José Alejandro Ramírez Hernández

Expediente 424/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
424/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
24/03/2022

Partes del expediente

  • José Alejandro Ramírez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Juicio de amparo 424/2021 Certificación. El veinticuatro de marzo de dos mil veintidós María Guadalupe Noriega Vega, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, certifico y hago constar que el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del nueve al veintitrés de marzo del presente año, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio; lo anterior se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe. Cuenta. El veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, se da cuenta al juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste.Auto. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL En Hermosillo, Sonora, a las doce horas con catorce minutos del cuatro de marzo de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, la secretaria relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto de admisión, constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informes justificados rendidos por las autoridades responsables; asimismo, conforme a la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes pudieran imponerse de los informes justificados, sin que al respecto hicieran manifestación alguna. El juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias y por visto el contenido de la certificación que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Revisado el estado de autos, se advierte que, en auto de radicación, se estimó que, dada la naturaleza del acto reclamado, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no existe tercero interesado. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las documentales ofrecidas por las autoridades responsables; asimismo, con la prueba presuncional legal y humana ofertada por el quejoso. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas por su naturaleza las aludidas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no formularon alegatos. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para formular los alegatos a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución: Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************; y, I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito recibido el quince de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido al siguiente día hábil, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados de la juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, y de otra autoridad. El veintidós de abril siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: II. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto de autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde este juzgado Federal ejerce jurisdicción. III. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado el siguiente: ? Negativa de darle trámite a la petición de traslado del Centro Federal de Readaptación Social número Once, con residencia en esta ciudad, a uno diverso, con residencia en el Estado de Tabasco, a fin de estar más cercano a su núcleo familiar. IV. Inexistencia del acto combatido No es cierto el acto reclamado atribuido a la juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, así como al director general del Instituto de Defensoría Pública del Fuero Común del Estado de Tabasco, toda vez que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados; además, la inexistencia del acto reclamado lo justificaron con la copia certificada de diversas constancias relativas al expediente atinente a la carpeta de ejecución 625/2018, así como las aportadas por el director del Instituto de Defensoría Pública, respectivamente, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia 226 del Pleno del Máximo Tribunal del país, consultable en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, de las constancias remitidas por las responsables, así como de las manifestaciones vertidas por el quejoso en su escrito de demanda, se advierte lo siguiente: a) El veintiuno de octubre de dos mil veinte, se dictó un proveído en los autos de la carpeta de ejecución 625/2018, de la estadística de dicho juzgado, en el que se hace constar, que José Alejandro Ramírez Hernández ?aquí quejoso?, presentó escrito ante la juez de Ejecución de Sanciones Penales en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, mediante el cual, en lo medular, solicitó traslado voluntario del Centro Federal de Readaptación Social número 6 "Sureste" de Huimanguillo Tabasco, al Centro de Reinserción Social de Comalcalco, Tabasco y/o al Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco o al Centro de Reinserción Social de Cárdenas, Tabasco. b) Sin embargo ?previo a resolver en relación con el traslado solicitado por el enjuiciado? mediante comunicado SSPC/PRS/15130/2020, suscrito por comisionado de Prevención y Readaptación Social, con sede en Ciudad de México, hizo de conocimiento a la juez responsable, que se desincorporó del Sistema Penitenciario Federal el Centro Federal de Readaptación Social número 6 "Sureste" de Huimanguillo Tabasco; asimismo, que el veintiuno de octubre de dos mil veinte, fue trasladado ******************** de dicho penal al Centro Federal de Readaptación Social número Once "CPS Sonora", con residencia en esta ciudad. c) Por acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil veinte, se ordenó dar vista con lo anterior a la licenciada Rosa Irma Pérez Alejo, defensora pública del sentenciado, a efecto de que se impusiera del contenido de las constancias del expediente d) Mediante escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, la defensora pública especializada adscrita al juzgado responsable, en representación del sentenciado ******************** solicitó a la juez de Ejecución responsable, controversia