José Alfonso Díaz Rodríguez
Expediente 1298/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1298/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- José Alfonso Díaz Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese para que obre como legalmente corresponda el oficio proveniente del Juzgado Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas de la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo de las constancias que le fueron devueltas por este órgano jurisdiccional, consistentes en los autos originales del expediente de ejecución de penas 17/2018-F, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del titular, concedida por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/4748/2018 de fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, quien actúa ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1298/2018-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el cinco de octubre de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia, en el único resolutivo determinó negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Finalmente, toda vez que el Juez Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con residencia en la Ciudad de México, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, quien autoriza y da fe.
- Principal
cinco de octubre de dos mil dieciocho Visto para resolver el juicio de amparo 1298/2018-II, promovido por JOSÉ ALFONSO DÍAZ RODRÍGUEZ, y; RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito recibido el trece de agosto de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitido en esa fecha al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, JOSÉ ALFONSO DÍAZ RODRÍGUEZ, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad señaladas como Juez Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, acto que se hizo consistir en la resolución interlocutoria de doce de julio de dos mil dieciocho. SEGUNDO. Tramite de la demanda. El catorce de agosto de dos mil dieciocho, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos determinó que correspondía a este Juzgado conocer de la demanda de garantías por conocimiento previo más reciente. En consecuencia este Juzgado Federal el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho asumió el conocimiento de la demanda de garantías promovida por JOSÉ ALFONSO DÍAZ RODRIGUEZ, admitiéndola a trámite, solicitando el informe justificado a la autoridad responsable señalándose fecha y hora para la audiencia constitucional que inicio en términos del acta de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; en virtud de que el acto que se reclama tiene ejecución en el lugar en que se tramita este juicio. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. En ese orden de ideas, se aprecia que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en la resolución de doce de julio de dos mil dieciocho, emitida en el expediente de ejecución de penal número 17/2018-F,SE. 1/2018, por el Juez Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, en la que no se admitió a trámite el incidente de libertad condicionada planteado por el sentenciado, hoy quejoso (JOSE ALFONSO DIAZ RODRIGUEZ). TERCERO. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con la copia certificada que remitió consistente en las copias que integran el expediente de ejecución de penas 17/2018-F, S.E. 1/2018, documento que cuentan con eficacia demostrativa plena de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causal de improcedencia, ni fue invocada su actualización por alguna de las partes, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. Son infundados en parte, y por otra, inoperantes, los motivos de disenso del quejoso, sin que se advierta que deficiente qué suplir que pueda beneficiarle, aun cuando opera la figura de la suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, al tener la calidad de sentenciado el quejoso. Antes del análisis de los conceptos de violación y para una mejor comprensión del asunto, resulta necesario destacar los antecedentes de donde deriva el acto reclamado y que conforme a las copias certificadas que la responsable adjuntó a su informe justificado, son los siguientes: 1. A partir del doce de octubre de dos mil doce, JOSÉ ALFONSO DÍAZ RODRÍGUEZ se encuentra interno en el Centro Estatal de Reinserción Social Morelos, municipio de Xochitepec, compurgando una pena de diez años y seis meses de prisión, impuesta en la causa penal 21/2012, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca (foja 06 a 30 anexo I). 2. Con fecha veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, el quejoso promovió ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, incidente no especificado, sobre libertad condicionada, en términos de los artículos 136 y 137, fracción IV, de la Ley Nacional de Ejecución Penal; mismo que fue admitido a trámite por auto del veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete (foja 04 a 05, 32 y 33 anexo I). 