José Alfonso Marquez de la Mora Zamora

Expediente 411/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
411/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
31/07/2019

Partes del expediente

  • José Alfonso Marquez de la Mora Zamora
  • Martha Araceli Argüello Zepeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    MESA. VI. En treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, se da cuenta con el estado de autos y la certificación secretarial que antecede. Conste. Ciudad de México, treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la resolución de doce de julio del año en curso (fojas 57 a 75), que negó el amparo en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En vista de lo anterior, con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como concluido y de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de 28 de septiembre de 2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de depuración. Se llega a esa conclusión, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En ese orden, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; por lo cual, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial. Asimismo, tomando en consideración que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos incidentales. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, devuélvase al Juez de Control Vigésimo Octavo del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Tres, el disco compacto formato DVD, que remitió en apoyo a su informe justificado, por ser innecesaria su retención en este órgano jurisdiccional.

  2. Incidental

    MESA. VI. Ciudad de México, treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente. Se determina que es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se negaron la suspensión provisional y definitiva; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Ahora, tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez transcurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo, y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial.

  3. Principal

    MESA. VI. S E N T E N C I A. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 411/2019-VI-A; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, José Alfonso Márquez de la Mora Zamora demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra: La resolución de siete de mayo de dos mil diecinueve, emitida en la Carpeta Judicial 003/0960/2019, en la que se resolvió extemporánea la interposición del recurso contemplado en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Atribuido al Juez de Control del Sistema Procesal Acusatorio adscrito a la Unidad de Gestión Tres del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; por auto de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda con el registro 411/2019-VI-A, se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio intervención a la representación social de la adscripción; se emplazaron a los terceros interesados. La audiencia tuvo lugar al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, es competente para resolver el juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; y, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, habida cuenta que el acto reclamado es de naturaleza penal y la autoridad responsable reside en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión del acto reclamado. Analizada la demanda y constancias, se advierte que el acto reclamado es: La determinación de siete de mayo de dos mil diecinueve, emitida en la Carpeta Judicial 003/0960/2019, en la que se resolvió extemporánea la interposición del recurso contemplado en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Atribuido al Juez de Control Vigésimo Octavo del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Tres del Tribunal Superior de Justicia. Tercero. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación el Juez de Control Vigésimo Octavo del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Tres del Tribunal Superior de Justicia, aceptó el acto que se le atribuye. Adjuntado al informe el índice cronológico de la audiencia de siete de mayo de dos mil diecinueve, testimonio de la carpeta judicial 003/0960/2019 y un disco certificado, en los que consta el acto atribuido. Constancias que adquieren valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 129 y 202, párrafo primero del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su arábigo 2, párrafo segundo, toda vez que el disco en formato de videograbación que contiene la audiencia en la que se dictó el acto reclamado, fue certificado por la autoridad responsable, quien actuó en cumplimiento a su funciones y con motivo de ellas. Cuarto. Causas de improcedencia. No se advierte la actualización de alguna causa que torne improcedente la acción constitucional entablada por las partes legitimadas para hacerla valer. Quinto. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Es pertinente destacar que opera a favor de la parte quejosa la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en virtud de que tiene el carácter de víctima en la carpeta judicial 003/0960/2019, de la cual deriva la determinación reclamada. Significando que no se transcribirá el decreto que constituye el acto reclamado, ni los conceptos de violación formulados por el impetrante de garantías, en virtud de que no existe precepto en la Ley de Amparo que imponga tal obligación; sin embargo, ello no es obstáculo para que los motivos de inconformidad se analicen de forma pormenorizada. Ahora bien, para una mejor comprensión del asunto, se precisarán sus antecedentes: a) Mediante escrito presentado el cuatro de abril de dos mil diecinueve, signado por José Alfonso Márquez de la Mora Zamora, en su carácter de víctima en la carpeta de investigación CI-FGAM/GAM-4/UI-3 C/D/2934/10-2017 R1, impugnó la determinación de no ejercicio de la acción penal de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, aprobado el siete de marzo de dos mil diecinueve (fojas 18 y 22, vuelta). b) Por auto de cuatro de abril de dos mil diecinueve, la