José Alejandro Douglas Huizar
Expediente 89/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 19 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 89/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 08/11/2023
Partes del expediente
- José Alejandro Douglas Huizar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Ensenada, Baja California, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Director General de Amparos y Ejecutorias, en representación de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual en atención al requerimiento efectuado en auto de once de septiembre de dos mil veintitrés, realiza manifestaciones respecto a que se debe tener por totalmente cumplida la ejecutoria de amparo, con los actos que ya ha realizado. En atención a lo anterior, para todos los efectos que haya lugar, remítase copia del oficio de cuenta y anexos, al Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, quien conoce del trámite del incidente de inejecución de sentencia 12/2023. Notifíquese.
- Principal
Ensenada, Baja California, dos de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio proveniente electrónicamente del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, mediante el cual informa que admitió el trámite de inejecución de sentencia, tramitado en el presente juicio, y que el mismo quedó registrado como inejecución de sentencia 12/2023. Por otra parte, en atención a su solicitud; de conformidad con la circular CAR 02/CCN0/2020, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, de doce de marzo de dos mil veinte, infórmese a la superioridad vía interconexión, que se hace disponible el expediente electrónico del presente juicio, a fin de que pueda ser consultado, y tenga a la vista las constancias que integran éste. Notifíquese.
- Principal
Ensenada, Baja California, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Director General de Amparos y Ejecutorias, en representación de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cuan en cumplimiento al requerimiento efectuado en veintisiete de julio de dos mil veintitrés, realiza manifestaciones respecto a que se debe tener por totalmente cumplida la ejecutoria de amparo, con los actos que ya ha realizado. Sin hacer pronunciamiento al respecto, en virtud a que en proveído de once de septiembre de dos mil veintitrés, se envió al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en turno, con residencia en Mexicali, Baja California, el trámite de la inejecución de sentencia; y, se requirió nuevamente a la autoridad de cuenta el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese.
- Principal
Ensenada, Baja California, once de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por ********************, autorizado de la parte quejosa, por medio del cual realiza diversas manifestaciones respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en el sentido de que la autoridad responsable Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con residencia en la Ciudad de México (autoridad vinculada al fallo protector), ha sido omisa en dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por lo que solicita la inejecución de sentencia; y, además solicita, se hagan efectivos los apercibimientos de multa decretados en autos. INEJECUCIÓN DE SENTENCIA Ahora, del estado de autos se advierte que a la fecha la autoridad responsable Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con residencia en la Ciudad de México, no ha acreditado haber dado cabal cumplimiento al fallo protector, no obstante haber sido requerida para ello, pues los actos realizados por la misma han resultado insuficientes para cumplir con la ejecutoria de amparo. Luego, es dable precisar que por sentencia de fecha nueve de abril de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de amparo en que se actúa, por el extinto Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, donde se concedió el amparo y protección al aquí quejoso, para los siguientes efectos: "Dé respuesta en forma congruente al escrito presentado por el quejoso ********************, el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, y, realice la notificación respectiva." Asimismo, en auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, el referido Juzgado Noveno, requirió su cumplimiento; y, en proveído de veinte de septiembre de dos mil veintidós, se vinculó al mismo a la Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con residencia en la Ciudad de México; sin embargo a la fecha no se ha dado su total cumplimiento; pues la referida responsable se ha conducido con evasivas y ha realizado actos intrascendentes, pues la Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con residencia en la Ciudad de México, no ha emitido resolución en la cual determine si es procedente o no la enajenación onerosa fuera de subasta de terreno nacional, respecto del predio denominado "Campamento Douglas", solicitada por el quejoso ********************. Pues la responsable, únicamente se ha limitado a informar que emitió el acuerdo administrativo por el cual admitió a trámite la solicitud realizada por el quejoso ********************, mediante escrito de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, respecto del predio denominado "Campamento Douglas", trámite que quedó registrado con el número de expediente DGOPR/IETN 02BC/105/2022. Lo anterior es así, pues desde el veinte de septiembre de dos mil veintidós, fecha en que vinculó al cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con residencia en la Ciudad de México; y, se requirió el cumplimiento de la misma por primera vez, a la presente fecha, dicha autoridad, ha sido omisa en dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora, visto el estado de autos se observa lo siguiente: En proveído de treinta de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio signado por la Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con residencia en la Ciudad de México, por conducto del Director de Ejecutorias de dicha secretaría, mediante el cual informó que emitió el acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintidós, dentro