3. Realizado el procedimiento, por auto del veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete el Juez de la causa determinó enviar el cuaderno del incidente no especificado al Juez de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, en la ciudad de México, en turno, por considerarlo competente para resolver el citado incidente (foja 201 y 202 anexo I). 4. Con fecha veintinueve de enero de dos mil dieciocho, el Juez Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, radicó el expediente E.P.17/2018-F, S.E. 1/2018, al recibir las constancias relatadas en el punto inmediato anterior, determinando que era improcedente la solicitud del reo, ahora quejoso (fojas 206 a 211). 5. Inconforme con la determinación anterior, promovió juicio de amparo indirecto, el cual se radicó en este juzgado federal con el número de amparo 352/2018-IV, el cual se resolvió por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato (fojas 316 a 319 anexo I), para el efecto de que dejara insubsistente la determinación de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente E.P. 17/2018-F, S.E. 1/2018 y en su lugar, de manera fundada y motivada dicte otra, con plenitud de jurisdicción, pero observando los lineamientos de esta resolución, en la que se resuelve en cuanto a la petición del quejoso, sobre la concesión o no del beneficio de la libertad condicionada a que se refiere la Ley Nacional de Ejecución Penal, que solicitó dentro de la causa penal 21/2012, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos. 6. El doce de julio de dos mil dieciocho, el Juez Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, emitió resolución en la que determinó: "No se admite el beneficio de libertad condicionada" (fojas 323 a 325, anexo I). Siendo este el acto reclamado por el quejoso. Para mejor comprensión del asunto, se hace una síntesis de los conceptos de violación hechos valer por el impetrante de amparo: Que la resolución es incongruente y contradictoria, carente de la fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, obstaculizando el acceso a la justicia, pronta, expedita e imparcial que disponen los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Constitucionales y 8.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Que la autoridad al emitir el acto reclamado, lo realiza con un criterio erróneo interpretando de manera equivoca el párrafo segundo del artículo Segundo Transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, puesto que se actualiza la condicionante de haber transcurrido dos años de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, que fue el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y al momento de la fecha que la responsable dictó la resolución ya había transcurrido tal condicionante, independientemente de que según la responsable aduzca que no se actualiza la declaratoria por el Congreso de la Unión. Que si bien en la ejecutoria de amparo 352/2018-II, le otorgó a la responsable libertad de jurisdicción para emitir la resolución, no acató los lineamientos que en ella se establecieron, ya que no entró al estudio del fondo de la petición planteada. Que al momento de emitir el acto reclamado de doce de julio de dos mil dieciocho, ya se había actualizado la condicionante de dos años transcurridos, como requisito que estableció el legislador en el citado artículo segundo, párrafo segundo de la Ley Nacional de Ejecución Penal como condicionante, ya se encontraba satisfecho, lo que no consideró la responsable. Analizados en su conjunto (con excepción del penúltimo motivo de disentimiento), se califican infundados los conceptos de violación hechos valer por el peticionario de amparo. El artículo 16 de la Constitución Federal consagra la garantía de legalidad, consistente en la fundamentación y motivación que las autoridades están obligadas a expresar en sus actos, es decir, todo acto de autoridad que implique molestia en la esfera de derechos del gobernado debe estar fundado y motivado. Para que una autoridad cumpla con la fundamentación y motivación a que se refiere el artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones se citen los preceptos legales que le sirven de apoyo y exprese los razonamientos lógicos, jurídicos, motivos, circunstancias especiales, causas inmediatas y particulares considerados en el caso concreto, que la condujeron a la conclusión de que el asunto de que se trata encuadra en los supuestos de la norma que invoca. En este contexto, se considera que la resolución emitida el doce de julio de dos mil dieciocho, en el expediente 17/2018-F, SE1/2018, del índice del Juzgado Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas de la Ciudad de México, por el que no admitió el beneficio de la libertad condicionada