José Alejandro Agustín Luna Lugo
Expediente 1526/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1526/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/11/2017
Partes del expediente
- José Alejandro Agustín Luna Lugo
Actuaciones
- Principal
. V I S T O el estado que guardan los autos se advierte que a la fecha ha transcurrido el término que con apoyo concede el artículo 98 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para que se interpusiera recurso de queja previsto por el precepto 97 fracción I, inciso a) de la Ley en cita, en contra del auto de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa; en consecuencia, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales, por lo que háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, del conocimiento de las partes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por tanto y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DESTRUCCIÓN, con fundamento en el artículo vigésimo primero fracción l del citado acuerdo por haberse desechado la demanda de amparo. En tal virtud, hágase saber a las partes que deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito....III
- Principal
Vista la demanda de garantías promovida por *****, contra actos del Departamento de Notificación, Cobranza e Inspección Fiscal de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, con fundamento en el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 1526/2017-III, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. El artículo 113 de la ley de la materia establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda, sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: 1.- Que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este causa sea manifiesta e indudable. Así, dicho precepto, autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio, lo que en la especie acontece, como más adelante se expone. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, página: 730: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De igual forma, es aplicable la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Sentado lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral; (.)." Y a ese respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para la actualización de dicha causal de improcedencia, es necesario que el contenido de la norma, acto o resolución reclamados sean de naturaleza electoral, pues en estos supuestos, tales actos están sujetos al control constitucional, esto es, mediante la acción de inconstitucionalidad -si se trata de normas generales- o bien, a través de los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o de la autoridad jurisdiccional electoral de la entidad federativa correspondiente -en el caso de actos o resoluciones de naturaleza electoral-. ACTO RECLAMADO Ahora, de la lectura integral de la demanda se desprende que la parte quejosa reclama esencialmente: La ejecución de la sentencia emitida en el procedimiento sancionador IEQ/PES/096/2012-P del índice del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Previamente, a efecto de dar claridad al sentido de la presente resolución conviene citar los antecedentes que refirió el promovente: El quejoso es parte demanda en el procedimiento especial sancionador electoral IEQ/PES/096/2012-P. En dicho procedimiento el siete de agosto de dos mil doce, se dictó resolución definitiva, en la cual, por lo que respecta al quejoso, se le impuso la sanción pecuniaria de $19,787.61 (diecinueve mil setecientos ochenta y siete pesos 61/100 m.n.). En contra de dicha determinación el aquí quejoso interpuso un medio de impugnación, aduciendo que hasta lo que él conoce, dicho procedimiento se encuentra suspendido. Finalmente, refiere que no obstante la suspensión en el aludido procedimiento, durante el mes de octubre del actual, la autoridad responsable ha estado buscándolo para ejecutar la sentencia definitiva. Siendo este el acto que se combate en eta vía de amparo. Ahora, la improcedencia manifiesta e indudable de la demanda de amparo que se analiza, se configura en razón de que los actos reclamados consistentes la ejecución de la sentencia emitida en el procedimiento sancionador IEQ/PES/096/2012-P del índice del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, provienen de una autoridad electoral, en el ámbito de sus funciones propias y exclusivas, por lo que los Juzgados de control constitucional, vía amparo, no pueden conocer de las controversias que con motivo de tales actos se susciten por virtud de dichos actos o resoluciones electorales. Enseguida, se abordará el marco jurídico: El artículo 94 de la Carta Magna, dispone: "Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito. Párrafo reformado DOF 31-12-1994, 22-08-1996, 11-06-1999 La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes. Párrafo adicionado DOF 11-06-1999 La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once Ministros y funcionará en Pleno o en Salas. Párrafo reformado DOF 31-12-1994 En los términos que la ley disponga las sesiones del Pleno y de las Salas serán públicas, y por excepción secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público. La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, así como las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece. Párrafo reformado DOF 22-08-1996 El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Párrafo reformado DOF 31-12-1994, 11-06-2013 Asimismo, mediante acuerdos generales establecerá Plenos de