José Alcantar Ramos y Otros.

Expediente 1130/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1130/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • José Alcantar Ramos y Otros.
  • José Alcantar Ramos
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Notifíquese; hágase personalmente al quejoso en su centro de reclusión. ALEGATOS. Agréguese a los autos el escrito presentado por *****, autorizada en términos amplios del quejoso, como lo solicita, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo y a manera de alegatos, se le tienen por hechas las manifestaciones a que se contrae en su ocurso, debiéndose de hacer relación de ellos en la audiencia constitucional. ESTADO DE AUTOS. Por otro lado, del estado de autos, se advierte que el nueve de noviembre pasado, se ordenó notificar personalmente dicho proveído y correrle traslado con copias certificadas de la totalidad de las constancias que integran este expediente, al quejoso ********************, con la finalidad de que estuviera en aptitud de conocerlas y en su caso, formulara por escrito los alegatos que considerara. Ahora bien, de la diligencia de diez del mismo mes y año, se aprecia que únicamente se le notificó el contenido del proveído aludido, sin que se hiciera constar la entrega de los documentos mencionados. SE ORDENA CORRER TRASLADO AL QUEJOSO CON CONSTANCIAS. En consecuencia, se ordena nuevamente a cualquiera de los actuarios que se constituya en el Centro Estatal de Reinserción Social con sede en esta ciudad, y, notifique a ******************** el contenido de este proveído y le corra traslado con copias certificadas de la totalidad de las constancias que integran este expediente; y le haga saber que se le entregan para que las conozca y si así lo desea realice alegatos por escrito con los que se dé cuenta en la audiencia constitucional señalada para las once horas con diecisiete minutos del treinta de noviembre del año en curso.

