Jose Alejandro Navarrete Gomez

Expediente 1102/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1102/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
03/08/2018

Partes del expediente

  • Jose Alejandro Navarrete Gomez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II.- ... se declara que el auto de cuatro de julio de dos mil dieciocho ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, archívese este expediente como asunto totalmente concluido...KG

  2. Principal

    MESA II.- .AGRÉGUESE A LOS AUTOS PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA EL OFICIO DEL JUZGADO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.TÉNGANSE POR RECIBIDAS LAS CONSTANCIAS DE MÉRITO. .VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL DE DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, EN LA QUE EL FEDATARIO ADSCRITO AL JUZGADO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, ASENTÓ LA IMPOSIBILIDAD QUE TUVO PARA NOTIFICAR PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, EFECTÚESE LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE CUATRO DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO, POR MEDIO DE LISTA ACUERDO DE CUATRO DE JULIO DICE: Vista la demanda de amparo promovida por *************, contra actos del Juez de Control del Tercer Circuito Judicial del Estado de Morelos y otra autoridad; fórmese expediente impreso y electrónico; asimismo, regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 1102/2018-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, de acuerdo al artículo 112, en relación con el 113, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas desde que la demanda fue presentada o en su caso turnada, deberá resolver si desecha, previene o admite. Por su parte el diverso numeral antes citado refiere que se deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17, de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Los citados artículos imponen la obligación al Juez de Distrito de examinar, dentro del término de veinticuatro horas, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el deber de desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Tesis que conserva su vigencia, en términos del artículo sexto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, por el que se promulgó la Ley de Amparo, en virtud de que se basa en la interpretación del artículo 145 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar al del numeral 112 de la Ley de Amparo vigente. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte, que en esencia el acto consiste en la reapertura de la investigación, ordenada por el Juez de Control del Tercer Circuito Judicial, dentro de la causa judicial *************. En ese sentido, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 y 107 Fracción III, inciso a) y b), ambos de la Ley de Amparo. Los artículos en cita establecen la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando se trata de actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; en cuyo caso, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. Asimismo, dichas disposiciones señalan como excepción para la procedencia del juicio de amparo el supuesto en el que el amparo sea promovido por un acto dictado dentro del procedimiento que afecte materialmente un derecho sustantivo. De una interpretación sistemática de los artículos en cita, se advierte que el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando se promueva contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento penal cuando no afecten materialmente derechos sustantivos diversos a los derivados de la relación procesal. Esto es, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio y se afecte con su emisión algún derecho fundamental de la parte quejosa como pudiera ser el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad privada o cualquier otra afectación a alguno de sus derechos patrimoniales, considerados como derechos sustantivos tutelados constitucionalmente, el quejoso no estará obligado a esperar el dictado de la resolución definitiva del procedimiento del que emanan los actos reclamados y el juicio de amparo indirecto sería procedente. Sin embargo, en caso de que el derecho que se estima transgredido con la emisión del acto reclamado, derive de la relación procesal que existe entre el emisor del acto y el afectado, aunque se alegue violación a derechos (entre los que se encuentran los derechos de audiencia, debido proceso, tutela judicial efectiva y acceso a la justicia) tal afectación deberá hacerla valer en el juicio de amparo indirecto que en su caso promueva contra la resolución definitiva, de trascender la violación alegada al resultado de la resolución. Entonces, contra las afectaciones de índole procesal no procede el juicio de amparo. En el caso el Juez de Control del Tercer Circuito Judicial del Estado de Morelos, revocó la determinación del no ejercicio de la acción penal y ordenó al Ministerio Público que reabriera la investigación; por ende, tales determinaciones no pueden considerarse de imposible reparación, porque el Ministerio Público continuará con la investigación dentro de las facultades previstas en el artículo 21 de la Constitución Federal. Por ende, las actuaciones realizadas por dicho representante social en el ejercicio de esa facultad, especialmente aquéllas que van encaminadas a la integración de la carpeta de investigación, a probar la comisión del delito, sus circunstancias y la responsabilidad o inocencia de la persona o personas contra las cuales se dirigió la denuncia o querella, aun cuando pudiera el quejoso estimarlas indebidas, son de índole procesal, y por ende, el amparo promovido en su contra, es improcedente. En efecto, la integración de la carpeta de investigación constituye una institución pública del Estado que realiza una función de protección social, pues tiene el deber de la tutela jurídica de los intereses de éste y la sociedad; esto es, a dicha institución le corresponde, conforme a lo establecido por el numeral 21 de nuestra Carta Magna, iniciar la carpeta de investigación, a petición de parte o de oficio y allegarse en este período a la investigación de los elementos del tipo descriptivo penal y datos que presuman o acrediten la presunta responsabilidad del sujeto en la comisión del ilícito o delito, para que esté en posibilidad legal de realizar imputación ante la autoridad competente y posteriormente solicitar la vinculación a proceso, si procediere, siempre que, como se dijo, existan elementos para ello, derivándose así sus dos funciones, una como autoridad al llevar a cabo la investigación de los hechos delictuosos denunciados, quien al judicializar la investigación pierde dicho carácter, y otra como parte en el proceso, siendo esta su otra función y la etapa procesal en la que interviene, advirtiéndose la investigación de los delitos es una facultad constitucional de la responsable que no es sujeta de control constitucional, para no entorpecer esa facultad; excepto cuando se afecten derechos sustantivos. Empero, la integración de la carpeta de investigación o causa penal, no importa, en sí misma, un mandato para que se prive al peticionario de su libertad, posesiones o derechos, ya que la investigación y el ejercicio de la acción penal sólo tiene como finalidad solicitar al Juez respectivo, la formalización de la imputación y con posterioridad su vinculación a proceso, contra aquéllas personas que aparecen como presuntos responsables dentro de la indagatoria que se instruyó con motivo de determinados hechos que al concluir la integración de la investigación, se consideraron constitutivos de delito. Resultando claro que, el procedimiento de integración de la carpeta de investigación o causa penal respectiva, no constituye un acto de imposible reparación (investigación e individualización), pues como ya se acotó, en líneas atrás, su trámite y ejercicio no se traduce en la privación de su libertad, de sus posesiones o derechos, por lo que, en todo caso, sería la resolución que en un momento dado pronuncie el Juez del proceso al decidir sobre la petición del Ministerio Público, la que podría trastocar su esfera jurídica, haciendo con ello procedente la vía de amparo, y no el referido acto del investigador. No se desatiende el error que destaca *************, quien como lo afirma, no es un imputado, sino sujeto de investigación, pero ello, no da lugar, por ese solo hecho, a la procedencia del juicio de amparo, dado que pudiera carecer de relevancia si obtiene una resolución favorable o en caso contrario, estará en condiciones de hacerla valer en términos del artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por *************. Toda vez que el domicilio en el cual puede ser notificada la parte quejosa se encuentra ubicado en *************; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, por única ocasión gírese atento despacho al Juzgado Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Cuautla, Morelos, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, se sirva ordenar a quien corresponda y notifique el presente acuerdo a *************, en el domicilio antes precisado, requiriéndolo a efecto de que en el momento de la notificación, o bien, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado sin necesidad de posterior acuerdo, ello de conformidad con lo que dispone el artículo 29 del ordenamiento legal invocado con antelación. Para lograr lo anterior, se autoriza al Juez despachado para que en caso de ser necesario, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, faculte al actuario de su adscripción y proceda a practicar la diligencia encomendada en horas y días inhábiles, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrado en el artículo 17 constitucional. De igual manera, de conformidad en el artículo 21, último párrafo, del ordenamiento legal invocado, desde éste momento se habilitan días y horas inhábiles al Actuario de la adscripción, para la práctica de todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, aún las de carácter personal. ...KG

