José Alberto Vázquez Maldonado
Expediente 2553/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2553/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/02/2019
Partes del expediente
- José Alberto Vázquez Maldonado
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, dentro del expediente de queja Q-3/2019. Dese a conocer a las partes que el recurso de referencia fue resuelto bajo el siguiente punto resolutivo: "PRIMERO.- Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por José Alberto Vázquez Maldonado. SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho dictado en el juicio de amparo indirecto 2553/2018, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla." Acúsese el recibo de estilo correspondiente al tribunal revisor, háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que sin decidir en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito del promovente José Alberto Vázquez Maldonado, por medio del cual interpone recurso de queja contra el proveído de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho; por lo tanto, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase el informe respectivo sobre la materia de la queja al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en turno del Sexto Circuito, y envíesele con las constancias pertinentes. Sin que haya lugar a dar vista a las partes por el plazo de tres días para que señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la superioridad, según lo dispuesto por el numeral 101 del citado ordenamiento, tomando en consideración que no se admitió a trámite la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por José Alberto Vázquez Maldonado, contra actos de Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 2553/2018-II; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2DESECHAMIENTO En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Ahora, cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Esto es, José Alberto Vázquez Maldonado se duele esencialmente de la interlocutoria de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, en el expediente D-4/145/2010, mediante la cual resolvió favorable el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la parte demandada en el juicio de origen y como consecuencia, dejó sin efectos todo lo actuado hasta la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. Precisado lo anterior, el suscrito advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, está última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que disponen Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto, excepcionalmente, procede en contra de actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intra-procesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, como ya se dijo, del análisis de la demanda de amparo y aclaratorios a la misma, se advierte que el promovente reclama la interlocutoria de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, en el expediente D-4/145/2010, mediante la cual resolvió favorable el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la parte demandada en el juicio de origen y como consecuencia, dejó sin efectos todo lo actuado hasta la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas; la cual, no constituye un acto de imposible reparación, por lo que se hace evidente que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un laudo adverso a los intereses de la parte quejosa. En efecto, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues existe la posibilidad de que la parte quejosa obtenga un laudo favorable a sus intereses dentro del juicio ordinario laboral de origen; y en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama, dado que el incidente de nulidad de actuaciones tiene por objeto analizar si alguna notificación fue practicada conforme a derecho. Por ello, aun cuando se estime inexacta dicha resolución, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto, pues el hecho de que se declare infundado un incidente de nulidad de actuaciones, únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, y la procedencia del amparo indirecto se presenta cuando los actos tengan una ejecución de imposible reparación. En consecuencia, la interlocutoria de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, en el expediente D-4/145/2010, mediante la cual resolvió favorable el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la parte demandada en el juicio de origen y como consecuencia, dejó sin efectos todo lo actuado hasta la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, sólo constituye una violación procesal reclamable a través del juicio de amparo directo en contra del laudo de fondo, si éste fuere desfavorable para la parte quejosa. A mayor abundamiento, debe mencionarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo en lo que es materia de estudio, que el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, ofrece mayor precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..," lo que implica que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En ese orden de ideas, si en el caso concreto la parte inconforme reclama la interlocutoria de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, en el expediente D-4/145/2010, mediante la cual resolvió favorable el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la parte demandada en el juicio de origen y como consecuencia, dejó sin efectos todo lo actuado hasta la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, misma que no afecta de manera directa alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, se concluye que la demanda de amparo es de manifiesta, notoria e indudable improcedencia, pues el acto reclamado sólo constituye, una infracción procesal que puede ser remediada en favor de la parte inconforme al momento de que se emita el laudo definitivo en el juicio de laboral origen. Sin que pase inadvertido para el suscrito la petición que formula el promovente del amparo, relativa a que esta autoridad, en ejercicio de un control de constitucionalidad y convencionalidad, desatienda el contenido de la fracción V del artículo 172 de la Ley de Amparo, para admitir a trámite el escrito de demanda que nos ocupa; empero, dicho argumento no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo. En efecto, si bien de conformidad con los artículos 1o., párrafo tercero, y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este tribunal de amparo, en el ámbito de su competencia, tiene la obligación de garantizar el respeto y protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; lo cierto es que la misma no lleva inmersa la omisión del estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo, pues para ello es necesario que las normas procesales que el quejoso tilde de inconstitucionales o inconvencionales, le sean aplicadas previamente. Por lo que, en todo caso, corresponderá al promovente del amparo pedir a la autoridad que conozca del medio de impugnación que haga valer en contra del presente auto, realice el control de constitucionalidad y convencionalidad que por esta vía solicita. Por tanto, en atención a que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, está última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo promovida por José Alberto Vázquez Maldonado. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS En términos del numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta. Por otra parte, dígase al quejoso que no ha lugar a tener como sus apoderados a las personas que para tal efecto autoriza, debido a que dicha figura no se encuentra contemplada por la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, se tiene por autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que para ese efecto señala. 4 COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. 5 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 6 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada.
- Principal
1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por José Alberto Vázquez Maldonado, contra actos de Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 2553/2018-II; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2DESECHAMIENTO En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Ahora, cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Esto es, José Alberto Vázquez Maldonado se duele esencialmente de la interlocutoria de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, en el expediente D-4/145/2010, mediante la cual resolvió favorable el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la parte demandada en el juicio de origen y como consecuencia, dejó sin efectos todo lo actuado hasta la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. Precisado lo anterior, el suscrito advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, está última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que disponen Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto, excepcionalmente, procede en contra de actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intra-procesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, como ya se dijo, del análisis de la demanda de amparo y aclaratorios a la misma, se advierte que el promovente reclama la interlocutoria de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, en el expediente D-4/145/2010, mediante la cual resolvió favorable el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la parte demandada en el juicio de origen y como consecuencia, dejó sin efectos todo lo actuado hasta la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas; la cual, no constituye un acto de imposible reparación, por lo que se hace evidente que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un laudo adverso a los intereses de la parte quejosa. En efecto, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues existe la posibilidad de que la parte quejosa obtenga un laudo favorable a sus intereses dentro del juicio ordinario laboral de origen; y en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama, dado que el incidente de nulidad de actuaciones tiene por objeto analizar si alguna notificación fue practicada conforme a derecho. Por ello, aun cuando se estime inexacta dicha resolución, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto, pues el hecho de que se declare infundado un incidente de nulidad de actuaciones, únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, y la procedencia del amparo indirecto se presenta cuando los actos tengan una ejecución de imposible reparación. En consecuencia, la interlocutoria de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, en el expediente D-4/145/2010, mediante la cual resolvió favorable el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la parte demandada en el juicio de origen y como consecuencia, dejó sin efectos todo lo actuado hasta la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, sólo constituye una violación procesal reclamable a través del juicio de amparo directo en contra del laudo de fondo, si éste fuere desfavorable para la parte quejosa. A mayor abundamiento, debe mencionarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo en lo que es materia de estudio, que el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, ofrece mayor precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..," lo que implica que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En ese orden de ideas, si en el caso concreto la parte inconforme reclama la interlocutoria de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, en el expediente D-4/145/2010, mediante la cual resolvió favorable el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la parte demandada en el juicio de origen y como consecuencia, dejó sin efectos todo lo actuado hasta la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, misma que no afecta de manera directa alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, se concluye que la demanda de amparo es de manifiesta, notoria e indudable improcedencia, pues el acto reclamado sólo constituye, una infracción procesal que puede ser remediada en favor de la parte inconforme al momento de que se emita el laudo definitivo en el juicio de laboral origen. Sin que pase inadvertido para el suscrito la petición que formula el promovente del amparo, relativa a que esta autoridad, en ejercicio de un control de constitucionalidad y convencionalidad, desatienda el contenido de la fracción V del artículo 172 de la Ley de Amparo, para admitir a trámite el escrito de demanda que nos ocupa; empero, dicho argumento no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo. En efecto, si bien de conformidad con los artículos 1o., párrafo tercero, y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este tribunal de amparo, en el ámbito de su competencia, tiene la obligación de garantizar el respeto y protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; lo cierto es que la misma no lleva inmersa la omisión del estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo, pues para ello es necesario que las normas procesales que el quejoso tilde de inconstitucionales o inconvencionales, le sean aplicadas previamente. Por lo que, en todo caso, corresponderá al promovente del amparo pedir a la autoridad que conozca del medio de impugnación que haga valer en contra del presente auto, realice el control de constitucionalidad y convencionalidad que por esta vía solicita. Por tanto, en atención a que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, está última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo promovida por José Alberto Vázquez Maldonado. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS En términos del numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta. Por otra parte, dígase al quejoso que no ha lugar a tener como sus apoderados a las personas que para tal efecto autoriza, debido a que dicha figura no se encuentra contemplada por la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, se tiene por autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que para ese efecto señala. 4 COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. 5 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 6 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada.
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