José Alejandro Tique Duarte
Expediente 2053/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2053/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- José Alejandro Tique Duarte
- Julián Andrés Suárez Galeano
Actuaciones
- Principal
MESA 4.- VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista; la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de doce de diciembre del presente año, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, promovido por 1) ********************2)********************Y 3) ********************; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por remisión expresa de su numeral 2°; en consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de la certificación de cuenta se advierte que en auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DE PLANO a los quejosos. Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en relación con el artículo 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico, hasta el treinta noviembre de dos mil veintidós y a partir del uno de diciembre siguiente el expediente físico contendrá los documentos recibidos de manera impresa, mientras que la documentación recibida vía electrónica, únicamente constará en el expediente virtual.
- Principal
MESA 4.-VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto, agréguese a los autos el informe remitido por la autoridad responsable de la que se advierte que los directos quejosos 1) JOSÉ ALEJANDRO TIQUE DUARTE, 2) JULIÁN ANDRÉS SUÁREZ GALEANO Y 3) SARA CRISTINA SUÁREZ GALEANO, no se encuentran a disposición de esa autoridad migratoria, ni tampoco cuentan con registro alguno en su base de datos y tampoco han estado alojados en la estación migratoria de esta ciudad. Manifestación a la que se le otorga valor probatorio pleno en términos del numeral 202, en relación con el 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, por haber sido vertida por la autoridad responsable dentro de su informe de suspensión de plano. Al respecto, resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 180 del Tomo III, Apéndice de 1917 a 2000, del siguiente rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS.- No afecta jurídicamente al informe en que las autoridades responsables se limitan a exponer que no son ciertos los actos que de cada una de ellas se reclaman, que en él no se haga mención del nombre y domicilio del tercero perjudicado ni se manifieste si se han realizado actos similares o distintos de los reclamados que afecten o puedan afectar los derechos agrarios de los quejosos, ni, en su caso, los fundamentos legales de aquéllos; sin que, asimismo, se informe sobre los actos en virtud de los cuales los quejosos adquirieron los derechos agrarios que aducen, ni se remitan las constancias necesarias para precisar tales derechos. Dichas omisiones no bastan para invalidar la negativa de los actos reclamados por parte de las autoridades responsables, al no encontrarse desvirtuada por prueba alguna en contrario, ni existir disposición legal que determine que las repetidas omisiones acarreen como consecuencia la presunción de ser ciertos los actos reclamados, procediendo el sobreseimiento del juicio de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Lo que se corrobora con la razón actuarial de veinticuatro de noviembre dos mil veintidós [Foja 35]. Diligencia que tiene valor probatorio en términos de la tesis formulada por el Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Materias(s): Común, Volumen 181-186, Sexta Parte, página 16, con registro 249049, del siguiente rubro y texto: "ACTUACION JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso; por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad". Por tanto, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo los impetrantes no se encontraban a disposición de la autoridad responsable. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que los quejosos señalaron como actos reclamados, los siguientes: Detención. Deportación, expulsión o repatriación. Restricción a la libertad de tránsito. Incomunicación. En ese contexto, atendiendo a las consideraciones previamente expuestas, esta juzgadora concluye que no existen los referidos actos reclamados, toda vez que, como se evidenció, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no se encontraban a disposición de la autoridad migratoria. Pues, de la razón levantada por el actuario de la adscripción, se advierte que se constituyó, el veinticuatro de noviembre pasado en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, Delegación Tabasco, en busca de 1) JOSÉ ALEJANDRO TIQUE DUARTE, 2) JULIÁN ANDRÉS SUÁREZ GALEANO Y 3) SARA CRISTINA SUÁREZ GALEANO, pero no se encontraban en sus instalaciones, asimismo, le fue informado que nunca han estado alojados en ese lugar (Foja 35). En consecuencia, procede decretar el SOBRESEIMIENTO del juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. No impide determinar lo anterior, que la demanda de amparo no haya sido ratificada por los citados quejosos, pues como se mencionó anteriormente, éstos no han estado detenidos ni privados de su libertad fuera de procedimiento. Por lo que, no se trata del supuesto de desaparición forzada que prevé el artículo 15 de la Ley de Amparo, por tanto, se dejan sin efectos las providencias decretadas al respecto.
- Principal
MESA 4.-VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. requiérase a la antes citada a efecto de que, dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas a partir del día al en que sean notificadas del presente proveído, informen a este Juzgado el cumplimiento que se le está dando a la suspensión de plano decretada a favor de los quejosos
- Principal
MESA 4.-Visto, agréguese a los autos el escrito signado por la apoderada general del Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco, a través del cual informa que el precitado ayuntamiento se encuentra realizando los trámites inherentes y legales para estar en condiciones de realizar los pagos requeridos; asimismo, en relación al presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2023, por lo que considera que el termino de tres días resulta ser un plazo muy corto, por lo que solicita prórroga para dar cumplimiento al fallo. Sobre el particular, por sentencia de quince de diciembre de dos mil veinte, se concedió la protección constitucional a Magnolia Herrera Jiménez, para que la autoridad responsable: Con la mayor celeridad posible, atendiendo a lo dispuesto en el segundo párrafo del precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realice los trámites conducentes y haga uso de todos los instrumentos jurídicos a su alcance, para procurar la pronta, expedita y completa ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 154/2007 de su índice, que en el caso consiste en: Ahora bien, el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, establece que la autoridad responsable debe ser requerida para que cumpla con la ejecutoria en el término de tres días. Con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se otorga a los integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco, el plazo improrrogable de TREINTA DÍAS HÁBILES, siguientes al en que queden notificados del presente acuerdo, para que, den cumplimiento al fallo protector en los términos señalados anteriormente. En ese tenor, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase Para que en el plazo concedido, den cumplimiento al fallo protector en los términos precitados y remitan copia certificada que así lo acrediten. En su caso, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito en turno, para los efectos previstos en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pudiendo concluir con su inmediata separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el ordinal 267, fracción I, de la Ley de Amparo.
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