que formuló el quejoso mediante petición de veintitrés de octubre del dos mil diecisiete, se encuentra ajustado a derecho, por contener los requisitos de forma y fondo necesarios para su emisión, al estar debidamente fundada y motivada. Lo anterior, porque se fundó en los artículos 136, 137 y segundo transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que textualmente se transcriben: "Artículo 136. Libertad condicionada. El Juez de Ejecución podrá conceder a la persona sentenciada el beneficio de libertad condicionada bajo la modalidad de supervisión con o sin monitoreo electrónico." "Artículo 137. Requisitos para la obtención de la libertad condicionada Para la obtención de alguna de las medidas de libertad condicionada, el Juez deberá observar que la persona sentenciada cumpla los siguientes requisitos: I. Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme; II. Que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad; III. Haber tenido buena conducta durante su internamiento; IV. Haber cumplido satisfactoriamente con el Plan de Actividades al día de la solicitud; V. Haber cubierto la reparación del daño y la multa, en las modalidades y con las excepciones establecidas en esta Ley; VI. No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva, y VII. Que se haya cumplido con la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos. La Autoridad Penitenciaria tendrá bajo su responsabilidad la adquisición, mantenimiento y seguimiento de los sistemas de monitoreo electrónico. Excepcionalmente, cuando las condiciones económicas y familiares del beneficiario lo permitan, éste cubrirá a la Autoridad Penitenciaria el costo del dispositivo. La asignación de la medida de libertad bajo supervisión con monitoreo electrónico, así como la asignación de dispositivos, deberá responder a principios de necesidad, proporcionalidad, igualdad, legalidad y no discriminación. No gozarán de la libertad condicionada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. La persona que obtenga la libertad condicionada, deberá comprometerse a no molestar a la víctima u ofendido y a los testigos que depusieron en su contra." Además se expresaron los motivos, causas particulares, circunstancias especiales y razonamientos lógico-jurídicos por los cuales se estimaron aplicables tales disposiciones, al considerar que el beneficio de la libertad condicionada bajo la modalidad de supervisión con o sin monitoreo electrónico, procedía siempre y cuando se cumplieran los requisitos ahí previstos; sin embargo, para ello era necesario que adquiriera vigencia el artículo 136 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, lo que hasta el doce de julio de dos mil diecisiete, no se había producido, porque para tal efecto era necesario la emisión de la Declaratoria de inicio de su vigencia lo que debía acontecer a más tardar dos años después de la publicación de la aludida ley, sin que excediera del treinta de noviembre de dos mi dieciocho. Lo anterior, en virtud de que el doce de julio de dos mil diecisiete, la comisión permanente del Congreso de la Unión, en el Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, determinó que se exhortaba a las autoridades competentes a efecto de que informaran las gestiones realizadas para la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de lo que se presumía que las autoridades competentes se encontraban realizando las gestiones conducentes para emitir la declaratoria de la entrada en vigor del artículo 136 de la citada ley, sin que en el momento en que se dictó la resolución reclamada (doce de julio de dos mil dieciocho), se tuviera noticia en el sentido comentado, por lo que no era posible tramitar la solicitud de la libertad condicionada en cita dada su falta de vigencia. Como punto de partida, es imprescindible destacar que el dieciséis de junio de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Nacional de Ejecución Penal, como parte de la implementación del Nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio, siendo que en relación con su entrada en vigor, en los artículos transitorios se estableció, en lo que interesa, lo siguiente: "TRANSITORIOS Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Para los efectos señalados en el párrafo tercero del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se declara que la presente legislación recoge el sistema procesal penal acusatorio y entrará en vigor de acuerdo a los artículos transitorios siguientes. Segundo. Las fracciones III y X y el párrafo séptimo del artículo 10; los artículos 26 y 27, fracción II del artículo 28; fracción VII del artículo 108; los artículos 146, 147, 148, 149, 150 y 151 entrarán en vigor a partir de un año de la publicación de la presente Ley o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del 30 de noviembre de 2017. Los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 