José Alejandro Escobedo Cepeda
Expediente 1464/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 23 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1464/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 07/02/2019
Partes del expediente
- José Alejandro Escobedo Cepeda
- Titular De La Subprocuraduría Especializada En Investigación De Delincuencia Organizada De La Procuraduría General De La República
- Titular De La Policia Estatal Con Sede En Saltillo De La Procuraduria Del Estado De Coahuila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
vi) Toluca, Estado de México; siete de febrero de dos mil diecinueve. De la certificación de cuenta se evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el quejoso a quien podría causarle perjuicio la sentencia de quince de enero del año en curso, donde se sobreseyó el juicio, no lo recurrió, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el juicio de amparo (Punto Vigésimo Primero, fracción II, párrafo primero y segundo). El original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, ya que se concedió la suspensión provisional y definitiva (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo y tercero). El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, fracción III, párrafo primero). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
VI) Toluca, Estado de México a dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Director General de Unidades de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, México, en suplencia del Subdirector General de Colaboraciones, Gestión y Seguimiento Administrativo de la Dirección General de Unidades de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, por medio del cual rinde su informe justificado; sin que exista mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que mediante sentencia de quince de enero pasado, se resolvió el presente juicio respecto de los actos atribuidos a dicha autoridad. Notifíquese.
- Incidental
VI) Toluca, Estado de México a dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Director General de Unidades de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, México, en suplencia del Subdirector General de Colaboraciones, Gestión y Seguimiento Administrativo de la Dirección General de Unidades de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, por medio del cual rinde su informe previo; sin que exista mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que mediante interlocutoria de cinco de diciembre del año pasado (foja 38 a a 44), se resolvió el presente incidente respecto de los actos atribuidos a dicha autoridad. Notifíquese.
- Principal
VI R E S U L T A N D O Presentación de la demanda: El veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho (foja 2). Prevención: El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho (foja 10). No presentada: El cinco de octubre de dos mil dieciocho (foja 14). Trámite del recurso y órgano jurisdiccional que substanció: El once de octubre de dos mil dieciocho y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito (foja 16). Resolución del recurso y sentido: El ocho de noviembre de dos mil dieciocho, fundado (foja 34). Admisión con suspensión de oficio y de plano: El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 35 a 37). Intervención al Agente de Ministerio Público adscrito: El veintidós de noviembre de dos mil dieciocho (foja 38). Autoridades inexistentes: Titular de la Subprocuraduría Especializadas en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la Republica, con sede en Saltillo Coahuila (foja 54), Agente del Ministerio Público Federal Adscrito a la SEIDO de la Procuraduría General de la Republica, con sede en Saltillo Coahuila (foja 60) y Titular de la Policía Estatal con sede en Saltillo Coahuila (foja 80). Audiencia constitucional: El quince de enero de dos mil diecinueve, que se desarrolló al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35, 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues los actos reclamados son considerados como de imposible reparación y pudieren tener ejecución en el ámbito territorial en el cual este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como actos reclamados 1. El no tener acceso a los expedientes que contienen las diversas averiguaciones previas iniciadas en su contra. 2. Las órdenes de localización y presentación giradas en su contra y su ejecución. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Previamente al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. En ese orden, se precisa que las autoridades responsables: Director General de Control de Procesos, Encargado de la Fiscalía de Control de Juicios y Constitucionalidad de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, en ausencia del Fiscal General del Estado (foja 48). El Titular de la Unidad de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Coordinación Estatal de la Policía Federal de Coahuila, México (foja 63). El Director General de Unidades de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, México, en suplencia del Subdirector General de Colaboraciones, Gestión y Seguimiento Administrativo de la Dirección General de Unidades de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza (foja 71). Al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados, sin que el quejoso haya aportado prueba idónea para desvirtuar tales negativas dentro de la secuela del procedimiento, o en la propia audiencia constitucional prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, pues oportunamente se le dio vista con el contenido del referido informe a efecto de que estuviera en aptitud de aportar los medios de prueba que considerara pertinentes para acreditar lo contrario, pese a lo que cual no lo realizó. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, publicada en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, número de registro 917818, cuyo tenor es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Y la tesis asilada VI.2º.A.4 K, consultable en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero 2002, Tomo XV, Novena Época, Materia Común, número de registro 187728, cuyos rubro y texto son: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Lo anterior, porque el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, establece la obligación del quejoso de probar los hechos constitutivos de su acción; por tanto, es innegable que la carga de la prueba tendente a acreditar la existencia del acto reclamado a la autoridad en cita corresponde al solicitante del amparo. A lo anterior es aplicable, la jurisprudencia VI.2o. J/308, publicada en la página 77, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, Agosto de 1994, Materia Común, número de registro 210769, Octava Época, de contenido: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Atento a lo anterior, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, fracción III, 78, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Alejandro Escobedo Cepeda, contra los actos, las autoridades y por los motivos descritos en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
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