José Alejandro Contreras Benitez
Expediente 809/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 809/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- José Alejandro Contreras Benitez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado CERTIFICA: a) Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del cinco al dieciocho de abril del año en curso, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. b) Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. c) Se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión, por lo que no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. d) Que sí existe un tomo de prueba por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, así como con el estado de autos. Conste. EL Secretario. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa, en la que por una parte se sobreseyó y por la otra se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de depuración, en términos del punto segundo, fracción XV, y vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo General; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto, conservando en su oportunidad, la demanda y sentencia. Hágase la anotación en la carátula. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. En otro aspecto, devuélvanse a la autoridad responsable jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la capital, con sede en esta ciudad, las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Ángeles
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 809/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el trece de septiembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, José Alejandro Contreras Benítez, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridad que enseguida se describen: Autoridades responsables: Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento en la ciudad de Zacatecas, licenciada Alejandra Vanesa Martínez Becerra. Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Imputado Desconocido de la Procuraduría General de Justicia del estado con sede en esta capital, licenciada Ivette Luna Flores. Actos reclamados: "A. DEL JUZGADO DE CONTROL Y TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO EN EL ESTADO DE ZACATECAS POR CONDUCTO DE LA C. JUEZA LICENCIADA ALEJANDRA VANESA MARTÍNEZ BECERRA, reclamo la inexacta aplicación de la ley y clara violación de mis garantías individuales de lo cual originó una resolución pronunciada en mi perjuicio en fecha 24 de agosto del año 2017, por el JUZGADO DE CONTROL Y TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, bajo el número de IMPUGNACIÓN 31/2017, lo anterior derivado de la determinación que realiza la LICENCIADA IVETTE LUNA FLORES, Agente del Ministerio Publico de la Unidad Especializada en investigación de imputado desconocido, dentro de la carpeta de investigación número CUI: 2705 UEIMPDES/ZAC-I, del Distrito Judicial de la Capital, todo lo anterior quedó plasmado dentro del C. D de audio y video correspondiente, mismo que se anexa para debida constancia, teniendo como notificación de la sentencia en fecha VEINTICUATRO (24) de AGOSTO del año dos mil diecisiete (2017). B. De la LICENCIADA IVETTE LUNA FLORES, Agente del Ministerio Publico de la Unidad Especializada en investigación de imputado desconocido, de la Procuraduría General de Justicia de la Capital, reclamo las omisiones realizadas en su investigación, por una inexacta aplicación de la ley y que originaron, una determinación que me fue notificada en fecha diez de julio del año 2017, DONDE SE ABSTIENE DE INVESTIGAR LA PRESENTE CARPETA de investigación número CUI: 2705 UEIMPDES/ZAC-I, del Distrito Judicial de la Capital, todo lo anterior quedó plasmado dentro del C.D de audio y video correspondiente, mismo que se anexa para debida constancia, de lo cual originó una impugnación y de ahí se generó una resolución pronunciada en mi perjuicio en fecha 24 de agosto del año 2017, por el JUZGADO DE CONTROL Y TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, bajo el número de IMPUGNACION 31/2017.". Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, en proveído de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, se ordenó su registro bajo el expediente 809/2017 y se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que por derecho corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró conforme al acta que antecede, y que forma parte integral de la presente resolución; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que las autoridades responsables residen en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: De la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la capital: a) La resolución de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, dictada en la carpeta de impugnación 31/2017, por la que ratificó la determinación de la agente del Ministerio Publico de la Unidad Especializada en investigación de imputado desconocido, de abstenerse de investigar los hechos denunciados por el aquí quejoso. De la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Imputado Desconocido de la Procuraduría General de Justicia del estado: b) La determinación que le fue notificada al quejoso el diez de julio de dos mil diecisiete en la cual, la propia agente del ministerio público se abstiene de investigar en la carpeta número CUI: 2705 UEIMPDESI/ZAC-I. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado de la autoridad responsable jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la capital, toda vez que así lo manifestó en forma expresa en su informe con justificación (foja 20). Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia número 305, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 206, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte, el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Imputado Desconocido número IV, niega el acto que se le atribuye, porque aduce que el quejoso no encuadra en la hipótesis a que se refiere el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que no tiene la calidad de ofendido ni víctima; sin embargo, del contenido de su propio informe y principalmente de las constancias que al mismo acompañó, consistentes en copias certificadas del legajo de investigación CUI: 2705 UEIMPDESI/ZAC-I, se desprende su existencia, dado que en ellas obra la resolución de abstención de investigación que se le reclama, la cual es de veintiséis de junio de dos mil diecisiete. En consecuencia, se tiene como cierto el acto de que se trata. Además, la existencia de los actos reclamados de las autoridades responsables de que se trata, se corrobora con las constancias remitidas por la juez responsable en apoyo a su informe de ley, consistentes en copia certificada del audio y video (DVD) de la audiencia celebrada el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, así como con las diversas copias, también certificadas, que al mismo acompañó, particularmente de la transcripción de la resolución que ratifica la determinación del Ministerio Público, de la misma fecha, asimismo, con constancias relativas a la carpeta de investigación CUI: 2705 UEIMPDESI/ZAC-I, que en fotocopia certificada remitió el agente del ministerio público responsable con su respectivo informe. Documentales, tanto la consistente en el formato DVD, que se considera como tal, como las copias certificadas antes mencionadas, a las que se otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Se cita como sustento, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, tesis 226, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, respecto al formato DVD, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, de rubro y texto. "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.- En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." En consecuencia, se encuentra acreditada la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. " En el caso, por lo que se refiere al acto reclamado consistente en la determinación de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, por la que la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Imputado Desconocido de la Procuraduría General de Justicia del estado, se abstiene de investigar en la carpeta número CUI: 2705 UEIMPDESI/ZAC-I; este Juez Federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; .". De las constancias relativas a la carpeta de investigación CUI: 2705 UEIMPDESI/ZAC-I, que en fotocopia certificada remitió el agente del ministerio público responsable, las que ya fueron valoradas en párrafos precedentes, se advierte que el veintiséis de junio del año próximo pasado, dicha autoridad emitió determinación de abstención de investigación que se le reclama (fojas 448 a 469 del legajo en mención), asimismo, que mediante escrito presentado el catorce de julio del año en cita, ante el juez de Control y Enjuiciamiento en esta capital, el ahora quejoso compareció para impugnar la anterior determinación (471 del legajo), la que se tuvo por presentada el primero de agosto siguiente, y una vez que se designó asesor jurídico al amparista, en la fecha que se había señalado para el desahogo de la audiencia respectiva, veinticuatro de agosto en cita, se dictó la resolución de impugnación de resolución por la que se resolvió mantener firme la determinación del ministerio público mediante la que decidió abstenerse de investigar los hechos denunciados por el impetrante del amparo. Lo cual, conlleva a concluir que a la fecha han cesado los efectos de la determinación reclamada a la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Imputado Desconocido de la Procuraduría General de Justicia del estado con sede en esta capital, licenciada Ivette Luna Flores, dado que la misma ha quedado procesal y jurídicamente sustituida por la determinación que emitió la citado juez responsable, al resolver la impugnación planteada por el aquí quejoso en contra de aquélla; en tales condiciones, en el presente juicio de amparo respecto del citado acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en los criterios de rubros y datos siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra la resolución impugnada en el juicio de garantías, se interpuso recurso al cual recayó nueva resolución, que vino a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la ley que lo reglamenta" . "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos" . En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia analizada, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, respecto del citado acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Al no existir diversa causa de improcedencia planteada por las partes, ni advertida de manera oficiosa por este órgano jurisdiccional se procede examinar el fondo del asunto, respecto al diverso acto reclamado que se hace consistir en la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, que se atribuye al juez responsable. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado consistente en la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, los cuales se desprenden del legajo de copias certificadas relativas a la carpeta de investigación número CUI: 2705 UEIMPDESI/ZAC-I, que la agente del ministerio público responsable remitió como justificación de sus actos, así como de las que la juez responsable acompañó a su informe respectivo. 1. El diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, se tuvo por recibida en la Agencia del Ministerio Público adscrita al Módulo de Atención Temprana de la Procuraduría General de Justicia del Estado, denuncia presentada por el ahora quejoso José Alejandro Contreras Benitez, por hechos probablemente constitutivos del delito de robo, la que fue turnada a la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Imputado Desconocido, por lo que se inició carpeta de investigación número CUI: 2705 UEIMPDESI/ZAC-I, (fojas 2 a 3 y 4 del legajo relativo a la carpeta de investigación). 2. Una vez que se recibieron los datos de prueba correspondientes, el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, se emitió determinación de abstención de investigación, la que fue notificada al impetrante del amparo el diez de julio siguiente) (fojas 448 a 458 del legajo). 3. Inconforme con la anterior determinación, mediante escrito recibido en el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de la Capital, el catorce de julio del año próximo pasado, el peticionario del amparo impugnó dicha determinación, a cuyo ocurso recayó acuerdo de uno de agosto del propio año, por el que se le tuvo por presentada la impugnación y además se le requirió para que designara un asesor jurídico que lo representara, apercibiéndolo que de no hacerlo, o no estar en condiciones de designarlo, se le designaría uno de la comisión Estatal Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Estado de Zacatecas (fojas 471 y 472 del legajo en mención). 4. En relación con el anterior requerimiento, mediante escrito presentado por el quejoso ante el mencionado juez responsable, el nueve de agosto de dos mil diecisiete, le hizo saber que no se encontraba en condiciones de contratar los servicios de un abogado particular, por lo cual, en acuerdo de diez siguiente, dicha juez ordenó girar oficio al licenciado Everardo Ramírez Aguayo, comisionado Ejecutivo de Atención Integral a Víctimas del Estado de Zacatecas, solicitándole designara un asesor jurídico al impugnante, y además le hizo saber que la audiencia de impugnación de determinación ministerial estaba señalada para las trece horas del veinticuatro de agosto en cita; oficio que fue recibido en la comisión respectiva el quince del propio mes, según se aprecia del sello de recibido (fojas 21 a 23 de autos). 5. En atención al mencionado oficio, por diverso comunicado del citado quince de agosto, el comisionado Ejecutivo de Atención Integral a Víctimas del Estado de Zacatecas, propuso como asesor jurídico del ahora quejoso, al licenciado Jesús Even García Villalobos, del que proporcionó domicilio y correo electrónico, asimismo autorizó a los diversos profesionistas que al efecto mencionó (foja 24 de autos). 6. El veinticuatro de agosto antes citado, se llevó a cabo la audiencia relativa a la impugnación de determinación ministerial, la que concluyó con la resolución correspondiente, por la que la jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de la Capital, determinó que se mantenía firme la diversa del agente del ministerio público de veintiséis de junio de la anualidad pasada, mediante la cual decidió abstenerse de investigar los hechos que denunció el ahora quejoso, la que se contiene en el disco digital remitido por dicha juez responsable, y que también puede apreciarse de la transcripción certificada que obra a fojas de la 27 a la 28 de los presentes autos. La resolución anterior constituye el acto reclamado. SEXTO. No se transcriben los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, sin demérito de que para cumplir con los principios de exhaustividad y congruencia en las sentencias se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hacen valer en la demanda de amparo. Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, visible en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época; que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Análisis de los conceptos de violación. Aun suplidos en su queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, son infundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, los cuales como se aprecia del contexto integral de la demanda, se hacen consistir en: a) La resolución reclamada viola en su perjuicio la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, dado que en la audiencia de impugnación relativa, la juez de control insistió en continuar el curso normal de la misma, aun cuando de viva voz el asesor jurídico que se le había designado manifestó no encontrarse impuesto del contenido de la carpeta de investigación, es decir, omitió aplazar dicha audiencia por el termino de ley, con lo que generó una deficiente exposición de agravios, transgrediendo también los artículos 110 y 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales. b) Se le vulnera el artículo 16 de la Constitución General de la república, porque la decisión de la juzgadora responsable es incongruente e infundada, debido a que el procedimiento que presidió a la resolución reclamada se encuentra colmado de deficiencias procesales que condujeron a la responsable a hacer una valoración incorrecta