encaminada a obtener dicha ejecución, sino por el contrario, tiene como propósito impedir el cumplimiento de la cosa juzgada. No obstante lo anterior, el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto antes precisado, está condicionado a que la resolución por virtud de la cual el juez natural niega la ejecución de la sentencia, haya sido impugnada a través de los recursos ordinarios a que haya lugar, en atención al principio de definitividad." Por ello, atendiendo a que el suscrito considera que el acto reclamado en esta instancia constitucional, por un lado, reviste de autonomía destacada y, por otro, materialmente impide u obstaculiza la ejecución de lo sentenciado, al confirmar el auto que determinó que no había lugar a girar oficios a diversas dependencias públicas para que informaran si el bien sujeto a remate permanece en copropiedad, bajo el argumento que dicha indagatoria no es necesaria para continuar con el trámite de escrituración, resulta evidente que, se está impidiendo el cumplimiento de lo sentenciado; por ello, es necesario que este juzgador proceda a realizar el análisis correspondiente. Quinto. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Previo a analizar los conceptos de violación, se estima necesario hacer una relación de las actuaciones procesales que dieron origen al recurso de revisión cuya resolución es materia del presente juicio de amparo: El veintiséis de agosto de dos mil dieciséis (foja 78 del tomo de pruebas), la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, dictó laudo, en el que se condenó a María Isabel Magaña Durán, en cuanto representante de la fuente de trabajo a pagar a favor del quejoso la cantidad de $175,606.94 (ciento setenta y cinco mil seiscientos seis pesos 94/100 M.N.) por los conceptos de indemnización constitucional, prima de antigüedad, salarios caídos e intereses; En auto de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis (foja 103 del tomo de pruebas) a solicitud de la parte actora, se despachó ejecución de laudo por la cantidad de $175,606.94 (ciento setenta y cinco mil seiscientos seis pesos 94/100 M.N.); mandamiento de ejecución que se materializó a través de la diligencia de veintidós de febrero de dos mil diecisiete (foja 109 del tomo de pruebas), en la cual se declaró bien y legalmente embargada la parte alícuota que corresponde a María Isabel Magaña Durán, respecto de la casa ubicada en la calle Girasol 797, de la colonia Las Margaritas, de esta ciudad; El audiencia de remate en su cuarta almoneda, celebrada el cinco de diciembre de dos mil dieciocho (foja 222 del tomo de pruebas), la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, declaró fincado el remate a favor del actor, consistente en la parte alícuota de la casa habitación construida en el lote 421 de la calle Girasol, marcada con el número 797, manzana 15, del fraccionamiento Las Margaritas, del distrito judicial de Morelia, que se registra a favor de la demandada María Isabel Magaña Durán y requirió a la demandada para que dentro del término de tres días exhibiera toda la documentación de la propiedad del inmueble adjudicado, apercibido que de no hacerlo, se daría trámite a la escrituración en su rebeldía. El treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve (foja 256 del tomo de pruebas), el apoderado del quejoso solicitó que previo a ordenar la escrituración del inmueble adjudicado, se requirieran informes a la Comisión Federal de Electricidad, al Ayuntamiento de Morelia, al Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, a la Dirección de Catastro y a la Dirección del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado, a fin que informaran si el bien inmueble sujeto a remate judicial ya se encuentra subdividido; de la misma forma, en ese escrito solicitó que se admitiera una prueba de inspección ocular para que el personal actuante se constituyera en el inmueble rematado y diera fe de si existe una subdivisión en dos partes, así como si el inmueble cuenta con dos accesos. El doce de junio de dos mil diecinueve (foja 258 del tomo de pruebas) la junta determinó improcedente la solicitud elevada por el apoderado del solicitante del amparo, argumentando en esencia, que la indagatoria solicitada no era necesaria para continuar con el trámite de escrituración, de conformidad con el numeral 975 de la Ley Federal del Trabajo. Inconforme con tal determinación, mediante escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veintiuno, el apoderado del actor solicitó la revisión, la que se admitió el veintinueve de octubre siguiente (fojas 262 y 264, del tomo II de pruebas). En resolución interlocutoria de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, la Junta responsable declaró improcedente la revisión en contra de los actos del Presidente de dicho órgano y declaró firme el auto de doce de junio de dos mil diecinueve (fojas 268 a 270 del tomo de pruebas). Resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Ahora, en el concepto de violación que hace valer la promovente, aduce que la resolución reclamada es ilegal, ya que en ella la junta responsable debió establecer la parte alícuota que le corresponde al trabajador, para ordenar la escritura y enseguida, ponerlo en posesión del bien, atendiendo a los principios del derecho del trabajo que son los de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal. Asimismo, aduce que es ilegal que en la resolución reclamada la junta responsable le haya impuesto la carga de que, previo a protocolizar y ponerlo en posesión del inmueble adjudicado, tramite un nuevo y diverso juicio ante el juez civil. Una vez precisado lo anterior, este juzgador considera que los argumentos hechos valer por el quejoso en su único concepto de violación son infundados, sin que se advierta motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja al estimar que el acto reclamado es legal. Para dar sustento a ello, por principio de cuentas debe decirse que no es cierto, como lo afirma la parte quejosa, que en la resolución reclamada la junta responsable le haya impuesto la carga de que, previo a protocolizar y ponerlo en posesión del inmueble adjudicado, tramite un nuevo y diverso juicio ante el juez civil; ya que por un lado, con relación a la solicitud primaria que se realizó en el escrito presentado ante la junta responsable el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en la que el apoderado del quejoso solicitó que se giraran oficios a diversas dependencias públicas para que informaran si el bien sujeto a remate, permanece en copropiedad y simultáneamente, ofreció prueba de inspección para que el personal actuante se constituyera en el inmueble adjudicado y diera fe de que el mismo, materialmente está subdividido, la junta responsable señalo que de conformidad con el artículo 975 de la Ley Federal del Trabajo, tal investigación no era necesaria para la escrituración de la parte alícuota. De esa forma, contrario a la apreciación de la parte quejosa, quien resuelve no advierte que al resolver de ese modo, la junta responsable le haya impuesto como requisito para escriturar que tramitara un juicio autónomo civil; tan es así, que incluso señaló que esa indagación no era un requisito para la escrituración de la parte alícuota. Lo que dijo la junta responsable es que, incluso aunque la parte adjudicada no estuviera subdividida, de conformidad con el artículo 210 del Código Civil del Estado de Michoacán, los codueños tienen derecho a pedir que se les asigne su parte correspondiente de la copropiedad en cualquier momento; sin que ésta última afirmación pueda asumirse como una negativa por parte de la junta responsable para ordenar la escrituración o ponerlo en posesión de su parte alícuota adjudicada. Primero, porque se insiste, en la resolución reclamada la junta responsable señaló que la investigación ante las dependencias que solicitó el quejoso, no era necesaria para que se ordene la escrituración de su parte "alícuota"; y segundo, porque en el escrito que dio origen a la resolución impugnada, el apoderado del quejoso no elevó solicitud alguna referente a que se le pusiera en posesión del inmueble adjudicado, pues en el mismo únicamente hizo alusión a que, previamente a ordenar su escrituración, solicitaba se girara oficio a diversas dependencias. De modo que, hasta este momento no hay un pronunciamiento en el que la junta responsable expresamente, haya determinado una imposibilidad jurídica o material para poner en posesión real y material del inmueble adjudicado al actor trabajador; sobre todo, porque de acuerdo a lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al conocer el amparo en revisión laboral 143/2019, la escritura de adjudicación no constituye un requisito previo para que se ponga al adjudicatario en posesión del inmueble. En efecto, al resolver el citado amparo en revisión el aludido tribunal de alzada consideró toralmente que: La conclusión de la jurisprudencia 1a./J. 37/2019 (10a.) de rubro: "REMATE JUDICIAL. LA ESCRITURA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN NO CONSTITUYE UN REQUISITO PREVIO PARA QUE SE PONGA AL ADJUDICATARIO EN POSESIÓN DEL BIEN INMUEBLE (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL ESTADO DE JALISCO)", tiene aplicación en el procedimiento de remate en materia laboral, porque el remate es un procedimiento común a todas las materias del derecho; Que por ello, era válido extraer de ella la conclusión de que la escritura pública no constituye un requisito previo para que se ponga al adjudicatario en posesión del bien inmueble; Que al declararse fincado el remate a favor del actor trabajador, debe considerarse que le fue transmitida la propiedad del bien inmueble de que se trata; y, Por ende, la falta de escritura no se puede oponer como restricción al derecho de posesión contenido como uno de los atributos de la propiedad, por lo que no hay razón para negar al adjudicatario el derecho a disfrutar la posesión útil de su derecho real de propiedad adquirido en una venta judicial perfecta. Lo anterior, al tenor de las consideraciones siguientes: Como se ve, jurídicamente tampoco se erige como obstáculo para que se ponga en posesión real y material del inmueble que se adjudicó en el procedimiento laboral de origen, el hecho que a la fecha el quejoso no cuente con la escritura, porque de cualquier modo, una vez adjudicado por remate judicial un bien, se considera que el ejecutado ha perdido la propiedad del mismo y que la misma se ha consolidado a favor del ejecutante y por lo mismo, la falta de escritura no se puede oponer como restricción al derecho de posesión contenido como uno de los atributos de la propiedad, por lo que no hay razón para negar al adjudicatario el derecho a disfrutar la posesión útil de su derecho real de propiedad adquirido en una venta judicial perfecta. Por lo expuesto, quien resuelve considera que no existe impedimento legal para que se realice la escrituración o se verifique la diligencia de entrega real y material del inmueble adjudicado, en la medida que como se anotó, el hecho de que el inmueble respectivo permanezca en el régimen de copropiedad, no es impedimento para que se mande escriturar y menos aún, para que se ponga al adjudicatario en posesión del bien inmueble y por ende, se continúe con la ejecución del laudo respectivo. Pese a ello, en este punto debe distinguirse que aunque es cierto que el régimen de copropiedad no se erige como un obstáculo para escriturar o poner al adjudicatario en posesión del inmueble respectivo, igual lo es que, las facultades de la autoridad laboral responsable dentro de ese procedimiento, no tienen el alcance de que, como lo pretende el peticionario del amparo, en la ejecución del laudo se establezca la parte alícuota que le corresponde al trabajador y se modifique la modalidad de la propiedad que tiene consolidada el inmueble adjudicado. Así es, porque al tratarse la copropiedad del derecho de propiedad que compete a varias personas sobre una misma cosa, que no pertenece a los copropietarios sino en una parte proporcional, ideal y abstracta y que además de que supone un estado de indivisión, en el que cada copropietario ejerce su derecho de goce respecto de toda la cosa; no es posible como lo afirma el quejoso, que se establezca la parte alícuota que le corresponde al trabajador, pues mientras que el régimen de propiedad esté configurado bajo la propiedad común, los dueños son propietarios en forma proporcional, ideal y abstracta de todo el bien, sin que se pueda definir en concreto cuál parte corresponde a cada quien; de modo que, no tienen dominio sobre las partes determinadas de la cosa, sino un derecho de propiedad sobre todas y cada una de las partes de la cosa en cierta proporción, es decir, sobre una parte alícuota, que es una parte ideal determinada desde el punto de vista mental aritmético. Por ello, como correctamente lo señaló la junta responsable, es en todo caso, el juez civil competente quien puede modificar o terminar el régimen de copropiedad del inmueble adjudicado, a petición de cualquiera de los copropietarios, ya que un principio fundamental de esta figura jurídica es que "nadie está obligado a permanecer en la indivisión, sino en los casos en que la naturaleza de las cosas lo obligue o por determinación de la ley". En las condiciones apuntadas, ante lo infundado de los conceptos de violación propuestos y sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplirse a favor de José Alfredo Bucio Martínez, en términos de lo previsto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, se concluye que el quejoso no demostró que el acto reclamado infrinja en su perjuicio, los derechos fundamentales consignados en los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 123 apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo que se impone es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Alfredo Bucio Martínez, en contra del acto y autoridad que precisados quedaron en el considerando segundo de esta sentencia y por las razones expuestas en el diverso quinto. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que contempla el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, como complemento a su informe justificado, con las que se dio vista en auto de ocho de diciembre actual. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan para su verificativo las once horas con cincuenta minutos del treinta de enero de dos mil veintitrés. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (". el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado..") sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe deferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Es aplicable el criterio transcrito en virtud de que no se contrapone con la actual Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 6° transitorio. Por otra parte, agréguese el pedimento suscrito por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, por el cual formula alegatos. En tal virtud, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que presenta la ocursante en su pedimento de cuenta, sin perjuicio de relacionarlos al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Por otro lado, en relación con la solicitud para que se le expida copia de la sentencia que llegue a emitirse, dígasele que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene al Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, dando cumplimiento a lo solicitado por este juzgado y para tal efecto, remite las constancias relacionadas con el acto reclamado. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las documentales que anexa a su oficio de cuenta. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva, dése vista a las partes con dichas documentales y con las mismas se ordena formar un tomo de pruebas. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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