Jose Alejandro Yam Estrella
Expediente 1088/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1088/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Jose Alejandro Yam Estrella
Actuaciones
- Principal
I. Ratificación de firma en la demanda de amparo. Vista la constancia de comparecencia de cuenta, se advierte que ********************, ratificó la firma contenida de la demanda de amparo presentada, contra el acto que reclama del Juez Civil de Primera Instancia, con sede en Cozumel, Quintana Roo. II. Acto reclamado. En la especie, en la demanda, el quejoso reclama el auto de trece de octubre del año en curso, dictado en autos del juicio ejecutivo mercantil ********************, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia, con sede en Cozumel, Quintana Roo, por medio del cual se resolvió tener por ciertos los hechos manifestados por la actora incidentista en el incidente de firmas falsas promovido dentro de dicho juicio, declarándose como cierta la falsedad de firma que diera origen al incidente en cuestión. III. Desechamiento de la demanda. En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar la demanda de amparo de que se trata, para determinar si existe alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia. En ese orden de ideas, lo manifiesto surge cuando el motivo de improcedencia se advierte de forma absolutamente clara y patente de la lectura de la demanda. Por su parte, el carácter de indudable se produce cuando existe certeza, seguridad y plena convicción de la causa de improcedencia, de tal modo que aún y cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa. Ahora bien, en el caso se advierte que el presente juicio de amparo es improcedente, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los derechos sustantivos de la parte quejosa. Sentado lo anterior, resulta conveniente precisar que a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo actual, un "acto dentro de juicio cuyos efectos son de imposible reparación" y contra los cuales procede el amparo indirecto, es aquel que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo el quejoso sentencia definitiva favorable a su interés. En los actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga sólo de las leyes adjetivas. Entonces, la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y tales derechos deben afectar en lo material a aquéllos de naturaleza sustantiva, expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De lo anterior, se concluye que respecto del acto reclamado, consistente en el acuerdo de trece de octubre del año en curso, dictado en autos del juicio ejecutivo mercantil ********************, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia, con sede en Cozumel, Quintana Roo, por medio del cual resolvió tener por ciertos los hechos manifestados por la actora incidentista en el incidente de firmas falsas promovido dentro de dicho juicio, declarándose como cierta la falsedad de firma, lo anterior, según lo manifestado por el propio promovente, como consecuencia de la incomparecencia del perito ******************** a la audiencia programada para ello; se actualiza la aludida causal de improcedencia 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo. Lo anterior, en atención a que no constituye un acto en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos, los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Dicho en otras palabras, el acuerdo reclamado no trae como consecuencia una ejecución irreparable, que es contra los actos respecto de los que procede el juicio de amparo biinstancial, ya que no implica una afectación directa y material a los derechos fundamentales del quejoso que reconoce la Carta Magna. De tal manera, que aún y cuando las violaciones procesales de que se trata produzcan una afectación que pudiera calificarse de grado predominante o superior, éstas no pueden ser sujetas a su análisis inmediato en la vía indirecta del juicio de amparo, la que se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. En ese orden de ideas, resulta incuestionable que los efectos del acto reclamado sólo se traducen en posibles violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución respectiva, si ésta es favorable a los intereses de la parte promovente y en caso contrario, puede reclamarlos en el juicio de amparo directo que se promueva contra la resolución definitiva, impugnando la determinación de que se duele en su caso, como violación procesal, en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo. Por tanto, queda de manifiesto que la violación procesal en comento, dada su naturaleza, no es en modo alguno irreparable, cuando es precisamente la irreparabilidad y la circunstancia de que se afecten derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, los únicos supuestos en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo. Ahora, conviene indicar que el Pleno del Alto Tribunal del País, se pronunció respecto a cuándo se debía considerar que los actos emitidos dentro de un juicio se consideraban violaciones procesales y cuando actos de ejecución irreparable, como se evidencia de la contradicción de tesis 377/2013, indicando que para que un acto dictado en juicio sea considerado de imposible reparación, es necesario que éste produzca una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas, como acontece en el asunto en estudio; lo cual quedó plasmado en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10ª.), que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P. /J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '. los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '. aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". [El énfasis es añadido]. También sirve de apoyo a lo expuesto, por identidad de razón por lo que se refiere al incidente falsedad de firma, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito contenido en la tesis XXVII.3º.79 K (10ª.