José Alejandro Amador González Rivadeneyra

Expediente 1148/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1148/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
20/01/2021

Partes del expediente

  • José Alejandro Amador González Rivadeneyra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinte de enero de dos mil veintiuno. Juzgado de Distrito acepta competencia. El Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, informa que aceptó la competencia declinada en su favor y acusa recibo del oficio por el que se remitieron los autos originales del juicio de amparo 1148/2020-VII. Se toma conocimiento. Archivo. En consecuencia, al no existir diligencias que realizar archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente cuaderno de antecedentes, una vez transcurridos seis meses de su archivo, ya que en el juicio se declinó competencia en razón de materia; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), fracción I, del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: I. Expedientes auxiliares: a) Cuadernos de antecedentes; (...)". Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del cuaderno de antecedentes para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto en el que se declinó la competencia para conocer del presente asuntos y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, doce de enero de dos mil veintiuno. Covid-19. La pandemia derivada del virus SARS-CoV2, que ocasiona la enfermedad denominada Covid-19, continúa activa y en aumento. Consejo de la Judicatura Federal. El CJF ha emitido diversos Acuerdos mediante los cuales ha adoptado medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general; procurado, en la medida de lo posible, que los órganos jurisdiccionales continúen prestando el servicio público de impartición de justicia en modalidades de trabajo a distancia, en línea, con guardias y con jornadas de trabajo restringidas en horario y personal. Acuerdo General 13/2020 del CJF. En el Acuerdo General 13/2020, el Pleno del CJF adoptó un esquema de trabajo y medidas de contingencia, en el que sólo se recibían, tramitaban y resolvían asuntos urgentes y en línea; asimismo, se resolvían aquellos asuntos tramitados en físico que ya estuviesen radicados y sólo faltase dictar la sentencia; quedando suspendidos los plazos y términos para los casos restantes. Acuerdo General 21/2020 del CJF. En el Acuerdo General 21/2020 el Pleno del CJF dispuso la reanudación de los plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2; con efectos a partir del tres de agosto de dos mil veinte. Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 del CJF. A través de los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, respectivamente, el Pleno del CJF amplió en dos ocasiones la temporalidad del 21/2020, quedando vigente la reanudación de los plazos y el esquema de trabajo escalonado con horario y personal reducidos hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno. Circular CAP/3/2020. A través de la Circular CAP/3/2020, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó medidas especiales vigentes del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; en particular, el regreso al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; es decir, sólo para atender los casos urgentes, en línea y físicos listos para fallar y se volvieron a suspender los plazos para el resto de casos. Circular SECNO/1/2021. Finalmente, a través de la Circular SECNO/1/2021, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó nuevas medidas en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana, considerando la incidencia de contagios por la emergencia sanitaria. En particular, se dispuso: a. Que las medidas estarían vigentes del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno; b. Que en la Ciudad de México (Primer Circuito), el Estado de México (Segundo Circuito), Morelos (Decimoctavo Circuito), Guanajuato (Decimosexto Circuito) y Baja California (Decimoquinto Circuito), continúa el esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; y, c. Que en el resto de los Circuitos Judiciales (entre ellos el Sexto: Puebla), el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales sería el Acuerdo General 21/2020; esto es, el relativo que reanuda plazos y dispone el regreso escalonado en los órganos. Reanudación. En consecuencia, procede la reanudación del presente asunto, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, prorrogado en su vigencia por los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; y, la Circular SECNO/1/2021, que establece las medidas vigentes del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno. En esa medida, se reanuda el procedimiento de este juicio de amparo indirecto. En el entendido que dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el procedimiento se reanuda en el punto en que quedó pausado. Audiencia constitucional. Se señalan las CATORCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO para la celebración de la audiencia constitucional. Exhorto para mejorar comunicación. Conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, se solicita a las partes que a la brevedad proporcionen un correo electrónico y un número telefónico, a través de los cuales se establecerá un canal de comunicación directa -no procesal-. Exhorto para seguir en juicio en línea. Igualmente, de conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, se exhorta a las partes para que, de ser posible, y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias, manifiesten si es su deseo continuar con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Notifíquese; por lista a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables locales y al Agente del Ministerio Público de la Federación; y por oficio y correo electrónico a la foránea .....