Jueza de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, tuvo por hechas las manifestaciones del ocursante y previno al representante social encargado de la investigación CI-FGAM/GAM-4/UI-3 C/D/2934/10-2017 R1, informara entre otros tópicos, el estado de la carpeta, quién tiene la calidad de víctima y el asesor jurídico que lo representa, así como la fecha en que fue notificada la víctima de la determinación impugnable (fojas 18, vuelta y 19). c) Por oficio 104.2/DCIM/2444/04-2019, de nueve de abril de dos mil diecinueve, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Control de Información Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, informó al Encargado de la Unidad de Gestión Judicial Tres del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, entre otras cuestiones, que esa coordinación aprobó el no ejercicio de la acción penal; José Alfonso Márquez de la Mora Zamora tiene el carácter de víctima; el siete de marzo de dos mil diecinueve, se notificó a la víctima la aprobación del no ejercicio de la acción penal (foja 24). d) La Jueza de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, por acuerdo de diez de abril de dos mil diecinueve, tuvo al promovente desahogando parcialmente la prevención ordenada y pidió a la representación social informara, entre otra cuestión, el nombre del asesor jurídico de la víctima (foja 25). e) El Agente del Ministerio Público, adscrito a la Dirección de Control de Información Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, mediante oficio 104.2/DCIM/2569/04-2019, de quince de abril de dos mil diecinueve, comunicó que el Asesor Jurídico Público es el licenciado Juan Pablo Evangelista Teniza (foja 29). f) Por acuerdo de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, la Jueza de Control Vigésima Quinta del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, tuvo al promovente pronunciándose en relación con la prevención ordenada, empero lo requirió para que precisara el delito por el que se integra la carpeta de investigación (fojas 29, vuelta y 30). g) Por oficio 104.2/DCIM/2777/04-2019, de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, el Licenciado Ángel Castelán Guadarrama, Agente del Ministerio Público, adscrito a la Dirección de Control de Información Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, informó al Encargado de la Unidad de Gestión Judicial Tres del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que la Licenciada Alejandra Moreno Reveles, Agente del Ministerio Público Revisor, en esa Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, determinó aprobar la propuesta de no ejercicio de la acción penal por lo que respecta al hecho que la ley señala como delito lesiones culposas por tránsito de vehículos, en agravio de José Alfonso Márquez de la Mora Zamora, en razón de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 255, en relación con el diverso 327, párrafo segundo, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales (foja 31). Anexando la resolución de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, en la que se resolvió aprobar la propuesta de no ejercicio de la acción penal (fojas 31, vuelta a 33). h) La Jueza de Control Vigésima Quinta del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, por acuerdo de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, tuvo al ocursante desahogando la prevención ordenada y determinó programar audiencia de impugnación peticionada por José Alfonso Márquez de la Mora Zamora, señalando las once horas con treinta minutos, del siete de mayo de dos mil diecinueve (foja 34). i) Acta mínima de audiencia de contra determinaciones del Ministerio Público de siete de mayo de dos mil diecinueve, en la que -en lo que interesa- se asentó: ".Asesora Jurídica: Indicó que se trataba de una determinación de no ejercicio de la acción penal, misma que fue aprobado el 21 veintiuno de diciembre del 2018 dos mil dieciocho, siendo notificada a la víctima el 02 dos de abril del 2019 dos mil diecinueve, presentando el escrito de impugnación el 04 cuatro de abril de la presente anualidad. Ministerio Público: Indicó que la víctima había sido notificada en fecha 07 siete de marzo del 2019 dos mil diecinueve, por lo tanto, la impugnación se había presentado fuera del término señalado en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. LAS PARTES DEBATIERON. Juez resolvió: Con fundamento en los artículos 17, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no resulta procedente, ni legítima la solicitud de la Asesora Jurídica, al haber sido interpuesto el recurso fuera del término legal. Dejo a salvo los derechos de la víctima, para recurrir esta determinación. Ordenó se notifique lo aquí resuelto." (foja 44). Precisado lo anterior, se estima pertinente señalar que los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica se encuentran establecidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así de la interpretación conjunta y armónica de los preceptos aludidos se advierte que los actos de molestia requieren entre otros requisitos que sean emitidos por autoridad competente, que funde y motive su determinación y una vez que se cumplan las formalidades esenciales se les otorgue eficacia jurídica. En lo relativo a que los actos de autoridad deben encontrarse debidamente fundados y motivados, debe decirse que la fundamentación consagra la obligación de expresar con exactitud los preceptos aplicables al caso, sustentados en una disposición normativa de carácter general; esto es, que la ley prevea una situación concreta para lo cual resulta procedente realizar el acto de autoridad, que exista una ley que así lo autorice, de tal manera que ésta sólo puede hacer lo que la ley le permite. Por motivación del acto de autoridad se entiende como la de indicar las circunstancias especiales, causas inmediatas y modalidades del caso particular por las que se considera que los hechos encuadran dentro del marco general correspondiente establecido por la legislación. Así, la motivación implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundadora del acto de molestia y el caso específico en el que éste va a operar o surtir sus efectos, configurándose las hipótesis normativas. Por tanto, cabe puntualizar que la determinación reclamada fue pronunciada el siete de mayo de dos mil diecinueve, en la Carpeta Judicial 003/0960/2019, por el Juez de Control Vigésimo Octavo del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Tres del Tribunal Superior de Justicia, en audiencia de impugnación contra determinación del Ministerio Púbico (no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación CI-FGAM/GAM-4/UI-3 C/D/2934/10-2017). También resulta importante destacar lo dispuesto por el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales: ".Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno.". Atendiendo a lo dispuesto por el precepto legal transcrito, en diligencia el juez de Control, una vez que escuchó a las partes, determinó lo siguiente: 12:59:50: ".procedo a resolver en cuanto al primer argumento, el primer tema de debate que se ha generado en esta audiencia, que tiene que ver con la notificación, respecto de la determinación de la agente del Ministerio Público, del no ejercicio de la acción penal y que esto es muy importante porque a partir de ese momento surge el derecho para impugnar esta determinación. Es una determinación que trato de sustentarla y estoy convencido de que así lo hago, basándome en información objetiva única y exclusivamente, que es la que se encuentra en la carpeta de investigación y que es con la que este juzgador resuelve, tomando en consideración los argumentos que estableció en un primer momento el agente del Ministerio Público, la Asesora Jurídica y la defensa del indiciado. Primeramente establecer que contrario a lo que señala el agente del Ministerio Público, incluso la defensa, este juzgador considera que la notificación que realizó la representación social no encuentra o no se encuentra ajustada a los lineamientos que establece el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La fracción I, habla de que las notificaciones deben realizarse de manera personal; en ese supuesto me dan cuenta que el día siete de marzo del año dos mil diecinueve, acudió notificador al domicilio señalado para estos efectos y entrega copia de la determinación a quien dice ser María Elena Márquez de la Mora Pérez, pero si nosotros observamos las reglas que establece el artículo 82, cuando la notificación se realice en el domicilio, existen dos supuesto, el primero de ellos es que en esa primer búsqueda se entregue la notificación al interesado, esto se establece en el apartado 1). Pero me parece que aquí, el representante social o el notificador habilitado por la representación social no dio cumplimento a lo que establece el numeral 2) de ese inciso b). Dice que cuando no se encuentra al interesado o su representante legal en la primera notificación, el notificador debe dejar citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirlo o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio. Aquí, si no comparto el argumento tanto del representante social, ni como de la defensa, en el sentido de que la notificación se realizó en términos de lo que establece el artículo 82. Advierto que esa notificación no reúne los extremos de legalidad que señala dicho numeral. Sin embargo, por otro lado, el artículo 89 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que invocó la Asesoría Jurídica, dice que si a pesar de no haberse hecho la notificación en la forma prevista en este ordenamiento, la persona que deba ser notificada se muestra sabedora de la misma, ésta surtirá sus efectos legales. Y aquí es donde me llama la atención el escrito que se encuentra en la carpeta de investigación, ese escrito en cuanto a su contenido no fue controvertido, en ese escrito que es del día tres de abril del año dos mil diecinueve, que suscribe en este caso la víctima el señor José Alfonso Márquez de la Mora Zamora, señala que el día siete de marzo fue notificado el no ejercicio de la acción penal y solicita copias para impugnar dicha determinación. Esta fecha coincide con la que refiere el notificador del Agente del Ministerio Público, que se realizó en la misma el siete de marzo. Esta, si advierto que al momento de que se genera la información es una circunstancia objetiva, algo que se encuentra en la carpeta de investigación y que esto no se ha superado con ningún otro registro que de manera objetiva desvirtúe el contenido de este documento. Tomo en consideración los argumentos que me señala la Asesora Jurídica en cuanto a la comparecencia de la víctima el día dos de abril, en las Oficinas Centrales de la Procuraduría, conocidas como Bunker y también el argumento en el sentido de que ese escrito se realizó en un escritorio público, sin embargo, no tengo información yo, para corroborar estas circunstancias, no hay un dato objetivo que me permita corroborar que esto ocurre así. De resolver como lo pretende la Asesoría Jurídica, estaría basando mi determinación en circunstancias de las cuales no tenemos registro alguno, en circunstancias en las cuales yo no puedo tener certeza y contundencia de que esto haya ocurrido así. Lo cierto es que ese escrito, su contenido no ha sido superado objetivamente por algún otro medio de prueba, algún registro de investigación. Me da cuenta el agente del Ministerio Público que ese documento se encuentra suscrito por el señor José y de eso, tampoco se generó debate, nadie pone en tela de juicio que este documento haya sido suscrito por él y en este documento la firma precisamente los efectos que tiene es avalar lo que se encuentra en ese escrito; lo que se encuentra en ese documento que está en la carpeta de investigación, la firma tiene esos efectos y tomo en consideración que la fecha en que dice el señor fue notificado de esta determinación coincide con la que proporciona el notificador de la Procuraduría, esto es el día siete de marzo. De emitir una determinación contraria, insisto estaría yo soslayando una cuestión objetiva que es el escrito y