José Alfonso Lerista Juárez
Expediente 910/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 910/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Alfonso Lerista Juárez
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, nueve de noviembre de dos mil veintidós. De la certificación que antecede, se advierte que el tres de noviembre del año actual, feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la ley de la materia, en contra del acuerdo de catorce de octubre de la presente anualidad, por el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardos de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se declara que dicho auto ha causado estado, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, d) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por JOSÉ ALFONSO LERISTA JUÁREZ, contra actos del 1. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, y otras autoridades. Fórmese y regístrese el expediente correspondiente bajo el número 910/2022; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y provéase lo conducente. DESECHAMIENTO Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo, se concluye que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, fracción I, del numeral 5°, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ende, con apoyo en la facultad derivada del artículo 113, de la ley de la materia, se impone desecharla de plano. Para evidenciar lo anterior, se parte de la base de que los citados preceptos disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" La disposición imperativa de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, entendiéndose como tales aquellos actos jurisdiccionales que no afectan de manera real, actual, personal y directamente los derechos subjetivos (intereses jurídicos) de la parte quejosa; en el entendido que por derecho subjetivo se entiende el conjunto de facultades concretas atribuidas a la persona, cuya situación se subsuma en la hipótesis de una norma objetiva. Entonces, la parte quejosa tiene la carga procesal de demostrar de manera fehaciente (mediante sus argumentos) que los actos que reclama afectan su interés jurídico o legítimo, el cual consiste en la titularidad que le corresponde respecto a los derechos o posesiones afectados por los actos que reclama. Al respecto, el artículo 5º de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y ello significa, que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena de que se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XXVII, correspondiente a enero de dos mil ocho, página doscientos veinticinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". De acuerdo a lo expuesto, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por perjuicio la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular está facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación, de lo cual se concluye que ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico o interés legítimo individual que para la procedencia del juicio de garantías debe tomarse en consideración. En efecto, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte la persona o los derechos del impetrante, pues en conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 Constitucional, las personas físicas, morales, de derecho privado y oficiales que sufren una afectación en su persona o patrimonio derivada de una ley o de un acto de autoridad que viole sus derechos fundamentales, tienen facultad para intentar la acción de amparo ante los tribunales de la Federación. Ahora, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I de la Constitución Federal, el juicio de amparo procede a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, como ya se dijo, la lesión directa en los intereses jurídicos o legítimos de una persona, o bien una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que afecte la esfera de derechos o intereses de un particular. En tales condiciones, la parte quejosa solo estaría facultada para incoar la acción constitucional, cuando se esté afectando de manera fehaciente sus derechos humanos; lo que de ningún modo ocurre en el presente caso. De lo expuesto, tenemos que los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5, fracción I y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, se advierte que uno de los principios rectores de la procedencia del juicio de amparo lo constituye el interés jurídico o legítimo de quien acude a solicitar la protección federal, el cual surge con la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse y con un acto de autoridad que lo vulnere. En efecto, lo reclamado en el juicio de amparo por la impetrante son: Del Consejo de la Judicatura PODER JUDICIAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ, reclamo: "La Sesión Extraordinaria y su materialización, celebrada el 12 de septiembre de 2022; Acuerdos concertados por el Pleno en la Sesión, y cuya publicación de estos se realizó el 3 de octubre dicha sesión, en el número extraordinario 392, de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz; De todas las autoridades reclamo: Los actos tendientes a limitar mi acceso a la defensa; La orden y su traslado, de los Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz y Décimo Sexto de Primera Instancia especializado en materia Mercantil del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, a Ciudad Cardel municipio de La Antigua, Veracruz." La omisión de poner a disposición de las partes litigantes, las herramientas tecnológicas necesarias para realizar el trámite en línea o digital, de los juicios que se encuentran radicados ante las propias responsables, conculcando nuestro derecho humano al trabajo y al acceso a la justicia; La negativa a acceder y expedir justicia en nuestro perjuicio, toda vez que el Acuerdo de fecha 12 de septiembre de 2022, no prevé la posibilidad de impulsar