José Alfredo Barrón Rodríguez
Expediente 378/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 378/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/06/2023
Partes del expediente
- José Alfredo Barrón Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia constitucional de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, pronunciada dentro de los autos del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones respectivos, y en su oportunidad, archívense los autos como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, es destruible y carece de relevancia documental por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto, sexto o séptimo del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el numeral 20 del citado acuerdo, procédase a su destrucción en términos del penúltimo parágrafo del citado dispositivo; lo que se estima acontecerá a partir del diez de junio de dos mil veintiséis. Notifíquese.
- Principal
PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Alfredo Barrón Rodríguez, en los términos del considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promovió José Alfredo Barrón Rodríguez, por propio derecho, contra actos del Titular de la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía de Contraloría y Visitaduria de la Fiscalía General del Estado de Baja California, Así entonces, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1o., fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos; sin 03/02/24 16:22:47 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.cc.90 BERNADETTE BALLESTEROS SESMA tramitarse el incidente de suspensión por no haberse solicitado expresamente. Se señalan las diez horas con treinta y ocho minutos del veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. En relación con lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 257, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós; hágase saber a las partes que para el trámite del presente asunto, de resultar necesario se podrán realizar diligencias, recibir alegatos y celebrar la audiencia constitucional a través de los medios tecnológicos disponibles. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días de conformidad con lo dispuesto en el numeral 117 de la Ley de Amparo, enviándole para tal efecto, copia de la demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la normatividad en comento. Requiérase a la autoridad responsable para que con su informe justificado remita copia certificada completa y legible de las constancias para apoyarlo, así como de las necesarias para la solución del juicio constitucional, en caso de tener actos que justificar, tal y como lo exige el artículo 117, de la Ley de Amparo, con el apercibimiento que de no rendir el respectivo informe, o de hacerlo sin remitir las constancias antes indicadas, se les impondrá, multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, en relación con el diverso ordinal 238, de la invocada legislación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se previene a las partes para que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá multa de treinta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo establecido en el arábigo 251 de la ley de la materia. En otro orden, en términos de lo señalado en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene a la quejosa ofreciendo como pruebas de su parte, las documentales que acompañó a su escrito inicial de demanda, de las cuales se acordará lo relativo a su admisión y desahogo en la audiencia constitucional que en este juicio se celebre. En términos de lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en su ocurso de cuenta y como autorizados de su parte, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Leonardo Aparicio Cortez Téllez, Leopoldo Fulbio Cortez Téllez y Gustavo Álvarez Barrozo, cuyas cédulas profesionales se encuentran registradas en la base de datos relativa al establecimiento del Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de dieciocho de julio de dos mil cinco. Ahora, de conformidad con los artículos 52 bis y 251 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de ser posible, accedan a las herramientas tecnológicas continuar con la tramitación del presente asunto, a través del esquema de "juicio en línea", hasta su conclusión y archivo. Por último, atento a lo previsto en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los ordinales 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al hacerse pública la sentencia que se dicte en este asunto; apercibidas que de no hacerlo, en la versión pública que se realice de dicha determinación, se suprimirá la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 5, 14, 25, 28, 44, 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.
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