Circuito, atendiendo al número y especialización de los Tribunales Colegiados que pertenezcan a cada Circuito. Las leyes determinarán su integración y funcionamiento. Párrafo adicionado DOF 06-06-2011 El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así como remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquéllos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados. Párrafo reformado DOF 31-12-1994, 11-06-1999, 06-06-2011 Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se substanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso, a través de su presidente, o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno, justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público, en los términos de lo dispuesto por las leyes reglamentarias. Párrafo adicionado DOF 06-06-2011 La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los Plenos de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución. Párrafo reformado DOF 06-06-2011 La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo. Párrafo reformado DOF 31-12-1994, 22-08-1996 Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo quince años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un haber por retiro. Párrafo reformado DOF 31-12-1994, 06-06-2011 Ninguna persona que haya sido ministro podrá ser nombrada para un nuevo periodo, salvo que hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino. Párrafo adicionado DOF 31-12-1994. Reformado DOF 06-06-2011 Artículo reformado DOF 20-08-1928, 15-12-1934, 21-09-1944, 19-02-1951. Fe de erratas DOF 14-03-1951. Reformado DOF 25-10-1967, 28-12-1982, 10-08-1987". Por su parte, el artículo 103 constitucional establece: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y Fracción reformada DOF 29-01-2016 III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. Fracción reformada DOF 29-01-2016 Artículo reformado DOF 31-12-1994, 06-06-2011." Además, el artículo 107 de la propia Constitución Federal en cita, establece, en esencia, los lineamientos sobre aspectos diversos del juicio de amparo, ya que prevé: el principio de que el juicio de amparo solo puede promoverse por la parte agraviada; los principios básicos relativos a los efectos de la sentencia y suplencia de la deficiencia de la queja; los lineamientos esenciales del juicio de amparo contra sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al proceso; el hecho de que las resoluciones en materia de amparo directo o de una sola instancia que pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, no admiten recurso, salvo los casos en los cuales decida sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal; contiene las bases de la segunda forma procesal que puede adoptar el juicio de amparo, que es la doble instancia; regula las bases de la providencia precautoria o cautelar del juicio de amparo; los principios esenciales de la participación de los Tribunales y los Jueces locales en el conocimiento del juicio de amparo; regula la intervención del Procurador General de la República o del Agente del Ministerio Público como parte en todos los juicios de amparo; y establece la hipótesis de la rebeldía de la autoridad contra la cual se otorga el amparo para cumplir con el fallo protector. De dichos numerales se desprende que el Juez de Distrito tendrá competencia para conocer del juicio de amparo, en las hipótesis que se precisan. A su vez, el artículo 99 constitucional dispone: "Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento. La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años. Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: I. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores; II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior. Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes. La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos. III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales; IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos; V.- Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables; solución de conflictos previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables; VI. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores; VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores; Fracción reformada DOF 10-02-2014 VIII. La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral a partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que infrinjan las disposiciones de esta Constitución y las leyes; Fracción reformada DOF 10-02-2014 IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución; a las normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de actos anticipados de precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que correspondan, y Fracción adicionada DOF 10-02-2014 X. Las demás que señale la ley. Fracción recorrida DOF 10-02-2014 Las salas del Tribunal Electoral harán uso de los medios de apremio necesarios para hacer cumplir de manera expedita sus sentencias y resoluciones, en los términos que fije la ley. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto de esta Constitución, y dicha tesis pueda ser contradictoria con una sostenida por las salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de los Ministros, las salas o las partes, podrán denunciar la contradicción en los términos que señale la ley, para que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en definitiva cuál tesis debe prevalecer. Las resoluciones que se dicten en este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos. La organización del Tribunal, la competencia de las salas, los procedimientos para la resolución de los asuntos de su competencia, así como los mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia obligatorios en la materia, serán los que determinen esta Constitución y las leyes. La Sala Superior podrá, de oficio, a petición de parte o de alguna de las salas regionales, atraer los juicios de que conozcan éstas; asimismo, podrá enviar los asuntos de su competencia a las salas regionales para su conocimiento y resolución. La ley señalará las reglas y los procedimientos para el ejercicio de tales facultades. La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponderán, en los términos que señale la ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura Federal, que se integrará por el Presidente del Tribunal Electoral, quien la presidirá; un Magistrado Electoral de la Sala Superior designado por insaculación; y tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal propondrá su presupuesto al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el Tribunal expedirá su Reglamento Interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento. Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley. Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo nueve años improrrogables. Las renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados Electorales de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en los términos del artículo 98 de esta Constitución. Los Magistrados Electorales que integren las salas regionales deberán satisfacer los requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para ser Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán en su encargo nueve años improrrogables, salvo si son promovidos a cargos superiores. En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo Magistrado por el tiempo restante al del nombramiento original. El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones aplicables al Poder Judicial de la Federación y a las reglas especiales y excepciones que señale la ley. Artículo reformado DOF 20-08-1928, 31-12-1994, 22-08-1996, 27-09-2007, 13-11-2007 También es conveniente mencionar que el diverso precepto 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dispone: "Artículo 186.- En los términos de lo dispuesto por los artículos 41, Base VI; 60, párrafos segundo y tercero y 99, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral, de conformidad con lo que señalen la propia Constitución y las leyes aplicables, es competente para: Párrafo reformado DOF 01-07-2008 I.- Resolver, en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones sobre las elecciones federales de diputados y senadores; II.- Resolver, en una sola instancia y en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Una vez resueltas las que se hubieren interpuesto, la Sala Superior, a más tardar el 6 de septiembre del año de la elección, realizará el cómputo final, procediendo a formular la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos. La declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo formulada por la Sala Superior, se notificará a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el mes de septiembre del año de la elección, a efecto de que esta última expida y publique de inmediato el Bando Solemne a que se refiere la fracción I del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Párrafo reformado DOF 01-07-2008 Las Salas del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; Párrafo adicionado DOF 01-07-2008 III.- Resolver, en forma definitiva e inatacable, las controversias que se susciten por: a) Actos y resoluciones de la autoridad electoral federal distintos a los señalados en las fracciones I y II anteriores, que violen normas constitucionales o legales; b) Actos y resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes para organizar, calificar o resolver las impugnaciones en los procesos electorales de las entidades federativas, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando se viole algún precepto establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios electos; c) Actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar y ser votado en las elecciones populares, asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, siempre y cuando se hubiesen reunido los requisitos constitucionales y los que se señalen en las leyes para su ejercicio; d) Conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral y sus servidores; e) Conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores; f) Conflictos concernientes a impedimentos presentados contra los magistrados; Inciso adicionado DOF 01-07-2008 g) Impugnaciones contra los actos del Consejo General, del Consejero Presidente o de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, y Inciso adicionado DOF 01-07-2008. Reformado DOF 23-05-2014 h) Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución; a las normas sobre propaganda política electoral, así como por la realización de actos anticipados de precampaña o campaña, e imponer las sanciones que correspondan. Inciso adicionado DOF 23-05-2014 IV.- Fijar jurisprudencia en los términos de los artículos 232 al 235 de esta ley; V.- Resolver, en forma definitiva e inatacable, sobre la determinación e imposición de sanciones en la materia; VI.- Elaborar anualmente el proyecto de su Presupuesto y proponerlo al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el del Poder Judicial de la Federación; VII.