su contenido y su firma; estaría soslayando eso y estaría basando mi determinación en un aspecto, me parece que si tiene la razón la licenciada Liliana, meramente subjetivos, que son los argumentos en los cuales pretende la Asesoría Jurídica, yo emita mi determinación, pero lo cierto es que objetivamente insisto, a pesar de que está mal hecha la notificación en términos del 82, por los argumentos que ya motivé. El artículo 89, habla de que la notificación surte efectos legales cuando la persona se muestra sabedora de la misma y esta parte de este numeral, si cuento objetivamente con un documento que me permite establecer que esto ocurrió así, al haber suscrito y avalado el contenido de este documento advierto que él tuvo conocimiento y se hizo sabedor de los efectos de la misma, en términos de este numeral y al realizar el cómputo entonces, tomando en consideración esto, me parece que sí, la petición de audiencia estaría de manera extemporánea, lo cual impide continuar con el desarrollo de esta audiencia. No soslaya también el argumento de la defensa (sic) que invoca de manera genérica dispositivos de naturaleza internacional, pero sin embargo si bien es cierto esto es un derecho que le asiste a la víctima en cuanto algún recurso efectivo, no debemos soslayar que el Código Nacional de Procedimientos Penales, contempla una serie de reglas o de requisitos para poder tener acceso a estos derechos y yo advierto que esto se ha privilegiado a cabalidad, que se le notificó esta determinación, que a pesar de estar mal notificada, a pesar de haber estado mal hecha la notificación el señor José Alfonso, se hizo sabedor de la notificación y en ese contexto no podemos priorizar de alguna manera circunstancias que salen fuera del marco de legalidad. Esa interpretación de la norma en su campo más favorable reside o radica o incide precisamente cuando hay conflicto entre dos normas jurídicas, pero aquí yo no advierto ningún conflicto; advierto simple y sencillamente un término de notificación, en donde si bien es cierto, insisto está mal hecha la notificación y quiero reiterarlo porque sí lo advierto, está mal hecha la notificación, pero el señor José Alfonso, se hizo sabedor del contenido de la misma y esto no lo infiero sino que hay un registro que así me lo dice; contrario a los argumentos que me refiere la Asesoría Jurídica. Dice el artículo 17, párrafo segundo de la Constitución: Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Y me parece que esto es a lo que debemos ceñir nuestra determinación, no obstante que esta determinación, si dejo a salvo los derechos del señor José Alfonso, para que debidamente asesorado por la víctima (sic) determinen si es procedente o no debatir en cuanto a, o recurrir en cuanto al contenido de esta determinación en una vía superior, para que se revise la resolución del de la voz, esto significa que puede ser recurrida o debatir esta determinación, sin embargo considero que he tratado de justificar de manera objetiva los motivos de mi determinación por los cuales considero que si la interposición del recurso se encuentra fuera del término legal, tomando en consideración, insisto lo que establece el artículo 89 del Código Nacional de Procedimientos Penales.". Precisado lo anterior, cabe decir que el arábigo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que es impugnable la determinación pronunciada por la Agente del Ministerio Público Auxiliar del Procurador, que resolvió procedente aprobar la propuesta de no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación CI-FGAM/GAM-4/UI-3 C/D/2934/10-2017, el cual debe interponerse dentro de los diez días posteriores a que sea notificada la víctima de dicha resolución. En ese contexto, cabe destacar que el ordinal 94 de la codificación procesal a que se hizo referencia en el párrafo que antecede, establece que los actos procedimentales serán cumplidos en los plazos establecidos y los decretados en días correrán a partir de la data en que surte efectos la notificación. En ese contexto, cabe decir que dicho precepto legal, pone de manifiesto que los efectos de la notificación se surten a partir del día siguiente al en que se practique; por lo que, el plazo de diez días a que hace referencia el arábigo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, inició en la data en que surtió efectos la notificación (ocho de marzo de dos mil diecinueve); esto es, el siguiente al en que la víctima tuvo conocimiento de la determinación pronunciada por la representación social. En otras palabras, el día siguiente en que la víctima José Alfonso Márquez de la Mora Zamora tuvo conocimiento de la determinación que resolvió procedente aprobar la propuesta de no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación, constituyó el primero del plazo de diez días, establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, para que fuera interpuesto el medio de impugnación. Sin que pase inadvertido que la notificación de la determinación de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, en la que la representación social resolvió aprobar la propuesta de no ejercicio de la acción penal por el hecho que la ley señala como delito lesiones culposas por tránsito de vehículos, realizada a la víctima José Alfonso Márquez de la Mora Zamora, no cumplió con las formalidades previstas en el ordinal 82, fracción I, inciso d), apartados 1) y 2), del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra establece: "Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: .d) En el domicilio que éste establezca para tal efecto. Las realizadas en domicilio se harán de conformidad con las reglas siguientes: 1) El notificador deberá cerciorarse de que se trata del domicilio señalado. Acto seguido, se requerirá la presencia del interesado o su representante legal. Una vez que cualquiera de ellos se haya identificado, le entregará copia del auto o la resolución que deba notificarse y recabará su firma, asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. Asimismo, se deberán asentar en el acta de notificación, los