del expediente DGOPR/IETN02BC/105/2022, en el que determinó admitir la solicitud de fecha veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, presentada por el quejoso ********************, en el que solicitó la enajenación onerosa fuera de subasta de terreno nacional, respecto del predio denominado "Campamento Douglas", ubicado en la delegación municipal de puertecitos, en esta ciudad; y, envío la constancia de notificación que del mismo hizo a la parte quejosa. Lo anterior en virtud, de que cumplió con los requisitos establecidos por el 113 del reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural; ordenando dejar nulo el acuerdo de once de octubre de dos mil veintidós, en el que desechó la referida solicitud; y ordenó realizar la investigación dentro de los archivos de su dirección, para determinar si la superficie del predio en mención se encuentra dentro del dominio de la nación; remitiendo el expediente a la Dirección de Terrenos Nacionales, a efecto de continuar con el procedimiento de enajenación onerosa. No obstante lo anterior, en auto de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo, en virtud a que se precisó que no solo basta con que la autoridad responsable haya informado que admitió la solicitud del quejoso, sino que, con fundamento en el artículo cuarto transitorio de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, la responsable dentro del plazo de noventa días, debe resolver la procedencia de solicitud referida; es decir la responsable debe emitir una resolución en la cual determine si es procedente o no la enajenación onerosa fuera de subasta de terreno nacional, respecto del predio denominado "Campamento Douglas", solicitada por el quejoso ********************; y, en esa misma fecha se requirió nuevamente el cumplimiento al fallo protector. Asimismo, mediante proveídos de doce, veintisiete de julio; y, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, se le requirió nuevamente a la Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con residencia en la Ciudad de México (autoridad vinculada al fallo protector) Oficial Mayor del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, Baja California el cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, como ya se especificó, la citada autoridad únicamente se limita a informar que determinó admitir la solicitud de fecha veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, presentada por el quejoso ********************. Lo que ha ocasionado que ha transcurrido casi dos años y cuatro meses, plazo que ha excedido en demasía al señalado en el artículo 192 de la Ley de Amparo, lo que ha generado un retraso en la ejecución del fallo protector dictado en el presente asunto, lo cual, es de orden público. Por lo anterior, y atendiendo a la conducta evasiva de la autoridad directa e involucrada de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de conformidad con el artículo 193, párrafo quinto, de la Ley de Amparo previa formación del expedientillo con las copias certificadas del presente asunto envíese el expediente al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en turno, con residencia en Mexicali, Baja California, para continuar con el trámite de la inejecución. Resulta aplicable la jurisprudencia1 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al 1 Jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, tomo I-libro 12, noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época. Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." (Énfasis añadido)." SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO Ahora, en virtud de que esta juzgadora debe seguir procurando el cumplimiento de la sentencia de amparo, y dado que, como ya se estableció, no obra información respecto del total cumplimiento dado por la autoridad responsable Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con residencia en la Ciudad de México (autoridad vinculada al fallo protector), a la ejecutoria de amparo. Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la citada autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción del oficio en que se transcribe este acuerdo, informen el cumplimiento dado a la ejecutoria que concedió el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto siguiente "Dé respuesta en forma congruente al escrito presentado por el quejoso ********************, el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, y, realice la notificación respectiva." Es decir la responsable debe emitir una resolución en la cual determine si es procedente o no la enajenación onerosa fuera de subasta de terreno nacional, respecto del predio denominado "Campamento Douglas", solicitada por el quejoso ********************, conforme a lo establecido por el artículo cuarto transitorio de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural. Se apercibe a dicha autoridad, que de no cumplir con lo solicitado, se le impondrá, una multa por el equivalente de doscientas cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, en términos de lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de la materia; cantidad que equivale a $25,935.00 (veinticinco mil novecientos treinta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), que resulta de multiplicar el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), con valor al día de hoy de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), por doscientos cincuenta. Cantidad que se impone dado los múltiples requerimientos hechos a dicha autoridad; y, con su actuar solo retarda la impartición de justicia y con ello lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional y 192 de la Ley de Amparo. Finalmente, no resulta procedente hacer efectivos los apercibimientos de multa decretados en autos de nueve de febrero, diecinueve de abril, y once de mayo, todos de dos mil veintitrés, pues como se advierte en párrafos que anteceden la responsable Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con residencia en la Ciudad de México, ha desahogado los requerimientos efectuados. Notifíquese.
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