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 22, septiembre de 2015, tomo III, página 2073, con registro digital 2010058 cuyo contenido refiere: "INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMA DE LA DEMANDA LABORAL. LA RESOLUCIÓN QUE LO DECLARA IMPROCEDENTE ES UN ACTO INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece la procedencia del amparo indirecto contra actos de imposible reparación; concepto que refiere a aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos. En esta virtud, son dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: a) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, b) esos "derechos" afectados materialmente deben revestir la categoría de derechos "sustantivos"; expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De ello se colige que la nueva normativa persigue una finalidad constitucionalmente válida, que es dar celeridad a la tramitación y conclusión de los juicios para que se decidan los derechos en conflicto, al eliminar la posibilidad de que las partes incurran en estrategias dilatorias en aras de un pronunciamiento federal sobre la violación a un derecho adjetivo, cuando lo cierto es que las normas procesales no deben verse como un fin en sí, sino como un medio para que la administración de justicia se aplique a las controversias, decidiendo los derechos en litigio. De ahí que el "incidente de falsedad de firma de la demanda laboral", constituye un acto dentro de juicio que no afecta derecho sustantivo alguno. Lo anterior, porque el acto reclamado no conlleva en sí una afectación material a derechos sustantivos, entendiéndose por éstos los que no pueden ser reparados en sentencia definitiva, pues el desechamiento de una incidencia promovida ante la responsable para demostrar que la firma que calza la demanda no es auténtica, corresponde a la gama de los derechos de naturaleza adjetiva o procesal, los que se caracterizan por surgir y generarse durante el trámite del juicio, de forma que antes de éste el gobernado no los tenía y, que de infringirse, la sentencia definitiva que se dicte en favor del agraviado podrá tener como efecto la restitución de éstos; en caso contrario, de ser adversa y esas violaciones procesales trasciendan al resultado del fallo, podrán reclamarse en amparo directo, conforme al primer párrafo del artículo 171 de la ley de la materia." En relatadas condiciones, al haberse concretado la invocada causal de improcedencia, que resulta manifiesta e indudable, procede DESECHAR DE PLANO la presente demanda de garantías, por notoriamente improcedente, con fundamento en lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. IV. Pronunciamiento respecto a la discrepancia de las firmas. En otro orden de ideas, no pasa desapercibido para esta potestad federal la discrepancia de la firma plasmada en la demanda de amparo y la estampada en la ratificación de cuenta, sin embargo en atención al desechamiento acaecido con motivo de la causal de improcedencia actualizada, no se considera pertinente ordenar de manera oficiosa la pericial en materia de caligrafía y grafoscopia. V. Vista al Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional. Finalmente, en atención a que esta juzgadora federal esta compelida a dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que pudieran resultar constitutivos de algún delito, dese vista a la representación social adscrita al órgano, mediante oficio que al efecto se gire, al que se le anexará copia certificada del presente asunto para que de considerarlo ejerza su facultad de investigación por lo que hace la apuntada discrepancia en la firma plasmada en la demanda en comparación con la de la ratificación de cuenta.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO CITADO AL RUBRO, PROCEDO A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO CITADO AL RUBRO, POR MEDIO DE LISTA AUTORIZADA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), CON RELACIÓN AL 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, QUE EN SÍNTESIS REFIERE: . Ratificación de firma en la demanda de amparo. Vista la constancia de comparecencia de cuenta, se advierte que ********************, ratificó la firma contenida de la demanda de amparo presentada, contra el acto que reclama del Juez Civil de Primera Instancia, con sede en Cozumel, Quintana Roo. II. Acto reclamado. En la especie, en la demanda, el quejoso reclama el auto de trece de octubre del año en curso, dictado en autos del juicio ejecutivo mercantil ********************, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia, con sede en Cozumel, Quintana Roo, por medio del cual se resolvió tener por ciertos los hechos manifestados por la actora incidentista en el incidente de firmas falsas promovido dentro de dicho juicio, declarándose como cierta la falsedad de firma que diera origen al incidente en cuestión. III. Desechamiento de la demanda. En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar la demanda