José Alfredo Aragón Calvo

Expediente 1081/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 31 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1081/2021
Año
2021
Actuaciones
31
Última actuación
27/10/2022

Partes del expediente

  • José Alfredo Aragón Calvo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA (AVISO) PRAL 1081/2021 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. 1. Causa ejecutoria la sentencia. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que feneció el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia celebrada el veintisiete de septiembre del año en curso, firmada y autorizada el treinta se septiembre siguiente, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que lo hubiere hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 2. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de la I) autoridad responsable y II) agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; ello, dado el sentido de la sentencia dictada en este juicio de amparo, pues ningún agravio les genera, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, de rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3.1. Instrucción Secretaría y Actuaría. Por otra parte, se instruye a la secretaria (o) y actuario (a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión publica de esta sentencia sea consultable por internet. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 6. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es destruible. 7. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 8. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno. 9. Se dejan a disposición documentales. Finalmente, como en este expediente obra copia certificada de: a) credencial para votar con fotografía expedida a favor de *****, expedida por el Instituto Nacional Electoral, b) oficio número *****, de fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dirigido a *****, comisionada Municipal Provisional del Municipio de la Villa de Sola de Vega, Oaxaca, con sello de recepción de diez de agosto de dos mil veintiuno; anexos: - Escrito de fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dirigido a *****, comisionada Municipal Provisional del Municipio de la Villa de Sola de Vega, Oaxaca, con sello de recepción de diez de agosto de dos mil veintiuno. - Oficio número *****, de fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dirigido a *****, comisionada Municipal Provisional del Municipio de la Villa de Sola de Vega, Oaxaca; c) factura número de serie y folio SiNube *****, de once de septiembre de dos mil veinte, por la cantidad de $2, 325,075.48 (dos millones trescientos veinticinco mil setenta y cinco pesos 48/100 m.n.), d) contrato de obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número *****, de veinticinco de mayo de dos mil veinte, con un periodo de ejecución del uno de junio de dos mil veinte al veintinueve de agosto de dos mil veinte, e) acta entrega- recepción ateniente al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número *****, de veinticinco de mayo de dos mil veinte, con un periodo de ejecución del uno de junio de dos mil veinte al veintinueve de agosto de dos mil veinte; y, f) acuse del escrito dirigido a *****, presidente municipal del Municipio de la Villa de Sola de Vega, Oaxaca, con sello de recepción de cuatro de febrero de dos mil veintidós, documentales que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda y escrito registrado con folio de recepción 1958; aun cuando esos documentos no son originales, con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se requiere a la parte quejosa para que acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esas constancias; para ello, se le concede el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, y dentro del cual, si no se presenta para tal fin, sin previo acuerdo, se procederá a su destrucción con las constancias relativas, ya que este expediente es destruible. Por ello, a efecto de que pueda presentarse a las oficinas de este Juzgado a recibir dichas documentales, se le hace del conocimiento que de conformidad a lo establecido por el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micro-sitio de "Servicios jurisdiccionales", podrá generar cita a través del sistema "Agenda OJ". Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 1081/2021 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. 1. Causa ejecutoria la sentencia. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que feneció el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia celebrada el veintisiete de septiembre del año en curso, firmada y autorizada el treinta se septiembre siguiente, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que lo hubiere hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 2. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de la I) autoridad responsable y II) agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; ello, dado el sentido de la sentencia dictada en este juicio de amparo, pues ningún agravio les genera, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, de rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3.1. Instrucción Secretaría y Actuaría. Por otra parte, se instruye a la secretaria (o) y actuario (a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión publica de esta sentencia sea consultable por internet. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 6. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es destruible. 7. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 8. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno. 9. Se dejan a disposición documentales. Finalmente, como en este expediente obra copia certificada de: a) credencial para votar con fotografía expedida a favor de *****, expedida por el Instituto Nacional Electoral, b) oficio número *****, de fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dirigido a *****, comisionada Municipal Provisional del Municipio de la Villa de Sola de Vega, Oaxaca, con sello de recepción de diez de agosto de dos mil veintiuno; anexos: - Escrito de fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dirigido a *****, comisionada Municipal Provisional del Municipio de la Villa de Sola de Vega, Oaxaca, con sello de recepción de diez de agosto de dos mil veintiuno. - Oficio número *****, de fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dirigido a *****, comisionada Municipal Provisional del Municipio de la Villa de Sola de Vega, Oaxaca; c) factura número de serie y folio SiNube *****, de once de septiembre de dos mil veinte, por la cantidad de $2, 325,075.48 (dos millones trescientos veinticinco mil setenta y cinco pesos 48/100 m.n.), d) contrato de obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número *****, de veinticinco de mayo de dos mil veinte, con un periodo de ejecución del uno de junio de dos mil veinte al veintinueve de agosto de dos mil veinte, e) acta entrega- recepción ateniente al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número *****, de veinticinco de mayo de dos mil veinte, con un periodo de ejecución del uno de junio de dos mil veinte al veintinueve de agosto de dos mil veinte; y, f) acuse del escrito dirigido a *****, presidente municipal del Municipio de la Villa de Sola de Vega, Oaxaca, con sello de recepción de cuatro de febrero de dos mil veintidós, documentales que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda y escrito registrado con folio de recepción 1958; aun cuando esos documentos no son originales, con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se requiere a la parte quejosa para que acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esas constancias; para ello, se le concede el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, y dentro del cual, si no se presenta para tal fin, sin previo acuerdo, se procederá a su destrucción con las constancias relativas, ya que este expediente es destruible. Por ello, a efecto de que pueda presentarse a las oficinas de este Juzgado a recibir dichas documentales, se le hace del conocimiento que de conformidad a lo establecido por el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micro-sitio de "Servicios jurisdiccionales", podrá generar cita a través del sistema "Agenda OJ". Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL. 1081/2021 VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1081/2021; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante demanda de amparo depositada el siete de octubre de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en este municipio, y turnada a este Juzgado el ocho de octubre siguiente, José Alfredo Aragón Calvo, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos reclamados y autoridades responsables que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. Actos que estimó violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 8, 13, 14, 16, 25 y 35, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación de la demanda y prevención. En auto de once de octubre de dos mil veintiuno se formó expediente impreso y electrónico con el número 1081/2021 y se previno a la parte quejosa en sus términos. TERCERO. Admisión. Previo cumplimiento a la prevención formulada al quejoso, en acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo; se tuvo como autoridades responsables al 1) consejero síndico Municipal Fernando Rey Miguel Calvo, del Municipio de Villa de Sola de Vega, Oaxaca, y a 2) Bartola Santos Peralta, comisionada municipal provisional y/o consejera presidenta del Municipio de Villa de Sola de Vega, Oaxaca; se les solicitó sus informes justificados y se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente corresponde. CUARTO. Vista inexistencia y ampliación de demanda. El cuatro de febrero de dos mil veintidós se dio vista a la parte quejosa con la manifestación realizada por Bartola Santos Peralta, comisionada provisional de Villa de Sola de Vega, Oaxaca, en el sentido de que una Comisión municipal estaba formada únicamente por el comisionado, secretario y tesorero, siendo que la autoridad responsable señalada como "consejero síndico Municipal Fernando Rey Miguel Calvo, del Municipio de Villa de Sola de Vega, Oaxaca", no ostentaba ningún cargo en la Comisión del referido Municipio. En atención a la vista referida y en substitución al referido consejero síndico Municipal Fernando Rey Miguel Calvo, en auto de cuatro de marzo del año en curso se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda por lo que hacía a la autoridad responsable Iván Osael Quiroz Martínez, presidente Municipal del Municipio de Villa de Sola de Vega, Oaxaca, a quien reclamó lo siguiente: (Imagen escaneada) Al ser dicha autoridad el representante del Municipio de Villa de Sola de Vega, Oaxaca, en ese momento, y por haber dejado de estar en funciones la autoridad señalada en el escrito inicial de demanda como comisionada municipal provisional y/o consejera presidenta del Municipio de Villa de Sola de Vega, Oaxaca; siendo que en el referido acuerdo de cuatro de marzo de este año se solicitó a la nueva autoridad señalada como responsable su informe justificado respecto del escrito de ampliación. QUINTO. Recurso de queja y suspensión del procedimiento. El cuatro de mayo de dos mil veintidós se tuvo al quejoso interponiendo recurso de queja contra el diverso acuerdo de veinte de abril de este año, en el que, entre otras cuestiones, se requirió a la autoridad responsable, presidente Municipal del Municipio de Villa de Sola de Vega, Oaxaca, copia certificada, completa legible, de todas las constancias que guardaran relación con el escrito de ampliación de demanda de la parte quejosa; por lo que, en consecuencia, se ordenó la suspensión del procedimiento hasta que el Tribunal de Alzada resolviera dicho medio de impugnación. SEXTO. Se levanta la suspensión del procedimiento. En acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil veintidós: a) el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Decimotercer Circuito, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, informó que había declarado firme la determinación de veintinueve de junio de dos mil veintidós, dictada en el recurso de queja 273/2022, de su índice, en el que desechó el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa; b) se ordenó levantar la suspensión del procedimiento, c) se agregó el informe justificado del presidente de Villa de Sola de Vega, Oaxaca y d) se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. SEXTO. Autoridad inexistente. En diverso auto de seis de septiembre de dos mil veintidós se dio vista a la parte quejosa con la inexistencia de la autoridad señalada como comisionada Municipal provisional del Municipio de Villa de Sola de Vega, Oaxaca, ya que, como se certificó en auto de dieciséis de junio de este año, Jessica Calvo Núñez, quien refirió ser la secretaria municipal del Ayuntamiento de Villa de Sola de Vega, Oaxaca, manifestó que ya no existía la figura de comisionada Municipal Provisional, toda vez que su designación únicamente atendió a que el siete de abril de dos mil veintiuno se aprobó la desaparición de poderes en ese Municipio, ante la falta de mayoría absoluta de los integrantes del Ayuntamiento, correspondiente al periodo 2019-2021, de conformidad con el artículo 79, fracción XV, de la Constitución local; siendo que por acta de sesión solemne de Instalación de Cabildo del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa Sola de Vega, Distrito Sola de Vega, Oaxaca, para el periodo constitucional 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024, se tomó protesta en términos de ley a los nuevos concejales electos el seis de junio de dos mil veintiuno y se instaló legalmente el Ayuntamiento, quienes entraron en funciones a partir del uno de enero de este año. Sin que la parte quejosa realizara manifestación alguna, no obstante su conocimiento; de ahí que en auto de diecinueve del mes actual se tuvo por inexistente a dicha autoridad, cesando toda comunicación con la misma. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial, el veintidós de abril de dos mil veintiuno, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, además de que las autoridades responsables tienen su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y exacta de los actos reclamados, los cuales la parte quejosa hace consistir en: La omisión de dar respuesta dentro del plazo legal de diez días, al escrito presentado el diez de agosto de dos mil veintiuno, en el que se solicitó el pago de las estimaciones finales de la obra contratada. La omisión de dar respuesta dentro del plazo legal al escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil veintidós. La falta de pago de la última estimación en cantidad de $1,621,693.98 (un millón seiscientos veintiún mil seiscientos noventa y tres pesos 98/100 m.n.), por la ejecución de la obra denominada "Construcción de Drenaje Sanitario", Localidad de Sola de Vega (Tercera Sección Barrio La Soledad), del Municipio de Sola de Vega, Oaxaca, según el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número CMVSV/277/FISMDF/C-014/2020, de veinticinco de mayo de dos mil veinte, con un periodo de ejecución del uno de junio de dos mil veinte al veintinueve de agosto de dos mil veinte. Actos que atribuyó al presidente Municipal del Municipio de Villa de Sola de Vega, Oaxaca. Es aplicable la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2014, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 181810, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable, presidente del Ayuntamiento de la Villa de Sola de Vega, Oaxaca, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados. Negativa que se desvirtúa con la documental ofrecida por la parte quejosa, consistente en: 1) Oficio número JAAC-0033/2021, de fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dirigido a Bartola Santos Peralta, comisionada Municipal Provisional del Municipio de la Villa de Sola de Vega, Oaxaca, con sello de recepción de diez de agosto de dos mil veintiuno; y anexos consistentes en: - Escrito de fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dirigido a Bartola Santos Peralta, comisionada Municipal Provisional del Municipio de la Villa de Sola de Vega, Oaxaca, con sello de recepción de diez de agosto de dos mil veintiuno. - Oficio número JAAC-0034/2021, de fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dirigido a Bartola Santos Peralta, comisionada Municipal Provisional del Municipio de la Villa de Sola de Vega, Oaxaca. 