José Alejandro Centeno Vargas
Expediente 993/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 993/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- José Alejandro Centeno Vargas
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, treinta de septiembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que el auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo, no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; en tales condiciones, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, DICHO AUTO CAUSA ESTADO. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción I, y, 21 inciso d), acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo en el que se DESECHÓ la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, se procederá en términos del ante penúltimo párrafo del citado artículo 21. ANOTACIONES EN CARÁTULA Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad. SIN OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES Así mismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.
- Principal
Puebla, Puebla, nueve de septiembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Jorge Pedro Guzmán Jiménez, Defensor Público Federal de José Alejandro Centeno Vargas, contra los actos de Milton Moctezuma Vega, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Puebla, con la correspondiente firma electrónica. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 993/2022. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDADe la lectura de los antecedentes de la demanda de amparo y respecto del acto que aquí se reclama, es indudable que la resolución aquí controvertida la constituye la determinación de dieciséis de agosto a través de la cual el juez responsable negó la prórroga del plazo de investigación complementaria solicitada por el quejoso. En ese sentido, se hace patente que quien promueve la demanda de amparo a favor del quejoso directo, pretende al instar el presente sumario a efecto de lograr una sentencia restitutoria cuyos efectos sean la prórroga de la etapa de investigación complementaria con el fin de recabar datos de prueba útiles a la defensa del imputado. Precisado lo anterior, se advierte que bajo ese contexto, la demanda de amparo propuesta por la defensa del aquí quejoso resulta improcedente; lo anterior con fundamento por lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b) constitucional, mismos que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.) De los preceptos legales citados se advierte la hipótesis que prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto solo respecto de actos emitidos fuera de juicio cuando sus efectos sean de imposible reparación. Al respecto, resultan ilustrativas las consideraciones emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 6/2021, en la cual sustancialmente sostuvo que por regla general es improcedente el juicio de amparo indirecto derivado de un proceso penal acusatorio, en contra de la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia del proceso penal acusatorio. En la ejecutoria respectiva, la Sala sostuvo: "(.) 73. En ese contexto, el proceso penal acusatorio regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales se estructura básicamente de tres etapas principales que suceden unas a otras de manera interdependiente, esto es, etapa de investigación, fase intermedia y etapa de juicio oral o plenario. El iter probatorio o camino de la prueba, se desenvuelve en este marco secuencial de las etapas procesales y contribuye a la creación procesal del andamiaje para el sustento del juicio oral -a través de la creación de los elementos de prueba-. Los actos que trascienden a ese camino procesal por regla general permanecen en ese plano, y así es como deben ser entendidos para el estudio de la procedencia del amparo indirecto. 74. Esta Primera Sala de la Suprema Corte ya se ha pronunciado en relación con el objetivo de cada una de las etapas. Esto es, en la etapa inicial, de investigación preliminar y complementaria, se realizan diligencias de investigación para obtener fuentes o datos de prueba con la finalidad de develar lo ocurrido en los hechos que se investigan y así sustentar el ejercicio de la acción penal. Datos de prueba que si bien es cierto no tienen valor probatorio para efectos de emisión de sentencia (de conformidad con el artículo 20, apartado A. fracción tercera, de la Constitución Federal), sí son ponderadas para tomar diversas decisiones de continuidad y de adopción de medidas a lo largo del procedimiento. Asimismo, son datos que, con el paso de las etapas del proceso, pueden mutar a pruebas susceptibles de ser valoradas por el Juez de juicio oral. 75. La etapa intermedia o de preparación a juicio oral, se verifica ante el Juez de Control y tiene por objeto conocer la acusación, ofrecer y admitir o rechazar los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos y la determinación del daño causado por el delito que será materia del juicio oral. El desarrollo de esta etapa también se divide en dos partes, una escrita, que iniciará con la presentación de la acusación y comprenderá los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda es oral, que inicia con la celebración de esa audiencia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio oral. (.) 