José Aldo Bugarín Torres

Expediente 2036/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2036/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
18/03/2022

Partes del expediente

  • José Aldo Bugarín Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Se declara que el auto de diez de febrero de dos mil veintidós que declaró cumplido el fallo protector ha causado estado. Archívese el expediente en el que se actúa como asunto concluido. Se estima que este expediente es depurable.

  2. Principal

    Se concluye que dicho fallo se encuentra cumplido en su totalidad.

  3. Principal

    Agréguense a los autos el comunicado y anexo presentados por el Secretario General la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. Informa cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Se tiene al ente público responsable remitiendo -en cumplimiento al fallo protector- copia certificada de la actuación siguiente: Acuerdo de uno de febrero de dos mil veintidós, emitido en el juicio laboral burocrático 2183/2015-E1, de su estadística, en el que se dejaron insubsistentes la hora y fecha programadas para la práctica de la diligencia de reinstalación del actor; y, en su lugar, se fijaron las nueve horas con treinta minutos del diecisiete de febrero próximo, para su desahogo. En consecuencia, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, con el comunicado y anexo de cuenta se ordena dar vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento relativo. En el entendido que transcurrido el plazo otorgado -con desahogo de la vista o sin ella- con apoyo en el arábigo 196 de la ley reglamentaria, este Juzgado Federal resolverá si la sentencia dictada en este juicio se encuentra o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, con base en las constancias de autos y los datos aportados por la autoridad responsable. En el entendido de que para su consulta física podrá programarse una cita a través del sistema "Agenda OJ", que se encuentra en el micrositio "Servicios jurisdiccionales" del Portal de Servicios en Línea, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas, para consultar expedientes y para el desahogo de comparecencias o requerimientos; ello, de conformidad con los artículos 2º, fracción VII, y 3º del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Asimismo, la generación de la cita para la consulta del expediente y el proceso a seguir para ello, deberá regirse por las directrices señaladas en los numerales respectivos de dicho Acuerdo General, previamente señalados en este proveído. Además, debe precisarse que conforme al ordinal 29 del Acuerdo General en mención, para la actuación desde el Portal de Servicios en Línea antes mencionado, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán haber solicitado la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que el órgano jurisdiccional deberá haber autorizado. Clasificación de la información remitida. Ahora bien, se advierte que la información contenida en la constancia certificada remitida por el Tribunal responsable es considerada como confidencial, por lo que con fundamento en los dispositivos 66 y 67 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para garantizar su confidencialidad, únicamente se utilizará para los fines que fueron transferidos. En efecto, importa señalar que en relación con los datos contenidos en la constancia certificada recibida, en modo alguno implica que el quejoso no pueda tener acceso a la información que obra en ésta -ya que es parte actora en el juicio de origen- dado que ello es una cuestión diferente que necesita valorarse conforme a los lineamientos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció a través de su jurisprudencia. Esos lineamientos pueden esquematizarse de la manera siguiente: Lo primero que debe hacer el Juez de amparo es analizar la información considerada reservada o confidencial. Una vez identificada la información, debe ponderar los derechos implicados en el asunto, valorar las características del acto reclamado y las especificidades del caso en concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso de una o todas las partes a esa información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado. De manera debidamente fundada y motivada, el Juez Federal debe decidir si permite el acceso únicamente a aquella información que haga viable la defensa efectiva de las partes; información que, una vez conocida en el juicio, se considerará para todos los efectos, como información reservada en posesión de un particular, por lo que sólo podrá ser usada en su defensa y deberá mantenerse bajo estricta confidencialidad. En caso de que se conceda el acceso a la información clasificada como reservada o confidencial, el Juez de Distrito -además de decidir qué parte o partes tendrán acceso a ella- podrá imponer las modalidades que considere necesarias, a efecto de determinar, por ejemplo, que se tenga acceso a los documentos clasificados el tiempo necesario para familiarizarse y tener conocimiento de ellos, sin que esto implique la posibilidad de transmitir, copiar, fotografiar, escanear o reproducir por cualquier medio dicha nformación. Como puede verificarse, la decisión del Juez de amparo no puede ser automática. Necesita emprender una tarea que no es tan simple, como parece. Hay que revisar la información y las particularidades del caso para decidir si se permite el acceso únicamente a aquella información que haga viable la defensa del quejoso o toda la que se encuentra disponible, lo que sucede en el caso, en tanto que, las constancias que se remiten consisten en aquellas actuaciones verificadas en el juicio en el que es parte actora. En ese sentido, las partes pueden no estar de acuerdo con esta decisión, pero deben reconocer que la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que el Juez constitucional debe permitir el acceso de aquella información que haga viable la defensa efectiva de las partes, lo que en el caso acontece. No obstante lo anterior, la suscrita considera prudente recordar a la parte disconforme que, una vez conocida la información, ésta se considerará -para todos los efectos- como información reservada en posesión de un particular, por lo que sólo podrá ser usada en su defensa y deberá mantenerse bajo estricta confidencialidad. Notifíquese.

  4. Principal

    Se declara que la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados ha causado ejecutoria. Requiérase a la autoridad responsable.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

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