2) Escrito dirigido a Iván Osael Quiroz Martínez, presidente municipal del Municipio de la Villa de Sola de Vega, Oaxaca, con sello de recepción de cuatro de febrero de dos mil veintidós. Así como con la documental que la citada responsable acompaña a su informe justificado, misma que por haber sido ofrecida en copia certificada, al ser una documental pública tiene valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º; de la que se advierte que a la parte quejosa no le ha sido pagada la totalidad de lo pactado por la ejecución de la obra denominada "Construcción de Drenaje Sanitario", Localidad de Sola de Vega (Tercera Sección Barrio La Soledad), del Municipio de Sola de Vega, Oaxaca, según el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número CMVSV/277/FISMDF/C-014/2020, de veinticinco de mayo de dos mil veinte, con un periodo de ejecución del uno de junio de dos mil veinte al veintinueve de agosto de dos mil veinte. Entonces, al encontrarse acreditada la existencia de los actos reclamados, se procede al estudio de las causas de improcedencia o, en su caso, al análisis de su constitucionalidad o no, de conformidad con la técnica rectora en el juicio de amparo. CUARTO. Causal de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, es necesario abordar el estudio de las causas de improcedencia hechas valer por las partes, o bien que este órgano de control constitucional llegara a advertir de manera oficiosa, ya que, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, deben estudiarse de oficio y en forma preferente. 4.1. Acto reclamado consistente en la falta de pago de la última estimación en cantidad de $1,621,693.98 (un millón seiscientos veintiún mil seiscientos noventa y tres pesos 98/100 m.n.). En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que hace al acto reclamado consistente en: La falta de pago de la última estimación en cantidad de $1,621,693.98 (un millón seiscientos veintiún mil seiscientos noventa y tres pesos 98/100 m.n.), por la ejecución de la obra denominada "Construcción de Drenaje Sanitario", Localidad de Sola de Vega (Tercera Sección Barrio La Soledad), del Municipio de Sola de Vega, Oaxaca, según el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número CMVSV/277/FISMDF/C-014/2020, de veinticinco de mayo de dos mil veinte, con un periodo de ejecución del uno de junio de dos mil veinte al veintinueve de agosto de dos mil veinte. Los artículos referidos disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" Conforme a los preceptos transcritos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho que los actos u ordenamientos generales que se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquélla que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, en términos del citado ordinal 5o., del referido ordenamiento legal. A fin de realizar la anterior distinción, es indispensable establecer las bases de diferenciación de los actos de autoridad y de los de particular, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esta teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios y autoridades del fuero común para ventilarlos; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Por su parte, en las relaciones de supra a subordinación se entablan relaciones entre gobernantes y gobernados, pero el actuar de los primeros es en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Federal. Para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad, actúe en un plano superior con imperium. De lo expuesto, es preciso señalar que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que exista un acto de autoridad que vulnere los derechos fundamentales de la parte quejosa, en un plano de supra a subordinación. Siendo pertinente aclarar que para que un ente de hecho o de derecho sea considerado como autoridad, debe establecerse, como ya se dijo, una relación de supra a subordinación con un particular; además, que esa relación debe tener su nacimiento en la ley, la que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; circunstancias anteriores que no concurren en este juicio. Ahora, el quejoso José Alfredo Aragón Calvo pretende que por medio del juicio de amparo indirecto se ordene a la autoridad responsable, presidente del Ayuntamiento de la Villa de Sola de Vega, Oaxaca, le realice el pago de la última estimación en cantidad de $1,621,693.98 (un millón seiscientos veintiún mil seiscientos noventa y tres pesos 98/100 m.n.), por la ejecución de la obra denominada "Construcción de Drenaje Sanitario", Localidad de Sola de Vega (Tercera Sección Barrio La Soledad), del Municipio de Sola de Vega, Oaxaca, según el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número CMVSV/277/FISMDF/C-014/2020, de veinticinco de mayo de dos mil veinte, con un periodo de ejecución del uno de junio de dos mil veinte al veintinueve de agosto de dos mil veinte. De las documentales que exhibió la parte quejosa con su demanda de amparo se advierte que la falta de pago de la última estimación que reclama deriva de la celebración del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número CMVSV/277/FISMDF/C-014/2020, de veinticinco de mayo de dos mil veinte, con un periodo de ejecución del uno de junio de dos mil veinte al veintinueve de agosto de dos mil veinte, celebrado entre el quejoso y el Municipio de Villa de Sola de Vega, distrito de Sola de Vega, Estado de Oaxaca. De eso se sigue que el adeudo reclamado (última estimación en cantidad de $1,621,693.98), por parte del Municipio de Villa de Sola de Vega, distrito de Sola de Vega, Estado de Oaxaca, no constituye un acto de autoridad revestido del imperio y unilateralidad, sino que tiene sustento en la prestación de servicios de "Construcción de Drenaje Sanitario", Localidad de Sola de Vega (Tercera Sección Barrio La Soledad), del Municipio de Sola de Vega, Oaxaca, con motivo del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número CMVSV/277/FISMDF/C-014/2020, por la cantidad total de $2,325,075.48 (dos millones trescientos veinticinco mil setenta y cinco pesos 48/100 m.n.), Por ende, no corresponde a un acto de una autoridad y un gobernado (relación de supra a subordinación) sino a una relación de coordinación entre ellos, originada mediante un contrato, esto es, acuerdo de voluntades donde ambas partes adquirieron derechos y obligaciones recíprocas, en donde la persona oficial intervino en un plano de igualdad frente al particular, cuya disidencia debe dirimirse en los juicios administrativos respectivos (federales o locales), dependiendo del régimen al que estén sujetos. En relación al tema, debe tenerse presente que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 292/2017, en la ejecutoria correspondiente señaló que: 1o Las cláusulas que integran un contrato forman una unidad que no puede desvincularse, esto es, deben analizarse en su conjunto, de ahí que deben compartir la naturaleza del contrato que las contiene. 2o Si en las cláusulas de los contratos administrativos se encuentran las relativas al precio a pagar, los plazos, forma y lugar de pago, éstas tienen la naturaleza del contrato del que forman parte; en ese sentido, el hecho de que la prestación reclamada por un contratista particular sea la falta de pago por parte de un Municipio, no obsta para concluir que ese incumplimiento tiene naturaleza administrativa, toda vez que el documento que originó la prestación es un contrato administrativo. 3o Los conflictos surgidos en relación con la falta de pago estipulada en los contratos administrativos deben resolverse en los juicios administrativos respectivos (federales o locales) dependiendo del régimen al que aquéllos estén sujetos. Tales consideraciones quedaron reflejadas en la jurisprudencia 2a./J. 14/2018 (10a.), localizable en la página: 1284, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo II, Materia(s): Administrativa, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO TIENE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. Las cláusulas que integran un contrato forman una unidad que no puede desvincularse, esto es, deben analizarse en su conjunto, de ahí que deben compartir la naturaleza del contrato que las contiene. Luego, si en las cláusulas de los contratos administrativos se encuentran las relativas al precio a pagar, los plazos, forma y lugar de pago, éstas tienen la naturaleza del contrato del que forman parte; en ese sentido, el hecho de que la prestación reclamada sea la falta de pago de una contraprestación a un contratista particular, no obsta para concluir que ese incumplimiento tiene naturaleza administrativa, toda vez que el documento que originó la prestación es un contrato administrativo. En consecuencia, los conflictos surgidos en relación con la falta de pago estipulada en los contratos administrativos deben resolverse en los juicios administrativos respectivos (federales o locales) dependiendo del régimen al que aquéllos estén sujetos". Así, el convenio celebrado por la parte quejosa y la citada autoridad responsable, para la prestación un servicio de obra pública, no se suscribe en un plano de supra a subordinación; pues dicho acto, por su propia naturaleza, es bilateral; es decir, deriva de un acuerdo de voluntades en el que el quejoso decidió de manera voluntaria, aceptar los términos y condiciones para prestar sus servicios como profesional de la construcción; aunado a que en el punto "1", inciso e), del referido contrato de obra pública se estipuló que para cubrir las erogaciones que derivaran de dicho acto jurídico, "El municipio" contaba con recursos asignados y disponibles en el ramo general 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios". De ahí que, en el caso, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 62/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página: 1454, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo II, Materia(s): Administrativa, Constitucional, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA. COMPETE AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA RESOLVER SOBRE SU INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO, CUANDO LOS CELEBREN ENTIDADES FEDERATIVAS O MUNICIPIOS, CON CARGO A RECURSOS FEDERALES. De la interpretación sistemática de los artículos 14, fracciones VII, XV y XVI, y 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se advierte que este órgano jurisdiccional conocerá del juicio contencioso administrativo regulado en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, promovido contra resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de las resoluciones emitidas conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y para dirimir lo concerniente a las sanciones administrativas, en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; de donde se sigue que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es competente para conocer de la interpretación y el cumplimiento de contratos de obra pública con cargo a recursos federales, con independencia de que los hayan celebrado entidades federativas o Municipios, en tanto que lo que da la competencia es el carácter federal de los recursos empleados y el marco normativo que rige la competencia material de ese Tribunal, la cual se ha delineado para conferirle la atribución de resolver integralmente sobre esas materias". Por lo expuesto, no son aplicables, al menos para lograr la pretensión del quejoso al promover la instancia constitucional, las tesis que invocó, de rubros: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA LEY DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE OAXACA, ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LOS SEÑALADOS EN LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, POR LO QUE NO DEBE DESECHARSE LA DEMANDA DE AMPARO O SU AMPLIACIÓN EN EL AUTO INICIAL, CON EL ARGUMENTO DE QUE PREVIAMENTE DEBE AGOTARSE AQUÉL." La tesis invocada refiere que para la concesión de la suspensión del acto reclamado en materia administrativa, la Ley de Amparo exige menos requisitos que la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, por lo que no debe desecharse la demanda de amparo o ampliación con el argumento de que previamente debe agotarse lo establecido en la referida Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca; empero, ello no es aplicable al caso que se estudia, pues la causal de improcedencia que conllevó al sobreseimiento en el juicio respecto del acto reclamado precisado en este considerando no tiene relación con el principio de definitividad, ya que, como se dijo, el argumento se basa en que lo reclamado no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE DEMANDA EL PAGO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, Y NO EXISTA ACTO DE AUTORIDAD QUE TENGA EL CARÁCTER DE DEFINITIVO." En la jurisprudencia referida la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que la sola afirmación sobre el incumplimiento de las cláusulas de un contrato de obra pública es insuficiente para hacer procedente el juicio contencioso administrativo federal, por lo que se requiere de un acto de autoridad definitivo; lo que, en el caso, no abona a la pretensión del quejoso respecto la procedencia de este juicio de amparo. "OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. CORRESPONDE A LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y NO AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, CONOCER DE LAS CONTROVERSIAS SUSCITADAS POR LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CELEBRADOS POR LOS PARTICULARES CON LAS DEPENDENCIAS DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS EN TÉRMINOS DE LA LEY RELATIVA." El contrato de obra pública fue celebrado entre un contratista particular y un Municipio, a saber, Municipio de Villa de Sola de Vega, Oaxaca, no entre el primero y alguna dependencia del Gobierno Estatal; de ahí que no es aplicable. Por lo que hace a la tesis de rubro: "CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO TIENE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.", también citada en esta resolución, se comparte la naturaleza del contrato de obra pública, misma que, como se dijo, es administrativa; sin que ello sea suficiente para hacer procedente el juicio de amparo, toda vez que entre los contratantes existe una relación de coordinación, por lo que lo aquí reclamado no se puede reconocer como acto de autoridad en esta instancia. 4.2. Diversos actos reclamados. En diversa tesitura, el amparo también es improcedente, por lo que hace a los actos reclamados consistentes en: La omisión de dar respuesta dentro del plazo legal de diez días, al escrito presentado el diez de agosto de dos mil veintiuno, en el que se solicitó el pago de las estimaciones finales de la obra contratada. La omisión de dar respuesta dentro del plazo legal al escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil veintidós. Pues, conforme a la causal en estudio, ya se precisó qué se entiende por autoridad responsable; máxime que el concepto referido ha sido ampliamente estudiado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos asuntos; así, el Tribunal en Pleno señala que por autoridad responsable también debe considerarse a los funcionarios de organismos públicos que con fundamento en una norma legal emitan actos de manera unilateral a través de los cuales crean, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, es decir, siempre que se sitúen en una relación de supra a subordinación respecto de los gobernados. Robustece lo anterior la tesis, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". Ahora, lo que aquí se reclama, en esencia, se centra en la violación al derecho de petición consagrado por el artículo 8º constitucional, el cual, a fin de ser dilucidado en el juicio de amparo indirecto, debe colmar un requisito primordial: que la petición sea formulada hacia una autoridad, actuando como tal en el marco de sus atribuciones como ente del Estado, ejerciendo el imperio hacia el gobernado, en el caso, el peticionario. Ello, así fue reconocido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 42/2001, localizable con registro digital 189914, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." Conforme lo anterior, cabe afirmar que, en el caso, el presidente del Ayuntamiento de Villa de Sola de Vega, Oaxaca, respecto a los actos que se le atribuyen, jurídicamente, no puede ser considerada como autoridad para efectos del juicio de amparo. Ello, porque, como se dijo en líneas que preceden, la naturaleza de su actuar (omisión) deriva de una relación contractual entre el aquí quejoso y el Municipio de Villa de Sola de Vega, distrito de Sola de Vega, Estado de Oaxaca. De ahí que si, en la especie, lo que pretende la parte quejosa es obtener una respuesta y/o controvertir la misma respecto de las solicitudes presentadas ante el referido Municipio, sobre un aspecto que deriva de un contrato de obra pública celebrado con éste, deviene inconcuso que esas conductas no pueden ser materia de análisis en este juicio de amparo, en tanto se hicieron reclamar como transgresión al derecho de petición que tutela el artículo 8º constitucional. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto legal 5o., de la Ley de Amparo; con apoyo en el numeral 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, procede sobreseer en este juicio de amparo. QUINTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73 y 74, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Alfredo Aragón Calvo, contra los actos reclamados consistentes en: La falta de pago de la última estimación en cantidad de $1,621,693.98 (un millón seiscientos veintiún mil seiscientos noventa y tres pesos 98/100 m.n.), por la ejecución de la obra denominada "Construcción de Drenaje Sanitario", Localidad de Sola de Vega (Tercera Sección Barrio La Soledad), del Municipio de Sola de Vega, Oaxaca, según el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número CMVSV/277/FISMDF/C-014/2020, de veinticinco de mayo de dos mil veinte, con un periodo de ejecución del uno de junio de dos mil veinte al veintinueve de agosto de dos mil veinte. La omisión de dar respuesta dentro del plazo legal de diez días, al escrito presentado el diez de agosto de dos mil veintiuno, en el que se solicitó el pago de las estimaciones finales de la obra contratada. La omisión de dar respuesta dentro del plazo legal al escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil veintidós. Atribuidos al presidente del Ayuntamiento de Villa de Sola de Vega, Oaxaca; por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta el día de hoy, treinta de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. PRAL. 1081/2021 VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1081/2021; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante demanda de amparo depositada el siete de octubre de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en este municipio, y turnada a este Juzgado el ocho de octubre siguiente, José Alfredo Aragón Calvo, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos reclamados y autoridades responsables que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. Actos que estimó violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 8, 13, 14, 16, 25 y 35, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación de la demanda y prevención. En auto de once de octubre de dos mil veintiuno se formó expediente impreso y electrónico con el número 1081/2021 y se previno a la parte quejosa en sus términos. TERCERO. Admisión. Previo cumplimiento a la prevención formulada al quejoso, en acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo; se tuvo como autoridades responsables al 1) consejero síndico Municipal Fernando Rey Miguel Calvo, del Municipio de Villa de Sola de Vega, Oaxaca, y a 2) Bartola Santos Peralta, comisionada municipal provisional y/o consejera presidenta del Municipio de Villa de Sola de Vega, Oaxaca; se les solicitó sus informes justificados y se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente corresponde. CUARTO. Vista inexistencia y ampliación de demanda. El cuatro de febrero de dos mil veintidós se dio vista a la parte quejosa con la manifestación realizada por Bartola Santos Peralta, comisionada provisional de Villa de Sola de Vega, Oaxaca, en el sentido de que una Comisión municipal estaba formada únicamente por el comisionado, secretario y tesorero, siendo que la autoridad responsable señalada como "consejero síndico Municipal Fernando Rey Miguel Calvo, del Municipio de Villa de Sola de Vega, Oaxaca", no ostentaba ningún cargo en la Comisión del referido Municipio. En atención a la vista referida y en substitución al referido consejero síndico Municipal Fernando Rey Miguel Calvo, en auto de cuatro de marzo del año en curso se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda por lo que hacía a la autoridad responsable Iván Osael Quiroz Martínez, presidente Municipal del Municipio de Villa de Sola de Vega, Oaxaca, a quien reclamó lo siguiente: (Imagen escaneada) Al ser dicha autoridad el representante del Municipio de Villa de Sola de Vega, Oaxaca, en ese momento, y por haber dejado de estar en funciones la autoridad señalada en el escrito inicial de demanda como comisionada municipal provisional y/o consejera presidenta del Municipio de Villa de Sola de Vega, Oaxaca; siendo que en el referido acuerdo de cuatro de marzo de este año se solicitó a la nueva autoridad señalada como responsable su informe justificado respecto del escrito de ampliación. QUINTO. Recurso de queja y suspensión del procedimiento. El cuatro de mayo de dos mil veintidós se tuvo al quejoso interponiendo recurso de queja contra el diverso acuerdo de veinte de abril de este año, en el que, entre otras cuestiones, se requirió a la autoridad responsable, presidente Municipal del Municipio de Villa de Sola de Vega, Oaxaca, copia certificada, completa legible, de todas las constancias que guardaran relación con el escrito de ampliación de demanda de la parte quejosa; por lo que, en consecuencia, se ordenó la suspensión del procedimiento hasta que el Tribunal de Alzada resolviera dicho medio de impugnación. SEXTO. Se levanta la suspensión del procedimiento. En acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil veintidós: a) el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Decimotercer Circuito, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, informó que había declarado firme la determinación de veintinueve de junio de dos mil veintidós, dictada en el recurso de queja 273/2022, de su índice, en el que desechó el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa; b) se ordenó levantar la suspensión del procedimiento, c) se agregó el informe justificado del presidente de Villa de Sola de Vega, Oaxaca y d) se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. SEXTO. Autoridad inexistente. En diverso auto de seis de septiembre de dos mil veintidós se dio vista a la parte quejosa con la inexistencia de la autoridad señalada como comisionada Municipal provisional del Municipio de Villa de Sola de Vega, Oaxaca, ya que, como se certificó en auto de dieciséis de junio de este año, Jessica Calvo Núñez, quien refirió ser la secretaria municipal del Ayuntamiento de Villa de Sola de Vega, Oaxaca, manifestó que ya no existía la figura de comisionada Municipal Provisional, toda vez que su designación únicamente atendió a que el siete de abril de dos mil veintiuno se aprobó la desaparición de poderes en ese Municipio, ante la falta de mayoría absoluta de los integrantes del Ayuntamiento, correspondiente al periodo 2019-2021, de conformidad con el artículo 79, fracción XV, de la Constitución local; siendo que por acta de sesión solemne de Instalación de Cabildo del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa Sola de Vega, Distrito Sola de Vega, Oaxaca, para el periodo constitucional 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024, se tomó protesta en términos de ley a los nuevos concejales electos el seis de junio de dos mil veintiuno y se instaló legalmente el Ayuntamiento, quienes entraron en funciones a partir del uno de enero de este año. Sin que la parte quejosa realizara manifestación alguna, no obstante su conocimiento; de ahí que en auto de diecinueve del mes actual se tuvo por inexistente a dicha autoridad, cesando toda comunicación con la misma. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial, el veintidós de abril de dos mil veintiuno, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, además de que las autoridades responsables tienen su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y exacta de los actos reclamados, los cuales la parte quejosa hace consistir en: La omisión de dar respuesta dentro del plazo legal de diez días, al escrito presentado el diez de agosto de dos mil veintiuno, en el que se solicitó el pago de las estimaciones finales de la obra contratada. La omisión de dar respuesta dentro del plazo legal al escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil veintidós. La falta de pago de la última estimación en cantidad de $1,621,693.98 (un millón seiscientos veintiún mil seiscientos noventa y tres pesos 98/100 m.n.), por la ejecución de la obra denominada "Construcción de Drenaje Sanitario", Localidad de Sola de Vega (Tercera Sección Barrio La Soledad), del Municipio de Sola de Vega, Oaxaca, según el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número CMVSV/277/FISMDF/C-014/2020, de veinticinco de mayo de dos mil veinte, con un periodo de ejecución del uno de junio de dos mil veinte al veintinueve de agosto de dos mil veinte. Actos que atribuyó al presidente Municipal del Municipio de Villa de Sola de Vega, Oaxaca. Es aplicable la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2014, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 181810, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable, presidente del Ayuntamiento de la Villa de Sola de Vega, Oaxaca, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados. Negativa que se desvirtúa con la documental ofrecida por la parte quejosa, consistente en: 1) Oficio número JAAC-0033/2021, de fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dirigido a Bartola Santos Peralta, comisionada Municipal Provisional del Municipio de la Villa de Sola de Vega, Oaxaca, con sello de recepción de diez de agosto de dos mil veintiuno; y anexos consistentes en: - Escrito de fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dirigido a Bartola Santos Peralta, comisionada Municipal Provisional del Municipio de la Villa de Sola de Vega, Oaxaca, con sello de recepción de diez de agosto de dos mil veintiuno. - Oficio número JAAC-0034/2021, de fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dirigido a Bartola Santos Peralta, comisionada Municipal Provisional del Municipio de la Villa de Sola de Vega, Oaxaca. 2) Escrito dirigido a Iván Osael Quiroz Martínez, presidente municipal del Municipio de la Villa de Sola de Vega, Oaxaca, con sello de recepción de cuatro de febrero de dos mil veintidós. Así como con la documental que la citada responsable acompaña a su informe justificado, misma que por haber sido ofrecida en copia certificada, al ser una documental pública tiene valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º; de la que se advierte que a la parte quejosa no le ha sido pagada la totalidad de lo pactado por la ejecución de la obra denominada "Construcción de Drenaje Sanitario", Localidad de Sola de Vega (Tercera Sección Barrio La Soledad), del Municipio de Sola de Vega, Oaxaca, según el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número CMVSV/277/FISMDF/C-014/2020, de veinticinco de mayo de dos mil veinte, con un periodo de ejecución del uno de junio de dos mil veinte al veintinueve de agosto de dos mil veinte. Entonces, al encontrarse acreditada la existencia de los actos reclamados, se procede al estudio de las causas de improcedencia o, en su caso, al análisis de su constitucionalidad o no, de conformidad con la técnica rectora en el juicio de amparo. CUARTO. Causal de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, es necesario abordar el estudio de las causas de improcedencia hechas valer por las partes, o bien que este órgano de control constitucional llegara a advertir de manera oficiosa, ya que, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, deben estudiarse de oficio y en forma preferente. 4.1. Acto reclamado consistente en la falta de pago de la última estimación en cantidad de $1,621,693.98 (un millón seiscientos veintiún mil seiscientos noventa y tres pesos 98/100 m.n.). En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que hace al acto reclamado consistente en: La falta de pago de la última estimación en cantidad de $1,621,693.98 (un millón seiscientos veintiún mil seiscientos noventa y tres pesos 98/100 m.n.), por la ejecución de la obra denominada "Construcción de Drenaje Sanitario", Localidad de Sola de Vega (Tercera Sección Barrio La Soledad), del Municipio de Sola de Vega, Oaxaca, según el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número CMVSV/277/FISMDF/C-014/2020, de veinticinco de mayo de dos mil veinte, con un periodo de ejecución del uno de junio de dos mil veinte al veintinueve de agosto de dos mil veinte. Los artículos referidos disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" Conforme a los preceptos transcritos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho que los actos u ordenamientos generales que se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquélla que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, en términos del citado ordinal 5o., del referido ordenamiento legal. A fin de realizar la anterior distinción, es indispensable establecer las bases de diferenciación de los actos de autoridad y de los de particular, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esta teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios y autoridades del fuero común para ventilarlos; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Por su parte, en las relaciones de supra a subordinación se entablan relaciones entre gobernantes y gobernados, pero el actuar de los primeros es en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Federal. Para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad, actúe en un plano superior con