José Alejandro Constantino Pérez

Expediente 843/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
843/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
01/06/2023

Partes del expediente

  • José Alejandro Constantino Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, uno de junio de dos mil veintitrés. Visto; el escrito signado por Verónica Campos Escobar, en su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, con residencia en esta ciudad, por medio del cual solicita la devolución del instrumento notarial que se anexó a su escrito inicial de la demanda, autorizando para recibirla a las personas que menciona. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el escrito de cuenta. En atención a su contenido, no ha lugar a devolver el documento que solicita, hasta en tanto quede firme el auto solicita veintinueve de mayo del año en curso, en el que se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  2. Principal

    Vistos: I. El libelo de cuenta suscrito por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Chico, Chiapas, por medio del cual informa las gestiones que se encuentra realizando para lograr el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Asimismo, comunica que en cesión de cabildo de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en el punto Tercero, por unanimidad de votos, el cabildo autorizó la ejecución de pagos parciales a diversos laudo laborales, incluido el presente expediente, por el monto de ********************, mismo que está contemplado en el dictamen de egresos dos mil veintitrés. II. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Segunda Secretaria de Acuerdos de Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática, con sede en esta ciudad, por medio del cual realiza diversas manifestaciones respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Asimismo, entre otras cosas, comunica que ordenó enviar exhorto al Juez del Ramo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tapachula, Chiapas para que en compañía de la parte actora, lleve a cabo la diligencia de cumplimiento de los puntos resolutivos séptimo, octavo, décimo primero, duodécimo y décimo tercero, del laudo de diecisiete de enero de dos mil trece. Al efecto, se acuerda. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2, glósense a los autos para que obren como correspondan el escrito y oficio de cuenta. Téngase a las autoridades oficiantes por hechas sus manifestaciones en el sentido en que las realizan, mismas que se tienen en vías de cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  3. Principal

    Vista; la demanda de amparo promovida por ********************por propio derecho, contra actos del Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad. TRÁMITE. Fórmese expediente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 843/2023-II. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO. La formación del expediente físico relativo al juicio de amparo, y en su caso, al incidente de suspensión que derive del mismo, únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones, etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." Se instruye a la Secretaria del Juzgado adscrita, que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes, a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes, al Oficial Judicial A y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA De la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente el auto de doce de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral ********************del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática, en el que se ordenó archivar el expediente como asunto total y definitivamente concluido, por lo que refiere al aquí quejoso. Dicho lo anterior, conviene precisar que el juicio de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, tal como se encuentra previsto en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 170 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: (. )" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito." De acuerdo con los preceptos transcritos, corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito conocer del juicio de amparo directo promovido contra resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales judiciales; luego, si la parte quejosa señala como acto reclamado el proveído de doce de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral ********************del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática, en el que se ordenó archivar el expediente laboral como asunto total y definitivamente concluido por lo que refiere a al aquí quejoso, es inconcuso que dicho acto es materia de amparo directo, pues sin decidirlo en lo principal dicha determinación da por concluido el juicio natural. Tiene aplicación por analogía la jurisprudencia 2a./J. 19/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, página 126, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA FISCAL DE NULIDAD. EL AMPARO DIRECTO PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO QUE LA TIENE POR NO PRESENTADA. Conforme al Código Fiscal de la Federación, el auto del magistrado instructor que tiene por no presentada la demanda de nulidad es de aquellos a que se refiere el artículo 46 de la Ley de Amparo, pues si bien no decide el juicio en lo principal, lo da por concluido. Por tanto, procede el amparo directo en su contra, de conformidad con los artículos 107, fracción V, de la Constitución General de la República, así como 44 y 158 de la ley en cita, en sus textos reformados y vigentes a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho; ello en atención a la economía procesal, que es el elemento determinante de las reformas de que se trata, lo que resulta explicable porque cuando no se requieren pruebas no allegadas a la autoridad responsable para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto procesal proveniente de tribunales administrativos, no se justifica la promoción de un amparo que admite hasta dos instancias y supone la celebración de una audiencia con plazos para el ofrecimiento y desahogo de pruebas. Además, la circunstancia de que sea un magistrado y no la Sala quien resuelva tener por no interpuesta la demanda, no significa que el acto no provenga de un tribunal; lo que sucede es que el Tribunal Fiscal de la Federación se compone de diversos órganos para realizar su función de administrar justicia, a saber: La Sala Superior, las Salas Regionales y los magistrados instructores, los cuales actúan de acuerdo con sus respectivas esferas de competencia, pero, en cada caso, los actos proceden del indicado tribunal administrativo, independientemente del órgano que los emita. Tribunal no significa necesariamente órgano colegiado, sino órgano de administración de justicia, y eso es precisamente lo que encarnan los magistrados instructores cuando deciden unitariamente las cuestiones jurídicas que la ley les encomienda." De igual manera es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 87/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 56, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE LA DESECHA PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, constitucional; 44, 46, tercer párrafo, y 158 de la Ley de Amparo, se desprenden los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia de los órganos jurisdiccionales a los que corresponde resolverlo. Esta Suprema Corte de Justicia ha estimado, en reiteradas ocasiones, que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, atendiendo a las reformas constitucionales y legales del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda laboral, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que en su contra procede el amparo directo, porque las pruebas para analizar la constitucionalidad del acto deben obrar en el expediente de la responsable y, por ello, no se justifica el trámite de un juicio que admite dos instancias y una audiencia que prevé el periodo de pruebas, atentando contra los principios de economía procesal y celeridad en la administración de justicia." Dicho en otras palabras, se actualiza la competencia del presente asunto a favor del Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Vigésimo Circuito en Turno, con sede en esta ciudad, conforme a lo dispuesto en los artículos 34, 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo; ante lo cual, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal para conocer de este juicio de amparo. Sin que esta determinación prejuzgue acerca de la procedencia de algún medio ordinario de defensa, pues será en su caso, el tribunal colegiado correspondiente será el que determine si se observó o no la definitividad a la cual está obligado el quejoso. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 95, Décima Época, registro IUS 2008791, de rubro y texto siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." En esas condiciones, sin resolver sobre su admisión y en obvio de mayores dilaciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, el original del escrito de demanda con sus respectivas copias, para que determine conforme con sus atribuciones lo que en derecho corresponda; en tal virtud, fórmese cuadernillo de antecedentes, hágase las anotaciones en el libro de gobierno, y solicítese el acuse de recibo correspondiente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta; y, como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala, por haberlo solicitado dado que se trata de la parte trabajadora en el juicio principal. Se toma conocimiento respeto al correo electrónico y número telefónico que señala, para entablar comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.

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