José Alejandro Douglas Huizar

Expediente 135/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 35 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
135/2020
Año
2020
Actuaciones
35
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • José Alejandro Douglas Huizar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en auto de veinte de septiembre pasado, se requirió a la autoridad vinculada al cumplimiento Dulce María Rodríguez Cervantes en su carácter de Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, para que dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir de aquél en que surtiera efectos la notificación del citado proveído, cumpliera con el fallo protector; esto es, dé respuesta en forma congruente al escrito presentado por el quejoso José Alejandro Douglas Huizar, el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, y, realice la notificación respectiva, en términos de la sentencia concesoria dictada en el presente juicio de derechos fundamentales, sin que a la fecha diera cumplimiento a lo anterior, no obstante de haber transcurrido el plazo para ello como se advierte del acuse de recibo que obra en autos. En ese contexto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio enviado por la autoridad vinculada Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con residencia en Ciudad de México, por conducto del Director de Ejecutorias de dicha secretaría, mediante el cual señala haber cumplido la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, y al efecto remite copia certificada del acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual, entre otras cuestiones, previno a la parte quejosa por el término de quince días, a fin de que proporcionara datos y exhiba constancias donde precise el ingreso mensual y su ocupación, y apercibió al quejoso con desechar el trámite de la solicitud en caso de incumplimiento; asimismo, remitió diversos anexos, entre ellos el oficio II210.DGOPR.AJ.13917.2022, mediante el cual el Director de Terrenos Nacionales, informó a la Dirección General de Amparos y Ejecutorias en la Unidad de Asuntos Jurídicos, de dicha dependencia, que la prevención formulada en auto de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, fue desahogada de manera extemporánea, aduciendo que se le brindó la atención al quejoso y quedó substanciado el procedimiento administrativo. Sin embargo, del análisis de las constancias señaladas con antelación se advierte que la autoridad oficiante, omite dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues no se advierte que se haya dado respuesta a la petición del quejoso formulada mediante escrito presentado ante la responsable el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, en el que solicitó la enajenación onerosa fuera de subasta de terreno nacional, respecto al predio denominado "Campamento Douglas", ubicado en la delegación municipal de Puertecitos, en Ensenada, Baja California, con una superficie de 12.7767689 hectáreas. En efecto, no es obstáculo para cumplir la ejecutoria de amparo, el acuerdo de prevención de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, formulado al quejoso por parte de la Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, así como lo informado por el Director de Terrenos Nacionales, mediante oficio II210.DGOPR.AJ.13917.2022, ya que, tal y como se desprende de la lectura del artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, citado como fundamento en el mencionado proveído de prevención, dicho precepto normativo establece lo siguiente: "Artículo 17-A.- Cuando los escritos que presenten los interesados no contengan los datos o no cumplan con los requisitos aplicables, la dependencia u organismo descentralizado correspondiente deberá prevenir a los interesados, por escrito y por una sola vez, para que subsanen la omisión dentro del término que establezca la dependencia u organismo descentralizado, el cual no podrá ser menor de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación; transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, se desechará el trámite. Salvo que en una disposición de carácter general se disponga otro plazo, la prevención de información faltante deberá hacerse dentro del primer tercio del plazo de respuesta o, de no requerirse resolución alguna, dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación del escrito correspondiente. La fracción de día que en su caso resulte de la división del plazo de respuesta se computará como un día completo. En caso de que la resolución del trámite sea inmediata, la prevención de información faltante también deberá hacerse de manera inmediata a la presentación del escrito respectivo. De no realizarse la prevención mencionada en el párrafo anterior dentro del plazo aplicable, no se podrá desechar el trámite argumentando que está incompleto. En el supuesto de que el requerimiento de información se haga en tiempo, el plazo para que la dependencia correspondiente resuelva el trámite se suspenderá y se reanudará a partir del día hábil inmediato siguiente a aquel en el que el interesado conteste." De lo anterior, se advierte que la autoridad que lleva a cabo el trámite de la petición del quejoso: a) Debe prevenir a los interesados, por escrito y por una sola vez, para que subsanen la omisión dentro del término que establezca la dependencia u organismo descentralizado. b) La prevención de información faltante deberá hacerse dentro del primer tercio del plazo de respuesta. En caso de no requerir resolución. c) De no realizarse la prevención alguna dentro del plazo aplicable, no se podrá desechar el trámite argumentando que está incompleto En ese contexto, tal y como se precisó en la ejecutoria de amparo, de conformidad con el artículo cuarto transitorio del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, la autoridad contaba con un plazo de noventa días para resolver la procedencia de la solicitud formulada por la parte quejosa mediante escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, por lo que la prevención hecha por la autoridad debió hacerse en el primer tercio del plazo de respuesta, a saber dentro de los primeros treinta días. Por tanto, al haberse formulado la multicitada prevención, el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, es decir más de un año siete meses con posterioridad, resulta obvio que no es un obstáculo para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo la citada prevención por requerimiento de información, dado que el trámite originado por la petición del quejoso no puede desecharse argumentando que se encuentra incompleto, y por ende se está en aptitud de resolver la petición de enajenación de la parte quejosa cuya omisión fue reclamada en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase por última ocasión a la autoridad vinculada al cumplimiento Dulce María Rodríguez Cervantes en su carácter de Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con el fallo protector; esto es, dé respuesta en forma congruente al escrito presentado por el quejoso José Alejandro Douglas Huizar, el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, y, realice la notificación respectiva, en términos de la sentencia concesoria dictada en autos, por lo que deberá remitir las constancias certificadas por duplicado que acrediten haber dado cumplimiento al fallo protector, a efecto de correrle traslado con una de ellas a las partes. En el entendido que de no dar cumplimiento a lo anterior, o de no informar la imposibilidad que le asista para ello, subiste el apercibimiento contenido en proveído de veinte de septiembre pasado, esto es, se le impondrá multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, conforme al artículo 193 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Por otra parte, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." De igual forma, que el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales se considera incumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo, así´ como la jurisprudencia 58/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de En el entendido de que dicha información podrán remitirla vía correo electrónico oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio presentado electrónicamente por la autoridad responsable Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorio y Urbano en el estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por conducto del Subdelegado Jurídico en la oficina de representación de dicha secretaría, mediante el cual solicita tener acceso al expediente electrónico del presente asunto. En tal virtud, y toda vez que como se desprende de la certificación secretarial de cuenta, en el módulo de expedientes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se agregó como promovente en el expediente electrónico de este juicio de amparo al usuario "O_WALKINSHAW"; por tanto, como lo solicita, podrá consultar el expediente electrónico del juicio de amparo en el que se actúa. Asimismo, se le tiene proporcionando el correo electrónico que indica, únicamente con el objeto de que este Órgano Jurisdiccional pueda entablar comunicación, con dicha autoridad. Por otra parte, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en auto de veinte de septiembre pasado, se requirió a la autoridad vinculada al cumplimiento Dulce María Rodríguez Cervantes en su carácter de Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, para que dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir de aquél en que surtiera efectos la notificación del citado proveído, cumpliera con el fallo protector; esto es, dé respuesta en forma congruente al escrito presentado por el quejoso José Alejandro Douglas Huizar, el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, y, realice la notificación respectiva, en términos de la sentencia concesoria dictada en el presente juicio de derechos fundamentales, sin que a la fecha diera cumplimiento a lo anterior, no obstante de haber transcurrido el plazo para ello como se advierte del acuse de recibo que obra en autos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase por última ocasión a la autoridad vinculada al cumplimiento Dulce María Rodríguez Cervantes en su carácter de Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con el fallo protector; esto es, dé respuesta en forma congruente al escrito presentado por el quejoso José Alejandro Douglas Huizar, el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, y, realice la notificación respectiva, en términos de la sentencia concesoria dictada en autos, remitiéndole para tal efecto se copia certificada de la misma, por lo que deberá remitir las constancias certificadas por duplicado que acrediten haber dado cumplimiento al fallo protector, a efecto de correrle traslado con una de ellas a las partes. En el entendido que de no dar cumplimiento a lo anterior, o de no informar la imposibilidad que le asista para ello, subiste el apercibimiento contenido en proveído de veinte de septiembre pasado, esto es, se le impondrá multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, conforme al artículo 193 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad judicial correspondiente. En el entendido de que dicha información podrán remitirla vía correo electrónico oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, con el objeto de evitar posibles contagios con motivo del virus COVID-19, y así salvaguardar la integridad física de las personas que laboran tanto para la mencionada autoridad, como en éste juzgado de Distrito.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Vista; la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que la sentencia dictada en el presente asunto se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "Dé respuesta en forma congruente al escrito presentado por el quejoso José Alejandro Douglas Huizar, el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, y, realice la notificación respectiva." En ese contexto, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Subdelegado Jurídico de la oficina de representación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), con residencia en Mexicali, Baja California, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Asimismo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el uno de septiembre del año en curso, giró la misiva número 2C.10.1.122.SJ.000775.2022 dirigida a la Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural (Dulce María Rodríguez Cervantes) a fin de que le de atención y seguimiento a la petición formulada por el aquí quejoso, relacionada con la solicitud de enajenación del predio denominado "Campamento Douglas", ubicado en la delegación municipal de Puertecitos, en Ensenada, Baja California, con una superficie de 12.7767689 hectáreas, de lo que se advierte que está vinculada con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; por ende, dicha autoridad está obligada a realizar todos los actos a fin de cumplir con el fallo protector dictado en este juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad vinculada al cumplimiento Dulce María Rodríguez Cervantes en su carácter de Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, para que dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir de aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con el fallo protector; esto es, dé respuesta en forma congruente al escrito presentado por el quejoso José Alejandro Douglas Huizar, el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, y, realice la notificación respectiva, en términos de la sentencia concesoria dictada en autos, remitiéndole para tal efecto se copia certificada de la misma, por lo que deberá remitir las constancias certificadas por duplicado que acrediten haber dado cumplimiento al fallo protector, a efecto de correrle traslado con una de ellas a las partes. En ese sentido, se requiere a la autoridad vinculada al cumplimiento del fallo protector, que de manera preferente remita las constancias relativas, a la dirección de correo electrónico oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, con el objeto de evitar posibles contagios con motivo del virus COVID-19, y así salvaguardar la integridad física de las personas que laboran tanto para la mencionada autoridad, como en éste Juzgado de Distrito. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá multa en lo individual de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1ª./J. 57/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 144, tomo XXV, mayo de 2007, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 172605, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." Asimismo, conforme al artículo 193 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Por otra parte, se hace del conocimiento de la autoridad vinculada que el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Se autoriza que el oficio relativo a la notificación de éste acuerdo se entregue utilizando los medios electrónicos correspondientes.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio enviado por autoridad responsable Oficina de Representación en Baja California, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), con residencia en Mexicali, por conducto del Subdelegado jurídico, atento a su contenido se le tiene informando que recibió el oficio 43671/2022, sin embargo, menciona que los anexos al mismo, se encuentran incompletos. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, anexo al oficio que se genere con transcripción del presente proveído, reenvíese el oficio de mérito al domicilio oficial de dicha autoridad, con los insertos necesarios. En consecuencia, requiérase vía correo acelerado (estafeta), a la citada autoridad, para que dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de que tengan conocimiento de este acuerdo informe a este Juzgado de Distrito, la fecha que recibió el oficio de mérito, y en su caso, la fecha en que así fue. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior o de no informar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de multa de 50 (cincuenta) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. En el entendido que la información solicitada podrá remitirla, de manera preferente, vía correo electrónico a la dirección oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, con el objeto de evitar posibles contagios con motivo del virus COVID-19, y así salvaguardar la integridad física de las personas que laboran tanto para las autoridades responsables, como en este Juzgado de Distrito.

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