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, doce de enero de dos mil veintiuno. Covid-19. La pandemia derivada del virus SARS-CoV2, que ocasiona la enfermedad denominada Covid-19, continúa activa y en aumento. Consejo de la Judicatura Federal. El CJF ha emitido diversos Acuerdos mediante los cuales ha adoptado medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general; procurado, en la medida de lo posible, que los órganos jurisdiccionales continúen prestando el servicio público de impartición de justicia en modalidades de trabajo a distancia, en línea, con guardias y con jornadas de trabajo restringidas en horario y personal. Acuerdo General 13/2020 del CJF. En el Acuerdo General 13/2020, el Pleno del CJF adoptó un esquema de trabajo y medidas de contingencia, en el que sólo se recibían, tramitaban y resolvían asuntos urgentes y en línea; asimismo, se resolvían aquellos asuntos tramitados en físico que ya estuviesen radicados y sólo faltase dictar la sentencia; quedando suspendidos los plazos y términos para los casos restantes. Acuerdo General 21/2020 del CJF. En el Acuerdo General 21/2020 el Pleno del CJF dispuso la reanudación de los plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2; con efectos a partir del tres de agosto de dos mil veinte. Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 del CJF. A través de los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, respectivamente, el Pleno del CJF amplió en dos ocasiones la temporalidad del 21/2020, quedando vigente la reanudación de los plazos y el esquema de trabajo escalonado con horario y personal reducidos hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno. Circular CAP/3/2020. A través de la Circular CAP/3/2020, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó medidas especiales vigentes del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; en particular, el regreso al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; es decir, sólo para atender los casos urgentes, en línea y físicos listos para fallar y se volvieron a suspender los plazos para el resto de casos. Circular SECNO/1/2021. Finalmente, a través de la Circular SECNO/1/2021, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó nuevas medidas en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana, considerando la incidencia de contagios por la emergencia sanitaria. En particular, se dispuso: a. Que las medidas estarían vigentes del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno; b. Que en la Ciudad de México (Primer Circuito), el Estado de México (Segundo Circuito), Morelos (Decimoctavo Circuito), Guanajuato (Decimosexto Circuito) y Baja California (Decimoquinto Circuito), continúa el esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; y, c. Que en el resto de los Circuitos Judiciales (entre ellos el Sexto: Puebla), el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales sería el Acuerdo General 21/2020; esto es, el relativo que reanuda plazos y dispone el regreso escalonado en los órganos. Reanudación. En consecuencia, procede la reanudación del presente asunto, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, prorrogado en su vigencia por los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; y, la Circular SECNO/1/2021, que establece las medidas vigentes del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno. En esa medida, se reanuda el procedimiento de este juicio de amparo indirecto. En el entendido que dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el procedimiento se reanuda en el punto en que quedó pausado. Quejoso no desahoga prevención. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días concedido a la parte promovente en auto de dos de diciembre de dos mil veinte, sin que haya desahogado la prevención que se le formuló, a fin de que subsanara la irregularidad de su demanda de amparo y cumpliera con los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, se le hace efectivo el apercibimiento decretado, por lo que no se tienen como autoridades responsables a la Presidenta, Síndico y Secretaria General, todos del Municipio de Mazapiltepec de Juárez, Estado de Puebla y, por lo tanto, tampoco se puede estimar que se les reprocha acto reclamado alguno. Incompetencia por razón de materia. Ahora, con base en el estudio exhaustivo de la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: Parte quejosa. José Alejandro Amador González Rivadeneyra. Tercero interesado. No existe. Autoridades responsables. 1. Agente del Ministerio Público Investigador del municipio de Ciudad Serdán, Puebla. 2. Agente del Ministerio Público Investigador del municipio de San Salvador el Seco, Puebla. Acto reclamado. La integración de una carpeta de investigación en su contra por la probable comisión del delito de usurpación de funciones. Presupuesto procesal de competencia En primer término, es relevante destacar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentran obligadas las personas juzgadoras previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo se contravendrían las reglas fundamentales que norman el procedimiento. Las reglas de competencia de los Jueces y las Juezas de Distrito se encuentran en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 35, 37 y 48 de la ley de la materia, se analiza la competencia legal para conocer del asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. En efecto, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes, ya