José Alejandro Gómez Moreno

Expediente 1289/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 17 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1289/2016
Año
2016
Actuaciones
17
Última actuación
28/02/2017

Partes del expediente

  • José Alejandro Gómez Moreno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    En veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, la licenciada Rosa María Salomé Márquez Acuña, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, CERTIFICA: El término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión transcurrió del trece al veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete (con exclusión del dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis del mes y año en curso, por corresponder a sábados y domingos), sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Que se aperturó incidente de suspensión por separado, sin que se exhibiera billete de depósito o alguna otra garantía respecto de la cual se tenga que proveer sobre su destino. En la misma fecha, la secretaria da cuenta a la juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrido el auto dictado por este Juzgado el ocho de febrero de dos mil diecisiete, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, primera parte, del citado Acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN toda vez que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados; en consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Rosa María Salomé Márquez Acuña, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En ocho de febrero de dos mil diecisiete, la secretaria licenciada Rosa María Salomé Márquez Acuña da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con un oficio registrado con el número 1807 y anexo que se adjunta. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por el que en cumplimiento al requerimiento que formulado mediante oficio 3100/2017, remite copia certificada del auto de uno del presente mes y año, dictado en el toca A.P. 16/2017, en el que se admitió el recurso de apelación interpuesto por José Alejandro Gómez Moreno, contra el auto de formal prisión dictado en su contra por el delito de homicidio calificado; en consecuencia, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada, dada su propia naturaleza la citada documental. Ahora, toda vez que del contenido de documental señalada en el párrafo que antecede se advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; .". Es aplicable a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia P./J. 144/2000, publicada en la página quince, Tomo XII, Diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo contenido es: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados: Mediante resolución de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, el Juez Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de la Capital, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, en auxilio de las labores del Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, resolvió la situación jurídica del quejoso y decretó auto de formal prisión en su contra (fojas 256 a 287, legajo de pruebas). Tal determinación se hizo del conocimiento del ahora quejoso en esa misma fecha y en el acto de la diligencia manifestó apelar la resolución (foja 287 legajo de pruebas). Mediante proveído de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable admitió el recurso de apelación interpuesto por José Alejandro Gómez Moreno (foja 305 legajo de pruebas). Mediante oficio 93 de dieciocho de enero del año en curso, la Jueza Primera de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, remitió al Tribunal Superior de Justicia del Estado, el proceso penal 53/2005, a fin de que substanciara el recurso de apelación interpuesto por el ahora quejosa contra el auto de formal prisión dictado en su contra. Asimismo, mediante proveído de uno de febrero del año en curso, dictado en el toca de apelación penal 16/2017, la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, admitió el recurso de apelación interpuesto por José Alejandro Gómez Moreno, contra el auto de formal prisión dictado en su contra por el delito de homicidio calificado, en la causa penal 53/2005, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas. Precisado lo anterior, es importante señalar que, para que se actualice la causal de improcedencia arriba invocada, es necesario que concurran las siguientes circunstancias: 1. Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual se solicita el amparo. 2. Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y 3. Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para que el acto reclamado por la vía constitucional sea modificado, revocado o nulificado. En ese contexto, de la relación de constancias señaladas en párrafos precedentes se advierte que surte la primera hipótesis para la actualización de la causal de improcedencia en estudio, pues queda de manifiesto que está en trámite un medio de defensa contra un acto de una autoridad. Asimismo, que el recurso de apelación interpuesto por el ahora quejoso José Alejandro Gómez Moreno, fue admitido por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el uno de febrero del año en curso, por lo que el mismo se está tramitando al momento en que se resuelve esta petición de amparo, surtiéndose así la segunda hipótesis exigida por la causal de improcedencia en estudio; esto es, que dicho recuso se tramita paralelamente a este juicio de amparo. De igual manera, se acredita el tercero de los requisitos exigidos, pues en términos del artículo 314, 315 y 318, fracción IV, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, el recurso de apelación hecho valer, es el medio idóneo de impugnación, para que la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, en que se decretó la formal prisión en contra de José Alejandro Gómez Moreno, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado ejecutado con ventaja y traición -acto reclamado-, sea modificado, revocado o nulificado por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pues será está autoridad quien resolverá si el medio de impugnación de que se habla, además dicho recurso se encuentra dentro del marco de la legalidad que la ley procesal penal le establece. Así, al no existir constancia alguna en autos que permita desvirtuar que actualmente se encuentre tramitando ante la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el recurso de apelación contra el auto de formal prisión decretado el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, en contra del ahora quejoso José Alejandro Gómez Moreno, conlleva a concluir que corresponderá a dicha sala, resolver si la resolución combatida se encuentra dentro del marco de la legalidad que la ley procesal penal le establece; lo anterior es así, pues al momento de interponer el recurso ordinario (apelación) lo hizo contra la resolución aquí reclamada, englobando con ello todas sus consecuencias jurídicas. Así las cosas, es evidente que el acto reclamado en el presente juicio de garantías, consistente en la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, mediante la cual se decretó auto de formal prisión contra el quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado ejecutado con ventaja y traición, en la causa penal 53/2005 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas y contra tal determinación encuentra substanciándose el recurso de apelación por aquél interpuesto ante la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y que éste se encuentra pendiente de resolver, como se advierte de la constancia que acompañó el Magistrado Presidente de la citada sala al oficio de cuenta. En ese contexto es notorio y manifiesto que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo se actualiza la hipótesis normativa que establece el ordinal 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, y en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; lo anterior, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Las consideraciones expuestas encuentran apoyo en la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE EJECUTORIA PRONUNCIADA EN OTRO JUICIO DE AMPARO. SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A IGUAL QUEJOSO, IDÉNTICAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y LOS MISMOS ACTOS RECLAMADOS. Para que proceda la causal de improcedencia consistente en la existencia de ejecutoria pronunciada en otro juicio de amparo, a que se refiere la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS QUE FUERON MATERIA DE OTRO JUICIO DE GARANTIAS. INSTRASCEDENCIA DE LA DIVERSIDAD DE AUTORIDADES EJECUTORAS SEÑALADAS EN UNO Y OTRO. Para que opere la causal de improcedencia prevista por la fracción IV del artículo 73 de la ley de la materia, hay que atender a la identidad del acto reclamado, de quejoso y de autoridades responsables ordenadoras, siendo irrelevante la diversidad de autoridades ejecutoras señaladas en uno y otro juicio de garantías, porque de no ser así, se llegaría al absurdo de que si se promovieran tantos juicios de amparo como nuevas autoridades responsables ejecutoras se vayan señalando en cada uno de ellos no operaría la improcedencia de la acción". De igual forma, es aplicable a este proceder la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En el entendido de que el sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo respecto del acto reclamado a la diversa autoridad señalada como responsable, al no impugnarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Al debe señalarse la Jurisprudencia del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la Secretaria que autoriza licenciada Rosa María Salomé Márquez Acuña.-DOY FE.