59, 60, 61, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 128, 136, 145, 153, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 207 entrarán en vigor a más tardar dos años después de la publicación de la presente Ley o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del 30 de noviembre de 2018. En el orden Federal, el Congreso de la Unión emitirá la Declaratoria, previa solicitud conjunta del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal o la instancia que, en su caso, quede encargada de coordinar la consolidación del Sistema de Justicia Penal, y la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. En el caso de las entidades federativas, el órgano legislativo correspondiente, emitirá la Declaratoria previa solicitud de la autoridad encargada de la implementación del Sistema de Justicia Penal en cada una de ellas. En las entidades federativas donde esté vigente el nuevo Sistema de Justicia Penal, el órgano legislativo correspondiente deberá emitir dentro de los siguientes diez días el anexo a la Declaratoria para el inicio de vigencia de la presente Ley. .". Del texto de dichos transitorios, se advierte que el ordenamiento jurídico mencionado tiene vigencia desde el diecisiete de junio del año pasado, con excepción de los preceptos a que se alude, en que se establecieron plazos específicos para su entrada en vigor en el territorio nacional, que en vinculación con la disposición específica de que se duele el peticionario, se estableció que tendría vigencia a más tardar dos años después de la publicación de dicha Ley o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del treinta de noviembre de dos mil dieciocho, de donde se colige la imposibilidad jurídica de analizar la procedencia del beneficio de libertad condicionada, dado que el normativo que lo prevé aún no se encuentra vigente. Tampoco se ha emitido y publicado por el Congreso de la Unión, algún decreto para la emisión de la declaratoria a que se hace referencia en el transitorio segundo apuntado; lo que se justifica en razón de que como se estableció en los artículos transitorios, las autoridades encargadas, respectivamente, de emitir la declaratoria y publicarla, cuentan con un plazo que no puede exceder del treinta de noviembre de dos mil dieciocho; fecha que aún no acontece y mucho menos a la emisión del acto reclamado. De ahí que se concluya que el acto que por esta vía constitucional se combate se encuentra debidamente fundado y motivado. En lo conducente, orienta lo anterior la tesis de jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en la Décima Época, con registro 2016366, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, en Materia Penal, Tesis I.2o.P. J/3 (10a.), que señala: "LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. CON EXCEPCIÓN DE LOS NUMERALES CITADOS EN LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS DE SU ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO (CUYA VIGENCIA DEPENDE DE LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA DE LAS CONDICIONANTES QUE EL PROPIO PRECEPTO ESTABLECE), ENTRÓ EN VIGOR A NIVEL NACIONAL A PARTIR DEL 17 DE JUNIO DE 2016, Y SU APLICABILIDAD NO DEPENDE DEL SISTEMA MIXTO O ACUSATORIO BAJO EL QUE SE DICTÓ LA SENTENCIA CONDENATORIA. De acuerdo con el artículo primero transitorio, párrafo inicial, de la ley mencionada, entró en vigor a partir del 17 de junio de 2016, con excepción de los numerales citados en los dos primeros párrafos de su segundo precepto transitorio, cuya vigencia quedó supeditada hasta que se emita la declaratoria para el inicio de vigencia de la norma indicada, o transcurran las fechas señaladas expresamente en el último artículo en cita. En otro aspecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal recoge el sistema acusatorio penal; empero, su eficacia no es limitativa a las personas que fueron condenadas con posterioridad a su vigencia, ni está condicionada al sistema judicial en el que ello ocurrió, pues con independencia de la posibilidad material de cada entidad federativa para implementar el nuevo sistema de justicia penal, la ley busca homologar el marco normativo aplicable a los individuos que se encuentran privados de su libertad y a la ejecución de sentencias; máxime que de una interpretación literal de su artículo tercero transitorio, se advierte que con la entrada en vigor de la norma aludida quedaron abrogadas la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social y las legislaciones de ejecución de sanciones penales locales, por lo que los procedimientos iniciados con anterioridad, seguirán su trámite de acuerdo con los ordenamientos vigentes en ese momento, en el entendido de que esos "procedimientos" no se refieren a los sistemas penales en que surgieron los procesos (mixto o acusatorio), sino única y exclusivamente a los