que no solamente es declarativa sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué juez o jueza es la competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución. Ahora, para que un juez o jueza tenga competencia respecto de un asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento con preferencia a los demás juzgados y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, la vía y el territorio. En específico, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, a saber: a. Competencia por territorio; b. Competencia por materia; c. Competencia por razón de la vía; y, d. Competencia auxiliar. En el caso concreto, este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por José Alejandro Amador González Rivadeneyra, por razón de materia como se evidencia a continuación. Debe puntualizarse que la competencia por razón de materia se dirige a procurar que en un órgano jurisdiccional se radiquen y ventilen asuntos de una rama del derecho determinada. De esa manera, en principio, se pretende que las y los operadores judiciales, al tener un mayor o cierto grado de especialización, posean un mayor dominio de temas específicos sobre la materia respectiva. Así se contribuye a la mejor resolución de los asuntos sometidos a su potestad, haciendo efectivo el mandato constitucional previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, relativo al derecho a la impartición de justicia pronta, completa e imparcial. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para delimitar la competencia por materia de los órganos jurisdiccionales especializados debe valorarse la naturaleza de los actos reclamados y, en su caso, de la autoridad responsable, pero no atender concretamente a los conceptos de violación. Lo anterior se sustentó en la ejecutoria emitida en el conflicto competencial 3/2007, que en la parte que interesa es del tenor siguiente: "CUARTO. Esta Segunda Sala considera que el órgano competente para conocer del recurso de queja aludido, es el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. En primer lugar, el punto jurídico controvertido materia del presente conflicto competencial, versa sobre la competencia por razón de la materia, por tanto se procederá a analizar sus aspectos generales. En este sentido, debe decirse que para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Ahora bien, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar el referente a la competencia por materia. La competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los magistrados adscritos a un tribunal especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate. Por regla general, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, entre otros, y que, a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, lo cual puede dar lugar a que se llegue a plantear un conflicto real de competencia de carácter negativo o positivo. Ahora bien, el ordenamiento que fija la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, tratándose del recurso de queja en un juicio de amparo, son los artículos 37, fracción III, y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que estatuyen: (.) De los anteriores artículos se advierte que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del recurso de queja previsto en las fracciones V a XI del artículo 95 de la Ley de Amparo; además, en caso de que en un circuito tales órganos jurisdiccionales estén especializados por materia, serán competentes, para conocer en los mismos supuestos, únicamente en la materia de su especialidad. Si bien la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no establece la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, sin embargo de los artículos 51, 52, 54 y 55 de ese ordenamiento, que establecen la competencia por materia de los Juzgados de Distrito, se advierten los lineamientos que el legislador tomó en cuenta para determinar la competencia por materia; tales normativos son del tenor siguiente: (.) De la interpretación de los citados artículos se advierte que para fijar la competencia por materia, el legislador tomó como base los siguientes criterios: a) La naturaleza del acto reclamado (artículos 51, 52, fracciones I, II y III, 54 y 55, fracciones I, II, y III). b) La naturaleza de la autoridad responsable (artículos 52, fracciones IV y V, y 55, fracción IV). Los criterios antes señalados justifican la especialidad por materia, pues, como se dijo con anterioridad, las determinaciones que se dicten en los juicios de amparo, en otros, requieren del conocimiento y de la experiencia de quienes se dedican, en forma preferente, a las diversas ramas del derecho y, por ese motivo, pueden ponderar en forma expedita y más autorizada las distintas soluciones en los casos concretos, buscando con ello dar cumplimiento al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que garantiza la prontitud y expeditez en la tramitación y fallo de los juicios. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados especializados, tratándose de recursos interpuestos contra resoluciones dictadas en un juicio de amparo indirecto, por analogía deben tomarse en cuenta tales criterios, pues donde existe la misma razón debe de existir la misma disposición; sin que para fijarla se tengan que atender los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no son un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas apreciadas por quien las realiza. Lo anterior es así, pues el hecho de que se aleguen violaciones a diversas materias en relación con los artículos constitucionales, no significa que el juicio de amparo sea de esa naturaleza, ya que la constitucionalidad del acto reclamado se analiza en relación con las disposiciones que lo rigen, las que determinan por consecuencia la materia. Sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que alegue el quejoso o recurrente, es decir, que sean éstos quienes la determinen, de acuerdo con lo que manifiesten, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado." Derivado de esas consideraciones, se emitió la jurisprudencia 2ª./J. 24/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado." Asimismo, para fijar la competencia de los jueces y las juezas de distrito, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece diversas reglas. En relación al criterio de la materia se hace referencia a los asuntos según cada especialización, y así se indican los concernientes a los: Jueces y juezas federales penales (artículos 50 a 50 ter); Jueces y juezas de distrito especializados para adolescentes (artículo 50 quater); Jueces y juezas de distrito de amparo en materia penal (artículo 51); Jueces y juezas de distrito en materia administrativa (artículo 52); Jueces y juezas de distrito civiles federales (artículo 53); Jueces y juezas de distrito mercantiles federales (artículo 53 bis); Jueces y juezas de distrito de amparo en materia civil (artículo 54); Jueces y juezas de distrito en materia de trabajo (artículo 55). Por otra parte, también se establece que los jueces o juezas de distrito sin jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos de ese capítulo sobre las atribuciones de las personas juzgadoras [artículo 48], supuesto en el cual quedan comprendidos los jueces y juezas de distrito de jurisdicción mixta; quienes, por tanto, tienen competencia para conocer de todos los asuntos, con independencia de la materia a la cual se refieran. Con base en lo expuesto, se advierte que para delimitar la competencia por razón de materia es necesario atender a; (i) la naturaleza del acto reclamado; o (i) a la naturaleza la de la autoridad responsable; y no a los conceptos de violación. En el caso en concreto, derivado del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la integración de una carpeta de investigación en su contra por la probable comisión del delito de usurpación de funciones, acto que atribuye a los agentes del Ministerio Público Investigadores de los municipios de Ciudad Serdán y de San Salvador El Seco, Puebla. Bajo este contexto, es oportuno esclarecer que aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que los Ministerios Públicos constituyen autoridades administrativas, también ha puntualizado que éstos pueden ejercer actos materialmente penales, en el supuesto de que sus actuaciones tengan lugar dentro de un proceso judicial por estar vinculadas con la persecución e investigación de delitos. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte ha especificado que si los actos o abstenciones de los Ministerios Públicos tienen relación con la actividad persecutoria de delitos, dado que derivan de una denuncia, querella o fueron motivados como parte de alguna indagatoria penal, entonces se estimará que su actividad es materialmente penal. En cambio, si emite actos no vinculados con la actividad persecutoria, éstos -por exclusión- se considerarán meramente administrativos, puesto que habrían sido desplegados por una autoridad de tal naturaleza en ejercicio de sus funciones o atribuciones públicas. Así, para determinar las características jurídicas de un acto, no debe atenderse solamente a la calidad que le reviste a la autoridad que lo emitió, sino a la naturaleza del propio acto, por lo que es indispensable verificar las disposiciones a que éste se sujeta para determinar la materia a la que corresponde. De modo que si el Ministerio Público es una autoridad administrativa, ello no significa que todos los actos que emita necesariamente tengan esa característica, pues en todo caso, como se dijo, debe atenderse a la naturaleza del propio acto. Como se señaló en líneas precedentes, el quejoso reclama la integración de una carpeta de investigación en su contra, la que posiblemente se tramita conforme a las reglas del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, lo cual no constituye un obstáculo para traer a colación los criterios referidos en donde la Primera Sala determinó la competencia de las juezas y los jueces de distrito para conocer de los juicios de amparo promovidos contra actos y omisiones realizados durante la integración de la averiguación previa. Ello se estima así, puesto que con independencia de que ese análisis se realizó bajo la óptica del anterior sistema de justicia penal, lo cierto es que ese pronunciamiento sigue siendo ilustrativo, en tanto resulta revelador de la naturaleza jurídica de los actos que realiza la autoridad ministerial durante la etapa de investigación. Además, de conformidad con la normativa constitucional reformada en junio de dos mil ocho, el Ministerio conserva, salvo en casos de excepción, la competencia para investigar los delitos, verificar la probable participación de los involucrados e instar la actuación judicial mediante la materialización de la acción penal. Por tanto, si en la especie el quejoso reclama la integración de una carpeta de investigación en su contra por la probable comisión del delito de usurpación