datos de identificación del servidor público que la practique; 2) De no encontrarse el interesado o su representante legal en la primera notificación, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio.". Como acertadamente lo determinó el juez de Control, la notificación que realizó el notificador de la representación social, no se encuentra ajustada a los lineamientos que establece la norma, pues al escuchar a las partes, advirtió que el siete de marzo de dos mil diecinueve, acudió al domicilio señalado para esos efectos y entregó copia de la determinación que resolvió procedente aprobar la propuesta de no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación CI-FGAM/GAM-4/UI-3 C/D/2934/10-2017, a quien dijo ser María Elena Márquez de la Mora Pérez, pero no a la víctima José Alfonso Márquez de la Mora Zamora o su representante legal; por lo que, al no encontrarlos debió dejar citatorio para que el interesado lo esperara a una hora determinada del siguiente día hábil. Cabe precisar que no pasa inadvertido a quien esto resuelve si fue o no la primera notificación, en virtud de que esta cuestión no fue dilucidada en diligencia. Ahora bien, para el caso de que el interesado o su representante legal no atendiera el citatorio, la notificación debió haberse realizado con cualquier persona que se encontrara en el domicilio o, en el supuesto de que se negara a recibirlo o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, debió haberlo realizado por instructivo que se fijara en un lugar visible del inmueble. Lineamientos que no fueron cumplidos por el notificador de la representación social; por tanto, resulta dable afirmar que la notificación no reúne los requisitos de legalidad que establece el artículo 82, fracción I, inciso d), apartados 1) y 2), del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, como lo destacó el juez de Control, a pesar de no haberse realizado la notificación conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el interesado se muestra sabedor de la determinación, por tanto surte efectos legales, tal como lo dispone el ordinal 89 de la codificación procesal en comento, que a la letra establece: "Validez de la notificación Si a pesar de no haberse hecho la notificación en la forma prevista en este ordenamiento, la persona que deba ser notificada se muestra sabedora de la misma, ésta surtirá efectos legales". El juez estimó que José Alfonso Márquez de la Mora Zamora tuvo conocimiento de la determinación que resolvió procedente aprobar la propuesta de no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación CI-FGAM/GAM-4/UI-3 C/D/2934/10-2017, y se hizo sabedor de los efectos de la misma, con lo informado por las partes en la audiencia de siete de mayo de dos mil diecinueve. Diligencia en la que se destacó lo siguiente: 11:43:20 Ministerio Público: ".sin embargo su Señoría antes que nada me gustaría primero puntualizar respecto de la oportunidad del recurso (sic).". 12:32:29 Asesora Jurídica: ".se hace sabedor en fecha dos de abril de dos mil diecinueve.". 12:33:57 Ministerio Público: ".por lo que hace a la notificación esta fiscalía también considera que no se hace sabedor el dos de abril de dos mil diecinueve, bajo el principio de lealtad se advierte a foja doscientos catorce y doscientos quince que acude un notificador en fecha siete de marzo de dos mil diecinueve, a notificar el no ejercicio de la acción penal e incluso en la foja doscientos quince se advierte que recibieron copia del dictamen la persona que dijo llamarse María Elena Márquez de la Mora Pérez, persona que refirió ser su hija. Máxime su Señoría que por escrito de data tres de abril de dos mil diecinueve, suscrito y firmado por José Alfonso Márquez de la Mora Zamora, indicó que en fecha siete de marzo de dos mil diecinueve, se me fue notificada por la Agente del Ministerio Público, Lic. Nora Angélica Gonzáles Garduño, el no ejercicio de la acción penal e incluso dice que por lo que es indispensable la obtención y expedición de manera urgente de las copias para ejercitar el derecho que tengo a impugnar dicha determinación e incluso existe en la foja doscientos diecisiete una copia del Instituto Federal Electoral a nombre de José Alfonso Márquez de la Mora Zamora. e incluso su Señoría se advierte que de su escrito de tres de abril de dos mil diecinueve y su INE se advierte que coinciden las firmas. Escrito su Señoría que él está haciendo del conocimiento que en fecha siete de marzo de dos mil diecinueve se le fue notificada. se encuentra en la carpeta. en la doscientos diecisiete. y la notificación que recibe su hija está en la foja doscientos quince que es de siete de marzo de dos mil diecinueve, por lo tanto, en términos del artículo 82, fracción I, se advierte que el cómputo que establece el artículo 258 de nuestra ley adjetiva de la materia, se empezó a computar el día primero de dicho término para la interposición del recurso (sic), empezó a correr el día ocho, siendo el primer día ocho de marzo y fenece el día veintidós de marzo de dos mil diecinueve, su Señoría. personalmente, inciso d) en el domicilio que establezca para tal efecto e incluso dicha información como lo he estipulado su Señoría se advierte bajo el principio de lealtad el propio escrito que interpuso en la coordinación la propia víctima de nombre José Alfonso Márquez de la Mora Zamora, quien indicó que en fecha siete de marzo de dos mil diecinueve, se me fue notificada. por lo tanto el cómputo que empieza a correr le refiero que siendo el primer día el día ocho de marzo y fenece el día veintidós de marzo, pues incluso su Señoría la Primera Sala ha establecido bajo el registro número 2005717, emitido por la Primera Sala, bajo el rubro 'PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO', de que si bien es cierto el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece un recurso para el gobernado, también lo es que este debe establecer bajo las normas de la ley adjetiva en la materia, siendo el Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo tanto, su Señoría el recurso ya se encuentra extemporáneo fuera de término del 258 de nuestra ley adjetiva en la materia.". 