José Alejandro Hernández Alonso representante legal de
Expediente 299/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 42 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 299/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 42
- Última actuación
- 04/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Clínica San Alejandro
- José Alejandro Hernández Alonso representante legal de
Actuaciones
Las 4 más recientes de 42.
- Principal
Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 202, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de inconformidad en contra del auto de nueve de abril de dos mil dieciocho, por el que se declaró cumplida la sentencia; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo; en virtud que SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el presente expediente deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Ahora, dado que los documentos exhibidos por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, se ubican en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que comparezca a recogerlos dentro del plazo de noventa días, apercibida que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó tanto la medida provisional como la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de cinco años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión. Finalmente, a pesar de que la parte promovente nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, deberán suprimirse los datos sensibles de dicha resolución y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.
- Principal
Agréguese el oficio signado por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mediante el cual remite copia certificada de los oficios CGJC/1OR/654/2018, CGJC/1OR/653/2018 y cedula de notificación de trece de marzo de la presente anualidad; lo anterior, sin que haya lugar a dictar mayor acuerdo en razón de que en proveído de nueve de abril del presente año, se declaró que el fallo protector quedo cumplido.
- Principal
El artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se advierte que en la sentencia dictada en el presente juicio, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en los siguientes términos: ... Por oficio D.I.F/IC/MFNF/2017/11/317, el Director de Ingresos y Fiscalización de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, determinó dejar insubsistente el Procedimiento Administrativo de Ejecución, que instauro con el objeto de hacer efectivo el cobro del crédito federal no fiscal número 0019-2017-A, por la cantidad de $203,781.60 que fue determinada por la Secretaria de Salud, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) dentro de la resolución administrativa COS/SERS/3/170/2016, expediente SS 82/16 de dos de mayo de dos mil dieciséis, e instaurado mediante mandamiento de Ejecución de Créditos Federales no Fiscales y Actas de Requerimiento de Pago, Embargo e Inventario de Bienes embargados, todos de fecha nueve de marzo de dos mil diecisiete, por lo que al dejar insubsistente el Procedimiento administrativo de Ejecución practicado el nueve de marzo de dos mil diecisiete, consistentes en citatorio, mandamiento de ejecución de créditos federales no fiscales, actas de requerimiento y embargo e inventario de bienes de multas federales no fiscales, ordenó la liberación de los bienes que fueron objeto del embargo, lo que justifico con el citatorio de ocho de noviembre y constancias de notificación de nueve de noviembre, ambos de dos mil diecisiete (fojas 1532 a 1537). Documentales a las que este juzgador les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Por lo anterior, es evidente que las autoridades responsables acreditaron haber dado cumplimiento con los efectos de la ejecutoria de amparo, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector. Por tanto, sin decidir sobre la legalidad de la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa y tercera interesada la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, pueden interponer recurso de inconformidad dentro del plazo de quince días. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y advirtiéndose que por oficio SEADS/365/2018, de catorce de marzo de dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó el acuerdo de la misma fecha del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó la readscripción del Juez Carlos Alberto Ávila Muñoz, como titular de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, en sustitución del ahora Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, con efecto a partir del uno de abril de dos mil dieciocho. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimiento Civiles, hágase del conocimiento de las partes el cambio de titular, por el termino de tres días, a fin de que estén en aptitud de manifestar lo que a su interés convenga.
- Principal
Agréguese el oficio y anexo signado por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mediante el cual, en cumplimiento al fallo protector dictado en autos, remite copia certificada del oficio CGJC/1OR/654/2018 y escrito por el que la autoridad de cuenta da respuesta a los oficios 173300ES170014 y 173300ES170022. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa debiendo correrle traslado con copia del oficio de cuenta y anexos, así como con los remitidos por las autoridades responsables en proveídos de trece de noviembre de dos mil diecisiete y catorce de febrero de dos mil dieciocho, por el término de tres días, computados legalmente, para que manifieste lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda tocante al cumplimiento del fallo protector.
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