procedimientos iniciados con motivo de las solicitudes sobre temas de "ejecución penal" en general, realizadas al Juez de ejecución con base en las legislaciones vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional aludida. Por ende, ésta se encuentra vigente sin importar si el quejoso fue sentenciado conforme al anterior sistema o el actual acusatorio." Ante lo cual, como lo sostuvo la autoridad responsable, es improcedente el otorgamiento del beneficio de libertad condicionada solicitado por JOSÉ ALFONSO DÍAZ RODRÍGUEZ, respecto de la aplicación del artículo 136 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por no haberse emitido la declaratoria respectiva por el Congreso de la Unión, ni mucho menos actualizarse la diversa hipótesis relativa al plazo máximo para su entrada en vigor, de ahí que la autoridad responsable fundó y motivó debidamente la resolución reclamada. Por tal razón, también es infundado el concepto de violación de la parte quejosa, en el aduce que se hizo una incorrecta interpretación del Transitorio Segundo en comento, pues es evidente que aún no ha entrado en vigor el citado numeral 136 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Es aplicable a esa conclusión, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en la Décima Época, con registro 2017439, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, en Materia Penal, Tesis I.3o.P.63 P (10a.), que señala: "LIBERTAD CONDICIONADA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 136 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. SU APLICACIÓN ESTÁ SUPEDITADA A QUE SE ACTUALICE ALGUNO DE LOS TRES SUPUESTOS PARA SU ENTRADA EN VIGOR, PREVISTOS EN SU ARTÍCULO SEGUNDO, PÁRRAFO SEGUNDO, TRANSITORIO. De los artículos primero y segundo transitorios de la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016, se advierte que el legislador estableció un régimen especial para su entrada en vigor. Así, como regla general determinó que sería al día siguiente de su publicación; no obstante, también precisó que algunas de las porciones normativas que integran dicha legislación, iniciarían su vigencia gradualmente. De este modo, en el caso de la libertad condicionada, prevista en el artículo 136 de la ley especial referida, se prevén los supuestos de la entrada en vigor, a saber: a) a más tardar dos años después de su publicación; b) al día siguiente de la publicación de la declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión o las Legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias; y, c) sin que pueda exceder del 30 de noviembre de 2018. Es importante destacar que en el último párrafo del artículo segundo transitorio mencionado, se prevé una obligación especial para las entidades federativas donde ya está vigente el nuevo sistema de justicia penal, en la que se ordena a los órganos legislativos emitir dentro de los diez días siguientes -a la publicación de la ley- el anexo a la declaratoria para el inicio de vigencia. Ahora bien, esta última regla no puede considerarse ajena a los supuestos señalados, sino más bien vinculada al destacado en el inciso c), en tanto se refiere a una temporalidad específica en la que debe emitirse la declaratoria de entrada en vigor. Luego, es dable concluir que la vigencia de la porción normativa destacada (artículo 136) sigue supeditada a que se actualice alguno de los tres supuestos referidos, previstos en el artículo segundo, párrafo segundo, transitorio, indicado. En ese sentido, si al día en que se presenta la solicitud de libertad condicionada no se ha actualizado alguna de esas condicionantes para su entrada en vigor, el órgano jurisdiccional no se encuentra en posibilidad legal de aplicar la norma invocada." También, cobra aplicación por identidad jurídica, la tesis aislada I.7o.P.81 P (10a.), de Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1043, Libro 44, Julio de 2017, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "LIBERTAD CONDICIONADA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 136 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. MIENTRAS NO SE ACTUALICE ALGUNA DE LAS CONDICIONANTES PARA LA ENTRADA EN VIGOR DE ESTE BENEFICIO PRELIBERACIONAL, ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO SEGUNDO, PÁRRAFO SEGUNDO, TRANSITORIO DE ESA LEGISLACIÓN, AQUEL PRECEPTO NO ESTÁ VIGENTE Y, POR TANTO, ES INAPLICABLE EN NUESTRO SISTEMA JURÍDICO. Si bien la Ley Nacional de Ejecución Penal se publicó en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de junio de dos mil dieciséis y conforme a su artículo primero transitorio entró en vigor al día siguiente, lo cierto es que de acuerdo con el artículo segundo, párrafo segundo, transitorio, entre otros, el numeral 136 que establece el beneficio preliberacional de la libertad condicionada entrará en vigor a más tardar dos años después de la