José Alejandro Hau Chan

Expediente 904/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
904/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • José Alejandro Hau Chan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan estos autos y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia dictada en este asunto, en la que en su primer punto resolutivo se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. (...) Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe

  2. Incidental

    Mérida, Yucatán, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto estado procesal que guarda el presente incidente de suspensión y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este asunto, archívese el presente cuaderno de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la observación de que el cuaderno del presente incidente de suspensión es destruible toda vez que por resolución de trece de junio de dos mil veintitrés, se negó la suspensión definitiva solicitada. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos, para resolver el juicio de amparo número 904/2023-II, promovido por José Alejandro Hau Chan contra el acto que reclama del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad; por violación a los artículos 14, 16 y 17 párrafo tercero y 20 apartado B Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. El dos de junio de dos mil veintitrés, se recibió de la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, la demanda de amparo promovida por José Alejandro Hau Chan en contra del acto que reclamó del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Segundo. Admisión de demanda. Por auto de seis de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, se ordenó solicitar a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, se emplazó a juicio a la parte tercero interesada, se dio la intervención legal correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, señalándose fecha y hora para la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo conforme al acta que antecede, por lo que se procede a pronunciar sentencia; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama un acto con ejecución material dentro de la residencia en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es determinar cuáles son los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio de amparo. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar lo siguiente: La resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el expedientillo 153/2023 por el Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, que declaró procedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de diecinueve del referido mes y año, mediante el cual se fijaron las nueve horas del dieciséis de junio de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia correspondiente, a fin de atender la petición realizada por el defensor particular del aquí quejoso, respecto a que se convoque y se aperture una audiencia para efecto de debatir la procedencia o no de una solución alterna del conflicto en la carpeta de investigación C1/27/2023 del índice de la Mesa II de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán, por lo que se revocó dicho auto y en consecuencia se determinó que no era factible atender dicha petición en razón de que mediante autos de veintiséis de abril y nueve de mayo del año en curso, la responsable declaró concluida la intervención judicial, ordenó el cierre del referido expedientillo y el archivo del control judicial antes referido como asunto totalmente concluido, por lo que dejó sin efectos la fecha y hora fijada para la audiencia antes referida. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado, lo cual se corrobora con las constancias remitidas relativas al expedientillo 153/2023 de su índice, las cuales tienen valor probatorio pleno de documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo. Cuarto. Antecedentes del acto reclamado. De las constancias que remitió la Junta responsable se destaca lo siguiente: Mediante auto de trece de abril de dos mil veintitrés, el juez responsable aperturó el expedientillo 153/2023 de su índice, derivado del escrito suscrito por el defensor particular del aquí quejoso, mediante el cual solicitó la intervención judicial en la carpeta de investigación C1/27/2023 del índice de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán, con motivo de la negativa realizada mediante acuerdo de fecha treinta y uno de marzo del referido año dictado por el fiscal adscrito a dicha unidad de enviar la carpeta de investigación antes referida a la Unidad de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias adscrita la Fiscalía General del Estado. Por acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, el juez responsable decretó sin materia el expedientillo 153/2023 de su índice, toda vez que el Fiscal adscrito a la Mesa II de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán, mediante acuerdo de dieciocho de abril del citado año, modificó el diverso proveído impugnado de treinta y uno de marzo del presente año, accediendo a la petición realizada en el sentido de remitir la carpeta