de funciones, lo que atribuye a los agentes del Ministerio Público Investigadores de los municipios de Ciudad Serdán y de San Salvador El Seco, Puebla, resulta inconcuso que tal acto reclamado es de naturaleza penal, puesto que está relacionado con la actividad persecutoria de delitos, lo que denota que la función que se reprocha a los ministerios públicos responsables es también materialmente penal. Por lo tanto, se estima que para poder determinar si resulta ajustada a derecho la integración de la carpeta de investigación aducida por el quejoso, será necesario acudir a la interpretación de normas de carácter penal y, por ende, de conformidad con el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el órgano competente para conocer del juicio de amparo es un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal. En tales condiciones, este juzgado de distrito estima carecer de competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo promovido por .... En consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme, se ordena remitir la demanda al Juez o Jueza de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Puebla, en turno, a quien se estima competente para conocer de ella, por los motivos apuntados; solicitándole el acuse de recibo y, en su caso, informe si acepta o no la competencia planteada. No procede suspender el acto reclamado. El artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, establece que en el supuesto de que se presente una demanda de amparo ante un juez o jueza de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o jueza o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado. No obstante, se establece una excepción consistente en que si se tratan de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, entonces deberá realizarse el pronunciamiento respectivo sobre la suspensión de tales actos reclamados. En la especie, se declina la competencia sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión, porque no se reclama alguno de los actos de excepción. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dos de diciembre de dos mil veinte. Prevención. Vista la demanda de amparo presentada por ..., contra actos de la Presidenta Municipal de Mazapiltepec de Juárez, Estado de Puebla y otras autoridades. En consecuencia, fórmese expediente y regístrese bajo el número 1148/2020-VII. En principio, debe destacarse que el artículo 108 de la Ley de Amparo en vigor prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentra el establecido en la fracción IV, que dice: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; (.) Sentado lo anterior, de la lectura de la demanda de amparo se observa que el quejoso refiere reclamar la integración de una carpeta de investigación en su contra por el delito de usurpación de funciones, acto que atribuye a la Presidenta, Síndico y Secretaria General, todos del Municipio de Mazapiltepec de Juárez, Estado de Puebla, así como a los agentes del Ministerio Público Investigadores de los Municipios de Ciudad Serdán y de San Salvador El Seco, Puebla, como se observa de la siguiente transcripción. III. AUTORIDAD RESPONSABLE. La C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL Y SECRETARÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ PUEBLA, todos con domicilio bien conocido en el Palacio Municipal de dicha población. IV. AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADORES; Adscritos a los Municipios de Ciudad Serdán Y San Salvador el seco, ambos en el Estado de Puebla, con domicilio bien conocido en dichas poblaciones. IV. ACTO RECLAMADO. De las autoridades mencionadas en el inciso tres de este capítulo, la carpeta de investigación que me están integrando por el supuesto delito de USURPACIÓN DE FUNCIONES; y de las Autoridades mencionadas en el punto cuatro, la carpeta de investigación que me están integrando por diversos delitos, violando con dichas acciones mis derechos humanos que consagra la Carta Magna. [.] V. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Manifiesto a su SEÑORÍA que no existe motivo legal que justifique la integración de la carpeta en mi contra por los delitos de USURPACIÓN DE FUNCIONES DE AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO SUBALTERNO DE MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ PUEBLA, pues dicho cargo lo vengo desempeñando altruistamente, desde el DOCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL OCHO, HASTA LA PRESENTE FECHA; Lo anterior lo manifiesto por motivo de que a las 13 horas del día 11 de noviembre del año 2020, estando en mi oficina que ocupa la Agencia Subalterna de mi Municipio, llegó la secretaria general del Honorable Ayuntamiento de Mazapiltepec de Juárez y me dijo: Señor Alejandro González, ya platicamos la presidenta Municipal, el Síndico Municipal y yo de su situación y decidimos presentar una denuncia en su contra por USURPACIÓN DEL CARGO DE AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO SUBALTERNO, ya que nosotros somos los que decidimos quien desempeña ese empleo y Usted no será más subalterno; No me dejó ni hablar, retirándose de mi oficina; Es el caso de que a las 18 horas pasado meridiano de esa misma fecha, pasó una camioneta de fiscalía del estado a mi domicilio y fui informado por agentes ministeriales, que en Ciudad Serdán y en San Salvador el Seco, me estaban integrando una carpeta de investigación en cada una de dichas agencias y que pronto se ordenaría mi detención; Por