publicación en comento, o al día siguiente de la publicación de la declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión o las Legislaturas de las entidades federativas, sin que pueda exceder del treinta de noviembre de dos mil dieciocho; de modo que mientras no se actualice alguna de esas condicionantes, ese precepto 136 no está vigente y, por tanto, es inaplicable en nuestro sistema jurídico." De igual forma, es infundado el concepto de violación en el que la parte quejosa expone que la autoridad responsable al emitir el acto reclamado, incurrió en una incongruencia, toda vez que estaba imposibilidad a dar trámite y resolver sobre la petición del quejoso, respecto al beneficio de la libertad condicionada bajo la modalidad de supervisión con o sin monitoreo electrónico; en virtud de que la norma jurídica que regula esa figura, aún no estaba en vigor, de acuerdo a la correcta interpretación jurídica que se hizo del multicitado artículo Segundo Transitorio de la ley en comento, sin que se haya ocupado la responsable de abordar aspectos ajenos a los planteamientos que se propusieron por el sentenciado. En consecuencia, en el dictado del acto reclamado no se vulneran en perjuicio del promovente del amparo los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se observó la garantía de legalidad que establece el numeral 16 constitucional, precepto que también conlleva implícito el principio de que las autoridades únicamente pueden realizar lo que expresamente la ley les ordene, pues de no haberse actuado en esos términos, la actuación de la autoridad responsable se tornaría arbitraria, además se fundó y motivó el acto reclamado conforme a las leyes expedidas, se hizo referencia a los motivos, causas particulares que se consideraron para emitirlo y se invocaron los preceptos legales aplicables al caso en concreto, lo que se estima suficiente para el dictado de la determinación combatida. Sustenta lo expuesto, la tesis publicada en la página 263, del tomo XI, enero de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "GARANTÍA DE LEGALIDAD. QUE DEBE ENTENDERSE POR. La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del gobernado, incluye la de legalidad, la que debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica que tiene como finalidad que, al gobernado se proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, bien ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan; así, para satisfacer el principio de seguridad jurídica la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, las formalidades del acto autoritario, y las de legalidad." Por último, alega el accionante de que si bien en la ejecutoria de amparo 352/2018-II, se le otorgó a la responsable libertad de jurisdicción para emitir la resolución, no se acataron los lineamientos que en ella se establecieron, ya que no entró al estudio del fondo de la petición planteada; atento a esa afirmación, debe señalarse que en este nuevo juicio de amparo, el suscrito juzgador federal está jurídicamente imposibilitado a verificar si hubo con cabal cumplimiento a una ejecutoria de amparo anterior, al no ser la vía idónea para atender esas inconformidades, sino que tuvo a su alcance en aquella instancia constitucional de interponer los medios ordinarios de defensa que estimara conducentes, de ahí su inoperancia. Al ser infundados e inoperantes los conceptos de violación y no estar demostrado que el acto reclamado transgrede derecho constitucional alguno en perjuicio del quejoso, ni existir motivo para suplir la deficiencia de los conceptos de violación, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN A JOSÉ ALFONSO DÍAZ RODRÍGUEZ. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a JOSÉ ALFONSO DÍAZ RODRÍGUEZ, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de doce de julio de dos mil dieciocho, reclamado al Juez Primero de Distrito, Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, en términos de la parte considerativa de esta sentencia. NOTIFIQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL CENTRO DE RECLUSIÓN Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia Gonzalez Huerta, que autoriza y da fe, hoy cinco de octubre de dos mil dieciocho, que las labores de este juzgado lo permitieron.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, tres de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo y con las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Tomando en consideración el volumen de las constancias que remitió la autoridad oficiante, se ordena formar el anexo I, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente, asimismo, una vez que se ordene el archivo del presente juico, se ordena la devolución de las constancias de mérito remitidas por la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe. Alan
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