de investigación C1/27/2023 a la Unidad de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias adscrita la Fiscalía General del Estado, por lo que la responsable declaró concluida la intervención judicial, ordenó el cierre del referido expedientillo y requirió a la citada unidad de mecanismos de solución de controversias para que informe en relación a dicha remisión, así como lo acontecido en el procedimiento de mediación respectivo. Mediante auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés, el juez responsable recibió el oficio suscrito por la Directora del Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la Fiscalía General del Estado, mediante el cual le comunicó que no era procedente la celebración de un acuerdo reparatorio como solución alterna en la carpeta de investigación C1/27/2023, en virtud de que el delito a que se refiere el caso (Uso ilícito de Atribuciones y Facultades, previsto y sancionado por el artículo 255, fracción IV, hipótesis primera, del Código Penal del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos), no se encuentra dentro de los supuestos de procedencia establecidos en el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, motivo por el cual la responsable ordenó el archivo del control judicial antes referido, como asunto totalmente concluido, manifestando que quedaban a salvo los derechos del promovente y de las demás partes intervinientes en la referida carpeta de investigación, para solicitar nuevamente la intervención judicial ante alguna afectación a sus derechos y ante el órgano jurisdiccional que corresponda por razón de turno. Por acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, el juez responsable en autos del expedientillo 153/2023 de su índice, recibió el memorial suscrito por el defensor particular del aquí quejoso, mediante el cual solicitó se convoque y se apertura una audiencia para efecto de debatir la procedencia o no de una solución alterna del conflicto en la carpeta de investigación antes referida, por lo que la responsable ordenó fijar las nueve horas del dieciséis de junio de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia correspondiente, a fin de atender dicha petición. En contra del proveído referido en el párrafo que antecede, el Fiscal en Jefe adscrito a la Mesa II de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán interpuso recurso de revocación, por lo que mediante resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, el juez responsable al resolver dicho recurso revocó el diverso proveído antes citado y en consecuencia determinó que no era factible atender dicha petición, en razón de que mediante autos de veintiséis de abril y nueve de mayo del año en curso, se declaró concluida la intervención judicial, se ordenó el cierre del referido expedientillo y el archivo del control judicial antes referido como asunto totalmente concluido, por lo que dejó sin efectos la fecha y hora fijada para la audiencia en la cual se debatiría la procedencia de una solución alterna del conflicto en la carpeta de investigación C1/27/2023. Esta última resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio. Quinto. Análisis del fondo del asunto y conceptos de violación. No existiendo causa de improcedencia que hagan valer las partes, ni advirtiéndose de oficio alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, que por economía procesal se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no encontrarse este resolutor obligado a la transcripción de los mismos. Como concepto de violación la parte quejosa refiere que la autoridad responsable no funda ni motiva adecuadamente la determinación reclamada. Asimismo, refiere que la autoridad responsable al dictar la resolución reclamada contraviene los principios rectores del sistema penal acusatorio como lo son la contradicción, concentración e inmediación, toda vez que la solicitud de la defensa del aquí quejoso, no estaba encaminada a remitir la carpeta de investigación afecta al órgano especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias de la Fiscalía General del Estado, si no por el contrario, para efecto de recabar información y celebrar la audiencia en la cual se pueda expresar los motivos y fundamentos respecto a la procedencia de someter el asunto a un mecanismo alterno de solución de conflictos. Refiere que no le asiste la razón a la autoridad responsable cuando al emitir el acto reclamado manifiesta que ya se dio contestación a la impugnación realizada por la defensa del aquí quejoso, toda vez que la negativa de la autoridad ministerial no sólo consistió en la remisión de la carpeta de investigación antes referida al órgano especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias de la Fiscalía General del Estado, sino que además, el impedir el acceso a los mecanismos alternos de solución de conflictos, manifestando que por dicha circunstancia la autoridad responsable no atendió de forma integral la impugnación planteada, toda vez que el tema principal era la procedencia de acceder a un medio alterno de solución de conflicto, máxime que nunca fue celebrada la audiencia