ese motivo, me veo en la imperiosa necesidad de presentar la demanda que nos ocupa, pues como lo vengo manifestando, mi desempeño como subalterno de mi Municipio es ya de DOCE AÑOS ININTERRUMPIDAMENTE, por lo tanto es violatorio de mis derechos humanos, que se me esté molestando y amenazando con privarme de mi libertad, cuando mis superiores, no me han destituido de dicho empleo." Como se observa, el quejoso reclama la integración de una carpeta de investigación en su contra por el delito de usurpación de funciones, lo que atribuye tanto a las autoridades municipales que refiere, como a diversos agentes del ministerio público; sin embargo, de la relatoría que él mismo realiza al señalar los antecedentes del acto reclamado, precisa que la Presidenta, el Síndico y la Secretaria General, todos del Municipio de Mazapiltepec de Juárez, decidieron presentar la denuncia en su contra que habría dado lugar a la integración de la carpeta de investigación que reclama. Por tanto, existe incertidumbre sobre el acto que pretende reclamar a las autoridades municipales en comento, pues por una parte señala que aquellas interpusieron una denuncia penal en su contra y, por la otra, indica que también se encuentran integrando la carpeta de investigación correspondiente. Bajo este contexto, es relevante destacar que conforme a lo dispuesto en los artículos 91 y 100 de la Ley Orgánica Municipal, las citadas autoridades municipales no están facultadas para integrar carpetas de investigación con motivo de la probable comisión de delitos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, 110 y 114, fracción I de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación, realice lo siguiente: Especifique con claridad el acto que pretende reclamar a la Presidenta, Síndico y Secretaria General, todos del Municipio de Mazapiltepec de Juárez, Estado de Puebla, en el entendido que no son atribuciones de dichas autoridades municipales la integración de carpetas de investigación. De igual forma, con fundamento en el artículo 110 de la ley de la materia, se le requiere para que dentro del mismo plazo exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo requerido en el plazo señalado, no se tendrá como autoridades responsables a la Presidenta, Síndico y Secretaria General, todos del Municipio de Mazapiltepec de Juárez, Estado de Puebla, ni como acto reclamado el que les atribuye, por lo que se proveerá sobre la demanda únicamente por los actos y autoridades responsables restantes. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la justiciable. Autorizados. Se tiene por autorizado en los amplios términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo a ..., toda vez que tiene registrada cédula profesional que la acredita como licenciada en Derecho, en el en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Exhorto para mejorar comunicación. Por otra parte, en atención lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a fin de mejorar la comunicación -no procesal- con las partes en el presente juicio de amparo y aminorar cualquier riesgo sanitario para ellos y el personal judicial, se les solicita que a la brevedad proporcionen a este juzgado un correo electrónico y un número telefónico, a través de los cuales se pueda establecer un canal de comunicación directa. Exhorto para seguir en juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 22 y el diverso 28 del referido Acuerdo General, se aprecia que la propagación del virus SARS-CoV-2 ha hecho necesario que la mayor parte de personal de los órganos jurisdiccionales trabaje remotamente y, por ende, que el eje rector para el desarrollo de las actividades jurisdiccionales se haga preferentemente a través de medios digitales. En ese sentido, se exhorta a las partes para que, de ser posible, manifiesten si es su deseo optar por la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Para lo cual deberán cumplir con lo siguiente: Solicitar su continuación en su modalidad "en línea". Proporcionar el usuario mediante el cual podrán acceder a la consulta del expediente electrónico. Solicitar de manera expresa, la realización de las notificaciones por esa vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, es menester que observen lo siguiente: Para acceder al juicio en línea, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, es necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación o bien, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL") y se registren en el sistema. La firma electrónica se puede obtener mediante la aplicación web (App) del Consejo de la Judicatura Federal denominada "FIREL", disponible para sistemas Android o IOS, y para mayor información sobre cómo obtenerla, puede consultar el video tutorial disponible en su canal de Youtube, en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ac8PJvfpfGU Además, deberá indicar su NOMBRE, CORREO ELECTRÓNICO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN, crear un nombre de usuario y una contraseña, así como vincular al registro su firma electrónica, el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Lo anterior, a fin de que se encuentren en aptitud de presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del referido Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. ............ Notifíquese personalmente al quejoso.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 8,646 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano