José Alexander Carbajal Chávez

Expediente 1611/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1611/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
13/11/2018

Partes del expediente

  • José Alexander Carbajal Chávez

Actuaciones

  1. Principal

    VI. Toluca, Estado de México; trece de noviembre de dos mil dieciocho. De la certificación precedente, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de treinta de octubre pasado (foja 19), por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado. Por otra parte, vista la cuenta precedente y el estado que guarda este asunto, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: 1. Este asunto es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, inciso III, párrafo segundo y cuarto del Acuerdo General Conjunto referido), pues se concedió la suspensión de plano. 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    VI. Toluca, Estado de México; treinta de octubre de dos mil dieciocho. De conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta remitido por el Actuario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a través del cual envía el juicio de amparo 588/2015-VI del índice estadístico de este juzgado de Distrito, promovido por Antonio Gutiérrez Olivares, en representación de la moral quejosa Embotelladora Toluqueña, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades y testimonio de la ejecutoria dictada por dicho órgano colegiado el once de octubre de dos mil dieciocho, en el amparo en revisión 7/2017, en la cual se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se desecha el recurso de revisión interpuesto por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por los motivos expuestos en el considerando segundo de la presente ejecutoria. SEGUNDO. En la materia de la revisión se modifica la sentencia recurrida. TERCERO. Se sobresee respecto del artículo 1° punto 1, sub punto 1, ordinal 01 de la Ley de Ingresos de la Federación, para dos mil quince, y Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince, específicamente las reglas del Capítulo 303 "De las deducciones", Regla 3.3.1.29 denominada: "Procedimiento para cuantificar la proporción de los ingresos exentos respecto del total de las remuneraciones", en términos de los considerandos séptimo y noveno de la presente ejecutoria. CUARTO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a EMBOTELLADORA TOLUQUEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, contra el artículo 28, párrafo primero, fracción XXX de la Ley del Impuesto sobre la Renta de conformidad con lo expuesto en el considerando quinto de la sentencia que se recurre. QUINTO. La Justicia de la Unión ampara y protege a EMBOTELLADORA TOLUQUEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA respecto de los artículos 28, último párrafo, 27, fracción XI y 39, último párrafo, todos de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en términos de los considerandos octavo de la presente ejecutoria y sexto de la sentencia recurrida". Ahora, del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la revisión interpuesta desglósense las actuaciones posteriores a la remisión del presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en turno, para la substanciación del referido medio de impugnación y, una vez hecho lo anterior, agréguense éstas al sumario constitucional en el cual se actúa y, el citado cuaderno de antecedentes manténgase por separado. Consecuentemente, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria de amparo; enviándole para tal efecto copia certificada de la ejecutoria de mérito, y respecto de las demás autoridades envíese copia simple. Se apercibe al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, que de no demostrar el cabal cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos 237, fracción I, y 258, de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace del conocimiento del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, que si la sentencia de amparo no queda cumplida dentro del plazo de tres días, previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito para que acuerde lo conducente, no sin antes imponerle la multa precisada en párrafos que anteceden. Es pertinente precisar que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal, pues acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cumplimiento de las sentencias de amparo es ineludible. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia publicada con el número P./J. 54/2014 (10a.), en la página 19, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, cuyos rubro y texto son: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." De igual forma, con fundamento en los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al Secretario de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad obligada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, para que le ordene dar cumplimiento a la misma, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, incurrirá en la misma responsabilidad que el Jefe del Servicio de Administración Tributaria y por tanto se le harán efectivos los apercibimientos decretados en el párrafo que antecede. En el entendido de que el cumplimiento de la presente ejecutoria constriñe únicamente a la autoridad que ejecuta el acto que por esta vía se reclama y no así las autoridades responsables que intervinieron en la creación de la ley; pues las autoridades citadas, no obstante que aceptaron los actos que les atribuye la parte quejosa, ello no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector, ya que los efectos de la sentencia amparadora no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general. Lo anterior de conformidad con lo señalado en el criterio sustentado por el propio Pleno, al aprobar la tesis P.CXXXVII/96, cuya publicación se localiza en el Tomo IV, Noviembre de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 135, la cual establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general." Notifíquese.

  3. Principal

    III. Toluca, Estado de México; veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, por recibido el oficio de cuenta signado por la Jueza Decimosegundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, a través del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 482/2018 del índice de este Juzgado de Distrito, donde se encomendó notificar al quejoso el proveído de dos de los cursantes; atento a lo anterior, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales conducentes, se tiene por notificado a la parte quejosa del citado proveído. Atento su contenido, a la autoridad oficiante acúsese recibo y en el Libro de Gobierno asiéntense las anotaciones correspondientes. Por otra parte, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal a los quejosos privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio; o bien, en el lugar de su reclusión, la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición fue que el promovente del juicio privado de su libertad, tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional a fin de que estuviera en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal conviniera y no hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia, por ende, las determinaciones que no tengan como finalidad impulsar el procedimiento como en la especie y como pudiera ser el oficio agregado en líneas que anteceden o la autorización de copias para alguna de las partes, por citar algunos, no es necesario que se ordene la notificación de manera personal. Notifíquese.

  4. Principal

    II. Toluca, Estado de México; diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. Por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual hace del conocimiento el auto de once de octubre de este año, en el que acusa recibo del oficio por el cual se le remitió el recurso de revisión interpuesto por Tirso González Peralta, así como del juicio de amparo 452/2018II. De igual forma, comunica que admitió a trámite el citado recurso y registró con el número de recurso en revisión 307/2018. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta para los efectos legales procedentes y estese en espera de la determinación que al respecto emita el Tribunal Constitucional oficiante. Notifíquese.

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