respectiva, vulnerando de esta manera los principios de oralidad y contradicción establecidos en el primer párrafo del artículo 20 Constitucional y en el numeral 52 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Señala que de manera errónea la autoridad responsable al emitir el acto reclamado determinó que la solicitud realizada mediante escrito de diez de mayo del año en curso, se trataba de una nueva solicitud que no formaba parte del expedientillo 153/2023, toda vez que el juez responsable no realizó una valoración minuciosa e integral de lo que se planteó y lo que se estaba resolviendo, pues no basta afirmar que se dejaban a salvo los derechos del promovente y de las demás partes a través de la interposición de un nuevo control judicial, debido a que la responsable no resolvió el fondo del asunto. Asimismo, manifiesta la parte quejosa que en la resolución reclamada dejó de observar lo establecido en la parte final de la fracción II del artículo 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece que el órgano jurisdiccional podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite, lo cual refiere, la responsable no cumplió al dictar la resolución reclamada, contraviniendo lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Señala que la autoridad responsable no tomó en consideración que en la solución del conflicto a través del mecanismos alterno, una vez aprobado el cumplimiento de las obligaciones pactadas, el juez puede decretar la extinción de la acción penal, lo que se considera como sentencia ejecutoriada como dispone el artículo 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual no advirtió el juez de control en su resolución, pues la solicitud cumple con los requisitos establecidos en el párrafo tercero del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no afectar el debido proceso, toda vez que no existe en legislación alguna disposición en contrario que impida que el delito por el cual está siendo investigado, manifestando ser el de peculado, prohíba acceder a los acuerdos reparatorios como mecanismo alterno de solución de conflictos. En relación a la procedencia del acuerdo reparatorio, refiere que el delito de peculado, al tener como consecuencia una afectación patrimonial directa al sujeto pasivo del delito, la autoridad deberá realizar una interpretación amplia y progresiva del artículo 187, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales y el numeral 5 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, por lo que se deberá respetar y garantizar los derechos humanos de las personas, aunado a que el objeto del proceso penal es que las víctimas accedan a la reparación del daño, así como de resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito. De igual manera refiere la parte quejosa que la autoridad responsable al emitir la resolución reclamada no tomó en consideración la opinión de la parte ofendida, para saber si la misma estaba anuente de someterse a un mecanismo alterno de solución del conflicto. Finalmente, manifiesta que la autoridad responsable, en la determinación reclamada, refirió que omitía hacer referencia en relación a que la carpeta de investigación de origen ahora era competencia de la diversa autoridad jurisdiccional Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Estado por ser información novedosa, lo cual a juicio de la parte quejosa, contrario al agravio planteado por el fiscal, no establece competencia a favor de dicha autoridad y en consecuencia que la misma sea la única facultada para seguir conociendo de los asuntos relativos a su carpeta de investigación, pues cita que la referida juez de control únicamente fijó fecha para la audiencia inicial, sin que a la fecha de la presentación de la demanda se haya formulado imputación en contra de ninguno de los investigados, por lo que aún no ha dado inicio la investigación complementaria, por lo que la autoridad aquí responsable pudo haberse pronunciado respecto al agravio planteado por el fiscal antes referido o en su defecto comunicar a la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Estado el expedientillo de control judicial a su cargo, sin acontecer ninguno de dichos supuestos. Los conceptos de violación antes referidos se consideran infundados por los motivos que a continuación se exponen. Como preámbulo es importante precisar que los artículos 14 y 16 Constitucionales establecen que es requisito indispensable que los actos de autoridad se encuentren fundados y motivados; entendiéndose por lo primero, que se expresen con precisión los preceptos legales aplicables al caso y por lo segundo, que se señalen las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas, que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se demuestre la configuración de las hipótesis normativas para el caso concreto. El artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Del numeral constitucional citado, se desprende que los requisitos que todo acto de autoridad debe reunir, son los siguientes: a) Debe constar por escrito; b) Debe provenir de autoridad competente; y, c) Debe estar fundada y motivada la causa legal del