Jose Alberto Vazquez Sanchez

Expediente 1668/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1668/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
13/10/2021

Partes del expediente

  • Jose Alberto Vazquez Sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de octubre de dos mil veintiuno. Agréguense a estos autos el oficio signado por el Subdirector de Cumplimiento de Ejecutorias en representación de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, con anexo que adjunta, con el que atiende el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional el tres de septiembre del año en curso, e informa las gestiones realizadas a fin de cumplimentar la ejecutoria de amparo, de las que se aprecia que ésta se encuentra en vías de cumplimiento. Sin que haya lugar a realizar un nuevo requerimiento a la autoridad oficiante por el momento, dado que por auto de ocho de octubre anterior se requirió a la citada autoridad responsable, para realice la totalidad de gestiones necesarias a efecto de que la ejecutoria de amparo sea cumplida. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio signado por Alberto Peña Vermont, defensor particular del quejoso José Alberto Vázquez Sánchez, con ocho copias y sin anexos, con el que cumple la prevención realizada mediante acuerdo de veintiuno de septiembre del año en curso. Ahora bien, vista nuevamente la demanda de amparo promovida por Alberto Peña Vermont, defensor particular del quejoso José Alberto Vázquez Sánchez, contra el acto que reclama del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, consistente en el auto de vinculación a proceso de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, dictado en la carpeta administrativa 101/J1/2021, en contra de José Alberto Vázquez Sánchez, se procede a proveer en relación con la misma. Ahora bien, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia.Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostienen el promovente en la demanda de amparo, reviste el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes:I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio. En el caso, este órgano de control constitucional advierte que, respecto del acto reclamado, consistente en el auto de vinculación a proceso de veintinueve de abril del año en curso, dictado a José Alberto Vázquez Sánchez, en la carpeta administrativa 101/J1/2021; se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ..XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Se afirma lo anterior, toda vez que de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que la audiencia de vinculación a proceso se llevó a cabo el día veintinueve de abril del año en curso, a las trece horas con treinta y dos minutos, en la aludida carpeta administrativa 101/J1/2021, por lo que el acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso, se tuvo por notificado al directo quejoso José Alberto Vázquez Sánchez, el propio veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en el que se dictó, pues bajo protesta de decir verdad, el promovente manifestó que dicho imputado y su defensor público estuvieron presentes en la referida audiencia en la que se le vinculó a proceso; con la aclaración de que el promovente, se nombró posteriormente el diez de septiembre del año en curso, tal y como se advierte de la constancia que anexa a su escrito de cuenta. Con base en lo narrado en el párrafo que precedente, se llega al convencimiento de que la demanda de amparo presentada, respecto al acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso de veintinueve de abril del año en curso, dictado en la carpeta administrativa 101/J1/2021, resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en atención a que fue presentada fuera del término que para tal efecto establece el artículo 17 de la invocada ley. Se afirma lo anterior, toda vez que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días...Artículo 18.- Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De la transcripción del citado numeral 18 se advierte que existen tres supuestos para determinar el cómputo para la interposición de la demanda de amparo, los cuales son: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución. En mérito de lo antes expuesto, si de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, se desprende que el directo quejoso estuvo presente al momento de la emisión del acto reclamado, (veintinueve de abril de dos mil veintiuno) entonces en ese acto le fue notificado la vinculación a proceso; por tanto, esa notificación surtió efectos al día siguiente (treinta de abril del año en curso), de conformidad con el artículo 82, fracción I, en relación con el último párrafo de ese artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo comenzó a correr y contarse al día siguiente, esto es, el tres de mayo de dos mil veintiuno, y feneció el veinticuatro de ese mes y año, por lo que es inconcuso que a la fecha en que, presentó su demanda de amparo, que lo es el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, según aparece de la boleta de registro expedida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, ésta resulta evidentemente extemporánea, en atención a que se presentó fuera del término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, actualizándose por ello la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la propia Ley. Lo anterior es así, pues como se indicó en párrafos precedentes, el acto reclamado le fue notificado al directo quejoso y su defensor público, el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en tanto que su demanda de amparo la presentó el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que el término de quince días que tenía la parte quejosa para presentarla transcurrió del tres al veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, por lo que es notorio que resulta extemporánea, sin que se esté en alguno de los supuestos de excepción del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda de amparo. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la tesis número XXX.1o.8 P (10a.), del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, cuyo rubro y sumario son del tenor literal siguiente: AMPARO CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. DEBE PROMOVERSE EN EL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS. Antes de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, se establecía que los actos que afectan a la libertad personal quedaban exceptuados del término de quince días, previsto en el artículo 21 de la ley de la materia, vigente hasta el 2 de abril de 2013, para promover el juicio de amparo, por lo que la demanda podía presentarse en cualquier tiempo, conforme a su artículo 22, fracción II; sin embargo, este tipo de determinaciones queda excluida de los supuestos de excepción previstos en el artículo 17, fracciones II y IV, de la actual ley, que prevén, la primera, que contra las sentencias definitivas de condena que impongan pena de prisión, el juicio de amparo podrá promoverse en un plazo de hasta ocho años; en tanto que la segunda, si bien se refiere a actos que atacan a ese derecho fundamental, éstos deben ocurrir fuera de procedimiento para que puedan impugnarse en cualquier tiempo; de ahí que ambas fracciones excluyan al auto de formal prisión; por tanto, el juicio en su contra debe promoverse en el término de quince días. No se soslaya que en la jurisprudencia 1ª./J.48/2015 (10ª.), la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que tratándose del auto de formal prisión si se notifica en una diversa fecha al inculpado y a su defensor, entonces el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo deberá computarse a partir de que se practicó aquella que le genere mayor beneficio al promovente privado de su libertad, es decir, la última de ellas; sin embargo, debe entenderse que tal jurisprudencia sólo es aplicable cuando se trate de defensores que están designados al momento de dictarse el auto de vinculación a proceso, esto es, aquellos que al momento de la emisión del auto de plazo constitucional sean formalmente sujetos del procedimiento o parte formal, no cuando se trata de aquellos defensores que sean designados con posterioridad, pues de ser así bastaría sustituir a un defensor, para renovar el plazo para la presentación de la demanda de amparo. En el caso, el defensor afirma que fue discernido del cargo el diez de septiembre de dos mil veintiuno, esto es, cinco meses después de la vinculación a proceso, por lo cual en esa fecha tuvieron conocimiento del acto, pero no fue a través de una notificación que es la condición que impone la jurisprudencia para computar el término a partir de la última que se practicó; por lo que esa fecha en que afirma tuvo conocimiento no puede servir para computar el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo, ya que el acto reclamado no se le notificó porque al momento en que se hizo no eran sujeto y parte del procedimiento, por lo que su intervención posterior, no da lugar a renovar el plazo para la presentación de la demanda de amparo; de ahí que no sea aplicable la citada jurisprudencia en donde hubo sustitución de defensores posterior al acto reclamado. Por lo anteriormente expuesto, y al actualizarse la mencionada causal de improcedencia, lo que procede es es desechar la demanda, por notoriamente improcedente. Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de esta Juzgadora, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguense a estos autos el oficio recibido vía electrónica y suscrito por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informa que el presente juicio no ha sido registrado en ese órgano por la elevada carga de trabajo, por lo que en el supuesto de que haya sido turnado a aquél, una vez que se provea lo conducente, se informara de dicha determinación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

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