José Alberto Villalba Cruz

Expediente 142/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
142/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
05/04/2019

Partes del expediente

  • José Alberto Villalba Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de depuración el presente expediente ya que se negó el amparo. Ahora bien, devuélvase a la autoridad Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, las constancias que remitió con su informe justificado (foja 20 de autos).

  2. Principal

    "...R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado en su momento a este juzgado, ..., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. Conforme al artículo 107, fracción VII de la Constitución Federal se admitió a trámite la demanda y se celebró la audiencia constitucional que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, este juzgador considera la parte quejosa reclama: 1. De la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. a. La omisión de requerir a la autoridad demanda, el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio administrativo 839/2016. b. La omisión de dictar sus resoluciones de manera pronta completa e imparcial. c. La omisión de aplicar alguna medida de apremio a la autoridad demandada. 2. Del Jefe del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán Texcoco, del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México. a. La falta de cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio administrativo 839/2016. TERCERO. Oportunidad. La interposición de la demanda de amparo se estima oportuna en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, lo anterior por así desprenderse de las constancias que conforman el juicio natural, toda vez que la parte quejosa reclama un acto omisivo por parte de la autoridad responsable, por lo que la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La Magistrada de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, rindió informe justificado negando la existencia del acto reclamado (foja 20 del juicio de amparo); sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada atento a las manifestaciones realizadas a fin de defender la legalidad de su actuación. Además, corrobora la existencia de la omisión atribuida, las constancias del expediente 839/2016, remitidas por la responsable con el informe justificado (Anexo I de pruebas), mismas que adquieren pleno valor probatorio al tratarse de documentos públicos, atento a lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, motivo por el cual se tiene por cierto el acto reclamado. Apoya a las consideraciones recién vertidas la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, XIV, Julio de 1994, visible en la página trescientas noventa y una, Materia Común, de la Novena Época, cuyo rubro y texto rezan: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Por su parte el Jefe del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán Texcoco, del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante de haber quedado debidamente notificada (foja 18 del juicio de amparo); en tal virtud, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 117, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado. QUINTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza algún motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. SEXTO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Común, registro 164618, página 830, del rubro siguiente: 'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.' SÉPTIMO. Estudio del fondo del asunto. En los conceptos de violación, el quejoso, se duele, medularmente, de que la autoridad responsable, se ha abstenido de exigir el cabal cumplimiento de la sentencia dictada en el procedimiento de origen, con lo cual, vulnera su derecho fundamental a la impartición de justicia, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, refiere que la Sala responsable ha omitido aplicar una multa o medida de apremio a la autoridad demandada, ante el desacato de esta. Son infundados los conceptos de violación, atento a lo que se explica a continuación. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. [.]" Del artículo anterior, se advierte la garantía de impartición de justicia, la cual consiste en que todos los gobernados tienen acceso efectivo a la administración de justicia, debiendo precisarse que para su debido acatamiento no basta que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que el acceso sea efectivo en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos justificados constitucionalmente, pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado. Asimismo, la adecuada impartición de justicia se produce, cuando las autoridades emiten sus resoluciones dentro de los plazos y términos legales, elementos que se introducen en la secuela procedimental para determinar con precisión el avance de una etapa, al tiempo de brindar seguridad jurídica a las partes a fin de que puedan realizar, dentro del tiempo establecido por la ley, la conducta procesal que les corresponda; carga que también se impone al juzgador, para que pronuncie su resolución dentro de un determinado espacio temporal. De las constancias remitidas por las autoridades responsables, se advierten los siguientes antecedentes: Sentencia de dos de septiembre de dos mil dieciséis dictada por la Tercera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en el juicio administrativo 839/2016, en la que, entre otras cosas, declaró la invalidez de la resolución negativa ficta recaída a la petición presentada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, por tanto, condenó al Jefe de los Cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán-Texcoco, del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, a dar cumplimiento a lo ordenado en el considerando quinto de ese fallo (foja 34 41 del anexo I de pruebas). 2) Sentencia de nueve de marzo de dos mil diecisiete emitida por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, que resolvió el recurso de revisión 1012/2016 y 1024/2016 acumulados, interpuestos por las partes actora y demandada en el procedimiento administrativo de origen, que modificó la resolución de primera instancia, en relación con la condena impuesta a la autoridad demandada (fojas 56 a 68 del anexo I de pruebas). 3) Auto de veinte de octubre de dos mil diecisiete dictado por la magistrada de la Segunda Sección de la Sala Superior Justicia Administrativa del Estado de México, en el que indicó que la resolución dictada en los recursos de revisión 1012/2016 y 1024/2016 acumulados, había causado ejecutoria (foja 73 del anexo I de pruebas). 4) Autos de veinticinco de octubre, catorce de noviembre y cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, ocho y treinta de enero y veintidós de marzo de dos mil dieciocho en el que la Sala responsable requirió, con apercibimiento de multa, a la parte demanda para que diera cumplimiento a la sentencia de nueve de marzo de dos mil diecisiete dictada en los recursos de revisión 1012/2016 y 1024/2016 acumulados (fojas 74, 79, 82, 85, 91, y 100 del anexo I de pruebas). 5) Acuerdo dictado el veintitrés de abril de dos mil dieciocho, en el que la Sala Regional responsable dio vista a la parte actora con los documentos exhibidos por la demandada para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento de la sentencia (foja 107 del anexo I de pruebas). 6) Acuerdo de diecisiete de mayo de la anualidad pasada, por la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el expediente 839/2016, en que requirió a la autoridad demandada diversas constancias para pronunciarse respecto de la cuantificación de haberes que en derecho corresponden a la actora, en términos de lo ordenado en la sentencia dictada en los recursos de revisión en comento (foja 111 del anexo I de pruebas). 7) Acuerdo de trece de agosto del año próximo pasado, el que la Sala Regional de oficio, procedió a cuantificar el monto total que la autoridad demandada, debe cubrir a la parte actora por concepto de pensión por jubilación por el sesenta y ocho por ciento, tomando como base el último haber percibido durante el tiempo que prestó sus servicios a la corporación demandada, de lo cual determino que la percepción mensual pagada a la parte actora fue de $5,349.80 (cinco mil trescientos cuarenta y nueve pesos 80/100 M.N.), en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y aguinaldo de los años dos mil catorce, dos mil quince, dos mil dieciséis, y dos mil diecisiete, así como enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de dos mil dieciocho; lo que da como resultado que al actor no se le adeuda ninguna cantidad por concepto de pago de pensión al sesenta y ocho por ciento de esos años (foja 227 a 229 del anexo I de pruebas). 8) Oficio presentado ante la Sala Responsable el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, en el que la autoridad demandada solicitó se regularizará el procedimiento, toda vez que existe un error en el cálculo de lo condenado en el proveído de trece de agosto de dos mil dieciocho, además de que se desprende un error en cuanto a los montos que la sala determino, ya que la sentencia a cumplimentar señala que la pensión que recibirá el actor será bajo el porcentaje del sesenta y ocho por ciento y si el último haber del actor fue determinado en $3,414.52 (tres mil cuatrocientos catorce pesos 52/100 M.N.) y el 68 por ciento de esa cantidad es $2,321.87 (dos mil trescientos veinte un pesos 87/100 M.N.) se desconoce de dónde la Sala responsable determina que se debe cubrir $5,349.80 (cinco mil trecientos cuarenta y nueve pesos 80/100 M.N.); asimismo manifiesta que una vez aclarado lo anterior se procederá a al cumplimiento respectivo, de existir diferencias que se le adeuden al actor, así como la regularización de la respectiva pensión (foja 232 y 233 del anexo I de pruebas). 9) Acuerdo de dos de octubre del dos mil dieciocho en el que se ordenó la regularización del acuerdo de trece de agosto de dos mil dieciocho y se requirió a la autoridad demandada el tabulador de los incrementos de los años dos mil cinco a dos mil dieciocho, así como la relación de las cantidades que se han pagado a la parte actora, desde que entró en la calidad de pensionado, es decir desde el año dos mil catorce, para llevar acabo la cuantificación (foja 235 del anexo I de pruebas). 10) Oficio presentado ante la sale responsable el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, en el que la autoridad demandada informó que en relación al requerimiento contenido en el acuerdo de dos de octubre de dos mil dieciocho, se emitió oficio en el cual solicitó un informe con las cantidades que se han pagado por concepto de subsidio a la parte actora, asimismo solicitó una prórroga a efecto de desahogar dicho requerimiento (foja 239 y 240 del anexo I de pruebas). 11) Acuerdo de seis de diciembre del dos mil dieciocho en el que se ordenó la regularización del procedimiento y ordenó dejar sin efectos el requerimiento del tabulador de los incrementos de dos mil cinco a dos mil trece y se requirió a la parte actora y autoridad demandada los estados de cuenta de los años dos mil catorce a dos mil dieciocho, para llevar acabo la cuantificación de haberes que en derecho corresponden a la actora, (foja 242 del anexo I de pruebas). 12) Oficio presentado ante la sala responsable el dieciséis de enero de dos mil diecinueve, en el que la autoridad demandada exhibe el oficio en el que se informan los montos otorgados por concepto de pensión a ..., desde abril de dos mil catorce a septiembre de dos mil dieciocho, lo anterior para que la Sala responsable tenga los elementos necesarios para determinar el cumplimiento de la sentencia, de igual forma manifiesta que la pensión que actualmente goza el actor le fue otorgada en abril de dos mil catorce, por un monto de $2,371.20 (dos mil trecientos setenta y un pesos 20/100 M.N.), por lo que esa autoridad se encuentra dando un porcentaje más alto al ordenado en sentencia, por lo cual se han colmado las pretensiones solicitadas por el actor (foja 244 a 246 del anexo I de pruebas). 13) Acuerdo de cinco de febrero del dos mil diecinueve en el que se dio vista a la parte actora con las constancias remitidas por la autoridad demandada, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento de la sentencia (foja 247 del anexo I de pruebas). Ahora, los artículos 279, 280 y 281 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, establecen lo siguiente: "Artículo 279.- Cuando haya causado ejecutoria una sentencia favorable al actor, la sala regional competente la comunicará, por oficio y sin demora alguna, a las autoridades demandadas para su cumplimiento. En el propio oficio en que se haga la notificación a los demandados, se les prevendrá para que informen sobre el cumplimiento que se dé a la sentencia respectiva." "Artículo 280.- Si dentro de los tres días siguientes a la notificación a los demandados, la sentencia no quedare cumplida o no se encontrare en vías de cumplimiento, la sala regional competente, de oficio o a petición de parte, dará vista a las autoridades para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Se formulará la misma vista, cuando el actor manifieste que existe defecto o exceso en la ejecución de la sentencia o que se ha repetido el acto impugnado. La sala regional resolverá si el demandado ha cumplido con los términos de la sentencia, si no existe defecto o exceso en la ejecución de la misma y si no se ha repetido el acto impugnado. De lo contrario, la requerirá para que cumpla la decisión respectiva en un plazo de tres días posteriores al en que surta efectos la notificación y previniéndola que, en caso de renuencia, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente de 100 a 1,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente. Cuando la naturaleza del acto lo permita, el magistrado comisionará al secretario de acuerdos o actuario para que dé cumplimiento a la ejecutoria, en caso de que no lo haga la autoridad en ese plazo. En los casos en que por la naturaleza del asunto no sea materialmente posible dar cumplimiento a la sentencia o iniciar su cumplimiento dentro del plazo establecido en el primer párrafo de este artículo, el magistrado podrá ampliarlo hasta por diez días, contados a partir del día siguiente al en que se notifique a los demandados el requerimiento correspondiente." "Artículo 281.- En el supuesto de que la autoridad o servidor público persistiere en su actitud, la sección de la sala superior resolverá a instancia de la sala regional, solicitar del titular de la dependencia estatal, municipal u organismo a quien se encuentre subordinado, conmine al servidor público responsable para que dé cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, en un plazo de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación, sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario la multa impuesta. Cuando la autoridad u organismo no tuviere superior, el requerimiento se hará directamente con ellas. (.)" De los artículos anteriores, se advierte lo siguiente: Cuando haya causado ejecutoria una sentencia favorable al actor, la sala regional competente, informará de inmediato a las autoridades demandadas para que den cumplimiento a la misma. Si dentro de los tres días siguientes a la notificación, no está cumplida la sentencia o no se encuentra en vías de cumplimiento, la sala regional de oficio o a petición de parte, dará vista a las autoridades para que manifiesten lo que a su derecho corresponda; asimismo, se dará vista a la parte actora a efecto de que manifieste si existe defecto o exceso en la ejecución de la sentencia. La sala regional resolverá si el demandado ha cumplido con los términos de la sentencia, si no existe defecto o exceso en la ejecución de la misma y si no se ha repetido el acto impugnado, de lo contrario, la requerirá para que cumpla en un plazo de tres días, en caso de renuencia, se le impondrá una multa, por la cantidad equivalente de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente. También en caso de que el cumplimiento no se pueda realizar en los términos y plazos señalados, se podrá ampliar el término hasta por diez días. Si la autoridad demandada, persiste en no dar cumplimiento a la ejecutoria, la sala superior podrá solicitar al titular de la dependencia, conmine al servidor público responsable para que dé cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, en un plazo de tres días, sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario, la multa impuesta. Cuando la autoridad u organismo no tuviere superior, el requerimiento se hará directamente a ellas. De las constancias de autos, ya señaladas, no queda demostrada la omisión reclamada por el quejoso, a la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, dado que la responsable ha actuado conforme a sus atribuciones, para lograr el cumplimiento de la sentencia modificada el nueve de marzo de dos mil diecisiete, en virtud de que ha gestionado lo conducente para efecto de que la autoridad demandada Jefe de los Cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán Texcoco, del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, exhiba las constancias necesarias para lograr la cuantificación de haberes que en derecho corresponden al aquí quejoso, en términos de lo ordenado en la sentencia dictada en los recursos de revisión 1012/2016 y 1024/2016 acumulados. Asimismo, por su parte el Jefe del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán Texcoco, del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, ha exhibido las constancias requeridas por la Sala responsable, a efecto de que esta esté en aptitud de pronunciarse respecto al cumplimiento a la sentencia modificada el nueve de marzo de dos mil diecinueve, como se desprende del oficio presentado ante la Tercera Sala Regional del Tribunal Administrativo del Estado de México el dieciséis de enero de dos mil diecinueve. De modo que, se considera que no se ha incurrido en conculcación al artículo 17 Constitucional, pues como se ha visto, la responsable conforme a sus facultades dictó todas aquellas medidas pertinentes, para lograr el cumplimiento de la sentencia correspondiente, y la autoridad demandad ha cumplido con los requerimientos hechos por esta, ya que se aprecia que, de la última actuación realizada por la autoridad responsable, siendo ésta el auto de cinco de febrero del año en curso, que dio vista a la parte actora, aquí quejoso, con las constancias remitidas por la autoridad demanda, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento de la sentencia, por lo que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México con sede en Naucalpan de Juárez, -once de febrero de este año-, no ha sido un plazo o periodo excesivo, en el cual, estén incurriendo las autoridades responsables, para que se tengan por acreditadas dichas omisiones; máxime que la Sala responsable ha apercibido con multa a la autoridad demandada, a efecto de hacer cumplir los diversos requerimientos que se le han hecho en el procedimiento de origen, y si bien, no ha hecho efectiva la misma, ha sido, por que no se advierte contumacia de la autoridad demandada. Por lo anterior, se niega el amparo solicitado por el quejoso. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74, 75, 76, 77, fracción I y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE al quejoso ..., contra el acto y autoridades precisados en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el último considerativo del presente fallo..."

  3. Principal

    "...Agréguese el informe justificado rendido por la autoridad que lo suscribe, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días para que manifiesten lo que a su interés convenga. Con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados a los profesionistas que refiere; asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante, así como de la parte quejosa, las copias certificadas del juicio administrativo 839/2016 que anexa la responsable a su informe con justificación, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Con las constancias que acompaña, fórmese el anexo correspondiente (Anexo I) Finalmente, para dar tiempo a lo anterior, se transfiere la audiencia constitucional prevista para las diez horas con treinta minutos del cuatro de marzo de dos mil diecinueve, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS DEL CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE..."

  4. Principal

    "...ADMISIÓN Y ANOTACIONES Vista la demanda promovida por...con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, admítase y regístrese bajo el número 142/2019-VI-A. INCIDENTE Por no haberlo solicitado, no se forma incidente de suspensión de los actos reclamados. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Dese intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito, para lo cual en la actuaría se deja copia simple de la demanda. AUDIENCIA Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES Con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días contado a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Asimismo, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato, y de ser posible acompañar las constancias que lo acrediten. Para tal efecto, se les apercibe que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en los artículos 251 y 260, fracción II, del ordenamiento invocado, se les impondrá una multa de cien y treinta Unidades de Medida y Actualización, respectivamente. La información puede ser enviada al fax (53870500, extensión 1232); o al correo (segunda.seccion.tramite@correo.cjf.gob.mx); confirmando en la extensión 1242. Por otro lado, se hace del conocimiento a las autoridades responsables, que en términos del artículo 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se les notificaran por lista, y los restantes por oficio. En apoyo se invoca la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, visible en la página 1253, de enero de dos mil trece, tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial y su Gaceta, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. " TERCERO INTERESADO No procede llamar a juicio al tercero interesado, pues conforme al artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, no le recae tal carácter, al ser el acto reclamado la dilación procesal. PRUEBAS De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas la presuncional en su doble aspecto (legal y humana) y la instrumental pública de actuaciones. Por lo que hace a las pruebas ofrecidas por el quejoso referentes a todo lo actuado dentro del expediente 839/2016 del índice de la Tercera Sala Regional del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México; dígase al promovente que una vez que obren en autos las constancias que remita la autoridad responsable, se acordará lo conducente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Tomando en cuenta que el domicilio proporcionado en la demanda de amparo para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez) y de la zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan), hasta en tanto se señale algún domicilio dentro de los municipios anteriores, todas las notificaciones aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en los términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la ley de amparo. Asimismo, se tienen por autorizados a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. APERCIBIMIENTO Con fundamento en el artículo 108, fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte quejosa que de resultar incorrecta la denominación de las autoridades responsables, se dejarán de tener con ese carácter. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente..."

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