José Alejandro Romero Carreto
Expediente 603/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 45 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 603/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 45
- Última actuación
- 11/12/2019
Partes del expediente
- José Alejandro Romero Carreto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 45.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo el doce de diciembre de dos mil diecisiete y modificada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito (fojas 844 a 872), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que el Secretario General de Gobierno del Estado de Puebla: ".deje insubsistente la resolución reclamada del siete de marzo de dos mil diecisiete, dictada en la queja 208/2012. En su lugar, con plenitud de facultades, de manera fundada y motivada, estudie si en el caso se actualiza o no la figura de la prescripción y, de ser así, determine qué efectos anulatorios tendría en el proceso. En la inteligencia que deberá ponderar que dicha institución jurídica no se encuentra prevista en la Ley del Notariado aplicable, por lo que deberá complementar su interpretación normativa con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, norma que habrá de tomarse como supletoria a la Ley del Notariado del Estado de Puebla, en relación con lo señalado en el Código de Defensa Social, tales legislaciones vigentes al momento en que se presentó la queja administrativa que dio origen al procedimiento al que se encuentra sujeto el peticionario de amparo, ahora recurrente ." Asimismo, mediante oficio recibido el veintinueve de noviembre de dos mil de dos mil diecinueve, la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo, pues remitió copia certificada de la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente de queja 208/2012, en la que determinó no entrar al estudio de fondo para determinar la responsabilidad administrativa imputada al quejoso José Alejandro Romero Carreto, por los motivos que de la misma se desprende, siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo (fojas 903 a 921). Por auto de dos de diciembre de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa con tales documentos, mismo que se le notificó el tres de diciembre del año en cita. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Del examen de las documentales exhibidas por el Consejero Jurídico del Gobernador del Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que tal como se le requirió copia certificada de la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente de queja 208/2012, en la que determinó no entrar al estudio de fondo para determinar la responsabilidad administrativa imputada al quejoso José Alejandro Romero Carreto, por los motivos que de la misma se desprende, siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de depuración en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo General relativo, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de depuración pues se concedió la medida cautelar solicitada, en forma provisional y definitiva. De conformidad con lo dispuesto en la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo referido, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser destruido, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto Vigésimo cuarto del Acuerdo normativo. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales" Finalmente, glósese el presente acuerdo al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio del Consejero Jurídico del Gobernador del Estado de Puebla, por medio del cual remite copia certificada de la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente de queja 208/2012, en la que determinó no entrar al estudio de fondo para determinar la responsabilidad administrativa imputada al quejoso José Alejandro Romero Carreto, por los motivos que de la misma se desprende siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo. En consecuencia, córrase traslado con las referidas documentales y dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio del Director Jurídico de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, por medio del cual informa la imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo, ello en atención a que a partir del trece de agosto de dos mil diecinueve, se autorizó la creación de la Subconsejería Jurídica Consultiva y Normativa de la Consejería Jurídica y se le asignaron las funciones y atribuciones que las disposiciones jurídicas confieren a la Subsecretaría Jurídica de la Secretaria de Gobernación en materia de notariado y a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas en materia registral y catastral, que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de deben transferirse a la Consejería Jurídica. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, requiérase al Encargado del Despacho de la Subconsejería Jurídica Consultiva y Normativa de la Consejería Jurídica, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que quede debidamente notificado del presente auto dé cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo, la que es para el efecto de: ".Que el Secretario General de Gobierno del Estado de Puebla, deje insubsistente la resolución reclamada del siete de marzo de dos mil diecisiete, dictada en la queja 208/2012; En su lugar, con plenitud de facultades, de manera fundada y motivada, estudie si en el caso se actualiza o no la figura de la prescripción y, de ser así, determine qué efectos anulatorios tendría en el proceso. En la inteligencia que deberá ponderar que dicha institución jurídica no se encuentra prevista en la Ley del Notariado aplicable, por lo que deberá complementar su interpretación normativa con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, norma que habrá de tomarse como supletoria a la Ley del Notariado del Estado de Puebla, en relación con lo señalado en el Código de Defensa Social, tales legislaciones vigentes al momento en que se presentó la queja administrativa que dio origen al procedimiento al que se encuentra sujeto el