del contenido de autos. De los antecedentes narrados, así como de la reproducción del audio y video que en formato DVD remitió la responsable, se advierte, que los conceptos de violación expresados por el quejoso, resultan infundados. En efecto, por lo que se refiere al sintetizado en el inciso a), se considera infundado en atención a que contrario a lo que manifiesta el quejoso, la resolución reclamada no se advierte violatoria del 14 constitucional, ya que en primer término, se otorgó garantía de audiencia al ahora quejoso, dado que la audiencia de impugnación se llevó a cabo precisamente porque interpuso el recurso correspondiente en contra de la determinación del ministerio público de abstención de investigación. En segundo término, atendiendo a la manifestación que realizó en el sentido de que no se encontraba en condiciones de contratar los servicios de un abogado particular, se ordenó girar oficio al comisionado Ejecutivo de Atención Integral a Víctimas del Estado de Zacatecas, solicitándole designara un asesor jurídico al impugnante, y además, se le informó la fecha y hora señaladas para la audiencia de impugnación respectiva, por lo cual, dicho comisionado propuso como asesor jurídico al licenciado Jesús Even García Villalobos, quien fue el que compareció a la propia audiencia; circunstancias éstas que se desprenden de los antecedentes narrados en párrafos precedentes. Por otra parte, si bien es cierto que el profesionista antes mencionado, en la referida audiencia manifestó no encontrarse impuesto del contenido de la carpeta de investigación, circunstancia que también hizo notar el ahora quejoso, previo a continuar con la audiencia, la juez responsable preguntó, primero al amparista, si era su deseo designar diverso asesor jurídico, a lo que contestó afirmativamente, indicando que sería uno particular, proporcionando el nombre de una abogada así como su domicilio, sin embargo, atendiendo a que la responsable le indicó que debía presentarse ese mismo día para continuar con la audiencia de mérito, el quejoso dijo que no era posible, porque su abogada se encontraba fuera de la ciudad, y que por ello solicitaba fuera diferida para días posteriores, dado que tampoco él había sido notificado. Al respecto, la mencionada responsable le señaló que no era posible el diferimiento solicitado, porque dicho impugnante ya había sido notificado el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, en su domicilio ubicado en Antonio Narro 103, Colonia Agronómica Uno, por conducto del oficial notificador de ese juzgado, quien le dejó la notificación respectiva a través de instructivo, asimismo, que el asesor jurídico había quedado notificado desde que se remitió al licenciado Everardo Ramírez Aguayo, comisionado Ejecutivo de Atención Integral a Víctimas del Estado de Zacatecas, el oficio por el que se le solicitó la designación relativa por así haberlo solicitado el aquí quejoso, siendo que fue precisamente al licenciado Jesús Even García Villalobos, a quien propuso en primer término, dado que también señaló a otros profesionistas. Y, en razón de lo anterior, preguntó al asesor jurídico designado si estaba en posibilidad de imponerse de la carpeta y de cuánto tiempo requería para ello, habiendo contestado que de una hora, por lo que concedió un receso de ese tiempo para reanudar la audiencia. Además, precisó, que no se vulneraban los derechos humanos del impugnante a que se refiere la fracción I, inciso C) del artículo 20 constitucional, porque al no estar en posibilidad de designar asesor particular, se encontraba representado por el mencionado asesor jurídico que le había sido asignado. Así pues, además de no vulnerarse los derechos humanos que adujo la responsable, tampoco se transgredieron los artículos 110 y 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues por lo que se refiere al primero, se cumplió cabalmente, ya que al no estar en posibilidad el impetrante del amparo de designar un Asesor jurídico, se le designó uno de uno de oficio, y en cuanto al segundo, no es aplicable al peticionario del amparo, dado que compareció como víctima u ofendido al proceso penal del que emana el acto reclamado y el artículo 121 se refiere a la garantía de la defensa técnica que tiene el imputado, pues en su párrafo primero establece que siempre que el órgano jurisdiccional advierta que existe una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del defensor, prevendrá al imputado para que designe otro. Por tanto, conforme a lo expuesto, es inexacto lo manifestado por el amparista en el sentido de que la juez de control insistió en continuar el curso normal de la audiencia de impugnación, pues ésta se suspendió por una hora a efecto de que el asesor jurídico que le había sido asignado estuviera en posibilidad de imponerse de la carpeta de investigación, sin que la hubiera aplazado por algunos días como lo pretendía el quejoso por las razones que de manera acertada le expuso, es decir, que habían sido debidamente notificados con anticipación a la fecha de la celebración de la aludida audiencia tanto el impugnante como su asesor jurídico. Además, como se aprecia de la reproducción del audio video remitido por la responsable, no existió deficiencia en la exposición de agravios realizada por el asesor jurídico del impetrante del amparo, dado que combatió los argumentos del ministerio público en que apoyó su resolución impugnada y adujo que no se encontraba integrada totalmente la carpeta de