78. La última de las etapas que configuran el proceso es la etapa de juicio oral. Ésta, de conformidad con el artículo 348 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene por objeto que las partes desplieguen sus actuaciones tendentes a lograr el convencimiento del Juez, para que este se encuentre en posición de emitir un fallo en favor de quien despliega dicha actuación. Será en esta etapa del proceso que el Juez valore el material probatorio y resuelva sobre la causa con base en las actuaciones de las partes -sus teorías del caso- que consistirán en la fijación de las afirmaciones y pretensiones iniciales, la práctica probatoria (desahogo de las pruebas), así como la fijación de los alegatos finales establecidos por las partes. 79. En ese sentido, es posible advertir que cada una de las etapas descritas cumple con un objetivo dentro del proceso penal, y tanto la etapa inicial como la intermedia, fuera de sus objetivos secundarios, tiene como finalidad principal construir la estructura para la celebración de la etapa de juicio oral. 80. Dicho de otra manera, si la etapa inicial e intermedia son preparatorias para el buen conducir de la etapa de juicio, bajo esa premisa, los datos de prueba (etapa de investigación) y los medios de prueba (etapa intermedia), en relación con el juicio oral, constituyen una preparación a lo que será valorado como prueba. Esto se traduce a que conforme avanza el iter probatorio o camino de la prueba se construye el plexo probatorio que será empleado por las partes para la defensa de sus posicionamientos y por el órgano jurisdiccional para la libre y lógica valoración y adopción de una postura respecto al cumplimiento del estándar probatorio requerido. 81. Será ese universo de pruebas, creado a partir de la admisión y exclusión de medios de prueba, junto con los acuerdos probatorios, y demás pruebas que excepcionalmente puedan ser introducidas en juicio, el que constituirá la materia prima sobre la cual las partes podrán sostener su teoría del caso (fáctica, probatoria y jurídica) y realizar los actos procesales propios de la audiencia de debate: afirmar, probar y alegar, incluyendo los alegatos de apertura y de clausura. (.) 87. De esa manera es posible comprender que por regla general, la creación del plexo probatorio, mediante la exclusión y admisión de medios de prueba dista de ser un acto de imposible reparación; pues sobre este aún falta que se lleve a cabo un ejercicio de contradicción y deliberativo que podrá o no ser favorable a las partes, pero será hasta el momento de la valoración probatoria que se afecte la esfera jurídica del quejoso, a través del ejercicio argumentativo que realicen las partes, y valorativo que genere el órgano jurisdiccional sobre la totalidad del cúmulo probatorio. 88. En ese sentido, el auto de apertura a juicio en relación con la exclusión de medios de prueba forma parte de esa construcción, misma que resulta ahora claro que no compone un producto final en el proceso penal con trascendencia en la esfera jurídica del imputado, sino que su posible afectación queda sujeta a una condición suspensiva: la valoración en el juicio oral y, por tanto, existe en un plano puramente procedimental. 89. En ese tenor, una posible violación a los principios informadores de la prueba(24) en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. (.)" Lo transcrito de dicha ejecutoria evidencia que la sala en cita estableció que cada una de las etapas del proceso penal construyen la estructura para celebrar la etapa de juicio oral; por tanto, los datos de prueba y los medios de prueba constituyen una preparación a lo que será valorado como prueba, para la defensa de su posición, conforme a su teoría del caso. Por tanto, sostuvo la sala, por regla general, la creación del plexo probatorio, mediante la exclusión y admisión de medios de prueba dista de ser un acto de imposible reparación, porque está pendiente de llevar a cabo sobre el mismo, un ejercicio de contradicción y deliberativo que podrá o no ser favorable a las partes, pero será hasta el momento de la valoración probatoria que se afecte la esfera jurídica del quejoso. En ese contexto, conforme al relato de la demanda de amparo se advierte que constituye el acto reclamado la resolución que se dictó en la audiencia celebrada el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, por el que el juez de control negó la prórroga del plazo de investigación complementaria dentro de la carpeta judicial administrativa 759/2022 del índice del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. Esto, porque como ya se precisó, la pretensión del imputado y su defensa en el presente juicio de amparo, es ampliar el plazo de investigación, a fin de recabar datos de prueba útiles a la defensa del imputado. En ese sentido, la materia que subyace en la resolución reclamada, atiende a la obtención de medios de prueba útiles para la teoría del caso de la defensa, lo cual no acontecerá por el sentido de tal resolución reclamada al juez de control responsable, es decir, la negativa de ampliar el plazo de investigación. Sin embargo, tal situación no genera alguna afectación irreparable a la parte quejosa, como parte del proceso penal de origen la actuación de la autoridad responsable, en tanto que -siguiendo lo establecido por la Primer