  2. Principal

    Notifíquese; hágase personalmente al quejoso en su centro de reclusión y a su defensora particular. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Del estado de autos se advierte que aún no transcurre el plazo de ocho días señalado por el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la IV Región del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy , fijando como nueva fecha para tal efecto, las ONCE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Por otro lado, se ordena agregar a los autos el escrito firmado por ********************, autorizada en términos amplios del quejoso y en atención a su contenido se acuerda: OFRECIMIENTO DE PRUEBA TESTIMONIAL. Se desecha la prueba testimonial que ofrece la parte quejosa, porque su ofrecimiento es extemporáneo. Se explica. Acorde al artículo 119 de la Ley de Amparo, la prueba testimonial debe ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento, ni el señalado para la propia audiencia, y que dicho plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido. En el caso, el ofrecimiento de la prueba es inoportuno porque, del sumario se aprecia que en el auto de admisión se fijaron las once horas con siete minutos del nueve de noviembre del año en curso, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional; y que la parte quejosa anunció la prueba de mérito el ocho del mes y año en curso, esto es un día antes del señalado para el desahogo de la diligencia aludida. Sin que sea obstáculo el diferimiento señalado al inicio de este proveído, en la medida que el plazo del ofrecimiento probatorio no es susceptible de ampliarse por ese motivo. Lo anterior no viola el derecho de acceso a la justicia reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que esa limitante busca la expeditez del procedimiento de amparo derivado de su naturaleza sumaria y se basa en el respeto al derecho de defensa de la parte oferente; es decir, no inhibe de manera absoluta el derecho del inconforme a ofrecer pruebas en el juicio de amparo, sino que únicamente limita su ofrecimiento al plazo que prevé el artículo 119 de la Ley de Amparo, sin posibilidad de ampliarlo, con la finalidad de observar la obligación de resolver la controversia dentro de los términos y plazos legales. SOLICITUD DE TRASLADO DEL QUEJOSO. Por otro lado, se tiene a la autorizada del inconforme solicitando que se realicen gestiones para que el quejoso se encuentre presente en la audiencia constitucional; sin que haya lugar a acceder a su petición en los términos planteados, por lo siguiente: Acorde al artículo 124 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional es una diligencia trifásica donde se relacionan las constancias, videograbaciones y pruebas, se reciben los alegatos por escrito que formulen las partes y se dicta el fallo. También establece que excepcionalmente, el quejoso puede alegar verbalmente cuando el acto reclamado se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, asentándose en autos extracto de sus alegaciones, si lo solicitare. En el caso, el acto reclamado consiste en la resolución de revisión de medida cautelar que donde se le impuso prisión preventiva justificada. Lo anterior revela que el inconforme, no se encuentra en ningún supuesto de excepción que le permita formular alegatos verbales en la audiencia constitucional, por lo que deberá realizarlos por escrito. No pasa inadvertido que el acto reclamado involucra la libertad del inconforme, sin embargo, la decisión impugnada se asumió dentro de una causa penal, por lo que no tiene el alcance de una conducta que ataque a la libertad personal del quejoso, fuera de procedimiento. Asimismo, se toma en consideración que el quejoso se encuentra asistido por una persona que demostró ser licenciada en derecho, a quien se le ha dado vista con la totalidad de las pruebas que existen en este sumario, que no existe ningún medio de convicción que deba desahogarse en la audiencia constitucional aludida; y que las partes materiales y formales en este juicio tienen expedito su derecho para formular alegatos de manera escrita. En otro orden de ideas, se toma en consideración el riesgo que implica trasladar al inconforme del Centro de Prevención y Readaptación Social de León, ubicado en carretera León-Cuerámaro kilómetro 7.5 de esta ciudad, a las instalaciones de este juzgado ubicadas en bulevar Adolfo López Mateos número 915, en la colonia El Coecillo de este municipio. Por lo que, ponderando ambas circunstancias, esto es que la actuación del privado de su libertad se limitaría a tomarle sus generales, hacer constar su presencia y que en su caso, apreciara la relación de las constancias pruebas que obran en el sumario y de los alegatos que rindan las partes por escrito; y, que la excarcelación del quejoso implica un cierto grado de riesgo, dadas las distancias que existen entre el centro carcelario y el domicilio de este órgano jurisdiccional, es que no se accede a su petición. Sin embargo, con la finalidad de que el privado de su libertad se encuentre en aptitud de conocer la totalidad de las constancias que integran este expediente y en su caso, formular por escrito los alegatos que considere, se ordena correrle traslado con copias certificadas de la totalidad de las constancias que integran este expediente, las cuales deberán de entregársele personalmente en su centro de reclusión, con lo cual se garantiza su adecuada intervención dentro de este proceso constitucional.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO.-DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Del estado de autos se advierte que aún no transcurre el plazo de ocho días señalado por el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la IV Región del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy , fijando como nueva fecha para tal efecto, las ONCE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Por otro lado, se ordena agregar a los autos el escrito firmado por ********************, autorizada en términos amplios del quejoso y en atención a su contenido se acuerda: OFRECIMIENTO DE PRUEBA TESTIMONIAL. Se desecha la prueba testimonial que ofrece la parte quejosa, porque su ofrecimiento es extemporáneo. Se explica. Acorde al artículo 119 de la Ley de Amparo, la prueba testimonial debe ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento, ni el señalado para la propia audiencia, y que dicho plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido. En el caso, el ofrecimiento de la prueba es inoportuno porque, del sumario se aprecia que en el auto de admisión se fijaron las once horas con siete minutos del nueve de noviembre del año en curso, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional; y que la parte quejosa anunció la prueba de mérito el ocho del mes y año en curso, esto es un día antes del señalado para el desahogo de la diligencia aludida. Sin que sea obstáculo el diferimiento señalado al inicio de este proveído, en la medida que el plazo del ofrecimiento probatorio no es susceptible de ampliarse por ese motivo. Lo anterior no viola el derecho de acceso a la justicia reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que esa limitante busca la expeditez del procedimiento de amparo derivado de su naturaleza sumaria y se basa en el respeto al derecho de defensa de la parte oferente; es decir, no inhibe de manera absoluta el derecho del inconforme a ofrecer pruebas en el juicio de amparo, sino que únicamente limita su ofrecimiento al plazo que prevé el artículo 119 de la Ley de Amparo, sin posibilidad de ampliarlo, con la finalidad de observar la obligación de resolver la controversia dentro de los términos y plazos legales. SOLICITUD DE TRASLADO DEL QUEJOSO. Por otro lado, se tiene a la autorizada del inconforme solicitando que se realicen gestiones para que el quejoso se encuentre presente en la audiencia constitucional; sin que haya lugar a acceder a su petición en los términos planteados, por lo siguiente: Acorde al artículo 124 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional es una diligencia trifásica donde se relacionan las constancias, videograbaciones y pruebas, se reciben los alegatos por escrito que formulen las partes y se dicta el fallo. También establece que excepcionalmente, el quejoso puede alegar verbalmente cuando el acto reclamado se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, asentándose en autos extracto de sus alegaciones, si lo solicitare. En el caso, el acto reclamado consiste en la resolución de revisión de medida cautelar que donde se le impuso prisión preventiva justificada. Lo anterior revela que el inconforme, no se encuentra en ningún supuesto de excepción que le permita formular alegatos verbales en la audiencia constitucional, por lo que deberá realizarlos por escrito. No pasa inadvertido que el acto reclamado involucra la libertad del inconforme, sin embargo, la decisión impugnada se asumió dentro de una causa penal, por lo que no tiene el alcance de una conducta que ataque a la libertad personal del quejoso, fuera de procedimiento. Asimismo, se toma en consideración que el quejoso se encuentra asistido por una persona que demostró ser licenciada en derecho, a quien se le ha dado vista con la totalidad de las pruebas que existen en este sumario, que no existe ningún medio de convicción que deba desahogarse en la audiencia constitucional aludida; y que las partes materiales y formales en este juicio tienen expedito su derecho para formular alegatos de manera escrita. En otro orden de ideas, se toma en consideración el riesgo que implica trasladar al inconforme del Centro de Prevención y Readaptación Social de León, ubicado en carretera León-Cuerámaro kilómetro 7.5 de esta ciudad, a las instalaciones de este juzgado ubicadas en bulevar Adolfo López Mateos número 915, en la colonia El Coecillo de este municipio. Por lo que, ponderando ambas circunstancias, esto es que la actuación del privado de su libertad se limitaría a tomarle sus generales, hacer constar su presencia y que en su caso, apreciara la relación de las constancias pruebas que obran en el sumario y de los alegatos que rindan las partes por escrito; y, que la excarcelación del quejoso implica un cierto grado de riesgo, dadas las distancias que existen entre el centro carcelario y el domicilio de este órgano jurisdiccional, es que no se accede a su petición. Sin embargo, con la finalidad de que el privado de su libertad se encuentre en aptitud de conocer la totalidad de las constancias que integran este expediente y en su caso, formular por escrito los alegatos que considere, se ordena correrle traslado con copias certificadas de la totalidad de las constancias que integran este expediente, las cuales deberán de entregársele personalmente en su centro de reclusión, con lo cual se garantiza su adecuada intervención dentro de este proceso constitucional.

  4. Incidental

    SE RESUELVE: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva al quejoso.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

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