José Alfredo Artega Villalobos

Expediente 1281/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1281/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana
  • José Alfredo Artega Villalobos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, resulta necesario notificar de manera personal al quejoso el proveído en el que se tuvo a la responsable rindiendo su informe justificado, a fin de que se imponga de su contenido para que esté en posibilidad de manifestar o promover lo que estime procedente, ampliar su demanda, o bien, ofrecer en su oportunidad las pruebas que considere pertinentes; por lo que, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción para que proceda a practicar el acto noticiero correspondiente. Por ello, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las doce horas con cuarenta minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese y personalmente al quejoso el auto de once de octubre del año en curso.

  2. Incidental

    R e s u e l v e Único. Se concede la suspensión definitiva solicitada por José Alfredo Artega Villalobos, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable precisada en el considerando segundo, para los efectos apuntados en la parte final del considerativo tercero. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, once de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el informe justificado rendido por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días, legalmente computado, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Igualmente, téngasele informando que autorizó la vinculación de la causa penal de origen, para que este órgano jurisdiccional tenga acceso al expediente electrónico, y pueda consultar las constancias que lo integran. Por ende, se instruye a la Oficial Judicial "A" comisionada para la actualización del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice los ajustes correspondientes en el sistema y relacione el citado expediente con este asunto. Notifíquese.