Sala del máximo tribunal del país- esa trascendencia únicamente podría revelarse a través del ejercicio argumentativo que realicen las partes, y valorativo que genere el órgano jurisdiccional sobre la totalidad del cúmulo probatorio. Esto es, la imposibilidad generada para ampliar el plazo de investigación y que impacta en la falta del desahogo de la prueba pericial en dactiloscopia, grafoscopia y caligrafía e informes, que de cualquier forma contribuye a la construcción del plexo probatorio no compone un producto final en el proceso penal con trascendencia en la esfera jurídica del imputado, sino que su posible afectación queda sujeta a una condición suspensiva: la valoración en el juicio oral y, por tanto, existe en un plano puramente procedimental. Tal circunstancia lleva a afirmar que cualquier posible violación a los principios que informan la prueba, torna improcedente la demanda de amparo indirecto, pues, por las razones expuestas, no se está en presencia de un acto fuera de juicio que pueda considerase de imposible reparación, en tanto que tales transgresiones no van más allá de un plano adjetivo quedando supeditada su transcendencia en el proceso penal a un estadio posterior. Sin que la sola emisión del acto reclamado implique una violación a derechos fundamentales relacionados con la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones del imputado; pues de ninguna manera se advierte alguna afectación real, actual o inminente a tales derechos. Lo aquí considerado tiene sustento en la jurisprudencia que derivó de la Contradicción de Tesis antes citada, de rubro: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO." Lo que además se robustece con el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver la Queja 28/2018, cuya ejecutoria dio origen a la tesis con datos de identificación, rubro y texto siguiente: RESOLUCIÓN QUE DESECHA POR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL ACUERDO QUE DECLARA EL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. AL TRATARSE DE UN ACTO INTRAPROCESAL QUE NO VIOLA DERECHOS SUSTANTIVOS, EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Si bien la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo establece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cierto es que esa hipótesis no se surte cuando se señala como acto reclamado la resolución que desechó por improcedente el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, interpuesto contra el acuerdo que declaró el cierre de la investigación complementaria, ante la falta de desahogo de pruebas ofrecidas por la defensa del imputado, porque dicho acto no causa de inmediato una situación de imposible reparación y su trascendencia sería posterior, por lo que se trata de una infracción meramente adjetiva o intraprocesal, que no afecta ningún derecho sustantivo del quejoso, en virtud de que en el caso de que ese proceder fuese ilegal o transcendiera al resultado del fallo, podría reclamarla en amparo directo. Máxime que, a través del amparo directo excepcionalmente pueden analizarse violaciones cometidas en etapas previas a la del juicio oral, siempre que hayan sido motivo de debate en la audiencia de juicio oral y se haya generado contradicción entre las partes, lo que hace patente que el acto reclamado solo tiene efectos sobre derechos procesales y no sustantivos. Apoya lo anterior, la tesis de rubro siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS EN ETAPAS PREVIAS A LA DEL JUICIO ORAL QUE PUEDEN SER MATERIA DE ANÁLISIS EN AMPARO DIRECTO. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 173, APARTADO B, DE LA LEY DE AMPARO." En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b) constitucional, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee respecto del acto reclamado consistente en la resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, por la que el juez de control negó la prórroga del plazo de investigación complementaria dentro de la carpeta judicial administrativa 759/2022 del índice del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. ACCESO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Como lo solicita la parte promovente, y con fundamento en los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, y 57 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno Del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se autoriza notificación electrónica de aquellos proveídos que se ordenen notificar personalmente, y por ende la consulta del expediente electrónico a través del usuario DPF_Guzman; por tanto, con fundamento en los artículos 77 y 78 del Acuerdo General Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que regula los servicios relativos a la transmisión electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado, proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO EN SU LUGAR DE RECLUSIÓN Ahora bien, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Puebla, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la ley de Amparo, se ordena pasar los autos a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este juzgado a fin de notificarle de manera personal, el presente proveído, en el lugar de su reclusión. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.
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