José Alejandro Martínez Fuentes
Expediente 1112/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1112/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- José Alejandro Martínez Fuentes
- JOSÉ ALEJANDRO MARTÍNEZ FUENTES y Otros.
Actuaciones
- Principal
Se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda y carecer de relevancia documental.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve XXXXX, contra actos del Juez de Distrito Administrador Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas y otras autoridades, atento a su contenido; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como 1112/2021. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: [...] De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que tenga un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XVII.2o.J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Esencialmente la Jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que exista un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Este juzgado de Distrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Federal, preceptos que son del tenor siguiente: [...] En los preceptos antes trascritos está previsto el principio de instancia de parte agraviada, que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales del quejoso. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3º, 6° y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma del promovente; por lo que en el presente caso al haberse presentado por medios electrónicos, deberá contener la evidencia criptográfica del citado promovente. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su sustanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que revele la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, la impresión de la huella digital, o como ya se dijo la evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. En la especie, la demanda de amparo presentada por José Alejandro Martínez Fuentes, carece de su evidencia criptográfica conforme a la certificación secretarial de cuenta. Así, no se advierte la manifestación de voluntad de José Alejandro Martínez Fuentes de acudir a la presente instancia constitucional, siendo que, con la con la firma electrónica (evidencia criptográfica) las partes expresan la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con ésta se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, en el Tomo 181-186 Quinta Parte, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro: DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Así como la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-2, correspondiente al mes de julio a diciembre de 1990, página 508, de rubro: DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. En ese contexto, en atención a los diversos razonamientos antes esgrimidos, es inconcuso que no se le puede dar valor alguno a la demanda de cuenta, por haber sido presentada sin la evidencia criptográfica. Se precisa que las promociones que carecen de firma, como en el caso que nos ocupa, no son una manifestación de la voluntad del suscriptor, es decir, son equiparables a una copia simple, las cuales no tienen ningún valor probatorio, puesto que no se está avalado mediante el nombre y firma de quien promueve, y a nadie puede responsabilizarse de su contenido, por lo que este juzgado está impedido para acordar lo que en derecho corresponda respecto de su contenido. Sin que se esté en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo del artículo 3° de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo sin el requisito de la Firma Electrónica (evidencia criptográfica), toda vez que de la lectura íntegra de la demanda no se advierte que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, pues la orden de aprehensión y/o detención reclamadas, no están enunciados como los de tratamiento urgente en términos del artículos 15 de Ley de Amparo, pues tampoco están catalogados como de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. En tales condiciones, es dable concluir que ante la falta de firma electrónica no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo, de ahí que se desecha de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6° y 108, párrafo primero, y 113 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que en ella se contienen, la Jurisprudencia P./J.8/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Libro 65, Abril de 2019, página 79, de rubro: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. Sin que sea obstáculo para arribar a la presente determinación, la circunstancia de que el quejoso este recluido en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez y que en la demanda cite el contenido de la tesis aislada de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA MEDIANTE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. LA FALTA DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL) DEL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN, NO CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA SU DESECHAMIENTO DE PLANO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./.8/2018(10ª)], pues la misma en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, no es vinculante para este Juzgado de Distrito, toda vez que no es de observancia obligatoria al tratarse únicamente de un criterio aislado, máxime que se trata de un criterio orientador sustentado por un tribunal colegiado de otra entidad federativa de su circuito. Por otra parte, se tienen por autorizadas en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a INGRID DENNIS ORGANISTA y MAYRA PALACIOS MENDEZ, toda vez que tienen registrada sus cédulas profesionales que las acreditan como licenciados en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. Como lo solicita, se comisiona a la Analista Jurídico SISE a fin de que proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a los usuarios "Den238" y "PALACIOS85", para la consulta del expediente electrónico. Por tanto, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su numeral 2°, y en relación con el artículo 26, fracción IV, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa la vía electrónica, que podrá consultar a través de los usuarios citados en el párrafo precedente. Se hace de su conocimiento que de conformidad con la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo, está obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley en cita, en el plazo máximo de dos días a partir de que este órgano jurisdiccional le envíe las notificaciones generadas en el presente asunto. En virtud de lo anterior, se ordena a los actuarios que para los casos en los que se actualice la hipótesis de que se trata, asienten la razón respectiva a fin de que la notificación correspondiente surta efecto en términos del artículo 31, fracción II, de la ley de la materia. Apercibida que, de no cumplir con lo anterior, las notificaciones que le correspondan se realizarán mediante lista de conformidad con la fracción II, del artículo 31 de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo que así lo ordene. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. En otro orden, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene como medio de comunicación no procesal el correo electrónico que mencionan en el de cuenta. En razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional del Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, y San Pedro Cholula, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce a la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcoatl; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada; si así se señala. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1ª./J 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, de rubro: DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA. En términos de la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, del rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.
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