José Alejandro Martínez García
Expediente 575/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 575/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Alejandro Martínez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
... Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante el oficio número 716/2019, recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintidós de mayo del año en curso, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo, Michoacán, al que adjuntó a su vez el diverso LAGH/0153/2019, signado por el Encargado de Despacho de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Hidalgo, Michoacán, informó que el quejoso JOSÉ ALEJANDRO MARTÍNEZ GARCÍA, fue puesto en libertad el catorce de mayo de dos mil diecinueve a las once horas con treinta y cinco minutos, en buen estado de salud física y, para acreditar lo anterior, exhibió copia certificada del libro de registro de faltas administrativas de dicha dirección, circunstancia que actualiza una causal de improcedencia como se expondrá a continuación. En principio, debe precisarse que el estudio de las causas de sobreseimiento, al ser de orden público, es de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causa que haga procedente el sobreseimiento en el juicio de amparo deberá analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentando por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." En ese tenor, el análisis integral de la demanda de amparo reveló que el acto reclamado por la parte quejosa se hizo consistir en: La orden de privación de la libertad, así como la incomunicación. Hecha la precisión, en el presente asunto, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación a la causa de improcedencia descrita en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo cuando sobrevenga alguna de las causas de improcedencia; en el caso, cuando han cesado los efectos de los actos reclamados. Así, el motivo de improcedencia invocado se actualiza cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del pleno goce de los derechos fundamentales que le fuera afectados por el acto de autoridad. Bajo ese contexto, para que se actualice la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de la Materia. De ahí que no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto sino es necesario que, aun sin hacer lo anterior, destruya todos los efectos del acto, en forma total e incondicional de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Ello es así, puesto que la razón que justifica la causa de improcedencia en comento, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que no exista huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es oportuno precisar que la causa de improcedencia debe ser manifiesta e indudable, por lo cual debe explicarse qué se entiende por manifiesto e indudable. En efecto, "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; en tanto que "indudable" es que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, dicho de otra manera, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese orden de ideas, la documental remitida por el Encargado de Despacho de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Hidalgo, Michoacán, consistente en copia certificada del libro de registro de faltas administrativas de dicha dirección, evidencia de manera manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que de dicha documental se advierte que el catorce de mayo de dos mil diecinueve a las once horas con treinta y cinco minutos, fue puesto en libertad el solicitante de amparo en buen estado de salud física, cuestión que se corrobora, pues en dicho registro obra firma de la licenciada Jesica Cruz Garduño. Documental a la que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°, al tratarse de una documental expedida por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". En ese contexto, si la parte quejosa reclamó a la autoridad responsable la orden de privación de la libertad e incomunicación, la cesación de los efectos se actualiza cuando dicha autoridad puso en libertad al peticionario de amparo, lo cual puede advertirse de las constancias remitidas por ésta con su informe sobre la suspensión de plano. En consecuencia, se colige que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, el juicio constitucional promovido contra el acto consistente en la orden de arresto e incomunicación deviene improcedente, pues si bien ha quedado demostrado la existencia de dicho acto, lo cierto es que ya no se generarán consecuencias que afecten la esfera jurídico del accionante constitucional. Por tanto, resulta inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa, lo que hace imperioso el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente asunto, dado que se ha actualizado de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia. Resulta aplicable la tesis 97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, que indica: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SÍ SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". Asimismo, la jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". En efecto, como se dijo, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación a la causa de improcedencia establecida en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Por lo que, cuando dicha causa de sobreseimiento sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Lo anterior tiene sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En conclusión, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto al haber cesado los efectos del acto reclamado. Consecuentemente, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba fijada para las diez horas con veinte minutos del tres de julio de dos mil diecinueve. ...