de amparo de que se trata, para determinar si existe alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia. En ese orden de ideas, lo manifiesto surge cuando el motivo de improcedencia se advierte de forma absolutamente clara y patente de la lectura de la demanda. Por su parte, el carácter de indudable se produce cuando existe certeza, seguridad y plena convicción de la causa de improcedencia, de tal modo que aún y cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa. Ahora bien, en el caso se advierte que el presente juicio de amparo es improcedente, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los derechos sustantivos de la parte quejosa. Sentado lo anterior, resulta conveniente precisar que a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo actual, un "acto dentro de juicio cuyos efectos son de imposible reparación" y contra los cuales procede el amparo indirecto, es aquel que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo el quejoso sentencia definitiva favorable a su interés. En los actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga sólo de las leyes adjetivas. Entonces, la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y tales derechos deben afectar en lo material a aquéllos de naturaleza sustantiva, expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De lo anterior, se concluye que respecto del acto reclamado, consistente en el acuerdo de trece de octubre del año en curso, dictado en autos del juicio ejecutivo mercantil ********************, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia, con sede en Cozumel, Quintana Roo, por medio del cual resolvió tener por ciertos los hechos manifestados por la actora incidentista en el incidente de firmas falsas promovido dentro de dicho juicio, declarándose como cierta la falsedad de firma, lo anterior, según lo manifestado por el propio promovente, como consecuencia de la incomparecencia del perito ******************** a la audiencia programada para ello; se actualiza la aludida causal de improcedencia 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo. Lo anterior, en atención a que no constituye un acto en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos, los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Dicho en otras palabras, el acuerdo reclamado no trae como consecuencia una ejecución irreparable, que es contra los actos respecto de los que procede el juicio de amparo biinstancial, ya que no implica una afectación directa y material a los derechos fundamentales del quejoso que reconoce la Carta Magna. De tal manera, que aún y cuando las violaciones procesales de que se trata produzcan una afectación que pudiera calificarse de grado predominante o superior, éstas no pueden ser sujetas a su análisis inmediato en la vía indirecta del juicio de amparo, la que se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. En ese orden de ideas, resulta incuestionable que los efectos del acto reclamado sólo se traducen en posibles violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución respectiva, si ésta es favorable a los intereses de la parte promovente y en caso contrario, puede reclamarlos en el juicio de amparo directo que se promueva contra la resolución definitiva, impugnando la determinación de que se duele en su caso, como violación procesal, en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo. Por tanto, queda de manifiesto que la violación procesal en comento, dada su naturaleza, no es en modo alguno irreparable, cuando es precisamente la irreparabilidad y la circunstancia de que se afecten derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, los únicos supuestos en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo. Ahora, conviene indicar que el Pleno del Alto Tribunal del País, se pronunció respecto a cuándo se debía considerar que los actos emitidos dentro de un juicio se consideraban violaciones procesales y cuando actos de ejecución irreparable, como se evidencia de la contradicción de tesis 377/2013, indicando que para que un acto dictado en juicio sea considerado de imposible reparación, es necesario que éste produzca una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas, como acontece en el asunto en estudio; lo cual quedó plasmado en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10ª.), que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P. /J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '. los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '. aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". [El énfasis es añadido]. También sirve de apoyo a lo expuesto, por identidad de razón por lo que se refiere al incidente falsedad de firma, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito contenido en la tesis XXVII.3º.79 K (10ª.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 22, septiembre de 2015, tomo III, página 2073, con registro digital 2010058 cuyo contenido refiere: "INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMA DE LA DEMANDA LABORAL. LA RESOLUCIÓN QUE LO DECLARA IMPROCEDENTE ES UN ACTO INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece la procedencia del amparo indirecto contra actos de imposible reparación; concepto que refiere a aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos. En esta virtud, son dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: a) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, b) esos "derechos" afectados materialmente deben revestir la categoría de derechos "sustantivos"; expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De ello se colige que la nueva normativa persigue una finalidad constitucionalmente válida, que es dar celeridad a la tramitación y conclusión de los juicios para que se decidan los derechos en conflicto, al eliminar la posibilidad de que las partes incurran en estrategias dilatorias en aras de un pronunciamiento federal sobre la violación a un derecho adjetivo, cuando lo cierto es que las normas procesales no deben verse como un fin en sí, sino como un medio para que la administración de justicia se aplique a las controversias, decidiendo los derechos en litigio. De ahí que el "incidente de falsedad de firma de la demanda laboral", constituye un acto dentro de juicio que no afecta derecho sustantivo alguno. Lo anterior, porque el acto reclamado no conlleva en sí una afectación material a derechos sustantivos, entendiéndose por éstos los que no pueden ser reparados en sentencia definitiva, pues el desechamiento de una incidencia promovida ante la responsable para demostrar que la firma que calza la demanda no es auténtica, corresponde a la gama de los derechos de naturaleza adjetiva o procesal, los que se caracterizan por surgir y generarse durante el trámite del juicio, de forma que antes de éste el gobernado no los tenía y, que de infringirse, la sentencia definitiva que se dicte en favor del agraviado podrá tener como efecto la restitución de éstos; en caso contrario, de ser adversa y esas violaciones procesales trasciendan al resultado del fallo, podrán reclamarse en amparo directo, conforme al primer párrafo del artículo 171 de la ley de la materia." En relatadas condiciones, al haberse concretado la invocada causal de improcedencia, que resulta manifiesta e indudable, procede DESECHAR DE PLANO la presente demanda de garantías, por notoriamente improcedente, con fundamento en lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. IV. Pronunciamiento respecto a la discrepancia de las firmas. En otro orden de ideas, no pasa desapercibido para esta potestad federal la discrepancia de la firma plasmada en la demanda de amparo y la estampada en la ratificación de cuenta, sin embargo en atención al desechamiento acaecido con motivo de la causal de improcedencia actualizada, no se considera pertinente ordenar de manera oficiosa la pericial en materia de caligrafía y grafoscopia. V. Vista al Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional. Finalmente, en atención a que esta juzgadora federal esta compelida a dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que pudieran resultar constitutivos de algún delito, dese vista a la representación social adscrita al órgano, mediante oficio que al efecto se gire, al que se le anexará copia certificada del presente asunto para que de considerarlo ejerza su facultad de investigación por lo que hace la apuntada discrepancia en la firma plasmada en la demanda en comparación con la de la ratificación de cuenta.
- Principal
CÚMPLASE.Glósese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta, remitido por la Juez de Despacho del Distrito Judicial de Tulum, Quintana Roo, mediante el cual informa que ya devolvió el despacho 187/2022-IV, con número de orden 331/2022-IV, del índice de este juzgado; lo anterior, toda vez que dicha comunicación oficial se tuvo por recibida el veintiuno de septiembre pasado y se acordó lo relativo en cuanto a su contenido.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO CITADO AL RUBRO, PROCEDO A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO CITADO AL RUBRO, POR MEDIO DE LISTA AUTORIZADA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), CON RELACIÓN AL 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, ACUERDO QUE EN SÍNTESIS REFIERE: Se requiere ratificación de firma.En virtud de lo anterior, de conformidad con el 114, fracción I, de la Ley de Amparo, se requiere quejoso para que comparezca dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de que surta efectos la notificación que se le realice, a las instalaciones de este órgano jurisdiccional para que ratifique el indicado escrito y manifieste bajo protesta de decir verdad que la firma que obra en la demanda es suya...Se apercibe al impetrante que de no comparecer en el plazo indicado, se tendrá por no presentada la demanda, conforme a lo que establece el penúltimo párrafo del citado 114 de la ley de la materia..CONSULTA ELECTRÓNICA...En otro orden de ideas, la parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones ni señaló expresamente que se le hicieran de forma electrónica a través del usuario que proporcionó, como lo señala el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo; y el diverso artículo 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo...En consecuencia de lo anterior, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista de estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo...En la inteligencia que, dentro del mismo plazo de cinco días o al momento de que acuda a ratificar la demanda de cuenta, podrá proporcionar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, o señalar de manera expresa que se le realicen vía electrónica, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, las subsecuentes notificaciones se le continuarán realizando por lista de estrados.
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