José Alejandro Espitia Campa

Expediente 480/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
480/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
22/04/2019

Partes del expediente

  • José Alejandro Espitia Campa

Actuaciones

  1. Principal

    *DIFERIMIENTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL* VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EN PROVEÍDO DE. SE ORDENÓ DAR VISTA A LAS PARTES CON LA COPIA CERTIFICADA DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. POR TANTO, NO SE ESTÁ EN APTITUD DE CELEBRAR LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL SEÑALADA PARA EL DÍA DE HOY, POR LO QUE CON LA FINALIDAD DE QUE TRANSCURRA EL TÉRMINO QUE REFIERE EL ARTÍCULO. Y LAS PARTES SE IMPONGAN DEL CONTENIDO DE LAS CONSTANCIAS DE REFERENCIA; EN CONSECUENCIA, SE DIFIERE Y EN SU LUGAR SE FIJAN LAS DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    En la Ciudad de México, a las nueve horas con cinco minutos del cinco de abril de dos mil diecinueve, día y hora señalados para la celebración de la audiencia incidental derivada del juicio de amparo número 28/2019-Mesa Auxiliar, en audiencia pública el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Francisco Gorka Migoni Goslinga, asistido por la secretaria Melina Sánchez García que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, procede a declararla abierta sin la asistencia de las partes ni de legítimo representante de ellas. A continuación, la secretaria hace relación de las constancias que obran en los autos de la presente incidencia, entre las que se encuentran la copia simple de la demanda de amparo promovida por Ricardo Gaxiola Centeno, por derecho propio, proveído de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, por medio del cual se le dio trámite al presente incidente, constancias de notificación de dicho auto a las partes y acuerdos en los que se pveyó lo conducente. Por otro lado, con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, la secretaria da cuenta con los oficios con números de correspondencia 7643 y 7709, a través de los cuales el representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión rinde el informe previo que le fue requerido de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo y el actuario del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informa que se reanudó el procedimiento relativo al recurso de queja Q.A.I.b 132/2019 de su índice. El Juez acuerda: con apoyo en los artículos 140 y 144 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe previo de la citada autoridad responsable. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se reconoce como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y con apoyo en el artículo 9° del citado ordenamiento, se tiene como delegados de la autoridad referida a las personas que menciona. Lo anterior, sin que el informe previo sea motivo para que se difiera la audiencia en la presente incidencia, pues el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que debe celebrarse dentro del plazo de cinco días. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 119/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 22, del Tomo XII, correspondiente al mes de diciembre de dos mil, de la Novena Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con número de registro 190178, del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. NO PROCEDE DIFERIR LA AUDIENCIA INCIDENTAL SI EN ELLA SE DA CUENTA CON EL INFORME PREVIO. Si se toma en consideración que el incidente de suspensión se rige por el principio de celeridad y que el artículo 131 de la Ley de Amparo exige que la audiencia incidental se celebre dentro del plazo de setenta y dos horas con informe o sin él, es inconcuso que no procede diferir aquélla, si el Juez de Distrito da cuenta con dicho informe durante la celebración de la audiencia, tanto más si las autoridades responsables al rendir su informe niegan la existencia del acto reclamado, en virtud de que en la propia audiencia, los quejosos están en aptitud de ofrecer las pruebas documental y de inspección ocular tendentes a desvirtuar dicha negativa, lo que no produce la indefensión de aquéllos, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136, último párrafo, de la ley de la materia, las partes pueden objetar en cualquier tiempo el contenido del informe previo." De igual modo, se toma conocimiento del oficio por el cual el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito reanuda el procedimiento relativo al recurso de queja interpuesto en autos. Abierto el periodo probatorio. La secretaria da cuenta al Juez de Distrito con las documentales ofrecidas por la parte quejosa. El Juez acuerda: Con apoyo en el artículo 143 de la Ley de Amparo se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales que ofrece, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Enseguida se pasa a la etapa de alegatos, y la secretaria hace constar que ninguna de las partes hizo uso del derecho de formular alegatos; así como que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no formuló intervención ministerial en esta incidencia. El Juez acuerda: Se declara desierto este periodo. Sin diligencias pendientes por desahogar, se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la resolución que en derecho corresponda. Vistos, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 28/2019-Mesa Auxiliar, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Ricardo Gaxiola Centeno, por derecho propio, contra actos del Presidente de la República y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el que por razón de turno correspondió su conocimiento a este Juzgado de Distrito, Ricardo Gaxiola Centeno, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de: La discusión, aprobación, expedición, órdenes de publicación, circulación y observación del Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, en específico, los artículos 217 bis y 217 ter del Código Penal Federal Asimismo, en su capítulo de suspensión, el quejoso señaló lo que se expone enseguida: "Por ende, con fundamento en el artículo 148 de la Ley de Amparo, se solicita se conceda la suspensión provisional y en su momento procesal la definitiva, contra los efectos del Decreto reclamado, con el objeto de que durante toda su vigencia, se impida sus efectos y consecuencias en la esfera jurídica de esta parte quejosa (.)" SEGUNDO. El veintidós de marzo de dos mil diecinueve, se ordenó formar por cuerda separada y por duplicado el incidente de suspensión; se solicitó su informe previo a las autoridades responsables y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que previo diferimiento se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Previo a analizar la procedencia de la medida cautelar, debe comprobarse la existencia o inexistencia de los actos reclamados, de conformidad con lo establecido en la tesis X.1o.12 K sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, visible