José Alejandro Reséndiz Olvera
Expediente 63/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 10 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 63/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 07/11/2019
Partes del expediente
- José Alejandro Reséndiz Olvera
- Mariela Ponce Villa, Magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual se informa el beneficio de libertad condicionada concedido al quejoso. Comuníquese al órgano revisor dicho oficio de cuenta. JARM
- Principal
Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión promovido por el quejoso, en contra de la sentencia dictada en autos... JARM
- Principal
Querétaro, Querétaro, veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. En Querétaro, Querétaro, a las once horas con veinte minutos del doce de agosto de dos mil diecinueve, hora y día señalados para el verificativo de la audiencia constitucional en los presentes autos (foja 250), en audiencia pública el licenciado Karlos Alberto Soto García, Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, ante la licenciada Claudia Gómez Peralta, Secretaria que autoriza y da fe, la declaró abierta sin asistencia de las partes, de conformidad con lo establecido por los numerales 115 y 124 de la Ley de Amparo. La Secretaria hace relación de las constancias de autos e informes justificados de las autoridades responsables. Se hace constar: Que el veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, se tuvo al quejoso objetando el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez de Ejecución del Distrito Judicial de Querétaro, única y exclusivamente en cuanto a su alcance probatorio. A lo anterior, se acuerda: se tiene hecha la relación de constancias y rendidos los informes de las autoridades responsables. En relación a la objeción planteada por el quejoso, se tienen hechas las manifestaciones que vierte, las cuales serán materia de análisis al emitirse la sentencia correspondiente con base en los elementos probatorios aportados por las partes y demás constancias de autos, en el entendido que no deberá tramitarse el incidente a que se refiere el artículo 122 de la Ley de la materia, puesto que únicamente vierte argumentos tendentes a restar valor probatorio a las circunstancias que se expresan en el informe justificado del Juez que señala como responsable. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia número 5/2001, publicada en la página 10, del tomo XIII, correspondiente al mes de enero del año dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. PUEDE SER OBJETADO DE FALSO SÓLO EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD. El artículo 153 de la Ley de Amparo autoriza a objetar de falsos los documentos presentados por alguna de las partes******************** y en su párrafo segundo precisa los alcances o la materia de tal objeción al señalar que lo dispuesto en el propio precepto legal sólo da competencia al Juez para apreciar, dentro del juicio de amparo, la autenticidad con relación a los efectos exclusivos de dicho juicio, precisión que de por sí indica que la objeción de falsedad del documento debe referirse a su autenticidad, es decir, a su continente y no a su contenido, pues esto último será materia de análisis al emitirse la sentencia correspondiente con base en los elementos probatorios aportados por las partes y demás constancias de autos. De ahí que el documento público en el que la autoridad responsable rinde su informe justificado sólo pueda ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad y no respecto de su contenido". Se apertura el periodo probatorio: La Secretaria relaciona la documental que adjuntó el quejoso a su escrito inicial de demanda (foja 11 a 18)******************** de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, las constancias relativas al toca penal de ejecución ******************** que remitió como justificante de su informe******************** y del Juez de Ejecución del Distrito Judicial de Querétaro, diversas constancias relativas a la carpeta de ejecución de sentencia ********************, que anexó al informe justificado (foja 97 a 196). A lo que se acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia naturaleza, las pruebas que relacionó la Secretaria. Sin más pruebas por desahogar, se declara concluido el período probatorio. Abierta la fase de alegatos: El Secretario relacional los formulados por el quejoso, en sus escritos recibidos en este órgano jurisdiccional el veintiocho de enero de dos mil diecinueve (foja 86 y 87). Se acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de la Materia, se tienen hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formuló el quejoso. Se declara cerrada la etapa citada. En consecuencia, al no haber documento alguno pendiente de acordar ni alegatos de las partes por formular, se procede dictar la resolución correspondiente: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 63/2019******************** y, R E S U L T A N D O I. Presentación de demanda: quince de enero de dos mil diecinueve. Quejosa: ******************** Solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables por el acto que se describe en el escrito de demanda, el cual se tiene reproducido como si a la letra se insertara (foja 2). II. Oportunidad de la demanda. La demanda de amparo se interpuso dentro del término de quince días que para tal efecto prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, como se advierte de la siguiente tabla: Fecha de notificación del acto reclamado. El plazo de quince días transcurrió. Días inhábiles. Fecha de presentación de la demanda. 07 de enero de 2019 (foja 76) Del 09 al 29 de enero de 2019. 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de enero de 2019. 15 de enero de 2019. III. Admitida la demanda e integrado el asunto se decide: C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con sede en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, Constitucionales, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por los acuerdos 3/2013 y 30/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse un acto emitido por una autoridad con competencia en la circunscripción territorial que corresponde a este órgano federal. SEGUNDO. Precisión de acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, hecho el análisis integral de la demanda, así como de las constancias que integran el presente expediente, se pone de manifiesto que el quejoso reclama lo siguiente: a) La resolución de trece de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal de ejecución ********************, relativo a la carpeta de ejecución ********************, mediante la cual, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, confirmó el auto de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, dictado por el Juez de Ejecución del Distrito Judicial de Querétaro, a través del cual desechó la controversia planteada por el sentenciado (quejoso), por considerarla notoriamente improcedente******************** y, b) La ejecución de la precisada determinación, que atribuye al Juez de Ejecución del Distrito Judicial de Querétaro. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. El Juez de Ejecución del Distrito Judicial de Querétaro, aceptó haber emitido la resolución dictada en la carpeta de ejecución ********************, consistente en el auto de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, que desechó la controversia planteada por el quejosa******************** sin embargo, en el presente caso, su afirmativa queda desvirtuada acorde a las constancias de autos, pues lo que la parte quejosa le reclama consiste en la ejecución de la resolución pronunciada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Querétaro, en el toca penal de ejecución ********************, es decir, señala como autoridad ejecutora de dicha determinación, al Juez de Ejecución del Distrito Judicial de Querétaro, en tanto que el juez en comento acepta la emisión de la determinación que fue recurrida, en la citada carpeta. En ese sentido, se debe aclarar que no es correcta la apreciación de la parte quejosa al señalar al Juez de Ejecución como la autoridad ejecutora de la determinación dictada en la segunda instancia, pues es una autoridad ordenadora ya que emite la sentencia de primera instancia******************** sin embargo, al no tener definitividad sus determinaciones y de haber sido impugnado su fallo mediante el recurso de apelación, cesó su jurisdicción en relación con la controversia de que se trata, y que quedó sustituido en sus funciones, por lo cual, en razón de la técnica que rige en el recurso de apelación, su determinación quedó sustituida procesalmente por la del tribunal revisor. Por lo tanto, si la determinación dictada por el Juez de Ejecución del Distrito Judicial de Querétaro, quedó sustituida procesalmente por la determinación que emitió la segunda instancia, y ésta solamente confirmó el desechamiento de la controversia planteada, entonces carece de ejecución, y en ese sentido, queda desvirtuada la afirmativa del juez responsable contenida en su informe justificado, actualizándose así, la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia I.3o.C. J/62, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Primer Circuito, la cual aparece publicada a página 925, del Tomo XXIX, de Junio de dos mil nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia, Común: "JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. ES AUTORIDAD ORDENADORA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, PERO NO ES AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA MATERIAL PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. Cuando el Juez que conoció del juicio originario pronuncia la sentencia definitiva en la que consuma totalmente la facultad y la obligación que la ley le confiere de fallar el negocio en la primera instancia, si la sentencia es impugnada mediante el recurso de apelación, se inicia la segunda instancia bajo la competencia del tribunal revisor, en el cual no existe reenvío, porque no se le puede devolver para que el inferior llene las omisiones o corrija los errores en que pudiera haber incurrido en la resolución apelada, sino que atenta la materia de los agravios debe corregir las omisiones o errores cometidos, puesto que puede confirmar, modificar o