Jose Alejandro Gutierrez Villa
Expediente 95/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 95/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jose Alejandro Gutierrez Villa
Actuaciones
- Principal
Irapuato, Guanajuato, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que en auto de tres de febrero de dos mil veintitres, se desechó la demanda de amparo intentada, proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Es DESTRUIBLE en el plazo de tres años contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: la parte promovente no exhibió documentos. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido y 21, inciso b), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Notifíquese.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, tres de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio suscrito por la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajado del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, girado en el amparo directo 25/2023, de su índice, por el que remite el original de dicho cuaderno, en virtud que declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por *********, por las razones que expone. Acúsese recibo. COMPETENCIA. Con fundamento en el artículo 37 y 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional asume la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la demanda promovida por ******, por propio derecho, contra actos que reclama del Juzgado Laboral Regional con sede en la Ciudad de Guanajuato, capital, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 103, 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Acúsese recibo y hágase del conocimiento del juzgado oficiante la presente determinación. REGISTRO. Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 95/20231. ESTUDIO DE PROCEDENCIA. El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. Al respecto, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la promovente reclama el auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, dictado por el Juzgado Laboral Regional con sede en Guanajuato, capital, en el juicio ordinario laboral *****, que aprobó la diligencia de requerimiento de pago y embargo llevada a cabo el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, en el domicilio ubicado en **** Número **, antes *****, colonia *****, Guanajuato. Al respecto, este juzgado federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...); XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.); IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." [Lo resaltado es propio] De acuerdo con las disposiciones legales transcritas, el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones acaecidas en la fase de ejecución de sentencia, por lo que solo podrá promoverse en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, que será aquélla que apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declare la imposibilidad jurídica para darle cumplimiento o la que ordene el archivo definitivo del expediente; en donde deberán ser alegadas todas las transgresiones que el gobernado estime se cometieron en la respectiva etapa. Así lo enfatizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 32/2001, del tenor: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente" Ahora, en el presente asunto, conviene referir los antecedentes del acto reclamado que se advierten de las manifestaciones realizadas, bajo protesta de decir verdad, por la parte quejosa en su escrito de demanda, los cuales consisten en los siguientes: 1. El once de agosto, el juez del conocimiento dictó laudo en el juicio ordinario laboral número *******, promovido por *********. 2. En veintiuno de octubre de dos mil veintidós se inició la ejecución de sentencia. 3. Luego, el veinticuatro de noviembre de la misma anualidad, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo en el domicilio ubicado en ****** Número ***, antes ****, colonia *******, Guanajuato. 4. El veintinueve de noviembre del año próximo pasado, se acordó de conformidad la diligencia de embargo referida, quedando sujeto a embargo el bien inmueble descrito. De lo expuesto se desprende que el acto que por esta vía pretende reclamarse se dictó en la etapa de ejecución de sentencia, en un juicio donde la parte quejosa tiene el carácter de demandado, así como que dicha determinación no constituye el último acto realizado en esa etapa, pues así se corrobora de las propias manifestaciones que efectuó en su demanda en relación a que se le embargo un bien inmueble. Al efecto, destaca que el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo dispone que las sentencias deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación y que si no se cumple, la parte que obtuvo sentencia favorable podrá solicitar la ejecución; luego, el artículo 950 señala que en ese supuesto, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo y, el diverso, 967 de la misma legislación señala que concluidas las diligencias de embargo, se procederá al remate de los bienes. Todo lo cual pone de manifiesto que el acuerdo que se reclama en este juicio, que aprueba el embargo de un inmueble, es un acto emitido en el procedimiento deejecución, previo al remate, que se emite para cumplir con una sentencia ejecutoriada. En ese orden de ideas, tratándose de actos pronunciados en el período de ejecución de una sentencia, como en el caso que se analiza, el amparo indirecto solo procederá contra la última resolución dictada en esa etapa, lo que se materializa en aquella resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o bien la que ordene el archivo del expediente; lo que en el caso no es así, pues como se precisó, a través del acto reclamado, el juez del conocimiento únicamente aprobó la diligencia de requerimiento de pago y embargo realizada el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, esto es, el acto que en esta vía reclama es una consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional dictada en el juicio natural, al haberse resuelto en su contra y que adquirió firmeza legal. De ahí que esa determinación de ningún modo constituye alguna de las que la ley establece como la última en fase de ejecución, sino que es uno intermedio, cuyo objeto directo es ejecutar una determinación jurisdiccional que ya fue previamente analizada. En ese orden de ideas, si a la parte quejosa le causa agravio un acto procesal dictado en dicha etapa, como lo es el acuerdo que aprobó la diligencia de requerimiento de pago y embargo, entonces deberá esperar el promovente a la culminación del procedimiento relativo, es decir, a la emisión de la resolución en que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, para impugnar las violaciones cometidas en el mismo. Tampoco se está en el caso de que lo reclamado constituya un acto que goce de autonomía destacada en relación con la emisión y ejecución del acto reclamado, lo que torna la improcedencia del amparo, de forma manifiesta. Esto porque los actos de autonomía propia y destacada en la fase ejecutiva, son aquellos que resuelven cuestiones accesorias a la propia ejecución, dictados con independencia del resultado final con que concluya dicha ejecución, esto es, no son aquellos que pueden estimarse reparables en la última resolución que se pronuncie; mientras que, en el caso, como ya se anticipó, el acto que se impugna guarda relación con la ejecución de la sentencia firme en la que precisamente se aprobó la diligencia de requerimiento de pago y embargo realizada el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, con