investigación, porque si bien el impugnante no había exhibido las facturas correspondientes a los muebles que se utilizaban para trabajos dentales en el consultorio que le subarrendaban a su hermano, ya fallecido, tampoco la esposa del arrendatario las aportó, asimismo, que la contadora que le llevaba la contabilidad al hermano del denunciante, no había hecho entrega de los documentos con que ella contaba respecto a la propiedad del instrumental médico, por lo que solicitaban se revocara la determinación de la agente del ministerio público para que reanudara la investigación, además, el promovente del amparo, por lo cual, si la determinación que resolvió la impugnación se emitió en el sentido de que se mantenía firme la determinación del ministerio público por la que decidió abstenerse de investigar los hechos denunciados por dicho amparista, se debió a diversos motivos, como se verá más adelante. Lo que significa que, como se asentó en párrafos que anteceden, el concepto de violación a que se alude es infundado. Es de igual forma infundado el concepto de violación enunciado en el inciso b), ya que la resolución reclamada se encuentra fundada y motivada, pues en ella se citan los artículos que la autoridad responsable consideró aplicables, 1, 20, fracción I, 108, 253 y 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales; 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado del Estado; y, 317 del Código Penal del Estado. Asimismo, la autoridad responsable expresa las razones por las que resolvió en los términos ya precisados, pues aduce que el mencionado código adjetivo establece que la persona que puede presentar la solicitud de audiencia para impugnar la determinación del ministerio público debe ser la víctima, lo que así se advierte del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que la víctima u ofendido podrán impugnar la resolución de abstención de investigación del agente del ministerio Público ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. Además, para establecer si el denunciante tiene el carácter de víctima, y por lo tanto, está facultado para promover la impugnación, tomó en consideración lo siguiente: - Los hechos denunciados por el aquí quejoso se hacen consistir en que el hermano de éste, quien en vida llevó el nombre de José Antonio Contreras Benitez, compartía un consultorio dental con diverso dentista de nombre Pedro Vega Rábago, el cual arrendaba este último a Alfredo Alvarado Gómez y a su vez el primero subarrendaba al hermano del denunciante; que en dicho consultorio se encontraban algunos muebles e instrumentos que formaban parte del equipo dental que utilizaba el mencionado José Antonio Contreras Benitez, y que refiere el ahora quejoso eran propiedad del mismo, los que señala que, por haber fallecido primero su hermano y tiempo después Pedro Vega Rábago, fueron sacados del consultorio por la esposa de este último, sin que le hubiera informado al respecto, no obstante que el impugnante había hablado con ella en relación a los muebles que correspondían a su hermano y estuvo de acuerdo en su existencia, pues solamente le informó que se debía cierta cantidad de dinero por concepto de renta. - Respecto al consultorio, Alfredo Alvarado Gómez confirmó lo del arrendamiento, por ser el arrendador y por ello la responsable tuvo por cierto el hecho que denunció el impetrante del amparo en ese sentido. - Existe juicio sucesorio testamentario 230/2016 a bienes de José Antonio Contreras Benitez, denunciado por su hermano, ahora quejoso, en el que se estableció que éste es el albacea y único heredero, pero esa calidad la tiene solamente respecto de una casa habitación, una motocicleta y un automóvil, pues no se denunciaron los instrumentos dentales a que hace referencia en su denuncia. En atención a ello, la juez responsable indicó que el amparista no tiene la calidad de víctima en los hechos denunciados, por no haber acreditado ser el único heredero de los instrumentos dentales aludidos, para lo cual se apoyó en el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales que en lo que aquí interesa establece: "Artículo 108. Víctima u ofendido Para los efectos de este Código, se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Asimismo, se considerará ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito". Y, en base a lo anterior, concluye que aún en el supuesto de que se hubiera llevado a cabo el delito denunciado por el impetrante del amparo, es decir, robo calificado, dicho quejoso no tiene calidad de víctima, por lo que no está facultado para promover el recurso de imputación de determinación ministerial, asimismo, que si bien es cierto se le notificó la determinación de abstención de impugnación, ello se debió a que fue la persona que denunció, pero solamente la víctima tiene facultad para ocurrir ante el órgano jurisdiccional a recurrir dicha decisión ministerial, calidad que no tiene hasta ese momento el amparista. Asimismo señaló, que de las constancias existentes en la carpeta de investigación no se puede establecer que el hecho denunciado se ajuste a lo establecido en el artículo 317 del Código Penal del Estado que es el que prevé el delito de robo, ni algún otro ilícito, asimismo, que en caso de que el promovente del amparo tuviera derechos sobre el instrumental médico de su hermano, en su denuncia adujo que celebró contrato de mutuo con el médico que compartía el consultorio con su hermano, cuyo hecho es de materia civil y no penal. Circunstancia esta última que así se desprende de la denuncia presentada por el ahora quejoso, como se aprecia de la foja dos vuelta del legajo remitido por la agente del ministerio público, pues aunque dice que no acordaron alguna cantidad por la renta y tampoco le entregó ninguna por dicho concepto, de igual forma, que posteriormente le propuso que le vendiera dicho equipo, lo cierto es que admitió que habían celebrado dicho convenio. De ahí que, como ya se dijo, la resolución reclamada si se encuentra fundada y motivada, sin que por otra parte, de lo expuesto se aprecie incongruencia ni deficiencia alguna, ya que además, se estima que la fundamentación y motivación se encuentran apegadas a derecho, pues de las constancias que integran la carpeta de investigación a que se ha hecho alusión, no se advierte la existencia de dato alguno del que se desprenda que el peticionario del amparo sea el propietario de los instrumentos dentales materia de los hechos denunciados, ni siquiera que tenga sobre ellos el carácter de único heredero, y que por tanto, haya resentido directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta que denunció como delictiva, por lo que, como lo precisó la responsable, no puede ser considerado víctima del delito. Así pues, no evidenciado a la luz de los conceptos de violación examinados, que la resolución emitida en el recurso de impugnación interpuesto por el quejoso contra la determinación de abstención de investigación ministerial, viole en su perjuicio derecho fundamental alguno, ni advertida, como ya quedó precisado, queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo809/2017, promovido por José Alejandro Contreras Benitez, respecto de la abstención de investigación dictada por la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Imputado Desconocido de la Procuraduría General de Justicia del estado con sede en esta capital, licenciada Ivette Luna Flores, en términos del considerando cuarto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Alejandro Contreras Benitez, contra el acto reclamado de la Juez de Control del distrito judicial de la capital, por los motivos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese; y personalmente al quejoso. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de María Concepción García Jacobo, Secretaria con quien actúa, hoy veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe.
- Principal
El licenciado Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre CERTIFICA: Que se encuentran señaladas las nueve horas con cuarenta minutos del día de hoy once de octubre de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional; y con la circunstancia de que en esta fecha la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Imputado Desconocido Número IV, residente en esta ciudad, rinde su informe justificado. Lo que asienta para los efectos legales conducentes. Conste. El secretario En once de octubre de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez con el pedimento y oficio registrados bajo los folios 13578 y 13585, así como con la certificación que antecede.- Conste. Zacatecas, Zacatecas, once de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el pedimento de cuenta signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación nuevamente en la audiencia constitucional; asimismo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, una vez que se dicte la resolución respectiva, expídase la copia que solicita, lo anterior previa toma de razón y recibo que se deje en autos. Por otra parte, glósese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Imputado Desconocido Número IV, residente en esta ciudad; con su contenido, dese vista a las partes para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifiesten lo que a su interés convenga. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, ténganse como pruebas de su parte la copia certificada de las constancias que adjunta, mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la referida audiencia. Por último, para dar oportunidad a que las partes se impongan del contenido del comunicado de mérito, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González. DOY FE. Ángeles
- Principal
En nueve de octubre de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta al Juez con el oficio registrado bajo el folio 13403. Conste. Zacatecas, Zacatecas, nueve de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese al sumario para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta que remite la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido y por las razones que expone, a efecto de no retardar la pronta y expedita impartición de justicia a que alude el artículo 17 de la Carta Magna, mediante oficio que derive del presente proveído y copia certificada que se anexe a éste del escrito de demanda promovido por el quejoso José Alejandro Contreras Benítez, emplácese al licenciado Manuel Zapata Arroyo Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación de Imputado Desconocido, residente en esta ciudad, que tuvo intervención en la impugnación de determinación ministerial 31/2017, del índice de la oficiante; haciéndosele saber que se encuentran señaladas las nueve horas con cuarenta minutos del once de octubre del presente año para el desahogo de la audiencia constitucional, para que si es su deseo, ofrezca pruebas y formule alegatos. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Ángeles
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