los juicios que se encuentren en trámite, a través de vías electrónicas o digitales, restringiendo también el ejercicio de nuestra profesión; La negativa a acceder y expedir justicia en nuestro perjuicio, toda vez que el Acuerdo de fecha 12 de septiembre de 2022, no prevé la reasignación de los expedientes que se encuentren en trámite, a otros juzgados en funciones, dentro de la ciudad de Veracruz, Veracruz; Las consecuencias de hecho y de derecho." (sic) De lo anterior, se advierte que la parte quejosa instan la acción constitucional, contra el acuerdo tomado por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en sesión extraordinaria de fecha doce de septiembre pasado, publicado el 3 de octubre de 2022, bajo el número extraordinario 392, de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, que autoriza el traslado de domicilio del Juzgado Sexto de Primera Instancia y Juzgado Décimo Sexto Especializado en Materia Oral Mercantil, con sede Veracruz, Veracruz, al inmueble que ocupa la Ciudad Judicial Cardel, ubicado en la localidad de Cabezas, Municipio de Puente Nacional, Veracruz. Además que, el traslado autorizado restringen el libre acceso a la justicia, en razón que el cambio de domicilio efectuado a los órganos jurisdiccionales -aludidos en el párrafo que antecede- a un municipio diverso del que reside la parte quejosa, deviene en su perjuicio una situación económico y emocional, lo que haría imposible la continuación del asunto, al no prever la reasignación de los expedientes que se encuentren en trámite, a otros juzgados en funciones, dentro de la ciudad de Veracruz, Veracruz, ni han puesto a disposición las herramientas tecnológicas para realizar el trámite en línea o digital, restringiendo que el trámite del asunto se pueda realizar vía electrónica, es decir el desarrollo de las innovaciones y avances científicos y tecnológicos. Entonces, frente a los actos atribuidos a las autoridades responsables, y respecto de los cuales la parte quejosa se ostenta como agraviado, al tener el carácter de "parte demandada", dentro de los autos del expediente número 257/2022 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Décimo Séptimo distrito Judicial en Veracruz, Veracruz, el suscrito advierte que carecen de interés jurídico o legítimo para promover por su propio derecho la acción constitucional, en contra del "La Sesión Extraordinaria y su materialización, celebrada el 12 de septiembre de 2022; Acuerdos concertados por el Pleno en la Sesión, y cuya publicación de estos se realizó el 3 de octubre dicha sesión, en el número extraordinario 392, de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz", como acto destacado. De lo anterior, debe decirse que la parte quejosa no cuenta con interés jurídico o legítimo para promover el presente juicio de amparo, ya que no evidencia ni señala en forma alguna, de qué forma los actos que reclama le irrogan un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual, bien en relación con su especial situación frente al orden jurídico, como lo exige los artículo 107, fracción I, de la Constitución, así como el 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, sino que se limita a basar su pretensión en un interés simple, derivado de su condición de gobernado o ciudadano mexicano. Lo anterior, porque claramente en su escrito de demanda, aduce un interés igual al de la generalidad de los gobernados, pero no demuestra que los actos que controvierte pudieran generar una afectación en algún derecho que esté relacionado directamente con el expediente número 257/2022, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Décimo Séptimo distrito Judicial en Veracruz, Veracruz, del cual es parte demandada, y que atribuye a las autoridades responsables, ni refiere las características especiales que podría guardar su situación frente al orden jurídico, que la coloque en un punto diferenciado de la situación general y que lo legitime para promover el juicio de amparo. De ahí que, se colige, no tiene un interés propio y distinto de cualquier otro gobernado, pues los actos que reclama de las autoridades responsables no le agravian de manera directa ni diferenciada en relación al resto de la sociedad. Situación que se torna patente y manifiesta, teniendo en consideración que la parte quejosa no acude a instar la demanda de amparo por su situación diferenciada en relación al resto de la sociedad, sino que, por el contrario, al referir que el traslado autorizado restringen el libre ejercicio de la profesión y acceso a la justicia, en razón que el cambio de domicilio efectuado a los órganos jurisdiccionales del Juzgado Sexto de Primera Instancia y Juzgado Décimo Sexto Especializado en Materia Oral Mercantil, con sede Veracruz, Veracruz, a un municipio diverso del que reside la parte quejosa, deviene en su perjuicio una situación económico y emocional, lo que haría imposible la continuación del asunto, al no prever la reasignación de los expedientes que se encuentren en trámite, a otros juzgados en funciones, dentro de la ciudad de Veracruz, Veracruz, ni han puesto a disposición las herramientas tecnológicas para realizar el trámite en línea o digital, restringiendo que el trámite del asunto se pueda realizar vía electrónica, es decir el desarrollo de las innovaciones y avances científicos y tecnológicos;; lo cual, denota con claridad, que la pretensión de la parte quejosa no está encaminada a aducir la titularidad de un derecho o de un interés legítimo, ya sea individual o colectivo que se vea afectado; tampoco, la afectación de la esfera jurídica de manera directa en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; sino que, alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por una población en general. Es decir, actos en abstracto y no derivados de una norma o actos individualizados que afecten la esfera de los derechos