JOSE ALEJANDRO SORIANO RINCON y Otros.

Expediente 291/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
291/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
14/06/2021

Partes del expediente

  • JOSE ALEJANDRO SORIANO RINCON y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    ... Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que, en acuerdo de treinta de abril del año en curso, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, ni promoción que acordar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. DESTINO: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. DOCUMENTOS: La parte promovente no allegó documentales al presente asunto. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15 interpretado en sentido contrario, 21, inciso d), del Acuerdo en cita. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de tres días, concedido a las parte quejosa mediante proveído de nueve de abril del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo informado por el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, en cumplimiento al fallo protector; sin que hayan realizado manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver de acuerdo a las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000. "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, conviene destacar que mediante sentencia emitida por este órgano jurisdiccional el veintisiete de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la justicia a la parte quejosa. Sentencia que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, en el amparo en revisión 130/2020, para el efecto de que el Director del Hospital General de Valle de Santiago, Guanajuato, realizara lo siguiente: "Continúe proporcionando al quejoso el tratamiento de hemodiálisis o, en su caso, el que corresponda por lo que hace a su en enfermedad renal crónica". Además, de conformidad con lo ordenado por el tribunal revisor en la ejecutoria, determinó que la citada autoridad responsable no sólo debe limitarse a manifestar que no es posible otorgar el servicio médico por insuficiencia presupuestaria, sino que dentro de todas las acciones posibles debe considerar que en términos del artículo 4, último párrafo de la Constitución, debe garantizar al derecho humano que tiene toda persona a la protección de la salud, y para ello, debe considerar que la propia norma fundamental estableció la concurrencia de la Federación y las entidades federativas, lograr la extensión progresiva, cuantitativa, cualitativa de los servicios de salud. Por tanto, la autoridad responsable, debe otorgar el tratamiento de hemodiálisis al quejoso y para ello debe: Realizar todas las acciones posibles para brindar el tratamiento, incluso, celebrar los acuerdos de coordinación con las autoridades federales (Consejo de Salubridad General y Secretaría de Salud), para lograr que se otorgue el servicio médico prescrito al quejoso. Lo anterior, debido a que es el Consejo de Salubridad General, la autoridad que elabora el Compendio Nacional de Insumos, donde se determina la lista de medicamentos y otros materiales esenciales para la salud y se garantiza su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes. Que en el supuesto de que la autoridad responsables determine no celebrar acuerdos de coordinación con las autoridades federales, debe considerar que como la prestación gratuita de los servicios de salud, es establecida por el Gobierno Federal, ello la conmina a realizar todas las acciones encaminadas a cumplir con los objetivos estratégicos establecidos en el presupuesto y la distribución de la cartera de los servicios de salud, lo que incluso implica realizar todas las acciones de coordinación con la Secretaría de Salud, a fin de que se logre la rectoría y la prestación de servicios de salud, conforme a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Salud. Incluso de ser el supuesto, realizar los trámites correspondientes para que el quejoso sea canalizado al Hospital Regional de Alta Especialización del Bajío, el cual, es un nosocomio público que cuenta con los instrumentos e instalaciones adecuadas para el tratamiento requerido, el cual, brinda atención médica especializada que no puede ser atendida por un hospital de nivel dos. En esa medida, la autoridad responsable tiene la obligación de asegurar un nivel esencial del derecho a la salud y para ello deberá realizar todas las acciones posibles y utilizar todos los medios que están a su alcance con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 17 constitucional, lo que se traduce en garantizar que el quejoso recibirá el tratamiento de hemodiálisis, al margen de todos los tramites, o en su caso, los acuerdos que tenga que celebrar la responsable con las dependencias federales." Luego por oficio registrado con el progresivo 2118/2021 y 2190/2021, el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, mediante oficio sin número, remitió copia certificada del acta de conocimiento informada a favor de la aquí quejosa, de la que se advierten las sesiones aplicadas hasta el ventinueve de marzo de este año; asimismo, anexa copia del oficio que dirige a la Director del Hospital General de Valle de Santiago, Guanajuato, del que se advierte conmina a esta, a fin de que dé cumplimiento a lo solicitado en autos, asimismo, refirió: "I) Desde el momento que su señoría decretó la suspensión de plano dentro del expediente al rubro indicado, mi representada realizó diversas gestiones para dar cumplimiento a dicha suspensión, realizando valoraciones médicas a la quejosa, así como estudios de gabinete y laboratorio, de los cuales se informó en su oportunidad a su señoría. Dentro de las gestiones realizadas por mi representada, se encuentra la subrogación del servicio de hemodiálisis para la paciente, por lo que en fecha 28 de octubre de 2020 se informó a este H. Juzgado que notificar a la quejosa a la quejosa para que se presentara con el proveedor -HEMODIALISIS AVANZADA- en Celaya, Guanajuato, en los días lunes, jueves y sábado. Con todo ello se demuestra que mi representada siempre ha brindado atención médica a la quejosa, y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, me permito informar que en la actualidad continúa con sus sesiones de hemodiálisis, por lo que anexo al presente el último reporte del proveedor consistente en la bitácora de sesiones de 1 al 29 de marzo de 2021. II) Al presente, se adjunta también el oficio *****, donde se instruye a la Dr. *****, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo". Acorde con lo anterior, se advierte que la autoridad responsable acató en sus términos la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, con dichas actuaciones, se insiste, la responsable cumplió con lo ordenado en la sentencia de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo dictada en el presente asunto, HA QUEDADO DEBIDAMENTE CUMPLIDA. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Existencia de documentos. La parte quejosa allegó documentos de los catalogados como originales y no originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido, y 18, fracción I, incisos b), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Respecto de los documentos aportados por la parte quejosa, catalogados como originales, se previene a la parte quejosa, para que en un plazo de noventa días naturales, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda al local de este juzgado a recoger dicha documental, que exhibió como prueba en el presente juicio. Por lo que hace a los documentos exhibidos por la parte quejosa en el presente juicio catalogado como no original, por lo que, su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. Para tal efecto, el interesado deberá agendar cita; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx., respecto de lo que se le informa que este juzgado brinda servicio al público de lunes a viernes, en un horario de las doce treinta a las dieciocho treinta horas, así como que el sistema solo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo de los oficios que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

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