ello lo que se pretende es lograr su cumplimiento, sin que esté dotado de autonomía destacada. Entonces, será hasta que mediante resolución definitiva se provea lo concerniente a la conclusión de la fase ejecutiva, es decir, hasta 1) la aprobación o reconocimiento del cumplimiento total de lo sentenciado, 2) se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o 3) se ordene el archivo definitivo del expediente; cuando se pueda activar el amparo y reclamar, en su caso, las violaciones cometidas por la autoridad responsable. Sostiene lo anterior, el contenido y consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 52/2020 (10a.) sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 293 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2022499, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva." Por otra parte, se tiene que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 215/2009, si bien es cierto estableció que el juicio de amparo indirecto procede aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, ello únicamente acontece cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos del quejoso, a condición de que esos derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. De tal forma, el Máximo Tribunal estimó que con el juicio de amparo no se debe pretender impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En el caso no se actualiza el supuesto de excepción de que el acto reclamado, parte de un procedimiento de ejecución, produzca efectos de imposible reparación ajenos a la sentencia que se ejecuta, dado que la sentencia dictada en el juicio de origen es cosa juzgada y el acto reclamado es precisamente su consecuencia. Aun cuando pudiera considerarse que sí trasciende a derechos sustantivos, lo importante es que esos efectos coinciden exactamente con lo resuelto y ejecutable. Es decir, lo resuelto por la responsable en la determinación reclamada no es ajeno a lo decidido en la sentencia, esto es, la supuesta o posible afectación no es autónoma a la cosa juzgada, sino precisamente materializando la ejecución de la condena. De modo que, la ejecución de sentencia no puede verse interrumpida con la promoción del juicio de amparo, puesconforme a lo previsto por el segundo párrafo de la fracción IV del numeral 107 de la ley de la materia, en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, sino que deberá culminar ese procedimiento hasta que se emita la última resolución en esa etapa, en que tendrá la oportunidad de hacer valer las violaciones que considera se cometieron en dicha fase y que lo hayan dejado sin defensa. Por los motivos que informan, tiene aplicación la jurisprudencia por contradicción número P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". (énfasis añadido) Por lo expuesto, el acto reclamado descrito en párrafos que anteceden, no es el último acto de ejecución en el procedimiento de origen sino uno intermedio, por lo que de ninguna forma puede ser impugnable a través del juicio biinstancial pues, de acuerdo con el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en los procedimientos de ejecución de sentencia, el amparo procederá en su caso contra la última resolución dictada en el mismo, entendiéndose aquélla como la que, en su caso, aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la improcedencia material o jurídica para darle cumplimiento; de ahí lo improcedente del presente juicio de amparo. En razón de lo anterior, al actualizarse las causas de improcedencia en estudio, de manera manifiesta e indudable; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procededesechar la demanda, en virtud de que aun substanciándose el juicio de amparo, no podría arribarse a determinación diversa. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Ahora, de la revisión de las constancias que remitió el tribunal colegiado se desprende que ordenó notificar por lista al promovente, ante la imposibilidad que tuvo el actuario adscrito para notificar en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones en la demanda de amparo, por tanto, requiérase atentamente a la autoridad oficiante, a fin de que notifique al quejoso por lista la resolución asumida en el presente proveído y le requiera para que señale domicilio físico en esta ciudad. Lo anterior con el apercibimiento que, de no hacerlo en el término indicado, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se les harán por medio de la lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?page Name=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, así como en la que se fija en los estrados de este juzgado. Solicitando al tribunal colegiado que una vez que lleve a cabo la encomienda, remita a este juzgado copia autorizada de las constancias respectivas. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS A ******, se le tiene como autorizado de la parte quejosa en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por las razones asentadas en la certificación de cuenta. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO Se invita a la parte quejosa y al resto de las partes a que propongan diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que intervengan en el proceso, para que sean tomados en consideración como medios de contacto por personal de este Juzgado. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEAEn términos de lo ordenado en el artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo se exhorta a las partes a que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilita a los fedatarios de la adscripción para que, de ser necesario, realicen las diligencias que se ordenen en este sumario, aún en días y horas inhábiles, a fin de no dilatar su tramitación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza a las partes la expedición de copias de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, autorización que se entiende otorgada con las salvedades procedentes que aplicarán como excepción en cada caso concreto, por ejemplo, si se trata de información que deba permanecer en reserva. En la inteligencia de que las copias fotostáticas serán entregadas a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso deque el solicitante requiera más de un tanto, deberán, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesitan. Para efecto de agilizar el trámite y atendiendo a las labores de este juzgado, el otorgamiento de copias se sujeta a las siguientes reglas: 1. La reproducción de las copias solicitadas por las partes se efectuará los días miércoles a las diez horas. 2. Para ello, el interesado podrá comunicarse, cuando menos con dos días hábiles de anticipación, al teléfono 462 123 9428. 3. El día agendado, deberá presentarse debidamente identificado con documento oficial (pasaporte, credencial para votar o cédula profesional) en la sede de este juzgado, donde personal adscrito le indicará a qué centro de fotocopiado deberá trasladarse para la obtención de sus copias. Además, se informa a las partes que de contar con acceso al expediente electrónico, podrán descargar copia de las constancias que obran en el expediente electrónico, las cuales, de contener la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. Finalmente, en virtud que la expedición de copias se autorizó desde este proveído, se ordena agregar sin mayor acuerdo las promociones que reiteren esa solicitud. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese y de la manera indicada a la parte promovente.
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