- Principal
Agréguese el escrito signado por..., autorizado del quejoso... atento a su contenido, como lo solicita, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias certificadas a que se refiere en su ocurso de cuenta, autorizando para recibirlas a la persona que indica, previa identificación y recibo que de ello se deje en autos. Por otra parte, en relación a la petición que realiza en el sentido de que se haga un llamado de atención a la autoridad responsable para que en el futuro se abstenga de realizar detenciones ilegales, dígasele que este órgano jurisdiccional no es la autoridad facultada para realizar la conducta que refiere; asimismo, infórmesele que el poner en conocimiento de la Fiscalía de Ciudad Hidalgo, Michoacán, la conducta que refiere, es una facultad discrecional de este órgano jurisdiccional; empero, tienen expedito su derecho para hacerla valer directamente ante el representante social de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica la tesis VI.2º.C.255 K, publicada en la página 1559, Tomo XXIV, Octubre de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO. EL TERCERO PERJUDICADO CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA SOLICITAR AL JUZGADOR DE AMPARO DAR INTERVENCIÓN A AQUÉL CON MOTIVO DE LAS CONDUCTAS DESPLEGADAS POR EL QUEJOSO. La petición formulada por el tercero perjudicado en el sentido de que, ante la conducta desplegada por el quejoso, se dé vista al agente del Ministerio Público de la adscripción por la probable comisión de hechos delictuosos, no vincula al juzgador de amparo para acceder a ella, en virtud de que esa pretensión se encuentra fuera del ámbito de los derechos que asisten a quien interviene en el juicio de amparo con tal carácter, habida cuenta que el interés que tiene deriva del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y se circunscribe a que el acto reclamado subsista, razón por la cual no constituye un derecho del tercero perjudicado en el proceso constitucional, sino una facultad discrecional de la autoridad judicial federal, poner en conocimiento del representante social las conductas mencionadas." NOTIFÍQUESE.
- Principal
...gréguese el pedimento número 233/2019, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele formulando alegatos en los términos que indica, sin perjuicio de hacer relación nuevamente de ellos en la audiencia constitucional; asimismo, con apoyo en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición del precepto 2°, de este último ordenamiento legal, una vez que se dicte la sentencia dentro de este expediente, expídansele las copias que requiere.
- Incidental
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte terceros interesados, el acuerdo y/o resolución de fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: Agréguense los escritos signados por Alejandra Avelina Ramos Vargas, apoderada de la quejosa Ofelia Ramírez Hernández, atento al primero de ellos, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales que adjunta a su ocurso de cuenta, sin perjuicio de hacer relación nuevamente de ellas en la audiencia constitucional. Por otra parte, en relación al segundo, de conformidad con el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se desecha de plano por notoriamente improcedente el incidente de acumulación que promueve, respecto del expediente V-245/2018 en que se actúa al diverso III-1003/2018, del índice de este propio órgano jurisdiccional. Lo anterior en razón que de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, se advierte que la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en: "IV. ACTO RECLAMADO. De la autoridad que se señala como responsable, se reclama el auto de fecha 9 nueve de marzo de 2018 dos mil dieciocho, mediante el cual se me dice que "NO HA LUGAR A TENERLE POR INTERPONIENDO RECURSO DE REVOCACIÓN, en contra del auto de data 05 cinco de marzo del presente año, visible a foja 101 de cuaderno tomado en consideración que dicho proveído no es impugnable a través del recurso que hace valer, atento a lo dispuesto 1010 del Código de Procedimientos Civiles del Estado (sic). Sin embargo, el auto que se reclama, fue dictado en etapa de ejecución de sentencia, glosado en el cuaderno de la cuarta sección del juicio sucesorio intestamentario 757/2013, radicado en el Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán; etapa en ejecución de sentencia que fue anunciada por el propio A quo, mediante auto diverso, datado el 13 trece de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, en