procedimiento. En cuanto al último requisito, es menester indicar que de conformidad con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que dicha determinación se debe apoyar en los preceptos legales aplicables al caso concreto; y, por lo segundo, que la autoridad debe exponer en forma concreta las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto; presupuestos que deben coexistir, pues no es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Así, la correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate, lo que implica la fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, página: 162, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Por tanto, tratándose de resoluciones jurisdiccionales, la garantía de legalidad tiene como objeto que el juzgador no las dicte en forma arbitraria, sino ajustadas al ordenamiento legal, a efecto de que el gobernado pueda establecer si se respetaron de manera cabal las normas que dicho juzgador consideró para resolver el debate, lo cual requiere el examen exhaustivo de la litis. En ese tenor, toda sentencia o resolución dictada por los órganos de administración de justicia en sus diversas materias y competencias, deben ser dictadas apegadas a los principios de congruencia y exhaustividad como complemento integrador de las garantías señaladas en supra líneas (fundamentación y motivación). Una vez expuesto lo anterior, este resolutor considera que en el presente caso la autoridad responsable al emitir el acto reclamado, contrario a la manifestado por la parte quejosa, no vulneró los principios que rigen el sistema penal acusatorio y, por tanto, la determinación reclamada se encuentra debidamente fundada y motivada conforme al artículo 16 constitucional, toda vez que la responsable al emitir la misma, invocó los preceptos legales aplicables al caso y expuso en forma concreta las razones tomadas en consideración para la emisión del acto reclamado. Esto es así, toda vez que el acto reclamado tiene su origen en la solicitud del defensor particular del aquí quejoso, mediante la cual requiere la intervención judicial en la carpeta de investigación C1/27/2023 del índice de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán, con motivo de la negativa realizada mediante acuerdo de fecha treinta y uno de marzo del referido año dictado por el fiscal adscrito a dicha unidad, consistente en enviar la carpeta de investigación antes referida a la Unidad de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias adscrita la Fiscalía General del Estado, por lo que mediante auto de trece de abril de dos mil veintitrés, el juez responsable aperturó el expedientillo 153/2023 de su índice para resolver lo conducente, requiriéndole para tal efecto al fiscal antes referido diversa información, el cual hizo del conocimiento de la autoridad jurisdiccional que mediante acuerdo de dieciocho de abril del citado año, modificó el diverso proveído impugnado de treinta y uno de marzo del presente año, accediendo a la petición realizada en el sentido de remitir la carpeta de investigación C1/27/2023 a la Unidad de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias adscrita la Fiscalía General del Estado, por lo que en consecuencia, mediante acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, el juez responsable decretó sin materia el expedientillo 153/2023 de su índice, declaró concluida la intervención judicial, ordenó el cierre del referido expedientillo y requirió a la citada unidad de mecanismos de solución de controversias para que informe en relación a dicha remisión, así como lo acontecido en el procedimiento de mediación respectivo, por lo que mediante auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés, el juez responsable recibió el oficio suscrito por la Directora del Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la Fiscalía General del Estado, mediante el cual le comunicó que no era procedente la celebración de un acuerdo reparatorio como solución alterna en la carpeta de investigación C1/27/2023, en virtud de que el delito a que se refiere el caso (Uso ilícito de Atribuciones y Facultades, previsto y sancionado por el artículo 255, fracción IV, hipótesis primera, del Código Penal del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos), no se encuentra dentro de los supuestos de procedencia establecidos en el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, motivo por el cual la responsable ordenó el archivo del control judicial antes referido, como asunto totalmente concluido, dejando a salvo los derechos del promovente y de las demás partes intervinientes en la referida carpeta de investigación, para solicitar nuevamente la intervención judicial ante alguna afectación a sus derechos y ante el órgano jurisdiccional que corresponda por razón de turno. Asimismo, por acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, el juez responsable en autos del expedientillo 153/2023 de su índice, recibió el memorial de diez de mayo del año en curso, suscrito por el defensor particular del aquí quejoso, mediante el cual solicitó se convoque y se apertura una audiencia para efecto de debatir