- Expedir su Reglamento Interno y los acuerdos generales necesarios para su adecuado funcionamiento; VIII.- Desarrollar directamente o por conducto del Centro de Capacitación Judicial Electoral, tareas de formación, investigación, capacitación y difusión en la materia; IX.- Conducir las relaciones con otros tribunales electorales, autoridades e instituciones, nacionales e internacionales, y X.- Las demás que le señalen las leyes. Artículo adicionado DOF 22-11-1996". De los transcritos numerales se desprende que los Juzgados de Distrito conocen, vía amparo, de actos y leyes de autoridades que transgredan derechos fundamentales de los gobernados; que el Tribunal Electoral conocerá de controversias e impugnaciones derivadas de actos o resoluciones electorales, y los actos emanados de autoridades electorales federales, en ejercicio de sus funciones, deberán ser impugnados y recurridos ante los tribunales que en materia electoral se encuentran establecidos con base en las anteriores disposiciones. Asimismo, queda demostrado de las anteriores trascripciones que, los Jueces de Distrito no pueden conocer de demandas de amparo que se interpongan en contra de actos de naturaleza electoral, pues de hacerlo estarían invadiendo la jurisdicción que la propia Carta Magna otorgó a los tribunales electorales. Se afirma lo anterior, ya que de acuerdo a los artículos 94, 103, 107 y del primer párrafo del artículo 99 de la Constitución Federal, se desprende que el ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposita, además de otros órganos, en el Tribunal Electoral y en los Juzgados de Distrito; a éstos se les otorga competencia de acuerdo con lo establecido en los preceptos 103 y 107 constitucionales y demás conducentes de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, por otra parte, se le dio competencia al Tribunal Electoral, para ser la máxima autoridad jurisdiccional en esa materia, y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, lo que dio lugar a que en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se estableciera claramente su competencia, en el numeral 186, ya invocado. Se invoca en apoyo a lo anterior, en lo que cabe, la tesis aislada P. LXXX/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza a foja 27, del Tomo XI, Junio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE APLICACIÓN DE LEYES ELECTORALES QUE CONTENGAN NORMAS EN MATERIA DE TRABAJO O QUE SE REFIERAN A CONFLICTOS LABORALES QUE SE SUSCITEN ENTRE DICHO ÓRGANO Y SUS SERVIDORES. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 99, fracciones III, VI y VIII, y párrafo quinto, de la Constitución Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el órgano encargado de resolver en forma definitiva e inatacable, entre otros conflictos, las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal que, en lo general, violen normas constitucionales o legales, además de tener competencia no sólo para conocer de los conflictos o diferencias laborales que surjan entre dicho tribunal o el Instituto Federal Electoral y sus servidores, sino también sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución, o sobre la interpretación de algún precepto constitucional. En estas condiciones, los actos de aplicación de leyes electorales que, como el artículo 169, inciso g), párrafo I, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, contengan normas en materia de trabajo o que se refieran a conflictos o diferencias laborales que se presenten entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores, no pueden ser examinados dentro del juicio de amparo, en virtud de que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo, pues existe un régimen especial establecido para la resolución de tales cuestiones ante la Sala Superior del Tribunal Electoral." De igual manera, por las razones que contiene aplicables al caso, se cita la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito. Consultable a foja 244, del Tomo XI, Junio de 1993, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "CONSTITUCION, REFORMA A LA. AMPARO IMPROCEDENTE. Una vez aprobada alguna reforma o adición a la Constitución General de la República por el llamado poder reformador o constituyente permanente, que lo conforman el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, conforme al artículo 135 de la Carta Magna, pasa aquella reforma a formar parte del texto mismo de la ley fundamental, que es la norma suprema de toda la Unión, en términos del artículo 133; y como tal norma nunca puede ser inconstitucional, sólo deberá ser corregida la existencia de alguna eventual reforma que se estime contraria al espíritu del constituyente de Querétaro, por medio de otra reforma y por el órgano de referencia. Sostener lo contrario, sería tanto como admitir que un poder constituido, como lo es el Judicial de la Federación, asumiera funciones de poder constituyente. Además, el juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por el artículo 103 constitucional, sólo procede contra leyes secundarias o actos de autoridad (constituida) que vulneren o restrinjan garantías individuales y es evidente que la ley suprema no puede, constitucionalmente hablando, vulnerar las garantías individuales que ella misma establece." Finalmente, conviene señalar lo que el artículo 41, fracción VI, de la Carta Magna, establece: ".VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución. Luego, es evidente que ese aspecto atañe