el segundo párrafo. -visible a foja 77 del cuaderno referido en este párrafo." Asimismo, de la diversa demanda que originó el juicio de amparo 1003/2018, del índice de este órgano jurisdiccional, se aprecia que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: ".El posible remate EN SU SEGUNDA ALMONEDA y adjudicación ilegal y directa de la vivienda de mi propiedad construida o edificada sobre el inmueble que conforma el acervo de la herencia, consistente en el lote, número uno, A, de la manzana "C" de la colonia "San Rafael Punhuato", de esta Ciudad de Morelia, Michoacán, actualmente ubicado en la Avenida Nueva Tepeyac, número 174 de la colonia San Rafael de esta Ciudad de Morelia, Michoacán, que se encuentra registrado a favor de la autora de la herencia Juana Hernández Avalos, bajo el registro número 00164914, del tomo 00000909 novecientos nueve, de fecha 31 treinta y uno de enero de 1973 mil novecientos setenta y tres, sirviendo de base para la cantidad $1'790,100.00 un millón setecientos noventa mil cien pesos 00/100 moneda nacional, valor pericial resultante de los avalúos emitidos en autos, y como postura legal la que cubra las 2/3 dos terceras partes de la indicada cantidad, cuya superficie, medidas y colindancias están descritas en la segunda sección, del juicio sucesorio intestamentario número 757/2013, radicado en el Juzgado Segundo de lo Civil de este Distrito judicial en etapa de ejecución de sentencia que fue anunciada por el propio A quo, mediante auto de fecha diecisiete de abril de dos mil dieciocho, para que el producto contenido de su venta sea repartido en partes iguales entre los coparticipes de la herencia atento a lo establecido en el artículo 945 del Código Sustantivo Civil de Michoacán, bajo el entendido que previo al anuncio de la subasta en alusión, deberá darse uso del derecho al tanto a los coherederos, quienes de estimarlo conveniente podrán adquirirlo con base en el precio de su avalúo pericial, SIN ESPECIFICAR QUE EL TERRENO SOBRE EL CUAL SE ENCUENTRA CONSTRUIDA LA VIVIENDA, SOLO ES EL QUE SE DEBE REMATAR, NO ASÍ LA CONSTRUCCIÓN EDIFICADA EN EL CITADO PREDIO." Lo cual constituye un hecho notorio para este órgano, de conformidad con lo establecido por el artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. Sirve de apoyo a lo expuesto la Jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. De lo que se desprende que, si bien es cierto que los actos reclamados en ambos juicios (245/2018 y 1003/2018), se atribuyen a la misma autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, emitidos del dentro del juicio sucesorio intestamentario número 757/2016, también los actos reclamados en ambos juicios no guardan relación entre sí, pues mientras que en el presente juicio se reclama, en esencia, el auto de nueve de marzo de dos mil dieciocho, en el que se dijo a la coheredera Ofelia Ramírez Hernández, aquí quejosa, que no ha lugar a tenerla interponiendo recurso de revocación en contra del diverso de cinco de marzo de esa anualidad, en el que se le requirió para que permitiera el acceso al bien inmueble ubicado en la avenida Nueva Tepeyac, número 174, colonia San Rafael, en esta capital, para que el albacea definitivo del juicio sucesorio intestamentario de origen, estuviera en condiciones de mostrarlo a las personas interesadas en adquirirlo; y, en el diverso juicio de amparo 1003/2018, el acto reclamado se hace consistir en el auto de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, en el que se señalaron las diez horas del dieciséis de mayo de ese año, para el desahogo de la audiencia de remate en su segunda almoneda respecto del bien inmueble consistente en el lote número uno, A, de la manzana "C", de la colonia "San Rafael Punhuato", de capital, actualmente ubicado en la Avenida Nueva Tepeyac número 174, colonia San Rafael de esta ciudad. De ahí que resulta improcedente la acumulación de los juicios de amparo 245/2018 y 1003/2018, del índice de este órgano jurisdiccional, no obstante que ambo sean promovidos por las mismas personas, en contra de la misma autoridad responsable, los actos reclamados no son los mismos, puesto que no guardan entre sí algún vínculo jurídico que produzca la conveniencia de resolverlos conjuntamente. Sirve de apoyo lo anterior la tesis aislada, IX. 2o. 46 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 326, Tomo XIV, Diciembre de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACUMULACION EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE LA ACCION CONSTITUCIONAL