en la página 609, del Tomo II, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, de la Novena Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con número de registro: 203881, que es del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, MANERA DE REALIZARSE EL ESTUDIO DE LA. Por razón de técnica en la suspensión definitiva del acto reclamado, deben analizarse; por su orden, las siguientes cuestiones: a). Si son ciertos los actos reclamados, los efectos y consecuencias combatidas (premisa). b). Si la naturaleza de esos actos permite su paralización (requisitos naturales). c). Si se satisfacen las exigencias previstas por el numeral 124 de la Ley de Amparo, (requisitos legales); y d). Si es necesaria la exigencia de alguna garantía, por la existencia de terceros perjudicados (requisito de efectividad)" SEGUNDO. El Secretario Administrativo del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional negó el acto que le reclama la parte quejosa consistente en la aplicación de la norma reclamada. En esa circunstancia, al no existir medio de prueba que desvirtúe la negativa de la autoridad, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada, puesto que no hay materia sobre qué decretarla, atento al criterio que informa la jurisprudencia VI.2o. J/19 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 133, Tomo II, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y cinco, de la Novena Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con número de registro: 204855, del rubro y texto siguientes: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." TERCERO. El Director General y la Subdirectora de Recursos Humanos del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y el Presidente de la República aceptaron la existencia de los actos que en el respectivo ámbito de su competencia les atribuyó la parte quejosa, por lo que deberán quedar sujetas a lo que se resuelva en este fallo. Certeza de actos que se corrobora en relación con los actos legislativos impugnados, pues en términos de lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, las leyes no son objeto de prueba, pues basta que estén publicadas en el medio de difusión oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlas en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 270, del Tomo XII, correspondiente al mes de agosto de dos mil, de la Novena Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con número registro 191452, cuyo rubro y texto son: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Por otra parte, las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión negaron las omisiones legislativas que se les reclaman; sin embargo no se hará mayor pronunciamiento respecto de dicha abstención, ya que no guarda relación con el efecto para el cual se solicita la medida cautelar. CUARTO. En el presente asunto la parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados para el efecto siguiente: "Por ende, con fundamento en el artículo 148 de la Ley de Amparo, se solicita se conceda la suspensión provisional y en su momento procesal la definitiva, contra los efectos del Decreto reclamado, con el objeto de que durante toda su vigencia, se impida sus efectos y consecuencias en la esfera jurídica de esta parte quejosa (.)" Por tanto, este juzgador únicamente se pronunciará sobre la suspensión para los efectos solicitados por la parte quejosa de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia número 2a./J. 111/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 98, del Tomo XVIII, correspondiente al mes de diciembre de dos mil tres, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, con número de registro 182529, de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS." A efecto de determinar si resulta o no procedente la suspensión definitiva solicitada por cuestión de técnica jurídica se deben analizar en el orden en que se asientan los siguientes aspectos: a) La certeza de los actos reclamados. b) Si su naturaleza permite su paralización. c) Si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo; y, d) Si resulta necesario exigir alguna garantía para que surta efectos la suspensión porque existe un tercero interesado o se trata de contribuciones. Al respecto, resulta aplicable la tesis 2a. XXIII/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1376, del Tomo II, correspondiente al mes de mayo de dos mil dieciséis, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con número de registro 2011614, de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA." En relación con la certeza de los actos reclamados, tal aspecto ya quedó definido en los considerandos segundo y tercero de esta interlocutoria. En el caso, la parte quejosa reclama normas legales que son actos positivos que conllevan ejecución y son susceptibles de ser suspendidos. Por tanto, si los actos reclamados, por su naturaleza, son susceptibles de suspenderse, lo procedente es verificar si se satisfacen los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo para conceder la medida cautelar solicitada, a saber: a) Que la haya solicitado el quejoso; y, b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El primero de ellos se colma plenamente pues en el escrito de demanda la parte quejosa solicitó la medida suspensiva. En cuanto al segundo de los requisitos se toma en consideración que con la concesión de la medida cautelar no se deben infringir disposiciones de orden público ni se vulnere el interés social. En efecto, si bien es cierto la estimación de orden público e interés social corresponde al legislador también lo es que no es ajena a la función del juzgador, pues éste deberá precisarla en cada caso, atendiendo a sus peculiaridades. Así, para los efectos de la suspensión se produce esa afectación cuando con la medida cautelar se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Sobre esa base cabe precisar que la parte quejosa solicita la suspensión para que no se le apliquen los efectos y consecuencias derivados de los preceptos legales reclamados, lo que se traduce en que prevalezca la situación que actualmente guarda en su cargo, particularmente, que se le sigan pagando las remuneraciones nominales y adicionales que de manera general percibe con motivo del desempeño sus funciones, esto es, que aquéllas no se vean menoscabas, reducidas o alteradas por la aplicación de las normas reclamadas y, en consecuencia, se le exima de la responsabilidad penal o administrativa que pudiera derivar del pago que recibe por esos conceptos. El artículo 148 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 148. En los juicios de amparo en que se reclame una norma general autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso. En el caso en que se reclame una norma general con motivo del primer acto de su aplicación, la suspensión, además de los efectos establecidos en el párrafo anterior, se decretará en relación con los efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación." El texto legislativo anterior establece que en los juicios de amparo en que se reclame normas generales como autoaplicativas la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de las normas en la esfera jurídica de la parte quejosa siempre que se satisfaga el segundo de los requisitos citado en párrafos anteriores y previsto en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Así, el orden público se traduce en el sistema de normas de mayor importancia para conservar y encauzar el orden en la sociedad; y, por interés social la atención, cuidado o tendencia que tiene aquella o alguno de sus grupos en que no se les causen daños o perjuicios que inclusive puedan llegan a ser irreparables y, por ende, conseguir que existan las condiciones esenciales para su desarrollo armónico. Tal interés se actualiza en términos del objeto de las normas legales reclamadas que regulan las remuneraciones de los servidores públicos de los poderes de la Unión, sin excepción, así como todos los demás entes públicos federales incluidos el Instituto Politécnico Nacional que resulta ser un organismo público descentralizado del gobierno federal. Ahora, la ley reclamada regula que todo servidor público debe recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión proporcional a sus responsabilidades; que no podrá cubrirse ninguna remuneración mediante el ejercicio de partidas cuyo objeto sea diferente en el presupuesto correspondiente salvo el caso de que las transferencias se encuentren autorizadas en el propio presupuesto o en la ley aplicable. Que en todo caso la remuneración estará sujeta a los principios rectores de anualidad, reconocimiento del desempeño, equidad, fiscalización, igualdad, legalidad y de transparencia y rendición de cuentas. Establece los conceptos que deben considerarse como remuneración o retribución, sus excepciones y aquellos recursos que no forman parte de la remuneración de los servidores públicos. Así como las bases para determinar la remuneración y que parten de que ningún servidor público recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación ni puede ser mayor o igual que su superior jerárquico salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios puestos, siempre que el servidor cuente con el dictamen de compatibilidad que provengan del contrato colectivo de trabajo o condiciones generales de trabajo, de un trabajo técnico calificado o de alta especialización; en ese contexto, la suma de esas retribuciones no debe exceder de la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos. Así, en ningún caso se cubrirá una remuneración con efectos retroactivos a la fecha de su autorización salvo resolución jurisdiccional. Que las contribuciones causadas por concepto de remuneraciones a cargo de los servidores públicos se retienen y enteran a las autoridades fiscales respectivas y no son pagadas por los órganos públicos en calidad de prestación precepción extraordinaria ni otro concepto. También en su artículo segundo fue adicionado un Capítulo V Bis al Título Décimo, Libro Segundo, del Código Penal Federal con la denominación "Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos", esto es, los artículos 217 Bis y 217 Ter. En ellos se prevé el delito de remuneración ilícita al establecer que incurre en dicha conducta el servidor público que apruebe o refrende el pago o que suscriba el comprobante, cheque, nómina u orden de pago de una remuneración, retribución, jubilación, pensión, haber de retiro, liquidación por servicios prestados, préstamo o crédito no autorizado de conformidad con lo dispuesto en la propia ley, además de establecer las penas para sancionarlo. Lo que pone de manifiesto que las normas reclamadas inciden en el actuar de los servidores públicos, en este caso en particular, de los integrantes del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Principios que encuentran sustento en la fracción IV, del apartado B, del artículo 123 constitucional, que señala: "Artículo 123. (.) El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: (.) B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: (.) IV. Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución y en la ley." Asimismo, el artículo primero del decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de septiembre de mil novecientos ochenta y dos, se desprende lo siguiente: "Artículo Primero. El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, mantendrá su carácter de organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con el objeto de formar investigadores especialistas a nivel de posgrado y expertos en diversas disciplinas científicas y tecnológicas, así como la realización de investigación básica y aplicada de carácter científico y tecnológico." De ese principio legislativo, así como del artículo transcrito, se advierte que el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional es un organismo público descentralizado que no goza de autonomía constitucional en sus funciones administrativas o presupuestales; en consecuencia, queda estrictamente sometido al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio dos mil diecinueve sin que exista tensión alguna entre la división de poderes en virtud de que el ente público en el que presta sus servicios la parte quejosa pertenece al Ejecutivo Federal. Además, tampoco estamos en presencia de afectación a derechos adquiridos pues las remuneraciones de los servidores públicos son de vigencia presupuestal anual y, por ende, las del ejercicio anterior quedan sustituidas inexorablemente por las autorizadas para el año vigente. En este contexto desaplicar las normas reclamadas a favor de la parte quejosa implicaría una afectación al orden público y al interés social consistente en la no utilización del debido uso de los recursos públicos y su máxima aplicación en las funciones estatales. Así, toda vez que la sociedad está interesada en que prevalezcan las normas operativas presupuestales a fin de proteger el óptimo uso de los recursos públicos, entonces lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada toda vez que en el caso no se actualizó el requisito contenido en el artículo 128 fracción II, de la Ley de Amparo, dado que de concederse se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público. Por otra parte, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito la presente determinación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 140, 144 y 146 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito; RESUELVE: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Ricardo Gaxiola Centeno, por las razones expuestas en los considerandos segundo y último de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Francisco Gorka Migoni Goslinga, Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido por la secretaria Melina Sánchez García, quien autoriza y da fe. Doy fe. FGMG/MSG/ddz EL JUEZ LA SECRETARIA

  3. Principal

    *REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO* SE TIENE POR RECIBIDO EL OFICIO SIGNADO POR LA. A TRAVÉS DEL CUAL REMITE EL OFICIO. E INFORMA LAS GESTIONES DE CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO Y SEÑALA DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DESIGNA DELEGADOS. ATENTO A LO ANTERIOR, SE TIENEN POR HECHAS LAS MANIFESTACIONES DE LA AUTORIDAD OFICIANTE, SIN EMBARGO, ES DEBER DE ESTE JUZGADOR VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA, EN CONSECUENCIA. SE REQUIERE AL. PARA QUE EN EL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS, ACREDITE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO. SE APERCIBE A LAS AUTORIDADES REQUERIDAS QUE DE NO ACATAR LO ORDENADO EN LOS PÁRRAFOS QUE ANTECEDEN SIN CAUSA JUSTIFICADA, O BIEN, DE NO MANIFESTAR OPORTUNAMENTE LAS GESTIONES QUE SE ENCUENTREN LLEVANDO A CABO PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR CON CONSTANCIAS FIDEDIGNAS, SE LES IMPONDRÁ MULTA. ADEMÁS, SE LES INFORMA QUE AUN CUANDO DEJEN SUS RESPECTIVOS PUESTOS, SEGUIRÁN SIENDO RESPONSABLES DEL DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL, DURANTE EL TIEMPO QUE DURÓ SU ENCARGO. POR ÚLTIMO RESPECTO AL DOMICILIO Y DELEGADOS QUE SEÑALA, DÍGASE QUE DEBERÁ ESTARSE A LO ORDENADO EN AUTO. NOTIFÍQUESE

  4. Principal

    *RECURSO DE REVISIÓN AUTORIDAD-SENTENCIA* POR RECIBIDO EL OFICIO SIGNADO POR LA AUTORIDAD... MEDIANTE EL CUAL INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA POR ESTE JUZGADO DE DISTRITO. DISTRIBÚYANSE ENTRE LAS PARTES COPIAS SIMPLES DEL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS... Y UNA VEZ QUE OBREN LA TOTALIDAD DE LAS CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN... REMÍTANSE LOS AUTOS ORIGINALES AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO EN TURNO PARA LA SUBSTANCIACIÓN DEL RECURSO DE MÉRITO... FÓRMESE CUADERNO DE ANTECEDENTES... NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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