12:40:19 Asesora Jurídica: ".esta Asesoría Jurídica una vez que se entrevistó con el hoy impugnante, informó e hizo una narración de la siguiente manera: Que en fecha uno de abril de dos mil diecinueve, acudió a la Coordinación Territorial en Gustavo A. Madero Seis, a seguir el seguimiento de su carpeta, la cual se encontraba en esa Agencia, por lo que personal ministerial le informó que dicha carpeta ya no se encontraba en la Coordinación, para lo cual, le dan una copia de una factura, una factura que dice. el primero de abril de dos mil diecinueve, le dan una copia de una factura sin número, la cual corresponde a la remesa de fecha diez de octubre de dos mil dieciocho, paquete uno y lo instruyen a que acuda a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público, ubicado en el Bunker. Por lo que, él se traslada al lugar al día dos de abril de dos mil diecinueve, acude al lugar y es hasta ese momento que al preguntar por su carpeta de investigación fue que el personal de la oficina le informa que dentro de la carpeta de investigación se había determinado un no ejercicio de la acción penal. Acto seguido, le comentan que lo que requería era la asistencia de un asesor jurídico para que le explicara en su momento lo procedente y es de igual manera le hicieron el comentario de hacer la solicitud de copias. En ese mismo orden de ideas, el tres de abril, me comenta mi representado que acude a la Coordinación de Asesores Jurídicos y es por ello que el cuatro de abril, presenta la promoción de propio derecho en la oficialía de este tribunal. Ahora bien, en relación a lo que comenta el Ministerio Público, respecto de que en foja doscientos quince, obra una acta de notificación, es correcto, la misma obra y también es correcto, fue firmada por María Elena Márquez de la Mora Pérez y que dice en un rubro 'autorizada hija', posteriormente se hace un acta circunstanciada de la misma fecha, en donde refiere que 'se notifica persona autorizada hija', sin embargo partiendo del principio de que las notificaciones tienen que ser de carácter personal según el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación estrecha con el 89, es que el hoy impugnante se entera el dos de abril que o se hace sabedor de la determinación de no ejercicio de la acción penal, en ese sentido se está dentro del término que el artículo 258 del Código Nacional, establece. Por lo que hace a la identificación que obra y que también el Ministerio Público refirió en foja doscientos diecisiete, esta pues, si bien es cierto, lo dijo obra con motivo de que el hoy impugnante acudió a la Coordinación y la hizo entrega, que fue esto en fecha dos de abril de dos mil diecinueve. Por lo que hace a la promoción ingresada en la Coordinación de fecha tres de abril, en donde refiere se da por notificado el siete de marzo de dos mil diecinueve, una vez que le pregunto a mi representado sobre esta solicitud, me informa que él acudió a un escritorio público con las datos que en ese momento llevaba a que le realizaran la promoción, como tal, pues fue en esta área o una persona quien le hace esa dicha, ese escrito, mismo que ingresa, sin que el hoy impugnante pues tenga los conocimientos técnicos jurídicos para poder referir o qué poner en dicha promoción e inclusive no está protestada y, por lo que en comparación con la promoción que se ingresó ante esta Oficialía de Partes, pues en la misma si efectivamente dice que protesta de que, en tiempo y forma a presenta solicitud de impugnación, misma que se hizo sabedor el dos de abril de dos mil diecinueve. es el acuse que se presentó ante Oficialía de Partes de este H. Tribunal. solicitando la verificación de esta audiencia. refiere que viene a interponer en tiempo y forma el no ejercicio de la acción penal de fecha veintiuno de diciembre y pues refiere aprobado el siete de marzo, de la cual, bajo protesta de decir verdad me enteré el día dos de abril de dos mil diecinueve; por lo que reitero la notificación atendiendo al principio de que las notificaciones tienen que ser de carácter personal, sin embargo, la notificación que pretende hacer valer el Ministerio Público de fecha siete de marzo, está faltando a las formalidades que el artículo 82 requiere para la legalidad. Ello resulta inadmisible que el Ministerio Público pretenda fundar la notificación en ese acto cuando es el código 82 nos refiere cuáles son los pasos que se deben seguir, en este caso el notificador debió de haber este, okey, acudió al domicilio, debió de haber, si no encontró al interesado, este debió haber dejado citatorio para que esperara en el día y hora hábil; regresar en ese día y hora hábil y entonces notificarlo, si es que no esperara se diera precisamente por notificado, entonces en el acta circunstanciada que hacen en fecha siete de abril de donde, perdón siete de marzo, en donde está la notificación, hay acta circunstanciada en donde incluso dice que se deja la notificación a la hija, misma que está autorizada legalmente, siendo que la hija nunca compareció dentro de la carpeta de investigación, no es su representante legal, apoderada legal y pues tampoco obra dentro de la carpeta de investigación notificación al asesor jurídico público, que en su momento pues llevó como tal la representación. Por lo que solicito a este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 25 de la Corte Americana de Derechos Humanos, pues se le otorgue el mismo derecho y se realice de ser estrictamente necesario por este órgano jurisdiccional, pues ese control difuso y pues se aplique el principio también que toda persona tiene ese derecho universal a aplicar en el ámbito de su competencia una interpretación que lo beneficie lo más posible al hoy impugnante.". 