imperium. De lo expuesto, es preciso señalar que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que exista un acto de autoridad que vulnere los derechos fundamentales de la parte quejosa, en un plano de supra a subordinación. Siendo pertinente aclarar que para que un ente de hecho o de derecho sea considerado como autoridad, debe establecerse, como ya se dijo, una relación de supra a subordinación con un particular; además, que esa relación debe tener su nacimiento en la ley, la que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; circunstancias anteriores que no concurren en este juicio. Ahora, el quejoso José Alfredo Aragón Calvo pretende que por medio del juicio de amparo indirecto se ordene a la autoridad responsable, presidente del Ayuntamiento de la Villa de Sola de Vega, Oaxaca, le realice el pago de la última estimación en cantidad de $1,621,693.98 (un millón seiscientos veintiún mil seiscientos noventa y tres pesos 98/100 m.n.), por la ejecución de la obra denominada "Construcción de Drenaje Sanitario", Localidad de Sola de Vega (Tercera Sección Barrio La Soledad), del Municipio de Sola de Vega, Oaxaca, según el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número CMVSV/277/FISMDF/C-014/2020, de veinticinco de mayo de dos mil veinte, con un periodo de ejecución del uno de junio de dos mil veinte al veintinueve de agosto de dos mil veinte. De las documentales que exhibió la parte quejosa con su demanda de amparo se advierte que la falta de pago de la última estimación que reclama deriva de la celebración del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número CMVSV/277/FISMDF/C-014/2020, de veinticinco de mayo de dos mil veinte, con un periodo de ejecución del uno de junio de dos mil veinte al veintinueve de agosto de dos mil veinte, celebrado entre el quejoso y el Municipio de Villa de Sola de Vega, distrito de Sola de Vega, Estado de Oaxaca. De eso se sigue que el adeudo reclamado (última estimación en cantidad de $1,621,693.98), por parte del Municipio de Villa de Sola de Vega, distrito de Sola de Vega, Estado de Oaxaca, no constituye un acto de autoridad revestido del imperio y unilateralidad, sino que tiene sustento en la prestación de servicios de "Construcción de Drenaje Sanitario", Localidad de Sola de Vega (Tercera Sección Barrio La Soledad), del Municipio de Sola de Vega, Oaxaca, con motivo del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número CMVSV/277/FISMDF/C-014/2020, por la cantidad total de $2,325,075.48 (dos millones trescientos veinticinco mil setenta y cinco pesos 48/100 m.n.), Por ende, no corresponde a un acto de una autoridad y un gobernado (relación de supra a subordinación) sino a una relación de coordinación entre ellos, originada mediante un contrato, esto es, acuerdo de voluntades donde ambas partes adquirieron derechos y obligaciones recíprocas, en donde la persona oficial intervino en un plano de igualdad frente al particular, cuya disidencia debe dirimirse en los juicios administrativos respectivos (federales o locales), dependiendo del régimen al que estén sujetos. En relación al tema, debe tenerse presente que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 292/2017, en la ejecutoria correspondiente señaló que: 1o Las cláusulas que integran un contrato forman una unidad que no puede desvincularse, esto es, deben analizarse en su conjunto, de ahí que deben compartir la naturaleza del contrato que las contiene. 2o Si en las cláusulas de los contratos administrativos se encuentran las relativas al precio a pagar, los plazos, forma y lugar de pago, éstas tienen la naturaleza del contrato del que forman parte; en ese sentido, el hecho de que la prestación reclamada por un contratista particular sea la falta de pago por parte de un Municipio, no obsta para concluir que ese incumplimiento tiene naturaleza administrativa, toda vez que el documento que originó la prestación es un contrato administrativo. 3o Los conflictos surgidos en relación con la falta de pago estipulada en los contratos administrativos deben resolverse en los juicios administrativos respectivos (federales o locales) dependiendo del régimen al que aquéllos estén sujetos. Tales consideraciones quedaron reflejadas en la jurisprudencia 2a./J. 14/2018 (10a.), localizable en la página: 1284, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo II, Materia(s): Administrativa, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO TIENE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. Las cláusulas que integran un contrato forman una unidad que no puede desvincularse, esto es, deben analizarse en su conjunto, de ahí que deben compartir la naturaleza del contrato que las contiene. Luego, si en las cláusulas de los contratos administrativos se encuentran las relativas al precio a pagar, los plazos, forma y lugar de pago, éstas tienen la naturaleza del contrato del que forman parte; en ese sentido, el hecho de que la prestación reclamada sea la falta de pago de una contraprestación a un contratista particular, no obsta para concluir que ese incumplimiento tiene naturaleza administrativa, toda vez que el documento que originó la prestación es un contrato administrativo. En consecuencia, los conflictos surgidos en relación con la falta de pago estipulada en los contratos administrativos deben resolverse en los juicios administrativos respectivos (federales o locales) dependiendo del régimen al que aquéllos estén sujetos". Así, el convenio celebrado por la parte quejosa y la citada autoridad responsable, para la prestación un servicio de obra pública, no se suscribe en un plano de supra a subordinación; pues dicho acto, por su propia naturaleza, es bilateral; es decir, deriva de un acuerdo de voluntades en el que el quejoso decidió de manera voluntaria, aceptar los términos y condiciones para prestar sus servicios como profesional de la construcción; aunado a que en el punto "1", inciso e), del referido contrato de obra pública se estipuló que para cubrir las erogaciones que derivaran de dicho acto jurídico, "El municipio" contaba con recursos asignados y disponibles en el ramo general 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios". De ahí que, en el caso, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 62/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página: 1454, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo II, Materia(s): Administrativa, Constitucional, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA. COMPETE AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA RESOLVER SOBRE SU INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO, CUANDO LOS CELEBREN ENTIDADES FEDERATIVAS O MUNICIPIOS, CON CARGO A RECURSOS FEDERALES. De la interpretación sistemática de los artículos 14, fracciones VII, XV y XVI, y 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se advierte que este órgano jurisdiccional conocerá del juicio contencioso administrativo regulado en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, promovido contra resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de las resoluciones emitidas conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y para dirimir lo concerniente a las sanciones administrativas, en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; de donde se sigue que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es competente para conocer de la interpretación y el cumplimiento de contratos de obra pública con cargo a recursos federales, con independencia de que los hayan celebrado entidades federativas o Municipios, en tanto que lo que da la competencia es el carácter federal de los recursos empleados y el marco normativo que rige la competencia material de ese Tribunal, la cual se ha delineado para conferirle la atribución de resolver integralmente sobre esas materias". Por lo expuesto, no son aplicables, al menos para lograr la pretensión del quejoso al promover la instancia constitucional, las tesis que invocó, de rubros: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA LEY DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE OAXACA, ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LOS SEÑALADOS EN LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, POR LO QUE NO DEBE DESECHARSE LA DEMANDA DE AMPARO O SU AMPLIACIÓN EN EL AUTO INICIAL, CON EL ARGUMENTO DE QUE PREVIAMENTE DEBE AGOTARSE AQUÉL." La tesis invocada refiere que para la concesión de la suspensión del acto reclamado en materia administrativa, la Ley de Amparo exige menos requisitos que la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, por lo que no debe desecharse la demanda de amparo o ampliación con el argumento de que previamente debe agotarse lo establecido en la referida Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca; empero, ello no es aplicable al caso que se estudia, pues la causal de improcedencia que conllevó al sobreseimiento en el juicio respecto del acto reclamado precisado en este considerando no tiene relación con el principio de definitividad, ya que, como se dijo, el argumento se basa en que lo reclamado no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE DEMANDA EL PAGO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, Y NO EXISTA ACTO DE AUTORIDAD QUE TENGA EL CARÁCTER DE DEFINITIVO." En la jurisprudencia referida la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que la sola afirmación sobre el incumplimiento de las cláusulas de un contrato de obra pública es insuficiente para hacer procedente el juicio contencioso administrativo federal, por lo que se requiere de un acto de autoridad definitivo; lo que, en el caso, no abona a la pretensión del quejoso respecto la procedencia de este juicio de amparo. "OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. CORRESPONDE A LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y NO AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, CONOCER DE LAS CONTROVERSIAS SUSCITADAS POR LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CELEBRADOS POR LOS PARTICULARES CON LAS DEPENDENCIAS DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS EN TÉRMINOS DE LA LEY RELATIVA." El contrato de obra pública fue celebrado entre un contratista particular y un Municipio, a saber, Municipio de Villa de Sola de Vega, Oaxaca, no entre el primero y alguna dependencia del Gobierno Estatal; de ahí que no es aplicable. Por lo que hace a la tesis de rubro: "CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO TIENE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.", también citada en esta resolución, se comparte la naturaleza del contrato de obra pública, misma que, como se dijo, es administrativa; sin que ello sea suficiente para hacer procedente el juicio de amparo, toda vez que entre los contratantes existe una relación de coordinación, por lo que lo aquí reclamado no se puede reconocer como acto de autoridad en esta instancia. 4.2. Diversos actos reclamados. En diversa tesitura, el amparo también es improcedente, por lo que hace a los actos reclamados consistentes en: La omisión de dar respuesta dentro del plazo legal de diez días, al escrito presentado el diez de agosto de dos mil veintiuno, en el que se solicitó el pago de las estimaciones finales de la obra contratada. La omisión de dar respuesta dentro del plazo legal al escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil veintidós. Pues, conforme a la causal en estudio, ya se precisó qué se entiende por autoridad responsable; máxime que el concepto referido ha sido ampliamente estudiado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos asuntos; así, el Tribunal en Pleno señala que por autoridad responsable también debe considerarse a los funcionarios de organismos públicos que con fundamento en una norma legal emitan actos de manera unilateral a través de los cuales crean, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, es decir, siempre que se sitúen en una relación de supra a subordinación respecto de los gobernados. Robustece lo anterior la tesis, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". Ahora, lo que aquí se reclama, en esencia, se centra en la violación al derecho de petición consagrado por el artículo 8º constitucional, el cual, a fin de ser dilucidado en el juicio de amparo indirecto, debe colmar un requisito primordial: que la petición sea formulada hacia una autoridad, actuando como tal en el marco de sus atribuciones como ente del Estado, ejerciendo el imperio hacia el gobernado, en el caso, el peticionario. Ello, así fue reconocido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 42/2001, localizable con registro digital 189914, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." Conforme lo anterior, cabe afirmar que, en el caso, el presidente del Ayuntamiento de Villa de Sola de Vega, Oaxaca, respecto a los actos que se le atribuyen, jurídicamente, no puede ser considerada como autoridad para efectos del juicio de amparo. Ello, porque, como se dijo en líneas que preceden, la naturaleza de su actuar (omisión) deriva de una relación contractual entre el aquí quejoso y el Municipio de Villa de Sola de Vega, distrito de Sola de Vega, Estado de Oaxaca. De ahí que si, en la especie, lo que pretende la parte quejosa es obtener una respuesta y/o controvertir la misma respecto de las solicitudes presentadas ante el referido Municipio, sobre un aspecto que deriva de un contrato de obra pública celebrado con éste, deviene inconcuso que esas conductas no pueden ser materia de análisis en este juicio de amparo, en tanto se hicieron reclamar como transgresión al derecho de petición que tutela el artículo 8º constitucional. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto legal 5o., de la Ley de Amparo; con apoyo en el numeral 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, procede sobreseer en este juicio de amparo. QUINTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73 y 74, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Alfredo Aragón Calvo, contra los actos reclamados consistentes en: La falta de pago de la última estimación en cantidad de $1,621,693.98 (un millón seiscientos veintiún mil seiscientos noventa y tres pesos 98/100 m.n.), por la ejecución de la obra denominada "Construcción de Drenaje Sanitario", Localidad de Sola de Vega (Tercera Sección Barrio La Soledad), del Municipio de Sola de Vega, Oaxaca, según el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número CMVSV/277/FISMDF/C-014/2020, de veinticinco de mayo de dos mil veinte, con un periodo de ejecución del uno de junio de dos mil veinte al veintinueve de agosto de dos mil veinte. La omisión de dar respuesta dentro del plazo legal de diez días, al escrito presentado el diez de agosto de dos mil veintiuno, en el que se solicitó el pago de las estimaciones finales de la obra contratada. La omisión de dar respuesta dentro del plazo legal al escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil veintidós. Atribuidos al presidente del Ayuntamiento de Villa de Sola de Vega, Oaxaca; por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta el día de hoy, treinta de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional.

  4. Principal

    PRAL 1081/2021 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Alegatos. Incorpórese a los autos el escrito del quejoso José Alfredo Aragón Calvo; visto su contenido, de conformidad con el numeral 124 de la Ley de Amparo, téngasele realizando diversas manifestaciones en vía de alegatos; mismos que serán considerados, de ser el caso, en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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