  3. Principal

    MESA II.- AL ACTUALIZARSE DE MANERA NOTORIA E INDUDABLE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE AMPARO, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR ********************. TODA VEZ QUE EL DOMICILIO EN EL CUAL PUEDE SER NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA SE ENCUENTRA UBICADO EN ****************; EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 298 Y 299 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, POR DISPOSICIÓN EXPRESA DE SU ARTÍCULO 2°, POR ÚNICA OCASIÓN GÍRESE ATENTO DESPACHO AL JUZGADO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN CUAUTLA, MORELOS, PARA QUE EN AUXILIO DE LAS LABORES DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, SE SIRVA ORDENAR A QUIEN CORRESPONDA Y NOTIFIQUE EL PRESENTE ACUERDO A *************, EN EL DOMICILIO ANTES PRECISADO, REQUIRIÉNDOLO A EFECTO DE QUE EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN, O BIEN, DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO, SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN ESTA CIUDAD, CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO, LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, SE LE PRACTICARÁN POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO SIN NECESIDAD DE POSTERIOR ACUERDO, ELLO DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 29 DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO CON ANTELACIÓN. PARA LOGRAR LO ANTERIOR, SE AUTORIZA AL JUEZ DESPACHADO PARA QUE EN CASO DE SER NECESARIO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, FACULTE AL ACTUARIO DE SU ADSCRIPCIÓN Y PROCEDA A PRACTICAR LA DILIGENCIA ENCOMENDADA EN HORAS Y DÍAS INHÁBILES, CIRCUNSTANCIA QUE INCLUSIVE GUARDA CONGRUENCIA CON EL PRINCIPIO DE PRONTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. CSH

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