la procedencia o no de una solución alterna del conflicto en la carpeta de investigación antes referida, por lo que la responsable ordenó fijar las nueve horas del dieciséis de junio de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia correspondiente, a fin de atender dicha petición. Finalmente, en contra del proveído referido en el párrafo que antecede, la autoridad ministerial interpuso recurso de revocación, por lo que mediante resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, la responsable determinó fundado y procedente dicho recurso y en consecuencia revocó el proveído antes citado, determinando que no era factible atender dicha petición, en razón de que mediante autos de veintiséis de abril y nueve de mayo del año en curso, se declaró concluida la intervención judicial, se ordenó el cierre del referido expedientillo y se ordenó el archivo del control judicial antes referido como asunto totalmente concluido, por lo que dejó sin efectos la fecha y hora fijada para la audiencia en la cual se debatiría la procedencia o no de una solución alterna del conflicto en la carpeta de investigación C1/27/2023. Se considera acertado lo manifestado por la autoridad responsable al declarar fundado y procedente el referido recurso de revocación, pues la cuestión relativa al estudio de la procedencia de la celebración de la salida alterna en la carpeta de investigación antes referida, solicitada por la defensa del aquí quejoso mediante escrito de diez de mayo del año en curso, se trata de una nueva solicitud ajena a la diversa solicitud realizada mediante escrito de cinco de abril de la presente anualidad, que dio origen al expedientillo 153/2023 del índice de la autoridad responsable, pues dicha solicitud primigenia derivaba de la negativa realizada por la autoridad ministerial mediante auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, de remitir la carpeta de investigación al titular del Órgano de Mecanismos Alternativos de Controversias adscrito a la Fiscalía General del Estado, negativa que fue revocada en el diverso proveído de dieciocho de abril del referido año por la autoridad ministerial, accediendo a la solicitud de la aquí parte quejosa y en consecuencia ordenando la remisión de la carpeta de investigación al órgano antes referido, por lo que se considera que dicho control judicial, como atinadamente refiere la autoridad responsable en la determinación reclamada, había quedado sin materia, toda vez que la autoridad ministerial accedió a la solicitud inicial efectuada por la aquí parte quejosa, por lo que respecto a dicha solicitud no existía controversia por resolver. Aunado a lo anterior, como atinadamente refiere la autoridad responsable, mediante proveído de nueve de mayo del año en curso, la misma ordenó el archivo del referido expedientillo como asunto totalmente concluido, dejando a salvo los derechos del promovente y de las demás partes intervinientes en la referida carpeta de investigación, para solicitar nuevamente la intervención judicial ante alguna afectación a sus derechos y ante el órgano jurisdiccional que corresponda por razón de turno, motivo por el cual, desde el momento en el cual le fue notificada a las partes el cierre del citado expedientillo, las mismas contaban con la potestad de solicitar un nuevo control judicial. Por lo que contrario a lo manifestado por la parte quejosa, en el sentido de que solicitud de su defensa estaba encaminada a recabar información y celebrar la audiencia en la cual se pueda expresar los motivos y fundamentos respecto a la procedencia de someter el asunto a un mecanismo alterno de solución de conflictos, dicha cuestión es materia de un nuevo control judicial, pues la solicitud que dio origen al expedientillo 153/2023 del índice de la responsable, se originó con motivo de la negativa de la autoridad ministerial de remitir la carpeta de investigación afecta al órgano especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias de la Fiscalía General del Estado, accediendo posteriormente la autoridad ministerial a dicha cuestión y en consecuencia la autoridad responsable ordenó el archivo del referido expedientillo como asunto totalmente concluido, sin que el hecho de que en la resolución reclamada se haya dejado sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia respectiva, vulnere los principios de oralidad, contradicción, concentración e inmediación. De igual manera, la resolución reclamada no se contrapone a lo establecido en la parte final de la fracción II del artículo 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece que el órgano jurisdiccional podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso de revocación, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite, lo cual en el caso no acontece, pues como antes se ha precisado, dicho recurso se resolvió de plano, sin que de la materia de análisis en el mismo se advierta una complejidad que justifique darle dicha intervención al aquí quejoso debido a las causas que motivaron que se declare fundado y procedente dicho recurso, precisadas en los párrafos que anteceden. Por otra parte, contrario a