José Alejandro Valdivia Camarena

Expediente 693/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
693/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
03/07/2023

Partes del expediente

  • José Alejandro Valdivia Camarena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que no se interpuso recurso de queja en contra del auto quince de junio de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por ********************; por tanto, se declara que queda firme, causando estado con fundamento en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido...............

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    AVISO. Se procede a notificar por lista el acuerdo de quince de junio de dos mil veintitrés a la parte quejosa, en virtud de no haber acudido al local del juzgado dentro del plazo de dos días hábiles siguientes a la entrega del aviso en su domicilio procesal para notificarse del referido proveído, el cual establece lo siguiente: Mexicali, Baja California, a quince de junio de dos mil veintitrés. No presentada Visto el estado que guarda el presente asunto, así como la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el lapso que tenía la parte quejosa, para que diera cumplimiento a la prevención contenida en acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintitrés; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de mérito y con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda de amparo.

  4. Principal

    CITATORIO. Se procede a notificar por medio de lista el proveído de treinta de mayo de dos mil veintitrés a la parte quejosa JOSÉ ALEJANDRO VALDIVIA CAMARENA en virtud de no haber acudido al local del juzgado dentro del plazo de dos días hábiles siguientes a notificarse de dicho auto, el cual establece lo siguiente: Mexicali, Baja California, a treinta de mayo de dos mil veintitrés. I. Radicación Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por José Alejandro Valdivia Camarena por su propio derecho, contra actos de la autoridad responsable 1) Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California y 2) Actuario de su adscripción. II. Creación de expediente Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 693/2023. III. Decisión sobre la instancia constitucional 1. Prevención El artículo 114 de la ley de la materia dispone que se mande aclarar la demanda de amparo si contiene alguna de las deficiencias, omisiones o irregularidades que precisa. Ahora, a efecto de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la quejosa, para que dentro del término de CINCO DÍAS contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad aclare su demanda sobre los siguientes aspectos: Precise los antecedentes del acto reclamado bajo protesta de decir verdad Precise de manera puntual los antecedentes de los actos reclamados, especificando la última actuación realizada, la fecha en que se llevó a cabo y en qué consiste la dilación reclamada. Lo anterior, en virtud de que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que los actos reclamados no se encuentran precisados con claridad, en virtud de que la parte quejosa señala como tales la omisión de dictar la resolución (sin especificar a cual se refiere), así como la omisión de notificar la resolución mediante la cual se provea sobre la admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 3316/2020-1A. Luego en los antecedentes del acto reclamado señala que promovió demanda ante la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, y que una vez desahogada la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas la autoridad estableció un término prudente a fin de proveer sobre la admisión y/o desechamiento de las mismas; lo anterior, sin especificar la fecha en que tuvo verificativo la citada audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; y agrega que a la presente fecha, la responsable no ha proveído sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral de origen en los términos y plazos determinados por la Ley Federal del Trabajo; empero, no precisa aquélla data, o bien, cuándo dictó la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Dicho de otro modo, la parte quejosa no precisa el motivo claro por el cual considera que existe la dilación que reclama a la Junta aludida, lo cual es necesario para proveer lo conducente en relación con la demanda de amparo Encuentra sustento dicho requerimiento en la tesis que establece: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Por lo que resulta indispensable que la parte quejosa exprese bajo protesta de decir verdad- de manera clara y precisa los antecedentes del acto reclamado, esto es, las actuaciones y/o promociones realizadas o instadas y sus fechas exactas, a efecto de que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de verificar si efectivamente se trata de una abierta dilación del procedimiento laboral, esto en términos de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS." Lo que es así, pues ello es un requisito formal de la demanda de amparo, por ende una exigencia legal, conforme a los artículos 114, fracciones I y II, en relación con el 108, fracción V, de la Ley de Amparo, que prevén que la parte quejosa en la demanda deberá señalar bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, haciendo una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia, por ser una cuestión de orden público, ya que de esa manera se fijaría la litis constitucional, las autoridades responsables estarían en aptitud de justificar los actos que se les reclaman y el suscrito podrá realizar un correcto estudio de los actos impugnados, en su caso, en la sentencia que en su momento se dicte. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Lo que se sostiene así además considerando lo que establece la jurisprudencia 2a. CV/2013 (10a), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada del recurso de inconformidad 282/2013, en la que abandonó el criterio contenido en la jurisprudencia por contradicción de tesis 45/2007, de rubro "SENTENCIA DE AMPARO, CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR EL JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES SEÑALADAS EN LAS DEMANDAS DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS Criterio con registro digital: 2005917, Materias(s): Constitucional, Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 325, Tipo: Jurisprudencia. SUBSECUENTES; para sostener que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional, deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dilatorio dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Jurisprudencia con rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LO QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la violación a la garantías de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". De ahí que sea menester que el amparista señale en la demanda de amparo los antecedentes del acto reclamado, para que este juzgado esté en aptitud de analizar la procedencia del reclamo y en su momento, de resolver sobre el agravio que dice se le causó. Sin que la prevención por los motivos expuestos, pueda considerarse una carga procesal excesiva que infrinja la garantía prevista en el numeral 17 Constitucional, en la medida de que tal requisito formal puede ser desahogado por el impetrante del amparo a la brevedad que desee, atento a que es parte sustantiva en el juicio de origen, dado que aquí se ostentó como la parte actora, por lo que no se advierte impedimento legal ni material para que acceda al juicio laboral de origen para obtener esa información, en su caso. 2. Apercibimiento Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior dentro del término citado, se tendrá por no presentada su demanda, como lo establece el último párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. IV. Intervención de la parte quejosa 1. Parte quejosa. José Alejandro Valdivia Camarena. a. Domicilio. Se tiene por señalado como domicilio procesal el ubicado en Carretera a San Luis, número 3598, interior 1, Colonia González Ortega de esta ciudad. b. Autorizados. Se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la invocada ley a la licenciada Dayaana Uribe Ontiveros. c. Número telefónico. Se tiene por señalado el número telefónico que refiere la promovente para comunicaciones no procesales. d. Autorización de uso de medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 del Pleno de la Judicatura Federal, se autoriza la reproducción de las actuaciones que obren en el expediente en que se actúa, dejando constancia en el expediente de la reproducción obtenida a través de medios electrónicos, tales como cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares con dispositivos fotográficos o similares. En el entendido, que deberá contar con los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión este reservada por disposición legal; así como que el uso que le dé a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. Apoya a lo anterior por las razones que la informan, la tesis cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Tesis I.3o.C.725 C (9a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de 2009, página 2847, con registro digital 167640, de rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Exhortación a las partes de seguir el juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, en la medida de lo posible, hagan uso del juicio en línea por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), presentando las promociones de forma electrónica, solicitar el acceso al expediente electrónico y las notificaciones en la misma vía, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y artículo 263, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, que regula la integración y trámite de expediente electrónico. VII. Correo electrónico de este juzgado. precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." Se informa a las partes que el correo electrónico de este juzgado de Distrito es el siguiente: 4jdo15cto@correo.cjf.gob.mx. VIII. Esquema de atención al público. En términos del artículo 6 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento de las partes que requieran realizar consulta del presente asunto, que el horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; en términos de los artículos 261, 262, y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, contenido dentro del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. IX. Información relativa a la expedición de copias. Se hace del conocimiento que las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, dado que conforme a los términos previsto por el Acuerdo General en cita, en su artículo 22, las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyen la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Por lo que se exhorta a las partes a la utilización de dicha herramienta. X. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley.

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