revocar la resolución impugnada. Entonces, el Juez natural es una autoridad ordenadora ya que emite la sentencia de primera instancia, no obstante, al no tener definitividad sus resoluciones y de haber sido impugnado dicho fallo mediante el recurso de apelación, cesó su jurisdicción en relación con la controversia de que se trata, ya que quedó sustituido en sus funciones y en razón de la técnica que rige en el recurso de apelación, esto es, ante la ausencia de reenvío, la sentencia mediante la cual se resolvió el recurso sustituyó procesalmente a la resolución de primera instancia, por lo que es inconcuso que la única sentencia que puede ser materia de estudio en el juicio de amparo directo es la de segundo grado. Luego, dado que el concepto de autoridad va en estrecha vinculación con la naturaleza del acto reclamado, será el tribunal de amparo el que determine quién tiene la calidad de autoridad en el juicio de garantías y si su función es como ordenadora o ejecutora en base al análisis que en cada caso se efectúe de sus características para establecer si efectivamente existe un acto de autoridad y quién o quiénes participaron en él y en esa medida, emplazarles a juicio constitucional, con independencia de la designación que en ese sentido realice el quejoso en la demanda de amparo. Así, en términos de los artículos 5o., fracción II y 11, ambos de la Ley de Amparo, se debe reconocer la calidad de autoridad ordenadora al Juez de origen que emite la sentencia de primer grado, sin perjuicio de que al haber resuelto esa primera instancia cesó su jurisdicción así como los efectos del acto que emitió. Sin embargo, para los efectos del amparo directo, no puede tenérsele como autoridad responsable ejecutora de la sentencia que emitió y que fue confirmada, modificada o revocada por el tribunal de apelación, la que adquirió la característica de ejecutoria y conserva la calidad de cosa juzgada, debido a que los Jueces de origen son autoridades ordenadoras en cuanto a que tienen la obligación de resolver el juicio contradictorio y su jurisdicción cesa con el dictado de la sentencia de primera instancia******************** por otro lado, será hasta que reciba del tribunal de apelación los autos y las constancias y el vencedor en el juicio lo solicite, cuando dicho juzgador primigenio ordenará y vigilará la ejecución, esto es, se convertirá en una autoridad ejecutora sólo en un aspecto formal******************** en tal virtud, con fundamento en los numerales 5o., fracción II y 11, de la Ley de Amparo, no debe tenerse como autoridad responsable ejecutora material al Juez de primera instancia." De igual manera, de cita la tesis que sostuvo la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página 104, del Volumen 181-186, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Materia Común: "AUTORIDADES EJECUTORAS. SI SE RECLAMA DE ELLAS LA EJECUCION DE UNA SENTENCIA QUE CARECE DE EJECUCION, DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO. Si se reclama de las autoridades señaladas como ejecutoras, la ejecución de una sentencia que por su propia naturaleza carece de ejecución, opera la causal de sobreseimiento del juicio de garantías prevista por la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, por no ser ciertos tales actos de ejecución reclamados." Por último, se cita la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, a página 372, del Tomo XI, de Marzo de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, Materia Común, cuyos rubro y texto son los siguientes: "SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION QUE RECONOCEN LA VALIDEZ DE LA RESOLUCION IMPUGNADA. CARECEN DE EJECUCION. SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. Cuando se reclaman de las autoridades señaladas como ejecutoras los actos tendientes a cumplimentar la sentencia de una Sala del Tribunal Fiscal de la Federación, que reconoció la validez de la resolución ante ella impugnada, con fundamento en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, se debe sobreseer en el juicio constitucional por cuanto a esos actos se refiere, toda vez que dicha sentencia no es constitutiva de derechos, sino únicamente declarativa, por lo que simplemente deja expedito el derecho de las autoridades hacendarias para llevar a cabo su propia determinación******************** de ahí que, los actos que las autoridades señaladas como ejecutoras pudieran efectuar no serían originados por ese fallo, el que carece de ejecución, sino en todo caso motivados por el estatuto legal que rige la actuación de las autoridades hacendarias." Por ende, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, PROCEDE SOBRESEER en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado, al acreditarse la inexistencia de los actos de ejecución reclamados al Juez de Ejecución del Distrito Judicial de Querétaro. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y Juez de Ejecución del Distrito Judicial Querétaro, al rendir sus informes justificados (foja 26, 93 y 94), aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyen. Además, tal afirmación se corrobora con las constancias que adjuntaron a su informe justificado las autoridades responsables, respectivamente, a las que se otorga valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Penales de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones originales y de copias certificadas expedidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia número 278, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Innecesaria transcripción de los conceptos de violación. Al no advertirse de manera oficiosa o por virtud de la propuesta de alguna de las partes, la actualización de algún motivo diverso de improcedencia del presente juicio, lo procedente es abordar el estudio de fondo de la cuestión planteada******************** sin que se transcriban los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, en virtud de que ello no es una obligación para este juzgador para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando se precisan los puntos sujetos a debate. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio del acto reclamado. Resultan por un lado infundados los conceptos de violación que hace valer el quejoso, aunque suplidos en la deficiencia de la queja, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en virtud de que el peticionario de amparo se encuentra privado de su libertad, en virtud de las consideraciones que a continuación se exponen. Previo a dar contestación a los conceptos de violación que hace valer el peticionario de amparo, se estima dable precisar algunos antecedentes relevantes del acto reclamado, a saber: 1. El sentenciado al plantear la controversia ante el Juez de Ejecución, refirió que reclamaba que lo hayan obligado a permitir que un custodio del centro de su reclusión lo tocara, y "cacheara" en el área de locutorios, el cinco de julio de dos mil dieciocho. 2. El diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, el Juez de Ejecución del Distrito Judicial de Querétaro, desechó la controversia planteada por el quejoso. 3. Inconforme con dicha determinación, el sentenciado interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido sin expresar motivos de inconformidad, al encontrarse privado de la libertad y acorde a lo dispuesto por el artículo 8.2, inciso h de la Convención Americana de Derechos Humanos, y dio origen al toca penal de ejecución ******************** (foja 28 a 30). 4. El trece de diciembre de dos mil dieciocho, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, dictó la resolución relativa al recurso de apelación en el toca penal de ejecución ********************, en la que confirmó el auto de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, que desechó la controversia planteada por el hoy quejoso, porque no cumplió el requisito previo de petición a la autoridad administrativa penitenciaria sobre los puntos cuestionados (fojas 69 a 72). Siendo esta última determinación, la que constituye el acto reclamado en el presente juicio. Ahora bien, resultan infundados los conceptos de violación que hace valer el quejoso, tendentes a combatir la resolución reclamada, por lo que se refiere al proveído de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la controversia planteada, referente a la inconformidad en relación a que lo hayan obligado a permitir que un custodio del centro de su reclusión lo tocara, y "cacheara" en el área de locutorios, el cinco de junio de dos mil dieciocho. En efecto, toda vez que la autoridad responsable expuso en la resolución reclamada, sobre el particular, las consideraciones siguientes: ". conforme la inconformidad del sentenciado, lo que procede es analizar las razones dadas por el Juez de Ejecución en el auto combatido para desechar la controversia planteada (hechos ocurridos el 05 de julio de 2018), cuyo examen se extiende más allá de la inconformidad del sentenciado ante la ausencia de agravios, para el caso de encontrar violaciones a derechos humanos que deban repararse. 8. A la revisión del auto impugnado, se advierte que el Juzgador sostuvo que realizó una interpretación sistemática de los artículos 114 y 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y concluyó que es un requisito básico para dar trámite a una controversia, la emisión previa de un acto emitido por la Autoridad Penitenciaria, que del escrito de la controversia planteada por el sentenciado ********************, y lo vertido por el titular del Centro Penitenciario CP1, varonil, mediante oficio ********************, no se advirtió que previamente se haya realizado petición ante la autoridad penitenciaria y por ello desechó de plano la controversia. 9. En ese sentido, se advierte que en efecto, como señaló el Primario, a fin de dar trámite a la controversia planteada, qu tiene que ver con las condiciones de internamiento, es necesario que se agote un acto previo de proceso de petición, el cual se encuentra establecido en los artículos 110 a 114 de la Ley Nacional de Ejecución, esto es, en principio es la autoridad penitenciaria la que debe conocer y resolver las peticiones e inconformidades de las personas que se encuentran recluidas y de subsistir la inconformidad u omisión de atender la petición, podrá plantear la controversia ente (sic) el Juez de Ejecución. 10. En el caso concreto esta Sala Penal advierte que dicho acto previo no se llevó a cabo, porque éste consiste en que el sentenciado le exprese a la Autoridad Penitenciaria su inconformidad consistente en que en hechos acontecidos el 14 de junio de 2018, siendo: ". las órdenes giradas en mi contra para obligarme a dejar que me tocara y ser cacheado por un custodio en el área de locutorios del penal de mi prisión, lo que sucedió el día 05 de julio de 2018, al ser trasladado a los locutorios del juzgado séptimo de primera instancia penal.", y para el caso de que la autoridad no dé contestación o sea en sentido contrario a las pretensiones del sentenciado, tiene expedito su derecho a plantear la controversia ante el Juez de Ejecución******************** es decir primero la autoridad penitenciaria debe conocer y resolver las peticiones e inconformidades y de subsistir la inconformidad u omisión de atender la petición, podrá plantear la controversia ante el Juez de Ejecución. 11. Procedimiento administrativo previo que debe ser realizado en aras de agotar el principio de definitividad, mismo que incluso se advierte como un requisito de procedibilidad para la controversia ante el juez, de ahí que, si el sentenciado ******************** no lo agotó ante la autoridad encargada de vigilar sus condiciones de internamiento, se actualiza una causal de improcedencia para la admisión de la controversia que planteó ante el Natural. 12. Es así que, resultó acertada la decisión del Natural al desechar, en términos del artículo 123, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal la controversia que planteó el sentenciado, por ser notoriamente improcedente, al no haberse actualizado el requisito de procedencia para su admisión, consistente en la emisión previa de un acto emitido por la autoridad encargada de las condiciones de internamiento de ********************, pues ello implica que no exista materia de controversia si antes no se planteó la petición a la autoridad administrativa. 13. Fortalece lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima épica (sic), diciembre de 2018, con registro 1ª./J.79/2018(10a.) que si bien se refiere al juicio de amparo, es aplicable al presente caso, porque determina que deben agotarse los recursos previos, como lo es, el procedimiento administrativo y, en su caso, su impugnación ante el juez (controversia), misma que señala: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Argumentos de la responsable que se estiman acertados, pues cabe destacar que conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, son impugnables ante el Juez de Ejecución: a) Aquellos casos urgentes, como lo son las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, entre otras, aquellas relativas a cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno******************** b) Las determinaciones emitidas por el director del centro penitenciario, en respuesta a una solicitud de la persona privada de su libertad, referente a la vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta, emisión de tarjetas informativas o reportes médicos, entre otros, que se resuelvan en sentido contrario a los intereses del peticionario******************** y, c) Las omisiones de dicha autoridad penitenciaria de atender la solicitud formulada por la persona privada de su libertad, en relación con esas cuestiones. Bajo este contexto, se reitera que la Sala responsable determinó de manera adecuada, confirmar el proveído precisado con antelación, ya que en la controversia planteada por el quejoso, referente a la inconformidad en relación a que lo hayan obligado a permitir que un custodio del centro de su reclusión lo tocara, y "cacheara" en el área de locutorios, el cinco de julio de dos mil dieciocho, no se encuentra dentro de los supuestos precisados******************** aunado a que no se cumplió con el requisito de procedibilidad, para dar trámite a una controversia, consistente en la emisión previa de un acto por la autoridad penitenciaria, con motivo de que el sentenciado le haya expresado su inconformidad, o bien, las omisiones de la autoridad penitenciaria, en el sentido de atender la solicitud formulada por la persona privada de su libertad, en relación con esas cuestiones******************** aspectos que no se actualizaron en la especie******************** de ahí que se estime correcta la determinación de la autoridad responsable sobre el particular que se analiza. Máxime que la petición administrativa ante la autoridad penitenciaria, que se encuentra prevista en el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ha sido estimada por los más altos tribunales del país, como un medio de defensa que cumple con todas las características de un recurso sencillo, rápido y efectivo, pues resulta idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una afectación al principio rector del sistema penitenciario de vida digna y segura en reclusión y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla, que además admite una segunda instancia, pues los interesados pueden denunciar ante el Juez de ejecución, tanto la falta de respuesta de la autoridad penitenciaria, como la resolución que resulte contraria a sus intereses. En ese sentido, se estima correcto el criterio expuesto por la responsable, pues acorde a lo anterior, se concuerda en el sentido de que la parte quejosa sí se encontraba obligada a denunciar su inconformidad respecto a las condiciones de su reclusión ante las autoridades del centro en el que se encuentra compurgando su sentencia, previo a acudir ante el Juez de ejecución contra que lo hayan obligado a permitir que un custodio del centro de su reclusión lo tocara, y "cacheara" en el área de locutorios, el cinco de julio de dos mil dieciocho. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXII.P.A.34, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2581, del rubro y texto siguientes: "ACTOS IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN. CUÁLES SON EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Acorde con los preceptos mencionados, son impugnables ante el Juez de Ejecución: a) aquellos casos urgentes, como lo son las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, entre otras, aquellas relativas a cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno******************** b) las determinaciones emitidas por el director del centro penitenciario, en respuesta a una solicitud de la persona privada de su libertad, referente a la vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta, emisión de tarjetas informativas o reportes médicos, entre otros, que se resuelvan en sentido contrario a los intereses del peticionario******************** y, c) las omisiones de dicha autoridad penitenciaria de atender la solicitud formulada por la persona privada de su libertad, en relación con esas cuestiones." De igual forma, cobra aplicación la tesis XVI.1o.P.14 P (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, página 2214, que establece: "PETICIÓN ADMINISTRATIVA ANTE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. ES EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN IDÓNEO PARA IMPUGNAR HECHOS, ACTOS U OMISIONES RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. La petición administrativa referida, cumple con todas las características de un recurso sencillo, rápido y efectivo, pues es un medio de defensa idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una afectación al principio rector del sistema penitenciario de vida digna y segura en reclusión y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Asimismo, admite una segunda instancia en la que los promoventes pueden denunciar tanto la falta de respuesta de la autoridad penitenciaria, como la resolución que resulte contraria a sus intereses, directamente ante el Juez de ejecución. También posee beneficios en cuanto a la asistencia continua al solicitante y contrapesos en su tramitación, en tanto que la autoridad administrativa del centro, está obligada a auxiliar a los internos en la presentación del escrito respectivo, el cual no exige formalismos******************** sin soslayar que dicha herramienta favorece en gran medida a los internos y partes legitimadas para promoverla, debido a que su tramitación es mucho más breve que la de un juicio de amparo indirecto. Por ello, es inconcuso que la "petición administrativa" es una creación accesible, novedosa e idónea para propiciar el nivel decoroso de vida en reclusión que pretende el modelo penitenciario actual y, por ende, es el medio idóneo para impugnar hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento en un centro de reclusión." También, cobra aplicación la tesis XVI.1º.P.13 P, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, página 2212, del rubro y texto siguientes: "PETICIÓN ADMINISTRATIVA ANTE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. CONSTITUYE UN MEDIO DE DEFENSA JUDICIALIZADO. El nuevo paradigma constitucional en materia de ejecución penal, implicó la adopción de una nueva forma de entender el procedimiento relativo, como la secuencia ininterrumpida de actos de vigilancia y control por los Jueces de ejecución, respecto de las relaciones de hecho y de derecho que surgen entre las personas privadas de su libertad y la autoridad administrativa penitenciaria, durante el tiempo que deba durar la medida de internamiento decretada, haya sido provisional o definitiva. Dentro de esta lógica, el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé en favor de los internos en los centros de reclusión, un mecanismo de protección de sus derechos denominado: "petición administrativa" que se tramita directamente ante la autoridad penitenciaria. Así, estas peticiones tienen como finalidad que dicha autoridad declare la existencia de alguna afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión o afectación a los derechos de terceras personas y, si fuere el caso, subsanarla******************** y, adicionalmente, la determinación que se dicte, es impugnable mediante la controversia ante el Juez de ejecución. Ante este marco regulatorio, la "petición administrativa" constituye un medio de defensa judicializado, pues si bien de primera mano conoce de ella la autoridad penitenciaria, ello encuentra razón de ser en la necesidad de despresurizar conflictos que