QUE SE EJERCITA EN CONTRA DE DIVERSOS ACTOS DESVINCULADOS JURIDICAMENTE ENTRE SI. El juicio de amparo es improcedente cuando en una sola demanda se combaten diversos actos que se produjeron en juicios diversos, desvinculados jurídicamente entre sí. En efecto, de la interpretación gramatical de lo preceptuado por los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción I, y 57 de la Ley de Amparo, se desprende que la posibilidad de tramitar conjuntamente los negocios relativos a la acción de amparo que promueve una o diversas personas, depende directamente de que sea el mismo acto reclamado en cada uno de los casos; además, la interpretación jurídica de esos preceptos, a la luz del espíritu de la última de las disposiciones citadas nos conduce a asegurar que es posible tramitar acumuladamente la acción constitucional que hacen valer las mismas personas, en contra de las mismas autoridades, a pesar de que los actos reclamados no sean exactamente los mismos, siempre y cuando dichos actos guarden entre sí algún vínculo jurídico que produzca la conveniencia de resolverlos conjuntamente, como lo puede ser que estén contenidos en la misma resolución o que unos sean antecedentes o consecuencia de otros; sin embargo, nada indica que sea posible tramitar en un mismo procedimiento la acción de amparo que se promueve por los mismos gobernados en contra de las mismas autoridades, reclamando diversos actos, que se produjeron en distintos procedimientos y que, entre sí, no guardan relación jurídica alguna; por el contrario, de lo señalado por el artículo 57 de la Ley de Amparo, al no contemplar ese supuesto como uno más de aquellos en los que no es posible decretar la acumulación del juicio de amparo, debe inducirse la ausencia de voluntad de la ley a ese respecto, lo cual resulta, además, procesalmente justificado, para estar en posibilidad de cumplir con la garantía consagrada por el artículo 17 constitucional.". Por tanto, en aras de observar los principios de prontitud y expeditez procesal contenidos en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente el incidente de acumulación planteado. Igualmente, aplicada por identidad jurídica la tesis 1a. XXXIV/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada, en la página 665, Tomo I, Libro 3, Febrero de 2014, del Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice: "INCIDENTES, RECURSOS O PROMOCIONES NOTORIAMENTE MALICIOSOS O IMPROCEDENTES. SU CONNOTACIÓN. El artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles prevé que los tribunales no admitirán nunca incidentes, recursos o promociones notoriamente maliciosos o improcedentes, y que los desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a las otras partes, ni dar traslado ni formar artículo. Al respecto, la malicia en las promociones se presenta cuando en ellas se identifica la mala fe del promovente, por ejemplo, cuando busca retardar la ejecución de alguna resolución o evitar que una decisión judicial se materialice; por su parte, la notoria improcedencia se configura cuando de la simple lectura de la promoción se advierte en forma patente y absolutamente clara la certeza y plena convicción de que la admisión o acogimiento de lo pedido no dará lugar a una decisión diferente de la que pueda tomarse desde luego; de manera que lo que el citado artículo trata de evitar es la tramitación de promociones que resulten ociosas o intrascendentes, ya sea porque tengan un evidente propósito dilatorio, o porque se formulen peticiones infundadas por no concurrir los presupuestos de hecho o de derecho que las justifiquen pues, en esas circunstancias, no es indispensable la previa audiencia del interesado ni que se admita su promoción, por ser inútil su tramitación al carecer del derecho subjetivo o procesal correspondiente, por la propia improcedencia de la petición formulada dentro del procedimiento respectivo, esto, en aras de observar los principios de prontitud y expeditez procesal contenidos en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,297 expedientes
- José Alberto Sánchez Zavala900/2017
- José Alejandro Armas Zuñiga1232/2021
- José Alejandro Escobedo Villalón1014/2019
- José Alejandro Garnica León792/2020
- José Alejandro González Tinoco766/2019
- José Alejandro Hernández Miranda1201/2022
- José Alejandro Ortíz Balderas198/2019
- José Alejandro Ramírez Jungo1103/2019
- José Alejandro Torres Millán1330/2019
- José Alejandro Villicaña Reyes447/2020
- José Alejandro Zavala Medina364/2021
- José Alfonso Llamas Covarrubias740/2018