la manifestado por la parte quejosa, el juez responsable no estaba obligado de tomar en consideración que en la solución del conflicto a través del mecanismo alterno, una vez aprobado el cumplimiento de las obligaciones pactadas, el juez puede decretar la extinción de la acción penal, lo que se considera como sentencia ejecutoriada como dispone el artículo 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues su solicitud cumple con los requisitos establecidos en el párrafo tercero del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al no afectar el debido proceso, ni tampoco estaba obligado de realizar una interpretación amplia y progresiva del artículo 187, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales y el numeral 5 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal; toda vez que dichas cuestiones son materia de un nuevo control judicial, ya que el expedientillo 153/2023 del índice de la responsable fue archivado como asunto totalmente concluido al haber quedado el mismo sin materia, al acceder la autoridad ministerial a la solicitud inicial efectuada por la aquí parte quejosa que dio origen a la apertura del referido expedientillo, por lo que respecto a dicha solicitud no existía controversia por resolver. Finalmente, se considera acertado lo manifestado por la autoridad responsable al considerar como novedosa la información consistente en que la carpeta de investigación de origen era competencia de la diversa autoridad jurisdiccional Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Estado, pues al haberse ordenado el archivo como asunto totalmente concluido del expedientillo 153/2023 del índice de la responsable por los motivos referidos en los párrafos que anteceden, tal cuestión establece competencia a favor de aquella, sin tener relevancia para dicha competencia el hecho de que el citado juez de control únicamente fijó fecha para la audiencia inicial, sin que se haya formulado imputación en contra de ninguno de los investigados y de que no se haya dado inicio a la investigación complementaria, por lo que contrario a lo referido por la parte quejosa, la autoridad responsable al emitir la resolución reclamada, no estaba obligada a pronunciarse respecto al agravio planteado por el fiscal respecto a la autoridad competente, ni tampoco estaba obligado de comunicar a la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Estado lo resuelto en el expedientillo de control judicial a su cargo. En consecuencia, al haber resultado infundados los conceptos de violación aducidos, lo que legalmente procede es negar al quejoso José Alejandro Hau Chan, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por tanto, con apoyo en los artículos 73, 74, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Alejandro Hau Chan, respecto del acto reclamado al Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias que autoriza y da fe, el día de hoy veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  4. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con diez minutos del veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 904/2023-II, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante el secretario Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. El Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hizo relación de las constancias que obran en autos, dentro de las que destacan el auto de seis de junio de dos mil veintitrés, en el que se admitió a trámite la demanda; notificaciones a las autoridades responsables, a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, emplazamiento a la parte tercero interesada e informe justificado rendido por la autoridad responsable. En relación con lo anterior el Juez acuerda que se tenga por hecha la relación de constancias de mérito. Abierto el período de pruebas el secretario da cuenta con las constancias remitidas por el Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán y por los diversos terceros interesados en el presente juicio. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas de mérito, para ser consideradas conforme al valor que legalmente merezcan al momento del dictado de la sentencia; con lo anterior se da por terminado el señalado período. Seguidamente, abierto el período de alegatos, se da cuenta con los alegatos vertidos por el Delegado del Fiscal en Jefe adscrito a la Mesa II de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el Combate a la Corrupción, parte tercero interesada en su escrito recibido en este órgano jurisdiccional el trece de junio de dos mil veintitrés. En atención a lo cual el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por formulados los alegatos de la parte tercero interesada, para todos los efectos legales pertinentes; con lo anterior, se cierra el período de alegatos. Finalmente, no habiendo diligencia pendiente por desahogar y al encontrarse integrado este expediente se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. EL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO LIC. ADRIÁN FERNANDO NOVELO PÉREZ EL SECRETARIO LIC. JUAN ARMANDO CORTÉS CARABIAS

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