se generen por el surgimiento de necesidades en los internos, propiciando así el restablecimiento de la vida digna y segura en la prisión de manera pronta y eficaz. Aunado a que en su tramitación, la autoridad penitenciaria tiene un papel complementario, primero, porque su actuación se enmarca en los principios en materia de ejecución, también porque su intervención desde el inicio se circunscribe a lo ordenado en la sentencia definitiva, o bien, en el auto en que se impone la medida precautoria de reclusión. Igualmente, porque el hecho de que las peticiones se reciban en el centro, no implica que tales autoridades tengan la última decisión al respecto, sino que el mecanismo señalado está diseñado con contrapesos que permiten el control jurisdiccional en todo momento, tan es así, que en caso de recibir una respuesta negativa, el peticionario puede impugnarla ante el Juez de ejecución. Finalmente, es judicializado porque en caso de que la autoridad no resuelva la petición en el término de ley, el solicitante puede denunciar esa omisión ante el Juez de ejecución para que entonces éste, dentro del plazo de setenta y dos horas, califique la denuncia y, de proceder, requiera a la autoridad penitenciaria que responda la petición de fondo y dentro del plazo legal, dando vista al superior jerárquico de aquélla." Asimismo, resultan infundados los conceptos de violación que hace valer el peticionario de amparo, tendentes a combatir la fundamentación y motivación de la resolución reclamada. Se estima lo anterior, ya que la Magistrada responsable expuso los motivos por los cuales determinó confirmar el auto recurrido, en los términos precisados con antelación******************** habida cuenta que la controversia planteada por el sentenciado, obedeció a que lo hayan obligado a permitir que un custodio del centro de su reclusión lo tocara, y "cacheara" en el área de locutorios, el cinco de julio de dos mil dieciocho******************** por lo tanto, la controversia no guarda relación con medidas disciplinarias, ni de violación de derechos que constituyan un caso urgente. Ante ello, es dable para este juzgado, concluir que la resolución jurisdiccional que constituye el acto reclamado, no adolece de fundamentación o motivación, pues la autoridad responsable sí analizó las cuestiones jurídicas que le fueron propuestas, en el caso, el desechamiento por parte del juez de ejecución de la controversia planteada, lo cual realizó de manera puntual, motivo por el cual, los argumentos de la parte quejosa en ese sentido resultan inatendibles. Lo anterior es así, pues se estima que la resolución reclamada no fue dictada en forma arbitraria, sino ajustada al ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 1a./J. 139/2005, sostenida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 162, del Tomo XXII, de Diciembre de dos mil cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Por otra parte, la parte quejosa sostiene que la determinación reclamada transgrede sus derechos humanos previstos en los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, si bien es cierto que el artículo 1o. Constitucional establece claramente que se prohíbe la esclavitud, la discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas******************** empero, el hecho de que el ahora quejoso se encuentre sujeto a las medidas adoptadas por el Centro Penitenciario, respecto al control de traslado al área de locutorios y los métodos utilizados en el trato diario del sentenciado, los cuales sirven como medios de control para garantizar las medidas de seguridad implementadas por el Centro Penitenciario, no lo coloca en ninguno de los supuestos relatados del artículo 1o de la Constitución Federal. En efecto, en el hecho de que la autoridad responsable haya confirmado la determinación en la que se desechó la controversia planteada por el aquí quejoso, está respetando, protegiendo y garantizando los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, establecido en dicho precepto, y como consecuencia, garantiza su derecho a obtener una justicia pronta y expedita conforme al artículo 17 Constitucional. Por ende, no es el caso de categoría sospechosa, la cual consiste en un atentado al derecho a la igualdad, y en relación a lo anterior, cabe destacar que la discriminación, se entiende como cualquier situación que niegue o impida el acceso a cualquier derecho en igualdad de condiciones, aunque no siempre un trato diferenciado será considerado discriminación, sino la diferenciación injustificada. Por ello, debe quedar claro que para efectos jurídicos, la discriminación ocurre solamente cuando hay una conducta que demuestre distinción, exclusión o restricción, a causa de alguna característica propia de la persona que tenga como consecuencia anular o impedir el ejercicio de un derecho. Algunos ejemplos claros de conductas discriminatorias son: 1. Impedir el acceso a la educación pública o privada por tener una discapacidad, otra nacionalidad o credo religioso. 2. Prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo, por ejemplo a consecuencia de la corta o avanzada edad. 3. Establecer diferencias en los salarios, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales, como puede ocurrir con las mujeres. 4. Negar o limitar información sobre derechos reproductivos o impedir la libre determinación del número y espaciamiento de los hijos e hijas. 5. Negar o condicionar los servicios de atención médica o impedir la participación en las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro de sus posibilidades y medios. 6. Impedir la participación, en condiciones equitativas, en asociaciones civiles, políticas o de cualquier otra índole a causa de una discapacidad. 7. Negar o condicionar el acceso a cargos públicos por el sexo o por el origen étnico. Es importante mencionar que las personas con discapacidad, adultas mayores, niñas, niños, jóvenes, personas indígenas, con VIH, no heterosexuales, con identidad de género distinta a su sexo de nacimiento, personas migrantes, refugiadas, entre otras, son más propensas a vivir algún acto de discriminación, ya que existen creencias falsas en relación a temerle o rechazar las diferencias. Bajo este contexto, cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando una ley contiene una distinción basada en una categoría sospechosa, es decir, en alguno de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo 1o. Constitucional (el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas), el juzgador debe realizar un escrutinio estricto de la medida para examinar su constitucionalidad a la luz del principio de igualdad, puesto que estas distinciones están afectadas de una presunción de inconstitucionalidad. Si bien la Constitución no prohíbe que el legislador utilice categorías sospechosas, el principio de igualdad garantiza que sólo se empleen cuando exista una justificación muy robusta para ello. En ese sentido, en el caso no se resolvió la confirmación del desechamiento de la controversia planteada por la parte quejosa en ninguna categoría sospechosa, sino bajo la consideración de que el propio solicitante del amparo promovió la controversia desechada sin haber acudido previamente ante las autoridades administrativas correspondientes, por lo que se concluye que el acto reclamado no resulta discriminatorio en forma alguna. Al contrario, solo involucró el análisis de un requisito de procebilidad de las controversias ante el Juez de ejecución, que aplica a cualquier sujeto interno en centro penitenciario para impugnar aspectos relacionados con sus condiciones de internamiento sin distingo alguno. Además, la determinación reclamada, se emitió en un procedimiento jurisdiccional, en el que se respetaron las formalidades del procedimiento, por lo cual, el argumento de la parte quejosa en ese sentido resulta infundado, pues contrariamente a lo que aduce la solicitante del amparo, se advierte que en la especie sí se cumplieron dichos requisitos derivados del derecho fundamental de audiencia prevista en el artículo 14 Constitucional, que de conformidad con el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 47/95 , se traducen en el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento que de manera genérica son las siguientes: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias (por auto de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto -foja 153. 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa (en el caso se desechó de plano la controversia planteada por la parte quejosa, e inconforme con lo anterior interpuso recurso de apelación sin señalar agravios, ni ofrecer medios de convicción de su parte, pues contra el desechamiento de plano fue su deseo señalar únicamente: "me inconformo con desechamiento de controversia", sin realizar manifestación alguna al respecto). 3) La oportunidad de alegar (como ya se dijo, fue decisión de la propia parte quejosa, alegar únicamente que se "inconformaba" contra la determinación que estimó contraria a sus intereses, sin manifestar si quiera, el recurso que pretendía interponer)******************** y, 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas (en el caso, el juez de ejecución desechó de plano la controversia que planteó la hoy parte quejosa, y en su contra "se inconformó", por lo que las autoridades judiciales tramitaron a su favor el medio de defensa que se estimó procedente, el cual, fue resuelto conforme a la ley, y dicho medio de defensa, que ahora constituye el acto reclamado, se avocó al conocimiento de la cuestión planteada, que consiste precisamente en el desechamiento de la controversia planteada). Así, del análisis acucioso efectuado a las constancias que integran el recurso que se analiza, se advierte que a pesar de que fue desechada de plano la pretensión del hoy quejoso, y de que en su contra se limitó a manifestar su "inconformidad", se le ha dado la oportunidad de ser escuchado, y se admitió el recurso que interpuso contra el desechamiento aludido, el cual además se tramitó sin que hubiere precisado qué medio de defensa se interponía, y aún ante la ausencia total de agravios, por lo que a pesar de ello, se admitió el recurso de apelación que se estimó procedente, y se dictó resolución en el mismo, respecto de las cuestiones debatidas, de lo que se concluye que sí se respetaron las citadas formalidades esenciales del procedimiento, en el cual, además, se encontró debidamente asistido de su defensor, por lo cual, tampoco se le conculcó su derecho a una defensa adecuada. Acorde a lo anterior, también resulta infundado, el diverso concepto de violación que hace valer el quejoso, referente a que el acto reclamado transgrede su garantía de audiencia, y el principio de seguridad jurídica por haberse desechado la controversia que planteó. Lo anterior es así, pues la determinación consistente en el desechamiento de la controversia planteada por el aquí quejoso, contra el hecho de que lo hayan obligado a permitir que un custodio del centro de su reclusión lo tocara, y "cacheara" en el área de locutorios, el cinco de julio de dos mil dieciocho, constituye únicamente para el quejoso un acto que estuvo en aptitud de combatir o defender mediante el medio de defensa ordinario y extraordinario, a pesar de que el mismo no implicó una sanción o castigo definitivo, sino solo una determinación emitida por el Juez de Ejecución, con apego a la legislación aplicable, en el entendido que las autoridades penitenciarias continúan siendo el órgano de reinserción social, de administración, gestión y vigilancia******************** ello, de conformidad entre otros, en los artículos 14 y 15 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En ese sentido, el argumento de la parte quejosa en el sentido de que la resolución reclamada viola en su perjuicio la garantía contenida en el artículo 17 Constitucional, esto es, el derecho a una justicia pronta e imparcial******************** deviene infundado. Efectivamente, del precepto Constitucional en comento se advierte la obligación de las autoridades judiciales de resolver los conflictos que les planteen las partes de manera integral y completa, sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables u ociosas que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial. En ese sentido, si bien es cierto que la Ley de Amparo, en su actual redacción, no prevé la posibilidad de que las personas acudan a los tribunales para impedir o reparar la violación a sus derechos humanos, también lo es que a través de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y amparo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez y seis de junio de dos mil once, respectivamente, se amplió el espectro de protección del juicio de amparo, al incluir expresamente a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte******************** asimismo, se simplificó el acceso al mencionado juicio constitucional, al indicar que podrá promoverlo quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, cuando se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o por dicha Convención. Consecuentemente, el juicio de amparo, al seguirse conforme a los reformados artículos 103 y 107 Constitucionales, puede considerarse como el recurso efectivo a que se refiere el citado artículo 25, pues se faculta a una autoridad judicial para que, a través de dicho juicio de acceso simple, resuelva efectivamente los conflictos planteados por las personas nacionales o extranjeras que se encuentren en el país, contra cualquier acto u omisión de la autoridad que transgreda sus derechos humanos o los criterios establecidos en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin que en el presente asunto se trasgreda dicha garantía, puesto en la resolución reclamada que dio origen al presente juicio de amparo, la autoridad responsable analizó el proveído recurrido por el ahora quejoso******************** lo cual evidencia que no existe obstáculo o dilación en la impartición de justicia que dificulte el enjuiciamiento de fondo y la tutela judicial, esto es, es un recurso que tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el auto apelado. Por ende, la confirmación del desechamiento aludida no involucra por sí misma una barrera u obstáculo para el acceso a los tribunales o a la función jurisdiccional con las controversias que fueron planteadas por el quejoso ante el Juez de Ejecución. Lo anterior es así, pues en principio, el desechamiento de la controversia planteada se debió a que el quejoso no acudió ante las autoridades penitenciarias a manifestar su motivo de inconformidad previo a acudir ante el juez de ejecución a plantear una controversia que no versaba sobre la determinación que en su caso pudieron emitir las autoridades administrativas, situación confirmada por la Magistrada responsable y que de ninguna manera se estima que constituya un requisito desproporcionado o que impida el acceso a la justicia, como lo pretende hacer ver la parte quejosa. A efecto de determinar lo anterior, conviene tener presente lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." Del precepto constitucional transcrito se advierte que contiene cinco principios: 1) La prohibición de la autotutela o "hacerse justicia por propia mano"******************** 2) El derecho a la tutela jurisdiccional******************** 3) La abolición de costas judiciales******************** 4) La independencia judicial, y, 5) La prohibición de la prisión por deudas del orden civil. Por su parte, el derecho a la tutela judicial podría definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita -esto es, sin obstáculos- a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Entonces, el derecho a la tutela judicial, no puede verse limitado por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, sólo cuando tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carecen de razonabilidad o proporcionalidad******************** sin embargo, no todos los requisitos procesales pueden ser tachados de inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de este derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso de los plazos legales, o el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones. Lo anterior es así, pues el principio de reserva de ley se encuentra contenido en el propio artículo 17 Constitucional, en la parte que previene que la impartición de justicia debe darse en los "plazos y términos que fijen las leyes", y dicho principio prevé la exigencia razonable de respetar los requisitos procesales, como los citados en el párrafo anterior, pues en el caso de no requerir el previo agotamiento de los medios de defensa (como en el caso, el requisito de acudir a formular petición administrativa ante la autoridad penitenciaria acorde con el artículo 107 de la ley nacional de ejecución penal, previo a acudir ante el juez de control a plantear una controversia), o cumplir los plazos establecidos en la ley que rige el acto, constituyen presupuestos procesales legítimos que de ninguna manera lesionan el derecho a la tutela judicial efectiva, pues no constituyen condiciones que niegan el derecho a la tutela jurisdiccional, ni dificultan el ejercicio de las acciones. Al respecto, se cita la tesis jurisprudencial 103/2017 (10a.), publicada a página 151, del Libro 48, de noviembre de dos mil diecisiete, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Constitucional, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión******************** de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte******************** (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso******************** y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales." Además, ha sido criterio reiterado de los más altos tribunales del país que las reformas en materia de derechos humanos y para incorporar el principio pro persona, no implican que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe si el interesado cumplió los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, pues como ya se expuso, las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que si en el caso, se exigió a la parte quejosa, agotara la solicitud administrativa previo a acudir a la autoridad jurisdiccional, constituye un requisito formal, que no es desproporcionado, y por el contrario, permite a la autoridad jurisdiccional analizar correctamente un acto en concreto, sin que los principios antes aludidos resulten suficientes para declarar procedente lo improcedente, o en su caso, estimar que a pesar de no haber cumplido con los requisitos para ello se deba resolver de conformidad a todas sus pretensiones, como lo pretende hacer valer. En ese sentido, se cita la tesis de jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), publicada a página 487, del Libro 3, de Febrero de dos mil catorce, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Constitucional: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." En otro orden, resulta infundado el concepto de violación que hace valer el peticionario de amparo, referente a que el acto reclamado transgrede en su perjuicio la garantía consagrada en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, toda vez que no se advierte que la resolución reclamada transgreda la garantía prevista en el ordinal 18, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la citada disposición legal, en el párrafo segundo, establece entre otras cosas, que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Por su parte, el artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé lo siguiente: "Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario. Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: I. Recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en prejuicios por razón de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana******************** II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el Centro Penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley******************** III. Recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud******************** IV. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de esta Ley******************** V. Ser informada de sus derechos y deberes, desde el momento en que sea internada en el Centro, de manera que se garantice el entendimiento acerca de su situación. La información deberá ser proporcionada conforme al artículo 38 de esta Ley y a las de más disposiciones aplicables******************** VI. Recibir un suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal******************** VII. Recibir un suministro de artículos de aseo diario necesarios******************** VIII. Acceder al régimen de visitas en términos del artículo 59 de esta Ley******************** IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes******************** X. Toda persona privada de la libertad tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica******************** XI. A participar en la integración de su plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de la libertad, en el marco de las condiciones de operación del Centro Penitenciario******************** XII. Los demás previstos en la Constitución, Tratados y las demás disposiciones legales aplicables. Toda limitación de derechos sólo podrá imponerse cuando tenga como objetivo garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras, en su caso, la limitación se regirá por los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad." Bajo este contexto, resulta inconcuso que contrario a lo que asevera el quejoso, el acto reclamado no transgrede en su perjuicio la garantía prevista en la disposición Constitucional en comento, toda vez que la determinación reclamada se limitó a confirmar el desechamiento de la controversia que planteó la parte quejosa, es decir, no conlleva de forma alguna, el estudio de la controversia de que se duele, pues la misma fue desechada, lo cual, no prejuzga sobre la procedencia ulterior, del análisis de controversias similares, o incluso de la planteada inicialmente, si se cumplen los plazos y requisitos legales correspondientes******************** entonces, si no se decidió la cuestión planteada en relación a las condiciones de internamiento de la parte quejosa, éstas resultan una cuestión ajena al acto reclamado, pues se insiste, no se decidió el problema planteado. Puntualizado lo anterior, se estima que la resolución reclamada resulta tendente a proteger los derechos del quejoso, pues en ella se realiza un estudio referente al proveído recurrido, emitido con motivo de la controversia planteada por el aquí quejoso, aún sin haber formulado agravio alguno, y como ya se ha precisado con antelación, se considera que la determinación emitida en relación a la controversia planteada por el sentenciado. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis número P. LXIV/2010 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 26, Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y AL TRATO DIGNO DE LOS DETENIDOS. ESTÁN TUTELADOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE Y SON EXIGIBLES INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CAUSAS QUE HAYAN MOTIVADO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 18, 19 y 20, apartado A, el derecho de los detenidos a ser tratados con dignidad. Estos preceptos reconocen diversos derechos de las personas detenidas y el trato al que tienen derecho mientras se encuentran privados de su libertad, como son el lugar donde se encontrará la prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción de inocencia, la prohibición de ser incomunicados, torturados o intimidados, así como sus prerrogativas durante el proceso. Por otra parte, ha sido expresamente previsto en los artículos 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el derecho a la integridad personal así como el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Por tanto, estos derechos que asisten a los detenidos deben respetarse independientemente de las conductas que hayan motivado la privación de la libertad, así sea que puedan ser objeto de variadas y limitadas modulaciones en específicas circunstancias, de modo que su inobservancia es violatoria de derechos humanos." Por otro lado, resulta infundado el concepto de violación que indica el quejoso, referente a que con motivo de la emisión de la resolución reclamada, se le aplican actos crueles, inhumanos y degradantes, que además afectan su dignidad personal. Lo anterior, se afirma dado que la resolución reclamada, que confirma el desechamiento de la controversia que planteó no encuadra de manera alguna en alguno de los supuestos del artículo 22 Constitucional, como lo son pena de muerte, de mutilación, de infamia, marca de azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Ahora bien, es menester destacar que la tortura, los malos tratos o tratos degradantes son violatorios de los derechos humanos y libertades fundamentales, proclamados entre otros instrumentos internacionales, en los artículos I y V, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y numerales 1 y 5, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aunado a ello, debe decirse que derivado de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de diez de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, que entró en vigor el veintiséis de junio de mil novecientos ochenta y siete, surgió el Protocolo de Estambul, que sugiere y establece reglas mínimas internacionales para la investigación y documentación de la tortura. Por su parte, el artículo 1° de la Constitución Federal, permite la aplicación de los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de donde surge la obligación de los Estados, entre ellos México, de investigar todo caso de tortura, razón por la que es aplicable lo dispuesto en dicho manual como instrumento internacional para la eficaz investigación de actos vinculados con la tortura, como se advierte del punto 77 del propio Protocolo de Estambul. Ahora bien, resulta dable definir que la "Tortura" es considerada como el tormento infligido a alguien a través de diversos métodos e instrumentos. Su finalidad suele ser obtener una confesión o funcionar como castigo al torturado, aunque también puede ejecutarse como placer sádico por parte del torturador. La tortura consiste en causar de forma intencional un grave dolor físico o psicológico a alguien. Con este dolor, se intenta quebrar la resistencia y la moral del torturado, despojándolo de su integridad. La rotura de huesos, las mutilaciones, los cortes, las quemaduras, las descargas eléctricas, y el ahogamiento son algunas de las torturas físicas más habituales. En cuanto a la tortura psicológica, puede incluir la humillación verbal, la manipulación o falsificación de información sobre los seres queridos de la víctima, la privación sensorial y cualquier otro mecanismo que intente destruir la resistencia moral. Bajo este contexto, cabe destacar que de los criterios jurisdiccionales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que se está frente a un caso de tortura cuando: a) La naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves******************** b) Infligidas intencionalmente******************** y, c) Con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. Al respecto, debe precisarse que la tortura es una práctica proscrita de forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional, es decir, su prohibición es un derecho humano que no admite excepciones debido a su gravedad y la capacidad de reducir la autonomía de la persona y la dignidad humana a grados ignominiosos y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la Nación. En ese contexto, si el derecho a la integridad personal comprende, necesariamente, el derecho fundamental e inderogable a no ser torturado -ni a ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes-, es dable colegir que la tortura actualiza una categoría especial y de mayor gravedad que impone a los juzgadores hacer un análisis cuidadoso bajo estándares nacionales e internacionales, tanto en su impacto de violación de derechos humanos, como de delito. Sirve de sustento a lo expuesto, la tesis P. XXII/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 234, del rubro y texto siguientes: "ACTOS DE TORTURA. SU NATURALEZA JURÍDICA. De los criterios jurisdiccionales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que se está frente a un caso de tortura cuando: (I) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves******************** (II) infligidas intencionalmente******************** y, (III) con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. Al respecto, debe precisarse que la tortura es una práctica proscrita de forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional, es decir, su prohibición es un derecho humano que no admite excepciones debido a su gravedad y la capacidad de reducir la autonomía de la persona y la dignidad humana a grados ignominiosos y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la Nación. En ese contexto, si el derecho a la integridad personal comprende, necesariamente, el derecho fundamental e inderogable a no ser torturado -ni a ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes-, es dable colegir que la tortura actualiza una categoría especial y de mayor gravedad que impone a los juzgadores hacer un análisis cuidadoso bajo estándares nacionales e internacionales, tanto en su impacto de violación de derechos humanos, como de delito." De igual forma, cobra aplicación la tesis 1a. LV/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, página 1425, cuyo contenido establece: "TORTURA. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo a la norma más protectora, prevista en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, estima que se está frente a un caso de tortura cuando: i) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves******************** ii) éstas sean infligidas intencionalmente******************** y iii) tengan un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona." Establecido lo anterior, como se dijo, es infundado el concepto de violación que se analiza, toda vez que resulta inconcuso que con la resolución reclamada, no se genera al aquí quejoso ninguna afectación física ni mental, en atención a la propia la naturaleza del acto, pues se advierte que fue emitido con la finalidad de confirmar la determinación recurrida emitida por el Juez de Ejecución, respecto de medidas adoptadas por la autoridad penitenciaria con la que garantizan las bases de organización del sistema penitenciario para lograr la reinserción, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Además, tampoco se advierte que el acto reclamado implique causar un castigo o un daño intencionalmente (infligir), y mucho menos con el propósito de obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona******************** pues se reitera, confirmar el desechamiento de la controversia planteada contra que lo hayan obligado a permitir que un custodio del centro de su reclusión lo tocara, y "cacheara" en el área de locutorios, el cinco de junio de dos mil dieciocho, únicamente se estudió la procedencia de un medio de defensa contra un control o medio de constancia o seguimiento de las medidas de seguridad implementadas por las autoridades administrativas penitenciarias, a fin de salvaguardar el control, disciplina y vida digna del interno, aquí quejoso******************** de ahí que, aunque se desechó la controversia, y se confirmó tal desechamiento, ello no implica que se pretenda obtener datos autoincriminatorios o confesión de un hecho delictivo, ni atentar en contra de la personalidad o la integridad física y mental del referido interno. Por otra parte, la parte quejosa insiste que resultan aplicables al caso concreto, las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Querétaro, cuestión que se desestima, pues resulta una contradicción en sí misma por parte de quien solicita el amparo. Efectivamente, en el presente asunto, mediante su determinación de trece de diciembre de dos mil dieciocho, la Sala responsable resolvió que en el caso, resultan aplicables las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, tomando en cuenta que el Juez de Ejecución del Distrito Judicial de Querétaro, emitió el auto apelado el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, tiempo en el cual ya se encontraba vigente dicha ley, siendo la legislación que rige el acto, tomando en cuenta la fecha de interposición de la controversia, no así la fecha en que causó estado la sentencia, pues la controversia se refiere a cuestiones derivadas del internamiento que se presentan durante el periodo de ejecución de la sentencia******************** aunado a que de conformidad con el artículo tercero transitorio de la citada ley, si la petición se inicia después de la vigencia de la misma, se debe acordar conforme a ella. Así, en la etapa de ejecución de sanciones, existen diversos procedimientos, que pueden surgir accesoria o aleatoriamente en cualquier momento al procedimiento ordinario de ejecución, sin que pueda impedirse la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues una vez vigente, resulta la aplicable para dirimir las incidencias y solicitudes relacionadas con el procedimiento de ejecución penal que antes no tenían curso jurisdiccional (mecanismos de impugnación judicializados), y si en el caso, el trámite que le dio el Juez responsable a la solicitud de la hoy parte quejosa, se tiene que tanto quien planteó la controversia, como el juez, actuaron con base en la ley en comento. De ahí que el sistema de controversia ante Juez de ejecución de penas y requisitos de procedibilidad se rigen por las normas (procesales) que la Ley Nacional de Ejecución de Penas******************** y supletoriamente a las leyes que remite (Código Nacional de Procedimientos Penales), donde no está el Código Procesal del Estado de Querétaro. Entonces, el planteamiento de la parte quejosa consiste en aplicar a su voluntad la legislación que estime conveniente, de forma independiente a cada solicitud que formula, lo cual no es dable de forma alguna, pues si planteó una controversia, de conformidad con una legislación que prevé esa figura, resulta ilógico y contradictorio estimar que se tramite conforme a una ley diversa que ni siquiera contemplaba este nuevo sistema de impugnación judicializado. Es decir, la parte quejosa planteó una controversia que se encuentra prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y conforme a los requisitos que prevé ésta legislación, el juez de ejecución desechó su solicitud******************** sin embargo, la parte solicitante del amparo pretende que se le aplique la ley en comento para admitirle su controversia, pues el Código de Procedimientos Penales del Estado de Querétaro, no prevé dicha figura******************** pero para su tramitación sí desea que se le aplique la codificación en cita, no obstante que no prevea el medio de defensa que promovió, lo cual, resulta una contradicción. Es decir sería tanto como negar la ley que da sustento al acceso a la figura de controversia jurisdiccional ante Juez de Ejecución de Penas. Efectivamente el planteamiento de la parte que solicita el amparo resulta inoperante, pues de estimar correcta su estimación en el sentido de admitir y tramitar un medio de defensa al amparo de dos legislaciones distintas (de las cuales incluso, una prevé el medio de defensa, y la otra no), con la intención de admitir un medio de defensa interpuesto y previsto en la codificación nacional vigente (Ley Nacional de Ejecución Penal), pero otorgarle ultra actividad a la codificación procesal penal estatal en la parte que le parece conveniente, para tramitar ese recurso, implica un aspecto ilógico que llegaría al extremo de aceptar la aplicación mixta de los supuestos que previó el legislador para dos realidades totalmente distintas, y desvirtuar el carácter nacional de la Ley Nacional de Ejecución Penal vigente, para condicionarla o someter su aplicación a las disposiciones de las treinta y dos entidades federativas, a capricho del particular, aún en contravención a las reglas que rigen el sistema jurídico mexicano. Además, se debe aclarar que lo anterior lo que no es dable, incluso bajo la consideración de la aplicación del principio pro persona en beneficio de la parte quejosa, llegando inclusive al extremo que ésta solicita, de permitir la aplicación de dos legislaciones distintas en los términos antes precisados, pues ello constituye un impedimento técnico que conlleva la inoperancia del concepto de violación planteado, ya que acorde al principio en comento, todas las autoridades del país, deben reconocer que el sistema jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos******************** y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en el caso que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico (a saber, la Constitución y los tratados internacionales), deberá elegirse la norma en materia de derechos humanos bajo el criterio más favorable para el individuo, pero de ninguna manera el mencionado principio deriva necesariamente que los argumentos planteados por los gobernados deban resolverse conforme a sus pretensiones, so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, como lo ha establecido el Máximo Tribunal del país, sobre todo si el planteamiento no encuentra sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a éstas últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Se cita en apoyo a la anterior consideración, la tesis jurisprudencial 1a./J. 104/2013 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página 906, del Libro XXV, de Octubre de dos mil trece, Tomo 2, Décima Época, Materia Constitucional: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos******************** y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." De igual forma, se cita en su parte conducente la tesis de jurisprudencia 2a./J. 188/2009, sostenida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada a página 424, del Tomo XXX, de Noviembre de dos mil nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, cuyos rubro y texto son los siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte******************** de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida******************** de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia******************** b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo******************** y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia******************** o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado." Por lo anterior, en el caso se estima correcta la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para efecto de desechar la controversia planteada por la parte quejosa, y confirmar esta determinación, pues quien solicita el amparo, planteó la controversia desechada con base en la citada ley, y como ya se dijo, el Código de Procedimientos Penales del estado de Querétaro, no prevé dicha figura, entonces, resulta una contradicción pretender que para la tramitación de la controversia, se aplique el código en comento, si ni siquiera prevé la figura de que se trata, mucho menos requisitos de procedencia******************** y pretender que un medio de defensa, cualquiera, se admita conforme a una ley, pero se tramite conforme otra diversa y anterior, resulta indudablemente una pretensión inadmisible pues conlleva una mezcla de supuestos legales diferentes, y requisitos no previstos en una u otra legislación, y de estimar correcto el planteamiento aludido, llevaría al extremo de aceptar una controversia jurisdiccional conforme un código abrogado que no disponía este medio de impugnación y aplicar normas procesales que de modo alguno regulaba la figura en mención******************** perdiendo de vista que ésta debe atender los requisitos de procedencia que la Ley Nacional prevé******************** y no un código procesal local abrogado******************** menos intentar su aplicación a capricho de quien promueve, lo cual, resulta evidentemente incorrecto, y contrario a los principios de legalidad, y seguridad jurídica. Sin que sea un obstáculo para determinar lo anterior, la supletoriedad prevista en el artículo 8 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que dicta lo siguiente: "Artículo 8. Supletoriedad En todo lo no previsto por la presente Ley se atenderá en lo conducente a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y a las leyes penales aplicables." Lo anterior es así, pues por cuanto hace a los recursos, se debe estar a lo previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, sin que la supletoriedad antes mencionada permita acudir a la legislación procesal penal local para tal efecto, pues en la ley aplicable no se incluyó norma alguna que estableciera de manera específica ese supuesto, lo que de ningún modo hace procedente. Por lo anterior, no hay vacío o laguna que colmar en la ley, dado que el silencio del legislador, respecto de la procedencia de la aplicabilidad del Código de Procedimientos Penales del estado de Querétaro, conlleva a establecer que fue su intención restringir dicha aplicación, por lo que al estar prevista y suficientemente regulada la tramitación de la