José Alberto Vega Domínguez
Expediente 971/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 971/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 09/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Alberto Vega Domínguez
- Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
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MESA I. Agréguese el escrito firmado por Alejandro Porte Petit González, defensor público federal designado para representar al quejoso *** (cargo que acredita con la cédula profesional que anexa y credencial); en atención a su contenido, se le tiene aceptando y protestando el cargo conferido en este juicio. Asimismo, se autoriza la consulta del expediente electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a través del usuario *** y se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado. En relación con el correo electrónico y número telefónico proporcionados, únicamente se tienen para el efecto de entablar comunicaciones no procesales.
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MESA I. SE NOTIFICA AL DEFENSOR PÚBLICO JOSÉ LUNA RAMOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado de autos, se advierte que, con lo manifestado en la diligencia de once de enero de dos mil veintidós, el quejoso desahogó la prevención formulada en proveído de siete de diciembre de dos mil veintiuno. Así, de los elementos aportados destaca que reclama el siguiente acto: LA ORDEN DE TRASLADO JUDICIAL, EMITIDA POR LA NOVENA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Acto que se ejecutó el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. DESECHAMIENTO Antes de proveer lo pertinente, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El precepto transcrito autoriza a quien resuelve a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con las características en que descansa la improcedencia del juicio de amparo indirecto, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda, así como de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Esta juzgadora, advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; (...)". Para evidenciar lo anterior, se considera necesario citar el contenido de los numerales 17 y 18 de la legislación reglamentaria; a saber: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Pues bien, la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo, esto es, a partir del día siguiente: a) A aquel en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c) A que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. Resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente a que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas, de lo que se sigue que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Bajo esa interpretación, para verificar la temporalidad en la presentación de la demanda, no es necesario que exista constancia de notificación a la parte quejosa del acto reclamado o de sus actos de ejecución, pues basta que en aquélla se haga referencia a la fecha en que se tuvo conocimiento de las actuaciones combatidas, para poder establecer la oportunidad con que se instó la acción constitucional de amparo, en tanto ello constituye una confesión, únicamente en lo atinente a ese presupuesto. Como se observa, con los datos proporcionados en vía de desahogo, se concluye que la parte quejosa tuvo conocimiento de la orden de traslado reclamada desde el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve; data en que se ejecutó aquélla. Bajo esa tesitura, el plazo genérico de quince días transcurrió en exceso, en tanto la demanda fue presentada el veintiocho de junio de dos mil veintiuno. De esta forma, es inconcuso que tal acto reclamado fue consentido tácitamente. Sin que se encuentre comprendido en los casos de excepción apuntados previamente. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo; de conformidad con el diverso 113 del ordenamiento legal citado, SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por ***. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS.
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MESA III Visto el estado de autos, se advierte que, con lo manifestado en la diligencia de once de enero de dos mil veintidós, el quejoso desahogó la prevención formulada en proveído de siete de diciembre de dos mil veintiuno. Así, de los elementos aportados destaca que reclama el siguiente acto: LA ORDEN DE TRASLADO JUDICIAL, EMITIDA POR LA NOVENA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Acto que se ejecutó el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. DESECHAMIENTO Antes de proveer lo pertinente, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El precepto transcrito autoriza a quien resuelve a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con las características en que descansa la improcedencia del juicio de amparo indirecto, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda, así como de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Esta juzgadora, advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; (...)". Para evidenciar lo anterior, se considera necesario citar el contenido de los numerales 17 y 18 de la legislación reglamentaria; a saber: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Pues bien, la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo, esto es, a partir del día siguiente: a) A aquel en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c) A que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. Resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente a que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas, de lo que se sigue que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Bajo esa interpretación, para verificar la temporalidad en la presentación de la demanda, no es necesario que exista constancia de notificación a la parte quejosa del acto reclamado o de sus actos de ejecución, pues basta que en aquélla se haga referencia a la fecha en que se tuvo conocimiento de las actuaciones combatidas, para poder establecer la oportunidad con que se instó la acción constitucional de amparo, en tanto ello constituye una confesión, únicamente en lo atinente a ese presupuesto. Como se observa, con los datos proporcionados en vía de desahogo, se concluye que la parte quejosa tuvo conocimiento de la orden de traslado reclamada desde el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve; data en que se ejecutó aquélla. Bajo esa tesitura, el plazo genérico de quince días transcurrió en exceso, en tanto la demanda fue presentada el veintiocho de junio de dos mil veintiuno. De esta forma, es inconcuso que tal acto reclamado fue consentido tácitamente. Sin que se encuentre comprendido en los casos de excepción apuntados previamente. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo; de conformidad con el diverso 113 del ordenamiento legal citado, SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por ***. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS.
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MESA III.- Visto el oficio y anexo provenientes del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual remite las constancias solicitadas el veintiséis de enero pasado, relativas al exhorto 6/2022, de este juzgado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Sin que haya lugar a ordenar acuse de recibo, toda vez que el órgano exhortado no lo solicita. Por otra parte, del estado de autos se desprende que la defensa pública del quejoso no ha informado lo respectivo a la asesoría jurídica proporcionada al quejoso en este asunto, por tanto, requiérase al defensor público federal José Luna Ramos, comunique lo conducente. En el entendido que subsiste el apercibimiento decretado el diecisiete de enero pasado.
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