12:49:23 Defensora Pública, licenciada Liliana Alanís Ruiz: ".la notificación como efectivamente lo señala el representante social se hizo en términos del artículo 82, en la fracción de, en el cual se constituyó debidamente en el domicilio que señala el impugnante a efecto de verificar la misma. Se aplicó esta regla dado que se localizó a un familiar directo como es la persona que señaló ser su hija, su familiar directo, María Elena Márquez de la Mora Pérez, la cual recibió dicha notificación y de la cual tuvo que haber hecho de conocimiento de dicha recepción al hoy impugnante, que incluso está debidamente registrado dicho acto con fecha siete de marzo y que incluso obra en la carpeta de investigación y que. a través del cual se le hace del conocimiento de la determinación por parte del representante social y que incluso como lo señala en fecha tres de abril, señala que ya se había dado por notificado el siete de marzo de dicha resolución. Lo que aduce la Asesoría Jurídica respecto que acudió a un escritorio público y no sabía el contenido, lo cierto es que no se advierte que en un momento dado no supiera el contenido, toda vez que lo firmó y si está firmando un documento está reconociendo el contenido del mismo, por lo cual, lo que está señalando respecto a que lo ingresó sin saber el contenido pues no es un dato objetivo, toda vez que está precisando que efectivamente tiene conocimiento y más aún se corrobora con la notificación y la recepción y firma de la persona que se da por notificada de dicha resolución, por lo cual a efecto de realizar el cómputo en el término del 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, efectivamente a partir de esa fecha y corriendo el término de los diez días, pues feneció el veintidós de marzo del año dos mil diecinueve, por lo cual, la solicitud que hace respecto de esta audiencia es extemporánea, toda vez que lo que manifiesta la Asesoría Jurídica son apreciaciones meramente subjetivas y de dicho, de lo cual no hay realmente un registro formal, como debería de aparecer dentro de la carpeta de investigación, lo cual no acontece, es decir aun cuando efectivamente la víctima tiene derecho al acceso a la justicia, lo cierto es que debe estar en tiempo y conforme con las formalidades del Código de Procedimientos, lo cual no acontece. En razón de ello, es únicamente un dicho respecto a la fecha de dos de abril, que se constituye en la sede ministerial, es únicamente de dicho porque al final de cuentas él ya estaba notificado, es decir el aducir diversa fecha de la cual no obra realmente un registro formal, pues no constituye realmente un acto de notificación, porque la notificación de acuerdo con la carpeta cumplió con los lineamientos, está debidamente requisitada, obra firma de la persona que entendió la notificación y recepción de la misma y por lo cual se encuentra extemporánea dicha solicitud su Señoría, en relación a lo que esta impugnando que es el no ejerció de la acción penal.". 12:53:43 Asesora Jurídica: ".entiendo que es lo que el Ministerio Público refiere a que por eso obra la credencial. del dos de abril efectivamente este un registro como tal no. yo entiendo que la copia de la credencial a la cual aduce el agente del Ministerio Público. la cuestión es que pareciera que esta agregada a la acta circunstanciada de fecha siete de marzo. el Ministerio Público, refirió que fue cuando mi representado acudió a la Coordinación. no hay.". Manifestaciones que ponen de manifiesto que efectivamente la víctima José Alfonso Márquez de la Mora Zamora, el siete de marzo de dos mil diecinueve, tuvo conocimiento de la determinación que resolvió procedente aprobar la propuesta de no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación CI-FGAM/GAM-4/UI-3 C/D/2934/10-2017. En virtud que de lo relatado por la partes se destacan como datos objetivos el ocurso suscrito por la víctima en el que asentó que el siete de marzo de dos mil diecinueve, le fue notificado el no ejercicio de la acción penal y solicitó copias para impugnar esa determinación. Escrito que no fue controvertido en audiencia con medio de prueba alguno, ni tampoco fue tildado de falso, ni se generó debate respecto a su autenticidad o que se haya puesto en duda que no fue suscrito por la víctima. Otro dato objetivo es la fecha (siete de marzo de dos mil diecinueve), en la que asevera el notificador de la representación social realizó la notificación. E incluso la Asesora Jurídica refiere que su representado José Alfonso Márquez de la Mora Zamora le informó que acudió a un escritorio público con las datos que en ese momento llevaba a que le realizaran la promoción; esto es, que el siete de marzo de dos mil diecinueve, le fue notificado el no ejercicio de la acción penal. Por tanto, se estima que en términos de lo dispuesto por el ordinal 89, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima José Alfonso Márquez de la Mora Zamora, el siete de marzo de dos mil diecinueve, se hizo sabedor de la resolución que se resolvió procedente aprobar la propuesta de no ejercicio de la acción penal. Así dicha víctima estuvo en oportunidad de impugnar dicha determinación dentro de los diez días siguientes -hábiles- que fueron los días ocho, once, doce, trece, catorce, quince, dieciocho, diecinueve, veinte y veintidós de marzo del año en curso; empero, de las constancias se advierte que lo hizo el cuatro de abril de dos mil diecinueve, como se verá en el siguiente cuadro: Enero de dos mil diecinueve: MARZO. LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 1 2 3 4 5 6 7 En términos de lo dispuesto por el ordinal 89 del Código Nacional de Procedimientos Penales José Alfonso Márquez de la Mora Zamora, se hizo sabedor de la resolución que resolvió procedente aprobar la propuesta de no ejercicio de la acción penal. 8 Inicia termino para impugnar. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Feneció término para impugnar. 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ABRIL. LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 1 2 3 4 La víctima interpuso medio de impugnación. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 28 29 30 En ese orden de ideas, cabe decir que a la fecha de presentación del medio de impugnación -cuatro de abril de dos mil diecinueve- el término para interponerlo ya había transcurrido, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, contaba con un plazo de diez días, contados a partir de que se hizo sabedor de la resolución que resolvió procedente aprobar la propuesta de no ejercicio de la acción penal y, que como se precisó en líneas que anteceden inició el ocho de marzo de esta anualidad y feneció el veintidós de ese mes y año. Sin soslayar que el acto reclamado fue pronunciado por autoridad competente y la determinación se encuentra debidamente fundada pues el juez de Control, precisó los preceptos en que se apoyó, además de que se expusieron los razonamientos que tuvo para declarar no procedente, ni legítima la solicitud de la Asesora Jurídica al haber sido interpuesto el recurso (sic) fuera de término legal. Por otra parte, cabe decir que si bien el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, continente del principio pro persona, que consiste en que las normas de derechos humanos -entre ellos la prerrogativa a un recurso efectivo- se interpretarán y aplicarán favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; sin embargo, ello no debe entenderse que en todos los casos, el órgano de control constitucional resuelva el fondo del asunto y lo haga de conformidad con las pretensiones de la parte que lo invoque, sin verificar el cumplimiento a los requisitos de admisibilidad o procedencia del medio de impugnación, en virtud de que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el contenido literal siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: 'PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.', reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de 'derechos' alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes". En consecuencia, contrario a lo aseverado por la Asesora Jurídica, en la especie no se transgrede el principio pro persona, ni el derecho humano de la víctima a un recurso efectivo, al haber decretado el juez de Control, improcedente el medio de impugnación por haber sido interpuesto fuera de término legal, al considerar que José Alfonso Márquez de la Mora Zamora, el siete de marzo de dos mil diecinueve, tuvo conocimiento de la determinación que resolvió procedente aprobar la propuesta de no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación, al estimar que se hizo sabedor de dicha resolución. Se invoca por las razones que contiene la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el contenido literal siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Por otra parte, cabe decir que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconoce que en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias prerrogativas judiciales, entre las cuales se encuentran las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a las mismas. Lo que obedece a razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los medios de impugnación y recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole. De tal manera, que si bien estos medios de impugnación internos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular medio de impugnación planteado. Ni aun bajo el nuevo contexto de derechos humanos, bajo el principio de interpretación más favorable a la persona, se puede cambiar la decisión adoptada por la responsable (extemporaneidad) pues sería tanto como desconocer los principios constitucionales y legales imperantes respecto a los plazos, vías y términos a los que las partes se deben ceñir expresamente por disposición de las normas legales existentes. Tienen aplicación al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los siguientes rubro y contenido: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". Establecido lo anterior, en la fase correspondiente al acto reclamado, se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, pues contrario a lo que aduce la Asesora Jurídica de la víctima quien esto resuelve, estima que el juez de Control no consintió que el notificador del Ministerio Público actuara con violación a las garantías procesales, en virtud de que dicho juzgador como se precisó en el cuerpo de la presente determinación determinó que la notificación no reúne los requisitos de legalidad que establece el artículo 82, fracción I, inciso d), apartados 1) y 2), del Código Nacional de Procedimientos Penales; por tanto, no se violaron los derechos fundamentales de la víctima. En consecuencia, al no asistir razón al impetrante de amparo, sin que se advierta queja deficiente que suplir, lo que procede es negarle el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a José Alfonso Márquez de la Mora Zamora, contra la determinación de siete de mayo de dos mil diecinueve, emitida en la Carpeta Judicial 003/0960/2019, en la que se resolvió extemporánea la interposición del recurso contemplado en el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al actualizarse el supuesto del ordinal 89, del Código Nacional de Procedimientos Penales. SEGUNDO. De conformidad con lo expuesto en el último considerando, se ordena al secretario supervise la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregue la constancia que así lo acredite a los presentes autos. Notifíquese. Así lo resolvió Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ante el secretario Fernando Alejandro Delgadillo Rodríguez, quien da fe, hoy doce de julio de dos mil diecinueve, que lo permitieron las labores del juzgado. JAMS

  4. Principal

    MESA VI. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de tres días concedido al tercero interesado Javier Leopoldo de Olarte García o Javier Leopoldo Deolarte García, en proveído de diecisiete de junio pasado, a fin de que señalara domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, transcurrió sin que hasta el momento haya hecho manifestación alguna al respecto. En consecuencia, con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto; por tanto, se ordena practicarles las subsecuentes notificaciones que sean de carácter personal, mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional.

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