José Alejandro Luna González
Expediente 102/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 102/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 18/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- José Alejandro Luna González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. V i s t o el estado de los autos en el juicio de amparo 102/2016-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto del once de abril de dos mil dieciséis, dictado en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. En mérito de lo anterior, se ordena agregar los cuadernos incidentales previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente asunto, por consiguiente se encuentra en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente principal sí es susceptible de destrucción. Asimismo, se establece que los cuadernillos incidentales derivados del presente juicio de amparo, son susceptibles de depuración, en virtud de que se concedió la suspensión definitiva. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de abril de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por el Director General y superior jerárquico de las autoridades señaladas como responsables del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial; mediante el cual remite copia certificada del oficio SEGOB/ CNS/ OADPRS/ 08258/ 2016, de veintiséis de marzo actual, relativo al egreso del Centro de Reclusión del quejoso Jose Alejandro Luna González, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta los efectos legales procedentes. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos se observa que la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, del acto reclamado consistente en: ".IV: Acto reclamado: De las autoridades responsables reclamo la debida valoración y atención médica." Señalado lo anterior, de las constancias que anexó la autoridad responsable, se aprecia que el veintiséis de marzo de dos mil dieciséis, el directo quejoso obtuvo su libertad y egresó del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial; constancias a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. De lo anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 77, fracción II, del mismo ordenamiento. Tales artículos dicen a la letra: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: [.] II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." Conforme a la fracción XXIII del artículo 61, la improcedencia del juicio de amparo puede resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la Ley de Amparo. Esta porción legal no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. Resulta aplicable esta tesis: Tesis: 2a. XCI/2015 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2009938 1 de 1 Segunda Sala Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I Pag. 690 Tesis Aislada(Constitucional, Común) IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. Por su parte, el artículo 77 dispone en su fracción II, que cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, la sentencia tendrá por efecto obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. El acto reclamado implica una omisión, pues se trata de la abstención de brindar al directo quejoso la debida valoración y atención médica, dentro del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, lugar en el que se encontraba recluido. Sin embargo, del examen de la documental remitida por la responsable, tenemos que efectivamente el quejoso egresó de dicho centro de reclusión el veintiséis de marzo de dos mil dieciséis. Ahora bien, el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa; de modo que para su procedencia, es indispensable que la sentencia que se dicte, en el supuesto que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo o constituya una abstención, se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 90/97: Tesis: P./J. 90/97 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 197245 1 de 1 Pleno Tomo VI, Diciembre de 1997 Pag. 9 Jurisprudencia(Común) IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Bajo el principio que la sentencia de amparo debe tener un efecto restitutorio del derecho violado, en el hipotético caso que se examinaran los actos reclamados y se hallaran inconstitucional, otorgar el amparo tendría por efecto que la responsable brinde la debida valoración y atención médica del directo quejoso, dentro del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial; sin embargo, el efecto sería meramente ilusorio y no trascendería al mundo fáctico, dado que el quejoso ya egresó de dicho centro de reclusión, por tanto, es incuestionable que ningún fin práctico tendría la concesión del amparo, dado que para que la responsable diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tendría que estar el quejoso recluido, afectando la libertad que obtuvo, por lo que debe considerarse actualizada la causal de improcedencia del juicio prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 77, fracción II y, en términos del artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, en consecuencia, es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia constitucional. Apoya la anterior conclusión, la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. No pasa desapercibido para el suscrito Juzgador que el artículo 64 párrafo segundo de la Ley de amparo, establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, se tenga que dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, puesto que dicho dispositivo se encuentra previsto en el Título Primero que dispone las reglas generales de los juicios de amparo tanto directo, como indirecto; por tanto, en el juicio de amparo indirecto en primera instancia no existen órganos inferiores; máxime que el suscrito juzgador cuenta con la facultad de pronunciarse respecto a las causales de improcedencia que se adviertan en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto por el artículo 62 y que permiten por una parte sobreseer el juicio de amparo, o bien por la otra desechar de plano una demanda de amparo y, de aplicar dicha hipótesis contravendría al segundo supuesto, toda vez que al advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia impediría desechar de plano una demanda; que en todo caso, aplicaría cuando un órgano revisor en la segunda instancia, advierta una causal de improcedencia diversa y que no fue alegada por las partes, se procedería a dar vista en términos del artículo 64 párrafo segundo, con relación al artículo 93 fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 24, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 12, noviembre de dos mil catorce, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y texto se trascribe a continuación: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." (Lo resaltado es propio). Finalmente, atendiendo a que el quejoso se encontraba recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, Morelos y obtuvo su libertad, con apoyo en lo establecido en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena practicar a la parte quejosa las notificaciones correspondientes al presente auto; así como las subsecuentes por medio de lista, incluso las que sean de carácter personal. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, primero de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo de los que se advierte que por auto de once de marzo actual, se dio vista a la parte quejosa, con el oficio signado por la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector y debidamente notificada, no desahogó la vista contenida en el citado acuerdo. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia terminada de engrosar el veinticinco de noviembre de dos mil catorce, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a JOSÉ LUIS VERDE OSORIO para los efectos siguientes: ". En virtud de la inconstitucionalidad de los artículos 59 a 64 y 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, así como de los diversos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del referido Estado, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, para los efectos siguientes: Se desincorporen de la esfera jurídica del quejoso, hasta en tanto no sean reformados, los artículos 59 a 64 y 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, así como los diversos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del referido Estado y, en su lugar, se cobre al quejoso la tarifa mínima de un día de salario mínimo general vigente en el Estado, con motivo de la inscripción de la escritura pública número 1,788, pasada ante la fe del Notario Público número Once de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos. Como consecuencia de la declaratoria de inconstitucionalidad de los mencionados preceptos y, en razón de la inconstitucionalidad que le asiste a los cobros consignados en los recibos de pago 1622443 -por la cantidad de treinta y siete mil quinientos pesos- y 152924 -por la cantidad de doce mil quinientos pesos-, expedidos el primero por la Secretaría de Hacienda y el segundo por la Dirección de Ingresos del municipio de Emiliano Zapata, ambos del Estado de Morelos, se ordena reintegrar a la parte quejosa el pago que realizó por concepto de dichas contribuciones, descontando el monto de un día de salario mínimo general vigente en el Estado, con motivo de la inscripción de la escritura pública número 1,788, pasada ante la fe del Notario Público número Once de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos. En el entendido que se deberá restituir al quejoso el pago que realizó por concepto de dichas contribuciones (cincuenta mil pesos), previo descuento precisado en el párrafo que antecede, debidamente actualizado, pero sin que ello obligue al pago de intereses, toda vez que el pago de aquéllos tiene como finalidad sancionar a la autoridad por el incumplimiento oportuno del deber de una devolución, es decir, tienen una naturaleza indemnizatoria, tal como lo dispone el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Morelos." Por auto dictado el veintiocho de enero de dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Por acuerdo de tres de junio de dos mil quince, se declaró cumplida la sentencia de amparo, respecto del Secretario de Hacienda del Estado de Morelos y Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos. Mediante oficio recibido el diez de marzo de dos mil dieciséis, la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, en cumplimiento a la sentencia de amparo, exhibió copia certificada del cheque 0000802, por la cantidad de $12,500.00 (doce mil quinientos pesos 00/100 m.n.), el cual se encuentra a disposición de la parte quejosa en las oficinas que ocupa la Tesorería Municipal del citado Ayuntamiento. Documentales que fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. De lo anterior se advierte que a la parte quejosa se le puso a su disposición cheque 0000802, por la cantidad de $12,500.00 (doce mil quinientos pesos 00/100 m.n.) Consecuentemente, al restituirle a la parte quejosa, el citado monto cobrado por la aplicación de las normas inconstitucionales en este juicio de amparo, la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido. Sin que sea óbice a lo anterior, que no obre constancia de la que se advierta que la parte quejosa a la fecha no se haya presentado a recoger el cheque correspondiente, en virtud de que la autoridad responsable ya puso a su disposición el referido título de crédito, además con dicha situación se dio vista a la parte quejosa, como se advierte de los presentes autos; por consiguiente sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por el citado concepto del impuesto reclamado. Sustenta lo anterior, el criterio que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el incidente de inejecución de sentencia 584/2015, derivado del juicio de amparo 2053/2014-IV del índice de juzgado, mediante proveído cinco de enero de dos mil dieciséis, estableció lo siguiente: "CUARTO. Con fundamento en el artículo 297, fracción 11, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérase a la parte quejosa, para que dentro de los tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste ante el Juzgado de Distrito del conocimiento si cobró el cheque 0046346, por el monto de $13,041.94 (trece mil cuarenta y un pesos 94/100 M.N.), apercibida que de no hacerlo se determinará el cumplimiento de la sentencia de amparo respecto del Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, y del Tesorero de Xochitepec, Morelos, con las constancias que obren en autos." [Lo subrayado es propio de este juzgado]. Es decir, para el Máximo Tribunal la omisión del quejoso de pronunciarse sobre el cumplimiento, cuando se ha expedido el cheque respectivo a su favor y se puso a su disposición, sin que manifestara si lo recibió, motivo suficiente para que este Juzgado con base en las constancias de autos, como lo es el cheque 0000802, por la cantidad de $12,500.00 (doce mil quinientos pesos 00/100 m.n.), por el banco BBVA Bancomer, es suficiente para tenerla por cumplida; pues como se precisó, basta que la quejosa acuda a recogerlo en el horario que se le indicó para que la autoridad municipal haga entrega del mismo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el 201 de la Ley de Amparo. Lo anterior, hágase del conocimiento al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio del módulo de intercomunicación MINTERSCJN, para que obre como corresponda dentro del incidente de inejecución de sentencia 519/2015. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Así lo proveyó y firma el licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, tomando en consideración que por auto de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, se giró oficio al DIRECTOR GENERAL DE CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL, a efecto de que remitiera copia certificada de las constancias relativas al egreso del Centro de Reclusión del quejoso Jose Alejandro Luna González; en esas condiciones, para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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