peticionario de amparo, ahora recurrente.." Se apercibe al Encargado del Despacho de la Subconsejería Jurídica Consultiva y Normativa de la Consejería Jurídica, que de no dar cabal cumplimiento a lo anterior, se hará acreedor a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $84.49 [ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos], atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve y se ordenará remitir el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se le hace del conocimiento que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no la exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se le informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se comunica a la autoridad citada con antelación que, en términos del artículo 193, primer párrafo, última parte, de la Ley de Amparo, las personas físicas que ostenten la titularidad de los cargos como autoridades responsables, seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; por lo que el presente requerimiento se entenderá dirigido a dichos substitutos, así como el apercibimiento decretado en el presente auto, para lo cual se anexa copia autorizada de la resolución emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, dictada el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve dentro del toca de revisión R.A.-413/2018. Por otra parte, intégrese a los autos el oficio del Consejero Jurídico, representante del Gobernador del Estado de Puebla, por medio del informa que giró oficio al Encargado del Despacho de la Subconsejería Jurídica Consultiva y Normativa de la Consejería Jurídica, para que proceda a dar cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo, lo que toma conocimiento este juzgado para los efectos legales procedentes. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9º, de la Ley de Amparo, téngase a la citada autoridad responsable, designando delegados de su parte y señalando domicilio para recibir notificaciones. Finalmente, agréguese a los autos el oficio del Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visto su contenido, como lo solicita acúsese recibo del oficio 1892 y tres anexos derivados del juicio de amparo 603/2017, para los efectos legales a que haya lugar dentro del amparo en revisión R.A.-413/2018. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio número de cuenta, signado por la Secretaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual remite el cuaderno original del juicio de amparo 603/2017, así como el testimonio de la ejecutoria pronunciada el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve dentro del toca de revisión R.A. (P) 413/2018, el cual fue resuelto en los siguientes términos: PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a JOSÉ ALEJANDRO ROMERO CARRETO, por propio derecho y como titular de la Notaría Pública Número Cinco del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, contra los artículos 139, fracción III, 158 y 160 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla. TERCERO. Para los efectos que quedaron precisados en la parte final del considerando sexto de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a JOSÉ ALEJANDRO ROMERO CARRETO, por propio derecho y como titular de la Notaría Pública Número Cinco del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, contra el acto reclamado al Secretario General del Gobierno del Estado de Libre y Soberano de Puebla, consistente en la resolución de siete de marzo de dos mil diecisiete, dictada dentro del expediente de queja número 208/2012. CUARTO. Queda sin materia la revisión adhesiva. Por lo anterior, intégrese a los autos, únicamente, las constancias originales del expedientillo que se formó con motivo de la interposición del citado recurso de revisión, ello a fin de evitar duplicidad de constancias; y, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Secretario General de Gobierno del Estado de Puebla, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, de cabal cumplimiento a la presente ejecutoria, para lo cual deberá ejecutar los actos que fueron precisados en la parte final del considerando sexto de la ejecutoria dictada el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Gobernador del Estado de Puebla, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene a la referida responsable dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito, apercibido que no hacerlo así, incurrirá en las mismas responsabilidades que la responsables. Se apercibe a las autoridades requeridas que de no dar cabal cumplimiento a lo anterior, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $84.49 [ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos], atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve y se ordenará remitir el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se les hace del conocimiento que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no la exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la nueva Ley de Amparo, se les informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir. Asimismo, se comunica a las autoridades citadas con antelación que, en términos del artículo 193, primer párrafo, última parte, de la Ley de Amparo, las personas físicas que ostenten la titularidad de los cargos como autoridades responsables, seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; por lo que el presente requerimiento se entenderá dirigido a dichos substitutos, así como el apercibimiento decretado en el presente auto. Finalmente, y tomando en consideración que se formaron los Anexos I, II y III con las copias certificadas enviadas por el Congreso del Estado de Puebla, por la Directora de Notarías de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla y por el Secretario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, respectivamente; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, por lo que se ordena glosar a los autos la carátula de citado anexo, como constancia de envío. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
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