José Alejandro Vollalobos Lugo

Expediente 1260/2018 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1260/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
07/01/2019

Partes del expediente

  • José Alejandro Vollalobos Lugo
  • José Alejandro Villalobos Lugo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta, téngase al Presidente de la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, acusando recibo del oficio 20435/2018, mediante el cual se hizo de su conocimiento el auto de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, así como de la recepción de los autos originales; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió en queja el auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, por medio del cual, se desechó la demanda de amparo presentada, se declara que el mismo ha causado estado. Orden de archivo. Orden de destrucción. Remisión constancias.Se solicita acuse.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente al promovente.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Por recibidos el oficio y anexos que remite el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual informa que ese órgano colegiado declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por José Alejandro Villalobos Lugo, por su propio derecho, contra el acto reclamado a la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que considera violatorio de sus derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales a que se refiere. En términos de lo dispuesto por los artículos 37, 45, 107 de la Ley de Amparo, y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del asunto dada la competencia declinada; acúsese el recibo de estilo a la superioridad y con apoyo en el numeral 112 de la Ley de Amparo, se procede a proveer sobre la demanda de amparo en mención. Fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 1260/2018-VIII. Decisión sobre la instancia constitucional. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo y anexos, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Octava Época, con número de registro 221353, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, dentro del tomo VIII, noviembre de 1991, la cual es visible a página 198, y establece lo que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". Expuesto lo anterior, cabe mencionar que, de oficio, este órgano de control constitucional advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, cuyos contenidos son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXlll.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Articulo 107.- El amparo indirecto procede: [.] IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan al archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". De los preceptos legales antes transcritos, se advierte que el amparo indirecto es procedente en la etapa de ejecución de sentencia, únicamente contra aquéllos que constituyen la última resolución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; lo anterior, con la finalidad de evitar que se abuse del juicio de amparo y que por cada acto se instaure una nueva litis constitucional, provocando que se viole el derecho a la plena ejecución de las sentencias. En ese sentido, el amparo se pedirá una vez que se haya dictado la última resolución dentro del procedimiento de ejecución. Cobra aplicación al respecto, la Jurisprudencia 2a. VIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos treinta, Tomo VII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, que a la letra dice: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que excepcionalmente durante la etapa de ejecución de sentencia, procede el juicio de amparo en la vía indirecta cuando exista una afectación a los derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Es ilustrativa la Jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página doscientos treinta, Tomo XXXIII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de dos mil once, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Es oportuno mencionar que en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia trascrita, se delimitó la procedencia del juicio de amparo aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada (cuyo contenido, en lo que interesa, es similar al de la legislación en vigor), ya que se estableció que no sería procedente impugnar violaciones procesales aunque fueran relevantes, pues al efecto el Máximo Tribunal dijo lo siguiente: "Esto es, la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma relativa a que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede en contra de la última resolución de dicho procedimiento; sin embargo, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía la fracción IV del mismo numeral, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ello, sin que dicha aplicación, por analogía, permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes". Así entonces, acorde a las consideraciones de la ejecutoria respectiva y al contenido de la Ley de Amparo, se obtiene que los supuestos de procedencia de la fracción IV del artículo 107 de dicha legislación, deben entenderse en correlación con la fracción V del mismo numeral, ya que ésta establece un supuesto de procedencia más amplio, de modo que es la que da pauta para la interpretación de la fracción anterior y no a la inversa. Luego entonces, el supuesto normativo establecido en la fracción V citada, en el que se establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe entenderse que ello también puede darse en los supuestos normativos regulados por la fracción IV, es decir, tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia. Por tanto, ante la regla general consistente en que tratándose de actos dentro de la fase de ejecución de sentencia sólo procede el amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en esa etapa, cabe excepcionalmente la procedencia del mencionado juicio de garantías establecida en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, si es que dichos actos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, los cuales, indispensablemente tienen que ser ajenos a lo resuelto en el fallo que se ejecuta. Asentado lo previo, debe decirse que las anteriores reglas cobran vigencia respecto de los actos que, sin estar directamente vinculados con la ejecución de una sentencia, son dictados después de concluido el juicio; de