de traslado voluntario del Centro Federal de Readaptación Social número Once "CPS Sonora", con residencia en esta ciudad al Centro de Reinserción Social de Comalcalco o al Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco; asimismo, la justificación central de dicha controversia, fue la relativa a que Ramírez Hernández no cuenta con visitas familiares por la distancia entre el domicilio de su familia y el centro penitenciario federal donde se encuentra recluido. f) En relación con la solicitud formulada por la defensa del sentenciado, la juez responsable en determinación dictada el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, estableció que no era competente para conocer de la controversia de traslado voluntario solicitado por la defensa de José Alejandro Ramírez Hernández; asimismo, dejó asentado en tal determinación, que el juez federal en funciones de juez de ejecución del Distrito Judicial de Sonora, es juez competente para tramitar y resolver cualquier controversia suscitada en cuestiones de internamiento ?solicitud de traslado? de la población penitenciaria interna en el Centro Federal de Readaptación Social número Once "CPS Sonora. De lo expuesto se colige que, si el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, la juez responsable proveyó respecto a la controversia de traslado voluntario solicitado por la defensa del aquí quejoso, en la carpeta de ejecución 625/2018, en el que estableció, en lo sustancial, que no era competente para conocer de la controversia de traslado voluntario solicitado por José Alejandro Ramírez Hernández; por ende, es inconcuso que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, esto es, el quince de abril de dos mil veintiuno, no existía la abstención combatida. Por su parte ?conforme a los antecedentes reseñados?, resulta evidente que la defensora pública del quejoso, gestionó la controversia de traslado voluntario en favor de su representado, aquí impetrante ?no obstante que la resolución dictada por la juez responsable no le fue favorable?. Ahora, el quejoso no aportó pruebas que corroboraran las aseveraciones planteadas en su demanda de amparo, ni desvirtuaran las negativas formuladas por las autoridades; lo que ineludiblemente lleva a concluir la inexistencia de los actos reclamados. En consecuencia, en el caso se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por ende, se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Da sustento a lo expuesto, la tesis IV.3o.72 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, enero mil novecientos noventa y cuatro, página doscientos cincuenta y cuatro, del texto: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." De igual forma, resulta aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Así como en el criterio aislado que sustentó la entonces Tercera Sala del máximo tribunal de la Nación , que dice: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda." Así también, la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Decisión En las relatadas condiciones, al ser inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el apartado IV, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se Resuelve Único. Se sobresee en el presente juicio de derechos promovido por ******************** por las razones y fundamentos expuestos en el considerando IV de este fallo. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, uno de marzo de dos mil veintidós. Estado procesal. Del análisis a las constancias que conforman el expediente, se advierte que la autoridad responsable, jueza de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, al rendir el informe con justificación, manifestó que remitió materialmente vía mensajería, copia certificada de la carpeta de ejecución 625/2018, constante de 1,274 folios útiles; sin embargo, lo que remitió a través del correo institucional de este órgano jurisdiccional, fueron diversas actuaciones relativas al consabido juicio de donde dimana el acto reclamando. Ahora bien, de la atenta revisión de las constancias remitidas por la consabida responsable ?las cuales obran incorporadas al sumario a fojas 91 a la 191?, se llega a la convicción que resultan suficientes para analizar la constitucionalidad del acto reclamado en el presente juicio de derechos ?negativa de darle trámite a la petición de traslado del Centro Federal de Readaptación Social número Once, con residencia en esta ciudad, a uno diverso, con residencia en el Estado de Tabasco, a fin de estar más cercano a su núcleo familiar?. En mérito de lo anterior, en aras de una administración de justicia pronta y expedita, de conformidad con el artículo 17 constitucional, deberá resolverse el presente asunto con las constancias que obran en autos, sin necesidad de requerir a la responsable por la totalidad de las constancias que conforman el expediente 625/2018 de su estadística. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de febrero de dos mil veintidós. Diferimiento de la audiencia constitucional. Del estado de los autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que no fue posible celebrar la audiencia constitucional, toda vez que transcurre el plazo de vista otorgado a las partes, respecto de las constancias remitidas por la autoridad responsable jueza de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa. En consecuencia, para dar oportunidad a que las partes se impongan del contenido de referidas constancias, conforme lo dispone el párrafo segundo del numeral 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las doce horas con catorce minutos del cuatro de marzo de dos mil veintidós, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXI.2o.16 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en página 1081, del Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 189948, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias." Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano