Jose Alfredo Brizuela Ortega

Expediente 1095/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1095/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
30/10/2019

Partes del expediente

  • Junta Especial Numero Sesenta de la Federal de Conciliacion Y Arbitraje, Ciudad
  • Jose Alfredo Brizuela Ortega

Actuaciones

  1. Principal

    ... se declara que dicha sentencia que negó el amparo en el presente juicio, ha causado ejecutoria...Se destaca que en este juicio no se formaron cuadernos de suspensión...

  2. Principal

    En el local del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, siendo las nueve horas con cuarenta minutos del diez de octubre de dos mil diecinueve, estando en audiencia pública Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido de Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1095/2019-5, promovido por ********************El Juez declara abierta la audiencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, haciendo constar la Secretaria que ninguna de las partes ha comparecido a participar en este acto, no obstante su legal notificación según constancias que obran en autos. A continuación, la Secretaria procede a dar lectura al escrito de demanda (fojas 2 a 5), así como a las demás constancias de autos, y da cuenta al Juez con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. A lo que se provee: ténganse por relacionadas las constancias de autos y tómese en consideración el informe justificado al momento de resolver este juicio de amparo. Enseguida, el Juez declara abierto el período probatorio, en el que la Secretaria da cuenta con las documentales allegadas por la autoridad responsable (fojas 15 y 16). A lo que se acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada la documental de referencia, en atención a su propia y especial naturaleza. Sin más pruebas por relacionar, se declara cerrada dicha fase. No se formularon alegatos. Sin que exista promoción pendiente de acordar, el Juez dicta la siguiente S E N T E N C I A : VISTOS los autos que integran el juicio de amparo 1095/2019-5; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en Reynosa, turnado el siguiente diez de septiembre a este órgano de control constitucional ******************** promovió juicio de amparo contra actos de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de once de septiembre de dos mil diecinueve, se admitió la demanda con el número 1095/2019-5, se ordenó pedir informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, se dio a la Representante Social de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló en los términos anotados (fojas 6 a 9); y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en Reynosa, es competente para resolver este juicio de amparo en términos de lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, puesto que la demanda de amparo fue presentada en la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional y los actos tiene ejecución en la misma. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa que en este asunto el acto reclamado lo constituye la omisión de dictar laudo en el expediente laboral ********************del índice de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 192097), que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.- Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Es cierto en parte el acto reclamado a la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por así manifestarlo en su informe justificado la Presidente de dicha Junta, en el sentido de que aún no se emite el laudo correspondiente en el juicio laboral ********************, por encontrase imposibilitado para ello, por haberse señalado las trece horas con treinta minutos del veinticinco de septiembre de esta anualidad, para el desahogo de la ratificación y exhibición del dictamen calígrafo y grafoscópico, a cargo de la parte actora Oscar González Malibrán (foja 14). Además, tal autoridad remitió copia certificada del acuerdo de tres de junio de dos mil diecinueve, emitido en el juicio de origen; que al ser expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones, adquiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En virtud de que no se advierte causa de improcedencia que amerite el sobreseimiento en el juicio, ni las partes alegan la configuración de alguna, se procede al examen de los conceptos de violación que se hacen valer, que no se transcriben por no exigirlo así los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo. Es infundado el concepto de violación que se hace valer. Ello es así, porque si bien la Junta del conocimiento no ha emitido el laudo en el juicio laboral ********************, también es cierto que dado el estado procesal de los autos de origen, a la fecha de la presentación de este juicio de garantías (nueve de septiembre de dos mil diecinueve), se encontraba jurídicamente imposibilitada para emitir la determinación reclamada. Cierto, de las constancias remitidas por la responsable como anexo a su informe justificado se observa que se fijaron las trece horas con treinta minutos del veinticinco de septiembre de esta anualidad, para el desahogo de la ratificación y exhibición del dictamen calígrafo y grafoscópico a cargo de la parte actora Oscar González Malibrán, dentro del juicio laboral ********************, por lo que dicha circunstancia evidencia su imposibilidad para dictar el laudo correspondiente. De lo anterior, se advierte que la omisión de emitir el laudo que se le reprocha a la Junta responsable no vulnera derechos fundamentales al aquí quejoso, precisamente por encontrarse pendiente el desahogo de una ratificación y exhibición de dictámenes en el juicio laboral referido. Luego, es de concluirse que la omisión atribuida a la autoridad responsable está apegada a derecho dado la imposibilidad legal para emitir el fallo respectivo en el mencionado expediente laboral. En consecuencia, debe negarse el amparo y protección de la justicia federal solicitados por ********************, contra la omisión de notificar el laudo en el expediente laboral ********************del índice de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta ejecutoria son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. No es obstáculo para arribar a la anterior conclusión, el hecho de que no haya sido emplazada a este juicio de amparo la parte demandada en el expediente de origen, pues se estima que la presente determinación no le perjudica, en tanto que como parte en el juicio en mención, no puede tener interés legítimo en que prevalezca el estado de incertidumbre jurídica que impera ate la omisión de emitir el laudo correspondiente. Además, en caso contrario, tendrá la oportunidad de impugnar esta resolución en los términos de la jurisprudencia P.J.41/98 visible en la página 656, Tomo VIII, Agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, (registro 195673), del siguiente tenor: "TERCERO PERJUDICADO NO EMPLAZADO O MAL EMPLAZADO EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PUEDE INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA QUE EL JUEZ DE DISTRITO DECLARA EJECUTORIADA Y QUE AFECTA CLARAMENTE SUS DERECHOS, DENTRO DEL PLAZO LEGAL CONTADO A PARTIR DE QUE TIENE CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA." Por lo expuesto, fundado, y con apoyo en los artículos 1, fracción I, 73 y 74 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se niega el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, en contra de la autoridad mencionada en el resultado primero de esta resolución, contra el acto y por el motivo precisado en el considerando segundo y cuarto de la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta; téngase a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por conducto de su Presidente, rindiendo su INFORME JUSTIFICADO con la documental pública que lo acompañan, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, que se relacionarán en la audiencia constitucional de este juicio y serán tomados en consideración en su oportunidad; dicha circunstancia hágase del conocimiento de las partes mediante notificación por lista, para que expongan lo que a su interés convenga.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, once de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por José Alfredo Brizuela Ortega, tres copias de la misma y sin anexos; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1095/2019-5, que por razón de turno le corresponde. Ahora bien, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por José Alfredo Brizuela Ortega, contra actos de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional la intervención que le confiere la ley, entregándole copia de la demanda. Sin tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado. Para la celebración de la audiencia constitucional que contempla el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado que deberá rendir dentro del término de quince días contados a partir de aquél al que reciba la notificación del presente proveído, mismo que inclusive podrá ser rendido utilizando la vía fax que se sirva enviar al número telefónico 899-926-30-74, correspondiente a este Juzgado Federal, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional. Indíquese a la autoridad responsable que la Ley de Amparo, en su artículo 260, fracción II, dispone que se sancionará con multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio, a la autoridad responsable que no rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca el promovente de la demanda en términos del artículo 11 de esa Ley. Por otro lado, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de la Materia, hágase saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, con el apercibimiento de que de no cumplir lo anterior se les impondrá una multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo, y numerales primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. A fin de conformar la litis de manera pronta y dar seguridad jurídica a las partes en este asunto, instrúyase a los Actuarios de la adscripción a fin de que al momento de llevar a cabo la notificación a la autoridad señalada como responsable, mediante el oficio que se gire, deberá verificar si la denominación con que fue señalada es la correcta, de lo contrario, indagar cuál es ésta, debiendo asentar dicha circunstancia en la razón actuarial que para tal efecto se levante, incluso deberá recabar el nombre del funcionario que, de ser el caso, se niegue a recibir el comunicado relativo, ello con la finalidad de dar vista a la parte quejosa y no dejarla en estado de indefensión. Se reserva el emplazamiento de la parte tercero interesada, hasta en tanto obren en autos las constancias del juicio de origen. Sirve de fundamento a lo anotado, la tesis jurisprudencial 90/2010, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de tres de noviembre de dos mil diez, derivada de la Contradicción de tesis 196/2010, cuyo rubro dice: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO." Por otra parte y como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle San Luis Potosí número 840, en la colonia Rodríguez de esta ciudad, como autorizados en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados María del Pilar Núñez Ponce, Myrna Leticia Rodríguez Guerrero, Nora Elena Betancourt Ruiz y Jesús Ernesto Torres Castro. En otro aspecto, en obvio de mayores dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. En cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea la parte quejosa, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan transcendencia procesal, se notifique a las autoridades responsables por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificarán por medio de lista. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época (registro 2002576), que establece: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.- Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad.

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