  4. Incidental

    Tijuana, Baja California, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta misma fecha en el cuaderno del juicio de amparo 1281/2023-H, promovido por José Alfredo Artega Villalobos, por conducto de quien se ostenta como su defensora pública federal, contra un acto del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en funciones de juez de control; con una copia simple de la demanda de amparo, se abre a trámite el presente incidente de suspensión. Audiencia incidental Cítese a las partes a la audiencia incidental que tendrá verificativo a las diez horas con treinta y cinco minutos del once de octubre de dos mil veintitrés. Informes previos En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 130, 136, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase informe previo a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la hora siguiente al en que reciba el oficio de notificación; para tal efecto, se le envía copia simple de la demanda que se atiende. En el entendido que la autoridad responsable expresará si es o no cierto el acto que se le atribuye, las razones pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y proporcionará la información que tenga a su alcance, en el caso, los datos concernientes al delito y sus modalidades, materia del reclamo, incluyendo los preceptos legales que lo tipifiquen, siempre que aquél exista; así como los que sirvan de parámetro para fijar la garantía y alcances de la medida cautelar, a fin de emitir una resolución adecuada respecto de la suspensión definitiva. Haciéndole saber que la falta de la rendición de su informe hará presumir de cierto el acto reclamado de conformidad con el primer párrafo del artículo 142 de la Ley de Amparo, y con apoyo en los artículos 238 y 260, fracción I, de la misma ley, se impondrá a quien corresponda multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentre ubicada la autoridad responsable, si ésta se niega a recibir los comunicados a ella dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se le aplique la sanción que establece el diverso 245 de la ley de la materia. Suspensión de los actos materia de reclamo Del estudio integral de la demanda que se atiende, se logra colegir que se señala como acto reclamado la determinación emitida en la audiencia de veintisiete de septiembre del año en curso, en los autos de la causa penal 1146/2023, en la que se impuso al agraviado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Primeramente, cabe señalar que el ordinal 138 de la Ley de Amparo, establece que promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Por tanto, bajo una interpretación aplicada del artículo 166 de la ley de la materia, se colige que tratándose de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa, este órgano de control constitucional se encuentra constreñido a realizar un análisis sobre la naturaleza del acto, el interés social, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, de conformidad con lo establecido en los numerales 138 y 147 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción X, de la Carta Magna. Por tanto, para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que: a) Existan presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y la vinculación del imputado; b) Que las medidas cumplan con los cuatro elementos del "test de proporcionalidad", como son: i) la finalidad de la medida que debe ser legítima (compatible con la Convención Americana); ii) idónea para cumplir con el fin que se persigue; y, iii) necesaria y estrictamente proporcional; y, c) La resolución que la imponga debe contener una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. Por lo que hace al primer elemento, deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que un hecho ilícito ocurrió y que la persona sometida al proceso pudo haber participado en ese delito, debiendo enfatizarse que este presupuesto no constituye en sí mismo una finalidad legítima para aplicar una medida cautelar restrictiva a la libertad, ni es un elemento que sea susceptible de menoscabar el derecho a la presunción de inocencia contenido en el artículo 8.2 de la Convención Americana. Respecto al segundo elemento, la Corte Interamericana afirmó que por su propia naturaleza, es la autoridad judicial a quien compete desarrollar el juicio de proporcionalidad al momento de imponer una medida privativa de libertad, frente a los elementos del caso y no al legislador en función de visiones abstractas, porque la prisión preventiva es una medida cautelar y no una medida de carácter punitivo; por lo que la regla de principio debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal; lo que como excepción podrá imponerse medidas de esta naturaleza únicamente cuando se acredite que: a) la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sean compatibles con la Convención; b) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; c) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto; y, d) que resulten estrictamente proporcionales; de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. La medida cautelar de la prisión preventiva sólo se debe imponer cuando sea necesaria para la satisfacción de un fin legítimo, a saber: que el imputado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia; ello, porque las medidas privativas de la libertad en el marco de procedimientos penales son convencionales, siempre que tengan un propósito cautelar; es decir, que sean un medio para la neutralización de riesgos procesales; en particular, a la finalidad relacionada con la comparecencia al proceso, sin que la gravedad del delito imputado sea, por sí misma, justificación suficiente de la prisión preventiva; asimismo, resolvió dicha corte interamericana que el peligro de fuga no puede medirse únicamente sobre la base de la gravedad de la posible pena a imponer, sino que debe evaluarse con referencia a una serie de otros factores relevantes que pueden confirmar la existencia de un peligro de fuga, como por ejemplo, aquellos relacionados con el hogar, ocupación, bienes y lazos familiares, afirmando que el peligro de que el acusado obstaculice la conducción adecuada del procedimiento no se puede inferir en abstracto, sino que tiene que estar respaldado por evidencia objetiva, por ejemplo, el riesgo de presión sobre testigos o la pertenencia a una organización criminal o una pandilla. Y en cuanto a la necesidad por ser la privación de la libertad una medida que implica una restricción a la esfera de acción individual, corresponde exigir a la autoridad judicial que imponga dicha medida, únicamente cuando considere que los demás mecanismos previstos en la ley, que impliquen un menor grado de injerencia en los derechos individuales, no son suficientes para satisfacer el fin procesal. En relación con el tercer punto consideró que cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violatoria del artículo 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos; que esa prisión debe estar sometida a revisión periódica, en el entendido de que el juez no tiene que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que una persona detenida recupere su libertad, sino que debe valorar periódicamente si las causas, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el plazo de la privación a la libertad ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón. En cuanto al principio de la apariencia del buen derecho que conlleva un estudio preliminar del acto reclamado, en el que basado en cálculos se pueda tener una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el juicio y de ese modo, sea posible anticipar que la sentencia que se llegue a dictar en lo principal puede resultar en sentido favorable para el solicitante del amparo; en la especie, se considera que el acto reclamado conforme lo presentó la defensa de los agraviados, tiene matices de violar los derechos fundamentales de los ahora quejosos, pues la responsable no dio a los impetrantes la oportunidad de debatir la medida cautelar de prisión preventiva impuesta. El hecho mismo que se le haya impuesto por ser oficiosa impide que haya sido producto del "test de proporcionalidad" que sólo el juzgador puede efectuar y que, en caso de ser en el mismo sentido de prisión preventiva, debe estar justificada; es decir, que se trate de una medida legítima, idónea para cumplir el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional, precedida de la conclusión de que las otras previstas en la ley no son suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad o que haya peligro de sustracción del imputado; esto es, no hay prueba de que sea la más proporcional frente a lo discutido en la audiencia. Con independencia de lo que en el fondo del asunto alegue el quejoso, la medida cautelar de prisión preventiva, en uso de la apariencia del buen derecho, se aprecia que su imposición oficiosa es violatoria del derecho fundamental de libertad. En cuanto al peligro en la demora, este presupuesto se satisface porque el agraviado se encuentra privado de la libertad precisamente con motivo de la ejecución del acto reclamado; por lo que si a pesar que tiene matices de devenir inconvencional, no se suspende con efectos restitutorios, la afectación es permanente mientras persista la prisión preventiva oficiosa y puede llegarse al extremo de que se consume irreparablemente. Respecto a la afectación al interés social y la contravención a disposiciones de orden público, no se aprecia que se encuentren comprometidos, porque es factible otorgar la suspensión respecto de medidas cautelares bajo la ponderación de los elementos que anteriormente se han desarrollado; más aún cuando, como se precisará, la suspensión que se otorgue no tendrá como efecto que el quejoso quede en libertad en automático por virtud de esta suspensión. En consecuencia, de conformidad con las reglas generales de la suspensión vigentes, lo procedente es conceder a José Alfredo Artega Villalobos, la suspensión provisional del acto reclamado, para el efecto de que la autoridad responsable señale fecha y hora dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas, para el desahogo de una audiencia con intervención de las partes, en la que abra a debate entre éstas, respecto la solicitud de medidas cautelares a imponerse al quejoso y con libre apreciación imponga la más idónea, sin descartar la prisión preventiva justificada en el proceso penal 1146/2023 que se le instruye; hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. Es aplicable la jurisprudencia PR.P.CN. J/13 P (11a.) del Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en Ciudad de México, Undécima Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, LA PERSONA JUZGADORA NO DEBERÁ LIMITARSE A LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBERÁ OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS DE TUTELA ANTICIPADA, YA QUE LAS SENTENCIAS VINCULANTES EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN LOS CASOS TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS Y GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO EN LAS QUE FUE DECLARADA INCONVENCIONAL ESA MEDIDA, CONSTITUYEN UN FACTOR DETERMINANTE PARA TENER POR DEMOSTRADA LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO." Suspensión del procedimiento en el juicio de origen Con fundamento en el artículo 61, fracción XVII, de la ley de la materia, hágase del conocimiento del juez de control que podrá continuar el procedimiento en la causa penal 1146/2023, pero deberá suspenderlo antes de concluir la etapa intermedia, es decir, deberá de abstenerse de enviar el auto de apertura a juicio oral al tribunal competente. Domicilio y autorizada Téngase como autorizada en los términos solicitados a quien menciona la promovente, y como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda. De igual forma, se tienen como medios de comunicación no procesal el número telefónico y correo electrónico que se proporcionan. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente incidente de suspensión. Expedición de copia Expídase al quejoso copia certificada de este proveído, por conducto de la defensora pública federal, previa constancia que por su recibo obre en autos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese.

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