  3. Principal

    En siete de febrero de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada Rosa María Salomé Márquez Acuña, doy cuenta a la Juez con el estado de autos.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad no ha remitido las constancias que le fueron requeridas en proveído de uno del presente mes y año, no obstante haber quedado debidamente notificada del oficio por el cual se le solicitaron, según se advierte del acuse de recibo que obra agregado en la foja 94 de autos; por tanto, con fundamento en el numeral 121, de la ley de la materia en consulta, requiérase nuevamente a la mencionada Sala para que dentro del término de veinticuatro horas siguiente a la legal notificación del presente proveído, de no tener inconveniente legal, remita copia certificada del auto en que se haya admitido el citado medio de impugnación interpuesto por José Alejandro Gómez Moreno, contra el auto de formal prisión emitido en su contra por el delito de homicidio calificado, lo anterior, en razón de que es indispensable para resolver el presente asuntó; con el apercibimiento que de no hacerlo en los términos indicados dentro del plazo concedido, o no externar los motivos legales que le impidan hacerlo, le será impuesta una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis del contenido siguiente: PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra podrá por deberá, se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Para dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y por lista a las demás partes. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la Secretaria que autoriza licenciada Rosa María Salomé Márquez Acuña.-DOY FE.

  4. Principal

    En uno de febrero de dos mil diecisiete, la Secretaria da cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos y con un oficio registrado con el número 1510 y anexos que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a uno de febrero de dos mil diecisiete. Visto el oficio signado por la Jueza de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, por el que remite copia certificada del oficio 93 de dieciocho de enero del año en curso, por el que remitió al Tribunal Superior de Justicia del Estado el proceso penal 53/2005, instruido a José Alejandro Gómez Moreno, por el delito de homicidio calificado cometido en perjuicio de quien en vida respondiera al nombre de Martha Elvira Agosto Castañeda, a fin de que se resuelva el recurso de apelación interpuesto. Asimismo, remite copia simple del diverso comunicado 654/2017-SG, signado por la Secretaria General del Tribunal Superior de Justicia del Estado, del que se advierte que con motivo de recurso de apelación se formó el toca de apelación penal 16/2017 y conforme a la distribución correspondió conocer del mismo al magistrado Juan Antonio Castañeda Ruiz, integrante de la Segunda Sala Penal de dicho tribunal; por tanto, requiérase la citada Sala para que de no tener inconveniente legal, remita copia certificada del auto en que se haya admitido el citado medio de impugnación interpuesto por José Alejandro Gómez Moreno, contra el auto de formal prisión emitido en su contra por el delito de homicidio calificado, lo anterior, en razón de que es indispensable para resolver el presente asuntó; con el apercibimiento que de no hacerlo en los términos indicados dentro del plazo concedido, o no externar los motivos legales que le impidan hacerlo, le será impuesta una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis del contenido siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Notifíquese mediante oficio a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y por lista a las demás partes. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la Secretaria que autoriza licenciada Rosa María Salomé Márquez Acuña.-DOY FE. L'RMSMA/mcc. 3100

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