tal manera que, si está en presencia de un incidente tramitado en tales circunstancias, el juicio de amparo tendrá lugar, únicamente, una vez que se emita la última resolución en tal procedimiento, salvo que se trate de actos cuya ejecución sea de imposible reparación. En atención a lo antes expuesto, se colige que el acto ahora reclamado no se encuentra en uno de los casos de excepción, puesto que la quejosa se duele, en síntesis, del auto de diez de octubre de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio 915/2016, del índice de la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en el que se tuvo por recibidas las copias certificadas de la resolución de nueve de julio de dos mil dieciocho, dictada por la Sala Superior, en el recurso de apelación 357/2017, y se requirió a la parte actora -aquí quejosa- para que presentara la planilla de liquidación correspondiente. En razón de lo anterior, se advierte que el acto reclamado no consiste en la resolución con la cual se concluye la etapa de liquidación de sentencia, por lo que los efectos y consecuencias son que se continúe con el trámite de la liquidación de sentencia, hasta que se dicte resolución interlocutoria en dicha incidencia; de todo lo cual deviene la improcedencia de su demanda de amparo. Así pues, como se dijo, no se trata de la resolución con la que resuelve el incidente de liquidación dentro del cual se promovió aquél, aunado a que sus efectos no son de aquéllos que infrinjan los derechos sustantivos de la peticionaria de amparo, pues existe la posibilidad de que dicho fallo resulte favorable a ésta, en cuyo caso ninguna huella dejaría en su esfera jurídica el acto que por esta vía reclama. De ahí que, en el caso particular, el acto reclamado no es susceptible de análisis de manera inmediata en el presente juicio de protección de derechos fundamentales, sino que será hasta el dictado de la resolución interlocutoria cuando la parte promovente estará en aptitud de promover el juicio de amparo en su contra y, a la vez, hacer valer como violación procesal la resolución hoy reclamada. Cobra cita al respecto, la tesis IX.1o.58 K emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, octubre de 2002, página 1475, de la Novena Época, de registro 185611, que a la letra señala: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO DEL INCIDENTE INTERPUESTO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO. DEBEN RECLAMARSE EN AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE PONGA FIN A DICHO PROCEDIMIENTO. La supuesta indebida citación a una de las partes para acudir a un procedimiento incidental, después de concluido el juicio, es susceptible de reclamarse en la vía de amparo indirecto, pero sólo hasta que se resuelva en definitiva la cuestión incidental planteada, como lo exige el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, pues atento la identidad jurídica sustancial con los actos contemplados en dicho precepto legal, así como con los regulados por el diverso 161, párrafo primero, del citado ordenamiento, respecto del juicio de amparo directo, lo que se pretende es la continuación del procedimiento incidental sin mayores obstáculos y evitar la reiterada promoción de juicios de amparo, cuantas violaciones de ese carácter se estimaran cometidas, aunque con la posibilidad de reclamar todas las posibles violaciones, a través de un solo juicio que se tramite en la vía biinstancial, en contra de la interlocutoria que ponga fin a la incidencia.". Asimismo, la tesis de la Octava Época, con registro 220175, consultable dentro del Semanario Judicial de la Federación, tomo IX, marzo de 1992, localizable a página 216, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL AUTO ADMISORIO DE UN INCIDENTE, POR NO SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACION.- Como el auto admisorio de un incidente, por su naturaleza jurídica procesal no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, el juicio de garantías que se promueve en su contra es improcedente, de conformidad con el artículo 114, fracción VI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 73, fracción XVIII, del mismo ordenamiento, pues la determinación judicial combatida no tiende a privar al quejoso de un derecho, bien o posesión, ya que sería hasta el dictado del fallo que resuelva el incidente planteado cuando podría darse el perjuicio derivado por su admisión. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, aplicada a contrario sensu, y con apoyo en el diverso artículo 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional, que de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que los conceptos de violación de la misma, van encaminados a combatir la sentencia de nueve de julio de dos mil dieciocho, dictada por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; motivo por el cual, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, -el cual conoció en primero término de la presente demanda al haberse tramitado como amparo directo- requirió en su momento al quejoso para que aclarara su acto reclamado, sin que al efecto lo hiciera; en virtud de lo anterior, mediante proveído de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho , se declaró incompetente para conocer del acto reclamado señalado y respecto del cual este órgano jurisdiccional se pronunció en el presente proveído. En otro aspecto, tomando en consideración que al oficio de cuenta se anexa el expediente 915/2016, del índice de la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; es por lo cual, de momento, se ordena su guarda en la secretaría de este juzgado de Distrito. Domicilio y autorizado de la parte promovente. Domicilio. Toda vez que la parte quejosa no proporcionó domicilio procesal, tal y como se advierte de la demanda de amparo, en tal virtud, notifíquese la presente resolución mediante lista, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a), y 29 de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones, inclusive las que de carácter personal le resulten, hasta en tanto señale domicilio procesal cierto. Tiene aplicación al caso, por lo que a su contenido informa, la jurisprudencia de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR SU DOMICILIO PARTICULAR, NO ES MOTIVO PARA TENERLA POR NO INTERPUESTA." Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente

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