exclusivamente a la materia electoral, en cuanto a que los actos que se reclaman, se atribuyen a autoridades en esa materia y su actuación es con base en la aplicación de las normas que la rigen. Se estima así, porque acorde con el orden constitucional y atendiendo a la propia naturaleza y objeto del juicio de amparo, la improcedencia de este último surgirá, por este particular y preciso motivo, cuando se reclamen actos o resoluciones cuyo contenido material sea eminentemente electoral; y solo de manera excepcional podrán combatirse a través de ese juicio los actos de autoridad aludidos, cuando se vinculen en sentido estricto con la posible violación a los derechos fundamentales, siempre que no atañan estrictamente a la materia electoral. Bajo ese contexto, se estima que la ejecución de la sentencia dictada en el procedimiento sancionador IEQ/PES/096/2012-P del índice del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, evidentemente deriva de actos materialmente electorales, pues con independencia de que quien la ejecuta es el Director de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, dichos actos son desplegados por ésta con motivo de lo resuelto en el referido procedimiento, es decir, la sanción pecuniaria impuesta al quejoso por infracciones a leyes electorales (actos de campaña electoral), deriva de cuestiones electorales; de ahí que los actos de ejecución de los que se duele el impetrante de amparo, no se pueden combatir en la presente vía. Sustenta a lo dicho, la tesis I.12o.A.15 A, emitida por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, Tomo XV, Marzo de 2002, materia administrativa, número de registro 187580, visible en el la página 1315, que dice: "CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SUS DECISIONES SOBRE FINANCIAMIENTO DE AGRUPACIONES O PARTIDOS POLÍTICOS NO SON SUSCEPTIBLES DE SER IMPUGNADAS MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO, POR PERTENECER A LA MATERIA ELECTORAL. No está a discusión la índole del Consejo General del Instituto Federal Electoral, pero es pertinente acotar la naturaleza de la materia sobre la que recaen algunas de sus resoluciones. En este orden de ideas, sería erróneo acoger la apreciación que pretende circunscribir la materia electoral a la elección, remoción o suspensión de algún funcionario, pues aunque es cierto que la materia electoral abarca los procesos tendientes a la renovación de los titulares de los órganos públicos sujetos a elección popular, también lo es que dicha materia es mucho más amplia. Ello es así, por dos razones fundamentales: en primer lugar, porque aunque la actividad electoral alcanza su culminación en los comicios, no se reduce a éstos, pues las votaciones para elegir autoridades no podrían llevarse a efecto sin una vasta serie de actividades que se desarrollan antes y después de las jornadas electorales. En segundo lugar, porque los procesos electorales son sólo una especie de un género más amplio que es la actividad política, la cual tiene en las elecciones una de sus manifestaciones más importantes, pero no la única, pues se desarrolla de manera permanente, y no sólo en relación con los comicios, sino en el vasto campo de la actividad política, esto es, la multifacética participación de los gobernados en la cosa pública. En este contexto, es claro que el financiamiento de las agrupaciones y los partidos políticos constituye una materia eminentemente electoral, pues atiende a las fuentes de los recursos que permiten a esas entidades públicas desarrollar sus actividades políticas y electorales. Tan es así, que las bases de la normatividad que rige esta materia aparecen en el capítulo I del título segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que trata "De la soberanía nacional y de la forma de gobierno", y que en lo conducente señala: "Artículo 41. ... I. Los partidos políticos son entidades de interés público; ... II. ... La ley fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus campañas electorales; establecerá los montos máximos que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y asimismo, señalará las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones. ...". Luego, si en el origen del caso se encuentra un procedimiento de investigación sobre aportaciones a un partido político nacional; si una queja relacionada con dicho procedimiento es promovida por un partido político nacional y una organización política, y es presentada ante una autoridad eminentemente electoral como es el Consejo General del Instituto Federal Electoral, es indudable que la resolución dictada por dicho órgano al resolverla constituye un acto de autoridad electoral emitido en ejercicio de funciones establecidas en la legislación electoral, lo que veda a los tribunales de amparo conocer de un juicio de garantías intentado en su contra, en términos de la fracción VII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que indica que el juicio de garantías no procede contra las resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral." Así como la tesis I.15o.A.135 A, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, Tomo XXX, Julio de 2009, materia administrativa, número de registro 166932, visible en el la página 1941, que dice: "INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO SUSTANCIADO POR ESE ÓRGANO AUTÓNOMO, DADO QUE TIENEN UNA NATURALEZA FORMAL Y MATERIALMENTE ELECTORAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL QUINCE DE ENERO DE DOS MIL