humanos de la parte quejosa, lo que implica que cuenta con un mero interés simple, similar al de cualquier habitante del Estado de Veracruz, insuficiente para promover el juicio de amparo. Cabe destacar, que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos o susceptibles de protegerse a través del juicio de amparo. Sustenta lo antes expuesto, la tesis siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL. Cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población." Con base en lo anterior, se considera que la parte quejosa, no cuenta con un interés cualificado actual, real y jurídicamente relevante para reclamar los actos que pretende, sino uno de carácter genérico o simple y, por lo tanto, una eventual concesión del amparo no podría reportarle un beneficio personal para ella, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Criterio sustentado en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto que dice: "INTERES SIMPLE. NO TIENE NINGUNA PROTECCION JURIDICA DIRECTA Y PARTICULAR. Entre los diversos intereses que puede tener una persona, o sean "situaciones favorables para la satisfacción de una necesidad", existen los llamados "intereses simples" que consisten en situaciones en las cuales los particulares reciben un beneficio del Estado cuando éste, en el ejercicio de sus atribuciones y buscando satisfacer las necesidades colectivas que tiene a su cargo, adopta una conducta que coincide con esos intereses particulares; y en cambio sufren un perjuicio cuando esa conducta no es adecuada a los propios intereses. En el primer caso reciben un beneficio y en el segundo se perjudican, pero no tienen ningún derecho para exigir que se mantenga esa situación privilegiada. Puede decirse que esos intereses no tienen ninguna protección jurídica directa y particular, sino tan sólo la que resulta como reflejo de una situación general, porque no se puede crear una defensa especial para intereses particulares indiferenciales para el Estado." Entonces, al ser la legitimación un presupuesto procesal para la procedencia del juicio de amparo, su estudio es preferente, pues es indispensable determinar si la acción es ejercida por quien legalmente tiene aptitud para hacerlo, es que se llega a la conclusión de que la parte quejosa carezca de interés en el caso concreto, pues el ""La Sesión Extraordinaria y su materialización, celebrada el 12 de septiembre de 2022; Acuerdos concertados por el Pleno en la Sesión, y cuya publicación de estos se realizó el 3 de octubre dicha sesión, en el número extraordinario 392, de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz", como actos destacados -dado que de este surgen los demás actos reclamados- que se duele el impetrante del amparo no alude a él directamente. De ahí que, conforme a lo expuesto con anterioridad, resulta inexistente alguna trasgresión a los derechos humanos que en esta vía constitucional reclama, y de ninguna manera se puede considerar, que ocasionen algún tipo de afectación a la parte quejosa en lo personal, como lo pretende en la demanda de amparo. En efecto, no se acredita la afectación a la esfera de derechos de la parte quejosa, ni siquiera aduciendo un interés legítimo, en razón de que lo que reclama en esta instancia constitucional -el traslado de órganos jurisdiccionales de la ciudad Judicial de Veracruz, a la ciudad Judicial de Cardel- no están solamente dirigidas a dicha parte, por lo que entonces no se actualiza la afectación a una situación particular en la que se encuentre la parte quejosa, en relación a los actos reclamados. Además que admitir la demanda de amparo y ante una eventual concesión, se vulneraría el principio de relatividad de las sentencias de amparo, al no poderse concretar un acto personalísimo de la parte quejosa. En relación con el mencionado principio, debe precisarse que el artículo 107, fracción II, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo, solo se ocuparán de la parte quejosa que lo solicite. La transgresión del aludido principio, implica la improcedencia del juicio de amparo, ante la imposibilidad de que la decisión de inconstitucionalidad del acto reclamado beneficie a sujetos distintos de la parte quejosa. Consideración que encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 36/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD. La técnica del juicio de amparo permite desarrollar un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, con el propósito de visualizar si la restitución del quejoso en el goce del derecho violado se podría alcanzar, pues carecería de lógica y sentido práctico el análisis del acto reclamado, si anticipadamente se logra prever que la declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, como ocurre cuando se advierte que si se concede la protección federal, sus efectos vulnerarían normas o principios rectores del juicio de amparo, casos en los cuales la acción intentada resulta improcedente. En tales términos, si el juzgador observa que la sentencia estimatoria que llegara a dictar tendría efectos más allá del caso concreto enjuiciado y, por tanto, generales, ello provoca la improcedencia del juicio en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 76 y 80 (este último interpretado en sentido contrario), de ese mismo ordenamiento y con el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, y de acuerdo con el artículo tercero transitorio del propio decreto de reformas), en tanto que la decisión de inconstitucionalidad beneficiaría también a sujetos distintos del quejoso, situación que provocaría transgresión al principio de relatividad que rige el dictado de las sentencias de amparo, lo que a su vez implicaría que la restitución en el goce del derecho violado llegara al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar." De lo anterior, la pretensión de la parte quejosa no acredita el interés que aduce vulnerado, por lo que es inconcuso que el juicio de amparo es improcedente, máxime que debe operar la limitante prevista en el referido artículo 107, fracción II, párrafo primero constitucional, en el sentido de que las sentencias dictadas en el juicio de amparo, no pueden tener efectos generales. Entonces, ante la ausencia de un interés jurídico o legítimo es improcedente el juicio de amparo, en razón de los motivos expuestos en los párrafos que anteceden, se determinó que los actos que aquí reclama en esta vía constitucional no producen una afectación en su esfera de derechos. Orienta lo anterior, con la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, del rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." Cobra aplicación por analogía la tesis de texto y rubro siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA PERSONA NO DESTINATARIA DE UNA NORMA LEGAL PUEDE IMPUGNARLA EN SU CALIDAD DE TERCERO, SIEMPRE Y CUANDO LA AFECTACIÓN COLATERAL ALEGADA NO SEA HIPOTÉTICA, CONJETURAL O ABSTRACTA. Al momento de analizar si la parte quejosa acredita contar con interés legítimo para impugnar una norma, el juez de amparo debe precisar en primer lugar la ubicación jurídica desde la que se le combate: como destinatario o como tercero. Ello se logra mediante el análisis del ámbito personal de validez de la norma y de la posición del quejoso frente a ésta. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que mediante la introducción constitucional del concepto de interés legítimo, las personas pueden acudir a cuestionar la validez de normas desde la ubicación de terceros al contenido o relación jurídica por ella contemplada, en cuyo caso la respuesta a responder para tener por acreditado ese requisito es: ¿La puesta en operación de la norma impugnada genera al quejoso una afectación jurídicamente relevante? Las distintas hipótesis de actualización de esa afectación se describen en la tesis aislada 1a. CCLXXXII/2014 (10a.),¹ de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS, NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS LEGÍTIMO.". Para describirlas, se han utilizado fórmulas como "irradiación colateral de la norma a los quejosos como terceros", o simplemente, "afectación colateral". Ahora bien, conviene precisar que la premisa básica de este estándar es el requisito de que la afectación colateral alegada debe presentar una relación causal con la norma impugnada que no puede ser hipotética, conjetural o abstracta. En otras palabras, debe tratarse de una afectación palpable y discernible objetivamente del análisis de la ley, al grado de ser calificable como una verdadera creación de la obra del legislador. El principio de división de poderes que inspira el requisito de parte agraviada, obliga a los jueces a reconocer interés legítimo únicamente a la persona que acredite una afectación real en sentido cualitativo, pero también temporal, actual o inminente, nunca hipotético o conjetural". Con tales consideraciones, se demuestra que la parte quejosa carece de legitimación para promover juicio de amparo. Lo que torna inconducente las alegaciones esgrimidas en la afectación a que el traslado autorizado restringen el libre acceso a la justicia, en razón que el cambio de domicilio efectuado a los órganos jurisdiccionales del Juzgado Sexto de Primera Instancia y Juzgado Décimo Sexto Especializado en Materia Oral Mercantil, con sede Veracruz, Veracruz, a un municipio diverso del que reside la parte quejosa, deviene en su perjuicio una situación económico y emocional, lo que haría imposible la continuación del asunto, al no prever la reasignación de los expedientes que se encuentren en trámite, a otros juzgados en funciones, dentro de la ciudad de Veracruz, Veracruz, ni han puesto a disposición las herramientas tecnológicas para realizar el trámite en línea o digital, restringiendo que el trámite del asunto se pueda realizar vía electrónica, es decir el desarrollo de las innovaciones y avances científicos y tecnológicos, y que por esta vía constitucional, desea se regule para evitar se restringen el acceso a la justicia, lo cual no acontece, puesto que continuaran teniendo acceso a la justicia con el carácter que se ostenta dentro de los autos del juicio de origen, mediante las herramientas que se tengan al alcance. Por lo anteriormente expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en los artículos 61, fracción XII, 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I y II, primer párrafo de la Constitución Federal, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PROCESAL Téngase a Ariel Héctor Tobón Ramírez, a Ricardo Estrella Reyes y a José Miguel Elvira Córdoba, como autorizados en términos amplios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Amparo, ya que acreditan tener registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito, y Juzgados de Distrito, de toda la República Mexicana, y como autorizado únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos, conforme al segundo párrafo del artículo 12 de la citada Ley de Amparo, a la restante persona que cita, puesto que no se encontró registro de su cédula en el aludido Sistema. DOMICILIO PROCESAL Asimismo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en la propia demanda. APERCIBIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta plaza, cierto y exacto para tal efecto. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración el presente asunto fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". REQUERIMIENTO A LAS PARTES En atención a lo establecido en el Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en el artículo 2°, fracción XIX, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que lo estimen necesario. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Aunado a lo anterior, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar anticipadamente la cita correspondiente ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cuando acuda a este juzgado de manera presencial, deberá presentar el código QR generado con motivo de la cita, para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
V. Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte promovente el auto de catorce de octubre de dos mil veintidós, mismo que a la letra dice: Vista la demanda de amparo promovida por JOSÉ ALFONSO LERISTA JUÁREZ, contra actos del 1. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, y otras autoridades. Fórmese y regístrese el expediente correspondiente bajo el número 910/2022; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y provéase lo conducente. DESECHAMIENTO Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo, se concluye que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, fracción I, del numeral 5°, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ende, con apoyo en la facultad derivada del artículo 113, de la ley de la materia, se impone desecharla de plano. Para evidenciar lo anterior, se parte de la base de que los citados preceptos disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" La disposición imperativa de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, entendiéndose como tales aquellos actos jurisdiccionales que no afectan de manera real, actual, personal y directamente los derechos subjetivos (intereses jurídicos) de la parte quejosa; en el entendido que por derecho subjetivo se entiende el conjunto de facultades concretas atribuidas a la persona, cuya situación se subsuma en la hipótesis de una norma objetiva. Entonces, la parte quejosa tiene la carga procesal de demostrar de manera fehaciente (mediante sus argumentos) que los actos que reclama afectan su interés jurídico o legítimo, el cual consiste en la titularidad que le corresponde respecto a los derechos o posesiones afectados por los actos que reclama. Al respecto, el artículo 5º de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y ello significa, que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena de que se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XXVII, correspondiente a enero de dos mil ocho, página doscientos veinticinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". De acuerdo a lo expuesto, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por perjuicio la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular está facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación, de lo cual se concluye que ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico o interés legítimo individual que para la procedencia del juicio de garantías debe tomarse en consideración. En efecto, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte la persona o los derechos del impetrante, pues en conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 Constitucional, las personas físicas, morales, de derecho privado y oficiales que sufren una afectación en su persona o patrimonio derivada de una ley o de un acto de autoridad que viole sus derechos fundamentales, tienen facultad para intentar la acción de amparo ante los tribunales de la Federación. Ahora, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I de la Constitución Federal, el juicio de amparo procede a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, como ya se dijo, la lesión directa en los intereses jurídicos o legítimos de una persona, o bien una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que afecte la esfera de derechos o intereses de un particular. En tales condiciones, la parte quejosa solo estaría facultada para incoar la acción constitucional, cuando se esté afectando de manera fehaciente sus derechos humanos; lo que de ningún modo ocurre en el presente caso. De lo expuesto, tenemos que los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5, fracción I y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, se advierte que uno de los principios rectores de la procedencia del juicio de amparo lo constituye el interés jurídico o legítimo de quien acude a solicitar la protección federal, el cual surge con la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse y con un acto de autoridad que lo vulnere. En efecto, lo reclamado en el juicio de amparo por la impetrante son: Del Consejo de la Judicatura PODER JUDICIAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ, reclamo: "La Sesión Extraordinaria y su materialización, celebrada el 12 de septiembre de 2022; Acuerdos concertados por el Pleno en la Sesión, y cuya publicación de estos se realizó el 3 de octubre dicha sesión, en el número extraordinario 392, de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz; De todas las autoridades reclamo: Los actos tendientes a limitar mi acceso a la defensa; La orden y su traslado, de los Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz y Décimo Sexto de Primera Instancia especializado en materia Mercantil del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, a Ciudad Cardel municipio de La Antigua, Veracruz." La omisión de poner a disposición de las partes litigantes, las herramientas tecnológicas necesarias para realizar el trámite en línea o digital, de los juicios que se encuentran radicados ante las propias responsables, conculcando nuestro derecho humano al trabajo y al acceso a la justicia; La negativa a acceder y expedir justicia en nuestro perjuicio, toda vez que el Acuerdo de fecha 12 de septiembre de 2022, no prevé la posibilidad de impulsar los juicios que se encuentren en trámite, a través de vías electrónicas o digitales, restringiendo también el ejercicio de nuestra profesión; La negativa a acceder y expedir justicia en nuestro perjuicio, toda vez que el Acuerdo de fecha 12 de septiembre de 2022, no prevé la reasignación de los expedientes que se encuentren en trámite, a otros juzgados en funciones, dentro de la ciudad de Veracruz, Veracruz; Las consecuencias de hecho y de derecho." (sic) De lo anterior, se advierte que la parte quejosa instan la acción constitucional, contra el acuerdo tomado por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en sesión extraordinaria de fecha doce de septiembre pasado, publicado el 3 de octubre de 2022, bajo el número extraordinario 392, de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, que autoriza el traslado de domicilio del Juzgado Sexto de Primera Instancia y Juzgado Décimo Sexto Especializado en Materia Oral Mercantil, con sede Veracruz, Veracruz, al inmueble que ocupa la Ciudad Judicial Cardel, ubicado en la localidad de Cabezas, Municipio de Puente Nacional, Veracruz. Además que, el traslado autorizado restringen el libre acceso a la justicia, en razón que el cambio de domicilio efectuado a los órganos jurisdiccionales -aludidos en el párrafo que antecede- a un municipio diverso del que reside la parte quejosa, deviene en su perjuicio una situación económico y emocional, lo que haría imposible la continuación del asunto, al no prever la reasignación de los expedientes que se encuentren en trámite, a otros juzgados en funciones, dentro de la ciudad de Veracruz, Veracruz, ni han puesto a disposición las herramientas tecnológicas para realizar el trámite en línea o digital, restringiendo que el trámite del asunto se pueda realizar vía electrónica, es decir el desarrollo de las innovaciones y avances científicos y tecnológicos. Entonces, frente a los actos atribuidos a las autoridades responsables, y respecto de los cuales la parte quejosa se ostenta como agraviado, al tener el carácter de "parte demandada", dentro de los autos del expediente número 257/2022 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Décimo Séptimo distrito Judicial en Veracruz, Veracruz, el suscrito advierte que carecen de interés jurídico o legítimo para promover por su propio derecho la acción constitucional, en contra del "La Sesión Extraordinaria y su materialización, celebrada el 12 de septiembre de 2022; Acuerdos concertados por el Pleno en la Sesión, y cuya publicación de estos se realizó el 3 de octubre dicha sesión, en el número extraordinario 392, de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz", como acto destacado. De lo anterior, debe decirse que la parte quejosa no cuenta con interés jurídico o legítimo para promover el presente juicio de amparo, ya que no evidencia ni señala en forma alguna, de qué forma los actos que reclama le irrogan un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual, bien en relación con su especial situación frente al orden jurídico, como lo exige los artículo 107, fracción I, de la Constitución, así como el 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, sino que se limita a basar su pretensión en un interés simple, derivado de su condición de gobernado o ciudadano mexicano. Lo anterior, porque claramente en su escrito de demanda, aduce un interés igual al de la generalidad de los gobernados, pero no demuestra que los actos que controvierte pudieran generar una afectación en algún derecho que esté relacionado directamente con el expediente número 257/2022, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Décimo Séptimo distrito Judicial en Veracruz, Veracruz, del cual es parte demandada, y que atribuye a las autoridades responsables, ni refiere las características especiales que podría guardar su situación frente al orden jurídico, que la coloque en un punto diferenciado de la situación general y que lo legitime para promover el juicio de amparo. De ahí que, se colige, no tiene un interés propio y distinto de cualquier otro gobernado, pues los actos que reclama de las autoridades responsables no le agravian de manera directa ni diferenciada en relación al resto de la sociedad. Situación que se torna patente y manifiesta, teniendo en consideración que la parte quejosa no acude a instar la demanda de amparo por su situación diferenciada en relación al resto de la sociedad, sino que, por el contrario, al referir que el traslado autorizado restringen el libre ejercicio de la profesión y acceso a la justicia, en razón que el cambio de domicilio efectuado a los órganos jurisdiccionales del Juzgado Sexto de Primera Instancia y Juzgado Décimo Sexto Especializado en Materia Oral Mercantil, con sede Veracruz, Veracruz, a un municipio diverso del que reside la parte quejosa, deviene en su perjuicio una situación económico y emocional, lo que haría imposible la continuación del asunto, al no prever la reasignación de los expedientes que se encuentren en trámite, a otros juzgados en funciones, dentro de la ciudad de Veracruz, Veracruz, ni han puesto a disposición las herramientas tecnológicas para realizar el trámite en línea o digital, restringiendo que el trámite del asunto se pueda realizar vía electrónica, es decir el desarrollo de las innovaciones y avances científicos y tecnológicos;; lo cual, denota con claridad, que la pretensión de la parte quejosa no está encaminada a aducir la titularidad de un derecho o de un interés legítimo, ya sea individual o colectivo que se vea afectado; tampoco, la afectación de la esfera jurídica de manera directa en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; sino que, alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por una población en general. Es decir, actos en abstracto y no derivados de una norma o actos individualizados que afecten la esfera de los derechos humanos de la parte quejosa, lo que implica que cuenta con un mero interés simple, similar al de cualquier habitante del Estado de Veracruz, insuficiente para promover el juicio de amparo. Cabe destacar, que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos o susceptibles de protegerse a través del juicio de amparo. Sustenta lo antes expuesto, la tesis siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL. Cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población." Con base en lo anterior, se considera que la parte quejosa, no cuenta con un interés cualificado actual, real y jurídicamente relevante para reclamar los actos que pretende, sino uno de carácter genérico o simple y, por lo tanto, una eventual concesión del amparo no podría reportarle un beneficio personal para ella, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Criterio sustentado en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto que dice: "INTERES SIMPLE. NO TIENE NINGUNA PROTECCION JURIDICA DIRECTA Y PARTICULAR. Entre los diversos intereses que puede tener una persona, o sean "situaciones favorables para la satisfacción de una necesidad", existen los llamados "intereses simples" que consisten en situaciones en las cuales los particulares reciben un beneficio del Estado cuando éste, en el ejercicio de sus atribuciones y buscando satisfacer las necesidades colectivas que tiene a su cargo, adopta una conducta que coincide con esos intereses particulares; y en cambio sufren un perjuicio cuando esa conducta no es adecuada a los propios intereses. En el primer caso reciben un beneficio y en el segundo se perjudican, pero no tienen ningún derecho para exigir que se mantenga esa situación privilegiada. Puede decirse que esos intereses no tienen ninguna protección jurídica directa y particular, sino tan sólo la que resulta como reflejo de una situación general, porque no se puede crear una defensa especial para intereses particulares indiferenciales para el Estado." Entonces, al ser la legitimación un presupuesto procesal para la procedencia del juicio de amparo, su estudio es preferente, pues es indispensable determinar si la acción es ejercida por quien legalmente tiene aptitud para hacerlo, es que se llega a la conclusión de que la parte quejosa carezca de interés en el caso concreto, pues el ""La Sesión Extraordinaria y su materialización, celebrada el 12 de septiembre de 2022; Acuerdos concertados por el Pleno en la Sesión, y cuya publicación de estos se realizó el 3 de octubre dicha sesión, en el número extraordinario 392, de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz", como actos destacados -dado que de este surgen los demás actos reclamados- que se duele el impetrante del amparo no alude a él directamente. De ahí que, conforme a lo expuesto con anterioridad, resulta inexistente alguna trasgresión a los derechos humanos que en esta vía constitucional reclama, y de ninguna manera se puede considerar, que ocasionen algún tipo de afectación a la parte quejosa en lo personal, como lo pretende en la demanda de amparo. En efecto, no se acredita la afectación a la esfera de derechos de la parte quejosa, ni siquiera aduciendo un interés legítimo, en razón de que lo que reclama en esta instancia constitucional -el traslado de órganos jurisdiccionales de la ciudad Judicial de Veracruz, a la ciudad Judicial de Cardel- no están solamente dirigidas a dicha parte, por lo que entonces no se actualiza la afectación a una situación particular en la que se encuentre la parte quejosa, en relación a los actos reclamados. Además que admitir la demanda de amparo y ante una eventual concesión, se vulneraría el principio de relatividad de las sentencias de amparo, al no poderse concretar un acto personalísimo de la parte quejosa. En relación con el mencionado principio, debe precisarse que el artículo 107, fracción II, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo, solo se ocuparán de la parte quejosa que lo solicite. La transgresión del aludido principio, implica la improcedencia del juicio de amparo, ante la imposibilidad de que la decisión de inconstitucionalidad del acto reclamado beneficie a sujetos distintos de la parte quejosa. Consideración que encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 36/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD. La técnica del juicio de amparo permite desarrollar un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, con el propósito de visualizar si la restitución del quejoso en el goce del derecho violado se podría alcanzar, pues carecería de lógica y sentido práctico el análisis del acto reclamado, si anticipadamente se logra prever que la declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, como ocurre cuando se advierte que si se concede la protección federal, sus efectos vulnerarían normas o principios rectores del juicio de amparo, casos en los cuales la acción intentada resulta improcedente. En tales términos, si el juzgador observa que la sentencia estimatoria que llegara a dictar tendría efectos más allá del caso concreto enjuiciado y, por tanto, generales, ello provoca la improcedencia del juicio en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 76 y 80 (este último interpretado en sentido contrario), de ese mismo ordenamiento y con el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, y de acuerdo con el artículo tercero transitorio del propio decreto de reformas), en tanto que la decisión de inconstitucionalidad beneficiaría también a sujetos distintos del quejoso, situación que provocaría transgresión al principio de relatividad que rige el dictado de las sentencias de amparo, lo que a su vez implicaría que la restitución en el goce del derecho violado llegara al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar." De lo anterior, la pretensión de la parte quejosa no acredita el interés que aduce vulnerado, por lo que es inconcuso que el juicio de amparo es improcedente, máxime que debe operar la limitante prevista en el referido artículo 107, fracción II, párrafo primero constitucional, en el sentido de que las sentencias dictadas en el juicio de amparo, no pueden tener efectos generales. Entonces, ante la ausencia de un interés jurídico o legítimo es improcedente el juicio de amparo, en razón de los motivos expuestos en los párrafos que anteceden, se determinó que los actos que aquí reclama en esta vía constitucional no producen una afectación en su esfera de derechos. Orienta lo anterior, con la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, del rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." Cobra aplicación por analogía la tesis de texto y rubro siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA PERSONA NO DESTINATARIA DE UNA NORMA LEGAL PUEDE IMPUGNARLA EN SU CALIDAD DE TERCERO, SIEMPRE Y CUANDO LA AFECTACIÓN COLATERAL ALEGADA NO SEA HIPOTÉTICA, CONJETURAL O ABSTRACTA. Al momento de analizar si la parte quejosa acredita contar con interés legítimo para impugnar una norma, el juez de amparo debe precisar en primer lugar la ubicación jurídica desde la que se le combate: como destinatario o como tercero. Ello se logra mediante el análisis del ámbito personal de validez de la norma y de la posición del quejoso frente a ésta. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que mediante la introducción constitucional del concepto de interés legítimo, las personas pueden acudir a cuestionar la validez de normas desde la ubicación de terceros al contenido o relación jurídica por ella contemplada, en cuyo caso la respuesta a responder para tener por acreditado ese requisito es: ¿La puesta en operación de la norma impugnada genera al quejoso una afectación jurídicamente relevante? Las distintas hipótesis de actualización de esa afectación se describen en la tesis aislada 1a. CCLXXXII/2014 (10a.),¹ de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS, NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS LEGÍTIMO.". Para describirlas, se han utilizado fórmulas como "irradiación colateral de la norma a los quejosos como terceros", o simplemente, "afectación colateral". Ahora bien, conviene precisar que la premisa básica de este estándar es el requisito de que la afectación colateral alegada debe presentar una relación causal con la norma impugnada que no puede ser hipotética, conjetural o abstracta. En otras palabras, debe tratarse de una afectación palpable y discernible objetivamente del análisis de la ley, al grado de ser calificable como una verdadera creación de la obra del legislador. El principio de división de poderes que inspira el requisito de parte agraviada, obliga a los jueces a reconocer interés legítimo únicamente a la persona que acredite una afectación real en sentido cualitativo, pero también temporal, actual o inminente, nunca hipotético o conjetural". Con tales consideraciones, se demuestra que la parte quejosa carece de legitimación para promover juicio de amparo. Lo que torna inconducente las alegaciones esgrimidas en la afectación a que el traslado autorizado restringen el libre acceso a la justicia, en razón que el cambio de domicilio efectuado a los órganos jurisdiccionales del Juzgado Sexto de Primera Instancia y Juzgado Décimo Sexto Especializado en Materia Oral Mercantil, con sede Veracruz, Veracruz, a un municipio diverso del que reside la parte quejosa, deviene en su perjuicio una situación económico y emocional, lo que haría imposible la continuación del asunto, al no prever la reasignación de los expedientes que se encuentren en trámite, a otros juzgados en funciones, dentro de la ciudad de Veracruz, Veracruz, ni han puesto a disposición las herramientas tecnológicas para realizar el trámite en línea o digital, restringiendo que el trámite del asunto se pueda realizar vía electrónica, es decir el desarrollo de las innovaciones y avances científicos y tecnológicos, y que por esta vía constitucional, desea se regule para evitar se restringen el acceso a la justicia, lo cual no acontece, puesto que continuaran teniendo acceso a la justicia con el carácter que se ostenta dentro de los autos del juicio de origen, mediante las herramientas que se tengan al alcance. Por lo anteriormente expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en los artículos 61, fracción XII, 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I y II, primer párrafo de la Constitución Federal, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PROCESAL Téngase a Ariel Héctor Tobón Ramírez, a Ricardo Estrella Reyes y a José Miguel Elvira Córdoba, como autorizados en términos amplios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Amparo, ya que acreditan tener registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito, y Juzgados de Distrito, de toda la República Mexicana, y como autorizado únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos, conforme al segundo párrafo del artículo 12 de la citada Ley de Amparo, a la restante persona que cita, puesto que no se encontró registro de su cédula en el aludido Sistema. DOMICILIO PROCESAL Asimismo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en la propia demanda. APERCIBIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta plaza, cierto y exacto para tal efecto. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración el presente asunto fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". REQUERIMIENTO A LAS PARTES En atención a lo establecido en el Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en el artículo 2°, fracción XIX, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que lo estimen necesario. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Aunado a lo anterior, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar anticipadamente la cita correspondiente ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cuando acuda a este juzgado de manera presencial, deberá presentar el código QR generado con motivo de la cita, para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.
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