controversia planteada por la hoy parte quejosa, en la legislación principal, o específica, no es necesario acudir a las figuras jurídicas previstas en dicho código pues la supletoriedad no tiene el alcance de crear recursos inexistentes, como lo pretende la parte solicitante del amparo. En ese sentido, se cita la tesis de jurisprudencia 2a./J. 13/2003, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página 302, del Tomo XVII, de Marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Laboral: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, NO PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 164, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. De la interpretación literal de dicho precepto, se advierte que el legislador estatal otorgó competencia al Tribunal de Arbitraje de esa entidad federativa para resolver en revisión los conflictos individuales que se susciten entre la administración o sus representantes y sus trabajadores, de donde se sigue que la procedencia de ese recurso se refiere a las controversias de naturaleza laboral que tramita y resuelve en primera instancia una Junta arbitral, es decir, a los conflictos individuales de trabajo que, por lógica, para ser revisados deben ser concluidos, por lo que dicho recurso no procede en contra de la resolución interlocutoria que decide sobre la personalidad de una de las partes en el juicio laboral burocrático, en virtud de que no constituye un conflicto individual a los que alude el numeral citado. Además, por las características del proceso laboral que regula el Código Administrativo del Estado de Chihuahua, el cual es predominantemente oral, no es posible considerar que el legislador haya tenido la intención de hacer procedente el recurso de revisión en contra de aquella resolución, ya que por la naturaleza de ese proceso, se restringe el empleo de medios impugnativos para combatir resoluciones intermedias, a fin de lograr su mayor economía, concentración y sencillez, tan es así, que la regla general es que cualquier incidencia que se presente durante la sustanciación del juicio, debe ser resuelta de plano en la misma audiencia que concluye con el fallo definitivo, de tal modo que sólo éste sea el que, en su caso, justifique la procedencia del recurso de revisión, sin que exista necesidad de acudir a la figura jurídica de la supletoriedad de leyes, porque ésta sólo opera tratándose de omisiones o vacíos legislativos, mas no respecto de situaciones que el legislador no tuvo intención de establecer." También se cita la tesis jurisprudencial 2a./J. 28/2003, que sostuvo igualmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página 192, Tomo XVII, de Abril de dos mil tres, Novena Época, Materia Laboral: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE LAUDO. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE, O DEL ACUERDO QUE LO DESECHA, NO PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 164, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. De la interpretación literal de dicho precepto, se advierte que el legislador estatal otorgó competencia al Tribunal de Arbitraje de esa entidad federativa para resolver en revisión los conflictos individuales que se susciten entre la administración o sus representantes y sus trabajadores, de donde se sigue que la procedencia de ese recurso se refiere a las controversias de naturaleza laboral que tramita y resuelve en primera instancia una Junta Arbitral, es decir, a los conflictos individuales de trabajo que, por lógica, para ser revisados deben ser concluidos. En ese tenor, el referido recurso no procede en contra de la interlocutoria que resuelve o el acuerdo que desecha un incidente de liquidación de laudo, por ser posterior a la resolución de fondo y no constituir un conflicto individual a los que alude el numeral citado. Lo anterior es así, porque si en el título cuarto del código administrativo citado, que se refiere a las relaciones del Estado con sus trabajadores, incluido el capítulo séptimo que alude al procedimiento laboral, el legislador no incluyó norma alguna que establezca de manera específica la procedencia del recurso de revisión contra determinadas resoluciones, y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la contradicción de tesis 138/2002, el criterio de que el silencio del legislador implica que el citado recurso de revisión no procede contra resoluciones intermedias o actos intraprocesales, en razón de que se verían afectados los fines de un proceso predominantemente oral que se rige por los principios de mayor economía, concentración y sencillez, pues ese tipo de determinaciones no constituyen el conflicto individual a que alude el referido artículo 164, fracción I, es indudable que, por igualdad de razón, tampoco procede el mencionado recurso en contra de la resolución que decide o el acuerdo que desecha un incidente de liquidación de laudo, a pesar de que sea posterior a la resolución de fondo, pues no sería lógico ni jurídico estimar que una norma de competencia, como lo es el artículo últimamente citado, establezca la procedencia genérica del recurso de revisión contra todo tipo de resoluciones, cuando por razones de seguridad jurídica deben fijarse normas de procedencia específica, de modo que si ello no acontece, el juzgador no puede sustituir al legislador estatal en la determinación de procedencia del recurso, pues la interpretación extensiva de la norma afectaría los principios procesales de un juicio predominantemente oral, sin que exista necesidad de acudir a la figura jurídica de la supletoriedad que prevé el artículo 77 del código invocado, porque ésta sólo opera tratándose de omisiones o vacíos legislativos, mas no respecto de situaciones que el legislador no tuvo intención de establecer." Por último, se cita en su parte conducente la tesis de jurisprudencia 1a./J. 9/97, de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que se encuentra publicada en la página 311, del Tomo V, de Marzo de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil: "MEDIOS DE APREMIO EN PROCEDIMIENTOS MERCANTILES. NO PROCEDE RECURSO EN CONTRA DE SU IMPOSICION (APLICACION SUPLETORIA DE LA LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA Y CODIFICACIONES SIMILARES). El Código de Comercio no prevé los medios de apremio******************** y si bien, de conformidad con lo que disponen los artículos 1334, 1340 y 1341, que reglamentan de manera general la sustanciación de los recursos ordinarios, por la naturaleza de los proveídos que imponen algún medio de apremio en un juicio de carácter mercantil, se pudiera interponer el recurso de apelación o revocación, según las circunstancias de cada asunto******************** sin embargo, como dicho ordenamiento no contiene preceptos que expresa y específicamente establezcan esa hipótesis para el caso concreto aludido, ante la existencia de las lagunas descritas y si la legislación adjetiva del Estado de Puebla, en sus artículos 79, 80 y 81, contempla detalladamente dichos medios y además, el último numeral dispone que no procede recurso en contra de su imposición, debe acudirse a este ordenamiento conforme a la supletoriedad autorizada por el numeral 1054 del Código de Comercio, aplicándola íntegramente, dado que, de hacerlo parcialmente en lo relativo a la imposición de los medios de apremio, sin incluir la sustanciación de su impugnación, conduciría a no dar una debida coherencia a la tendencia sistematizadora de principios sobre un objeto de regulación, así como a contrariar el artículo 17 constitucional, pues permitir la impugnación de la imposición de los medios de apremio, generaría un obstáculo para lograr la celeridad en la impartición de la justicia, porque la supresión de los recursos ordinarios en contra de la atribución legal mencionada, pretende otorgar mayor eficacia y rapidez al juicio, lo que no se contrapone con la legislación mercantil, pues entre otros propósitos de tal ordenamiento, figura el de celeridad de los juicios mercantiles, simplificando trámites y limitando o suprimiendo recursos como el de denegada apelación, queja y apelación extraordinaria. En otro sentido, la parte quejosa solicita tomar en consideración los criterios sostenidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos que cita en su demanda, los cuales, se desestiman, pues en ninguno de esos casos formó parte el Estado Mexicano, y tampoco se analizó el desechamiento de una controversia planteada de conformidad con la Ley Nacional de Ejecución Penal, y su consecuente confirmación por el tribunal de alzada. En tales condiciones, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación de la parte quejosa, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL al quejoso ********************, respecto del acto reclamado consistente en: La resolución de trece de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal de ejecución ********************, relativo a la carpeta de ejecución ********************, mediante la cual, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, confirmó el auto de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, dictado por el Juez de Ejecución del Distrito Judicial de Querétaro, a través del cual desechó la controversia planteada por el sentenciado (quejoso), por considerarla notoriamente improcedente. Por lo expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo en términos del considerando tercero de la presente determinación. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO ampara ni protege a ********************, por las razones expuestas en el último considerando de presente resolución. NOTIFÍQUESE******************** Y, PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL CENTRO DE SU RECLUSIÓN. Así lo resolvió y firma el licenciado Karlos Alberto Soto García, Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, ante la Secretaria Claudia Gómez Peralta, que autoriza. Doy Fe. ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL AUTORIZA LICENCIADA CLAUDIA GÓMEZ PERALTA. SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE QUERÉTARO.Javier
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(...) PRIMERO.-SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO... SEGUNDO.-LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE... JARM
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