OCHO). La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para que se actualice la improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, no basta que la norma o acto reclamado se contenga en una ley o código cuya denominación o contenido sea electoral, o que la resolución relativa provenga de una autoridad de esa misma naturaleza, sino que es necesario que su contenido verse sobre procesos de elección popular, en relación con el ejercicio de los derechos político-electorales, o bien, se vinculen directa o indirectamente con tales procesos o puedan influir en ellos, pues el juicio constitucional procede, excepcionalmente, contra normas contenidas en ordenamientos de carácter electoral o contra resoluciones de autoridades en esa materia cuando se estimen violatorias de algún derecho fundamental, pero siempre que el examen se limite a esa cuestión y no implique el análisis de los aspectos electorales, los involucre o pueda influir en éstos. Ahora bien, del examen de la iniciativa de ley que culminó con la expedición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado el catorce de enero de dos mil ocho en el Diario Oficial de la Federación, en relación con el procedimiento sancionador ordinario previsto en los artículos 361, 362, 363, 364, 365 y 366 de ese mismo ordenamiento legal, se desprende que sus normas son de naturaleza estrictamente electoral, porque están dirigidas a regular las actuaciones tanto de ciudadanos, ya sean personas físicas o morales, como de agrupaciones políticas o sus simpatizantes, durante la celebración de los procesos electorales o en sus etapas de preparación, con el objeto de evitar violaciones a sus disposiciones o a las demás legislaciones de la materia. Por consiguiente, si en un juicio de amparo se reclaman actos emanados de aquel procedimiento, como son los requerimientos de información y documentación que realiza la Secretaría del Consejo General del Instituto Federal Electoral a particulares con el objeto de allegarse de elementos de convicción para determinar la responsabilidad o no de los denunciados por cometer una infracción a las disposiciones de la materia, es patente que se surte la causa de inejercitabilidad de la acción constitucional, toda vez que tales actos tienen una naturaleza formal y materialmente electoral; pues son emitidos dentro de un procedimiento administrativo encaminado a sancionar el eventual incumplimiento a las obligaciones y restricciones de índole electoral y, además, la información requerida se vincula con la investigación correspondiente, principalmente, a efecto de acreditar que los denunciados cometieron actos u omisiones que influyen en la libre decisión de los gobernados a elegir al partido político o candidato que estimen conveniente." De igual forma, la jurisprudencia 2a./J.61/2011, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal." Sentado lo anterior, si la parte quejosa acude a demandar el amparo en contra de actos emanados de una autoridad electoral, es evidente que la demanda de amparo de cuenta resulta improcedente, ya que se actualiza de manera fehaciente e indudable, las causales contenidas en el invocado numeral 61, fracciones XV y XXIII, de la Ley de Amparo, esta última en relación con los artículos 41, 94, 103 y 107, así como el 99 de la Constitución General de la República y 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo que conlleva a desechar de plano la demanda que se provee, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Da vigor a lo dicho, la jurisprudencia que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época) DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere, y, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, en relación con el 24 de la misma ley, se tiene por autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse en autos a la persona que refiere. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En otro aspecto, en el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 73 fracción II en relación con el 120 ambos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos, salvo los considerados sensibles. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Estas promociones exclusivamente son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Y, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma la licenciada Ma. Guadalupe Xicoténcatl Pérez, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, encargada del Despacho por licencia del Titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio SEPLE./GEN.003/5621/2017 de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, emitido por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, asistida del Secretario de Acuerdos Asdrúbal Vargas Romero, quien autoriza y da fe. Zeus* El Secretario Asdrúbal Vargas Romero, certifica que debido al cúmulo de labores de este Órgano Jurisdiccional este acuerdo se dicta después de las quince horas del día de la fecha. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 13,534 expedientes
- José Alberto Rosas González77/2015
- José Alberto Rosendo Espinoza71/2015
- José Alberto Sánchez Izaguirre223/2018
- José Alberto Vargas Ramos511/2015
- JOSÉ ALCANTARA PEÑA y Otros.358/2014
- José Aldo Vera Barrios62/2018
- José Alejandro Briones Peñaloza65/2021
- José Alejandro Briones Peñaloza836/2018
- José Alejandro Briones Peñaloza391/2018
- José Alejandro Briones Peñaloza1213/2023
- José Alejandro Briones Peñaloza362/2019
- José Alejandro Briones Peñaloza1275/2018