José Alfonso Miñon Zárate

Expediente 65/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
65/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
17/03/2017

Partes del expediente

  • José Alfonso Miñon Zárate

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que el quejoso no impugnó el proveído de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete (fojas 16 a 18), mediante el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse a este expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente se tuvo por desechada la demanda de amparo, y no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es destruible, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción 1, del Capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, el escrito firmado por José Alfonso Miñón Zárate, por el que cumple con el requerimiento que se le hizo por proveído de veintiuno del mes en curso, en su atención, se acuerda: Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, de la ley de Amparo, que disponen: ... La interpretación de los preceptos transcritos revela que la improcedencia del juicio de amparo también resulta de alguna disposición tanto Constitucional, como de la propia ley, diversa de las veintidós fracciones del citado artículo 61; que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este punto cabe resaltar que la Ley de Amparo en su artículo 107 fracción V, es taxativa al señalar qué debe entenderse por actos cuyos efectos sean de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En esta virtud, son dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: a) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide .el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, b) esos "derechos" afectados materialmente deben revestir la categoría de derechos "sustantivos"; expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De lo anterior se colige que la nueva normativa persigue una finalidad constitucionalmente válida, que es dar celeridad a la tramitación y conclusión de los juicios para que se decidan los derechos en conflicto, al eliminar la posibilidad de que las partes incurran en estrategias dilatorias en aras de un pronunciamiento federal sobre la violación a un derecho adjetivo, cuando lo cierto es que las normas procesales no deben verse como un fin en sí, sino como un medio para que la administración de justicia se aplique a las controversias, decidiendo los derechos en litigio. Lo anterior es trascendente en la medida que bajo la vigencia de la Ley de Amparo anterior (publicada el diez de enero de mil novecientos treinta y seis en el Diario Oficial de la Federación), los actos de imposible reparación comprendían además de afectación a derechos sustantivos, también los actos procesales o formales cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. Sin embargo, ya que la Ley de Amparo vigente limita la procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de los actos cuyos efectos sean de imposible reparación, precisando como ya se dijo, qué debe entenderse por éstos; entonces los actos procesales con las características referidas quedan excluidos de dicha categoría y, por ende, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclame un acto de naturaleza procesal formal, ya que éste no tiene la característica de ser de "imposible reparación". .. En el caso, de la demanda de amparo, así como del escrito por el que el quejoso aclara la misma, en lo de interés se advierte: 1. El veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, el quejoso promovió la cancelación de pensión alimenticia en la vía incidental dentro del expediente principal 1055/1997, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar de Salina Cruz; 2. La parte demandada en el incidente de cancelación, promovió incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento; 3. El seis de diciembre del año pasado, se cambió la vía en el trámite del incidente de nulidad de actuaciones; 4. La parte que promovió el incidente de nulidad de actuaciones, interpuso recurso de revocación en contra del cambio de la vía en cuanto a la tramitación del incidente que propuso; 5. El trece de febrero de dos mil diecisiete, se resolvió el recurso de revocación planteado dentro del incidente de nulidad de actuaciones, determinando el juez responsable, el cambio en la vía respecto a la tramitación del incidente de nulidad. Esta última determinación, constituye el acto reclamado en esta instancia, es decir, la determinación que resuelve el recurso de revocación planteado dentro del incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento. Por tanto, se advierte que la determinación reclamada en este juicio de amparo, no es de imposible reparación, ya que no se trata de violaciones directas a la Constitución, sino al procedimiento; además, la tramitación en la vía correcta de cualquier procedimiento genera certidumbre jurídica a las partes, y en el caso, todavía existe la posibilidad que la parte quejosa obtenga resolución favorable al momento de resolverse el incidente de nulidad planteado por su contraparte, pero de no ser así, estará en aptitud de controvertir dicho acto a través del juicio de amparo que corresponda, sin que sea el caso en este asunto, verificar si contra la determinación que resuelva dicho incidente de nulidad procede el amparo directo o indirecto, porque lo que se está analizando aquí, es la improcedencia del juicio constitucional en la vía indirecta, a la luz del acto reclamado, por ser un acto intraprocesal que no lesiona derechos sustantivos. Así las cosas, se insiste, la parte quejosa podrá hacer valer lo que corresponda sólo hasta el momento en que se resuelva el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento. Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 107 fracción V, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de este último cuerpo normativo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO, la demanda de amparo.

  3. Principal

    Por recibida la demanda de amparo promovida por José Alfonso Miñón Zárate, contra actos del Juez Primero de lo Familiar, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; en consecuencia, fórmese y regístrese el expediente de amparo con el número 65/2017 que le corresponde. Ahora, como se advierten irregularidades y omisiones en la demanda de amparo de que se trata, a fin de estar en aptitud de proveer lo que conforme a derecho proceda respecto de su admisión o no, con fundamento en el artículo 114 en relación con el 108, fracciones II, y IV, y 110 de la Ley de Amparo, requiérase a la quejosa para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, por escrito que formará parte integrante de su demanda de amparo, y bajo protesta de decir verdad, con el número de copias suficientes, una para la autoridad o autoridades que señale como responsables, y una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, aclare su demanda con base en las consideraciones siguientes: 1. Indique si el acto que reclama es la interlocutoria que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones por defecto de emplazamiento o el cambio de vía que realizó la responsable ordenadora, ya que si bien señala en el capítulo respectivo como acto reclamado "la interlocutoria el acuerdo dictado en el incidente de nulidad de actuaciones por defecto de emplazamiento, de fecha trece de febrero de dos mil diecisiete, relativo al expediente 1055/1997, del índice judicial del juzgado primero de lo familiar, de esta ciudad. El cual me fue notificado en su día trece de febrero del año en curso", su planteamiento resulta ambiguo, pues de la lectura de su demanda se advierte que se duele en su concepto de violación SEGUNDO, del cambio de vía en el incidente de nulidad de actuaciones, cuestiones distintas y que el quejoso debe precisar para que en su momento se fije correctamente la litis en el juicio constitucional, pues no debe perderse de vista que los conceptos de violación, deben guardar relación con el acto reclamado. 2. Señale la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. 3. Mencione qué acto concreto de ejecución le reclama al actuario adscrito al Juzgado Primero Familiar, pues lo señala como autoridad responsable ejecutora 4. Señale para que efectos solicita la suspensión del acto reclamado, atendiendo al acto que reclame. Con el apercibimiento que de no cumplir con el requerimiento que se le hace, dentro del plazo concedido, de no exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio, o de contestar con evasivas, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido por el párrafo segundo, del artículo 114 de la Ley de Amparo. ..

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