José Alejandro Hernandez Gutierrez

Expediente 526/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
526/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
09/12/2020

Partes del expediente

  • José Alejandro Hernandez Gutierrez

Actuaciones

  1. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa, la determinación que dice: Xalapa-Enríquez, Veracruz, nueve de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte, que desechó de plano la demanda de amparo, no fue recurrido por el promovente y que ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, fracción b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo. Conforme lo anterior, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente; en el entendido de que se destruirá con posterioridad al NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Finalmente, en cumplimiento al artículo 21, párrafo segundo, del Acuerdo General a que se hace referencia en los párrafos que anteceden, prevéngase a la parte quejosa para que, de estimarlo conveniente, solicite la devolución de la credencial que exhibió en el presente juicio; para lo cual cuenta con un lapso de noventa días; con el apercibimiento que de no hacerlo así, dicho documento será destruido con el presente expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente el presente proveído, así como el diverso de veintiocho de octubre pasado.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa, la determinación que dice: ".Xalapa-Enríquez, Veracruz, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por auto de veintiocho de octubre del año en curso, se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, al actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia, ordenándose notificar a la parte quejosa de manera personal; sin embargo, hasta la presente data no obra agregada la constancia de notificación correspondiente; en consecuencia, túrnense los presentes autos a cualquiera de los actuarios judiciales para que proceda a notificar a la parte quejosa el auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte, a fin de estar en condiciones de proveer lo que en derecho corresponda. Notifíquese personalmente el presente proveído, así como el diverso de veintiocho de octubre pasado." ".Xalapa, Veracruz, veintiocho de octubre de dos mil veinte. EXHORTACIÓN. Conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a realizar lo siguiente: I. Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y II. En la siguiente actuación en la que intervengan, propongan medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales, como correos electrónicos, servicios de mensajería instantánea y números telefónicos. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por **********, contra actos reclamados a la Presidenta Interina del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 526/2020 IV-B. Al respecto, se acuerda: ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, por no oponerse a la Ley de Amparo, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". ACTO RECLAMADO. Dentro del capítulo correspondiente a la demanda de amparo, el promovente señaló lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: a) La ilegal sesión de Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, a través del cual se determinó la designación de un nuevo titular como Coordinador como categoría de Jefe N de la Central de visitaría Judicial de la Secretaría de Acuerdos del Consejo de la Judicatura. b) La ilegal terminación de mi nombramiento como Coordinador como categoría de Jefe N de la Central de visitaría Judicial de la Secretaría de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, expedido por la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz y como consecuencia de ello se me conceda la suspensión para el efecto de que sea restituido en el pleno goce de mis derechos, esto es, sea restituido en el puesto que venía desempeñando hasta antes de mi ilegal remoción. c) La ilegal orden librada a la Directora General de Administración para la suspensión y/o baja del quejoso para no recibir las remuneraciones correspondientes a mi cargo como Coordinador como categoría de Jefe N de la Central de visitaría Judicial de la Secretaría de Acuerdos del Consejo de la Judicatura., los alcances que en derecho corresponden, la suspensión de la Seguridad Social, del pago de mis emolumentos, tales como salario devengado y no pagado relativos a la segunda quincena de octubre de dos mil veinte, compensación, bonos, en este periodo de Pandemia SARS-CoV2 /COVID-19), el pago de las cuotas y aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, la negativa de acceso a mi centro laboral y sin previa notificación de mi situación laboral. d) El dejarme en completo estado de necesidad, puesto que mi familia depende de quien suscribe, solicitando desde este momento se ordene a las responsables la implementación de medidas económicas que garanticen al suscrito un MÍNIMO VITAL para subsistir, consistente en el pago en el 35% de salario integrado retroactivo durante el tiempo de la tramitación del juicio de amparo. e) La orden librada al director o titular de la unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, subdelegación Xalapa del IMSS, para la suspensión y/o baja del quejoso para no recibir la atención médica. f) La retención indebida de mis cuotas y aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Lo constituye lo siguiente: La terminación del nombramiento al puesto del quejoso como Coordinador con Categoría de Jefe N de la Central de Visitaduría Judicial de la Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, por sesión acordada del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Como consecuencia de lo anterior, no recibir las remuneraciones a dicho cargo, darlo de baja del Instituto Mexicano del Seguro Social y la designación de un nuevo titular al puesto de Coordinador con Categoría de Jefe N de la Central de Visitaduría Judicial de la Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, por sesión acordada del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Conforme a lo analizado en los antecedentes de la demanda de amparo, que el promovente narró bajo protesta de decir verdad, se observa que al dar por terminado el nombramiento de confianza como Coordinador con Categoría de Jefe N de la Central de Visitaduría Judicial de la Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, la responsable actuó en su calidad de patronal frente a la relación obreroburocrática, dando lugar a una controversia en la que no actúa provista de imperio. Lo que hace improcedente el amparo en la medida que no actúa con potestad pública al formular la terminación de la relación obrera, es decir, como autoridad para efectos del juicio de amparo, sino como Estado-patrón, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación al diverso 5º fracción II, ambos de la citada Ley de Amparo, que dispone lo siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de "alguna disposición de la Constitución Política de los Estados "Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (.)". De los preceptos transcritos, se obtiene que la procedencia del juicio de garantías se encuentra constreñida a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. El concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellos órganos del Estado a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales o jurisdiccionales, es decir, en forma unilateral, imperativa y coercitiva, susceptibles de modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Las facultades decisorias que les están atribuidas en la ley comprenden una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De ahí que surge dentro de las denominadas relaciones de supra o subordinación entabladas entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva, existiendo como límite a su actuación el marco constitucional y legal. Esta consideración tiene origen en la tesis P. XXVII/971 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." En la misma línea interpretativa se orienta la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala del Alto Tribunal,2 que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De acuerdo con estos parámetros de análisis jurídico, en la especie interesa definir si existe una relación de supra a subordinación y las notas distintivas de autoridad señaladas, tratándose del vínculo que existe entre el quejoso como Coordinador con Categoría de Jefe N de la Central de Visitaduría Judicial de la Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, con el Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, para la cual labora y, particularmente, si el acto por el cual se da por terminado el nombramiento al puesto antes citado, es un acto de autoridad o no. Así, la cuestión a determinar es si la relación jurídica entre el servidor público y el órgano público, es una de supra a subordinación, donde esté de por medio una potestad pública de ejercicio irrenunciable por la dependencia, o bien, en caso contrario, establecer los motivos por los que no se reúnen las citadas notas distintivas de autoridad para efectos del amparo. Para ello conviene distinguir que las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, en las que los órganos del Estado actúan con imperio o potestad de derecho público. Una de sus características es la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales, por lo que está en condiciones de sujetar la esfera jurídica del afectado a su determinación, producto del ejercicio de una potestad pública al respecto. Luego, es fundamental que el órgano de amparo, al conocer de un reclamo de ese tipo, analice y determine si la naturaleza de la relación existente entre el gobernado y a quien señala como autoridad responsable, efectivamente provenga de una genuina relación de supra a subordinación, entre gobernante-gobernado. Premisa que en la especie no satisface el acto reclamado. Cierto, ese extremo no se cumple cuando lo combatido por el promovente como como Coordinador con Categoría de Jefe N de la Central de Visitaduría Judicial de la Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, es la terminación de su nombramiento y sus consecuencias, determinación emitida por el Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, pues el hecho de que el referido consejo tenga facultades para en términos del artículo 103, fracciones I, XI y XIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en lo relativo a nombrar a los servidores públicos encargados de la administración del Poder Judicial y acordar lo relativo a sus licencias, remociones, renuncias y vacaciones; no modifica por sí y ante sí, la naturaleza obrera-burocrática del nexo que subyace con el Poder Judicial del Estado como ente patronal y, por ende, no transforma en un acto de autoridad. Conforme a lo antes expuesto, se advierte que el Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, actuó conforme a las funciones y en concordancia con las obligaciones de los Trabajadores y de las Entidades Públicas, que establece la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, en los siguientes preceptos: Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, los trabajadores al servicio de las Entidades Públicas se clasifican en dos categorías: de confianza y de base. Artículo 11. Quedan excluidos de la aplicación de esta Ley los trabajadores: I.- De confianza; Por su parte, los artículos 116, fracción V y 123, aparado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 116.- El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: (.) VI.- Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias;" Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. (.) B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: (.) XIV. La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social. En ese orden, no se trata de un acto de autoridad bajo una relación de supra a subordinación (gobernado frente a una autoridad con potestad pública), sino de un acto de Estadopatrón dentro del marco de relaciones de coordinación (trabajador burocrático frente a dependencia pública patronal), en todo caso será el tribunal laboral competente tendrá la última decisión sobre la terminación del nombramiento del aquí promovente, pues al tratarse de un acto del titular de la entidad pública, no está a discusión si fue correcta o incorrecta tal decisión (cuestión que sería materia de fondo ante el órgano jurisdiccional competente), sino lo que aquí importa es que no se trata de un acto de autoridad, porque tiene naturaleza laboral, acorde con el marco jurídico que define la relación prexistente entre el servidor público y la dependencia patronal, es decir, constituye una determinación unilateral del Estado-patrón. De modo que la causa de terminación del nombramiento como Coordinador con Categoría de Jefe N de la Central de Visitaduría Judicial de la Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, no cambian o transforman la naturaleza de la relación obrera de coordinación, ni la convierten en una de supra a subordinación, para dar lugar a un acto de autoridad. En ese sentido, el juicio de amparo no es el medio para reclamar los derechos laborales con que cuenta como Coordinador con Categoría de Jefe N de la Central de Visitaduría Judicial de la Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, los que considera le han sido violados, al pretenderse su remoción, suspensión y/o baja de su puesto, para que otro individuo pueda sustituirlo en ese puesto, pues en todo caso, la acción reclamada es un acto realizado por sus superiores jerárquicos como parte del estado en el plano de patrón equiparado, lo que significa que se realiza en un plano de coordinación, entre las señaladas como responsables y la parte quejosa como trabajador del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Sirve de sustento por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a. C/99, de rubro y texto: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO DE CHIAPAS. SU CESE NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en las tesis de jurisprudencia 9/90 y 10/90, derivadas de la contradicción de tesis varios 6/88, sostuvo que el apartado B del artículo 123 constitucional equipara la relación entre Estado y empleado con una relación laboral, similar a la de un patrón, hecha excepción de los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior, quienes se regirán por sus propias leyes. También se precisó que corresponde al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje dirimir las controversias que se susciten entre el Estado y sus servidores, inclusive los de confianza (excluyendo al Poder Judicial de la Federación y sus servidores). Congruente con las disposiciones constitucionales, la Ley del Servicio Civil del Estado de Chiapas da un carácter laboral al vínculo que se genera entre el Estado, los Municipios y sus trabajadores, lo que significa que cualquier decisión que adopte el patrón con motivo del desempeño de las labores no constituye un acto de autoridad sino un hecho derivado de la relación laboral. Por tanto, los conflictos que se susciten entre el trabajador y el Estado de Chiapas deben ser ventilados ante el Tribunal del Servicio Civil de esa entidad, que es un órgano creado por la citada ley para ese fin. De ahí que debe establecerse que cuando un trabajador de confianza promueve un juicio de amparo contra la baja de que fue objeto por parte de la Dirección de Educación Básica del Estado de Chiapas, resulta improcedente, al surtirse la causa prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 1o., fracción I y 11 de la Ley de Amparo, no sólo porque el acto por el que se determina la baja del empleado no es un acto de autoridad, sino porque el trabajador debe agotar previamente un medio ordinario de defensa, el juicio laboral. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, resulta notoria e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 1, fracción I y 5, fracción II, ambos de la precitada Ley de Amparo; por ende, de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, con el objeto de que la promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. No se soslaya para resolver en el sentido en que se hace, la existencia de la Jurisprudencia 54/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, modificada mediante resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, pronunciada en el expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, por virtud de la que el rubro de tal jurisprudencia se precisó en los siguientes términos: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA"; misma que establece que en el caso específico que fue materia de su estudio, el auto de inicial de trámite de una demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, dado que sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas anexadas, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado consistente en la emisión del acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica autoridad para efectos del juicio constitucional, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo; sin embargo, el citado criterio no impide que en casos diversos al estudiado, sea procedente realizar el estudio correspondiente y emitir el pronunciamiento que en derecho proceda. Resulta aplicable por su contenido jurídico la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página mil doscientos veinticuatro, libro once, octubre dos mil catorce, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]." COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, **********, **********, ********** y ********** quienes cuentan con el registro **********, **********, ********** y ********** en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. DEPURACIÓN. Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente."

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